Daños sufridos por un consumidor que cayó cuando descendía con su carrito por la cinta transportadora del supermercado.

carrito supermercadoPartes: Salatino Stella Maris c/ COTO CICSA y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 14-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94722-AR | MJJ94722 | MJJ94722

El supermercado debe responder por los daños sufridos por un consumidor que cayó cuando descendía con su carrito por la cinta transportadora, pues recae sobre el primero una obligación de seguridad. Cuadro de rubros indemnizatorios.bsjksj

Sumario:

1.-Dado que la caída, más allá de cómo haya acaecido, se produjo dentro del establecimiento, no cabe duda de que la actora se encontraba amparada por una obligación tácita de seguridad pues existía entre ella y el supermercado una relación de consumo en los términos del art. 5º de la Ley 24.240 y en virtud de este factor de atribución de responsabilidad objetiva, la demandada debería responder, en principio, por los daños y perjuicios sufridos.

2.-Corresponde admitir la demanda incoada pues resulta clara y terminante la orfandad probatoria en cabeza de la encartada, -que ni siquiera colaboró en poner el carro en cuestión a disposición del perito-, pues no ha acreditado la conducta negligente de la pretensora al utilizar de modo no previsible o anormal algún elemento de la empresa que invocó como eximente de responsabilidad.

3.-Al hallarse la actora dentro de las instalaciones que la encartada explota comercialmente, debe ser catalogada como consumidor en virtud del juego armónico de los arts. 5º y 6º de la Ley 24.240, lo que conlleva un deber de seguridad para con su persona, en coincidencia con el deber de buena fe en las relaciones contractuales (art. 1198 , primera parte, del Cciv. hoy derogado, pero que mantiene su vigencia respecto de la oportunidad en que acaeció el siniestro).

4.-Existiendo la obligación de seguridad no correspondía a la actora acreditar el vicio o riesgo del elemento utilizado, -la cinta transportadora o el carrito-, para poder responsabilizar al supermercado ya que bastaba con comprobar que se han producido diversos daños y perjuicios dentro del establecimiento para que se invierta la carga probatoria.

5.-Puesto que no se encuentra acreditado que el accidente acaeció por una falla en las cintas transportadores, -más aun, se comprobó el debido mantenimiento de las mismas-, y siendo que no pesa sobre esta parte la misma obligación de seguridad derivada del contrato de consumo, cabe confirmar el rechazo de la demanda dispuesta contra la empresa codemandada y su compañía aseguradora.

6.-Teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad informado por el perito, las dificultades de reinsertarse en el mercado laboral y las circunstancias particulares de la víctima, corresponde admitir una indemnización por la incapacidad física.

7.-Se admite una partida para indemnizar el daño moral pues no parece un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí de tal daño, pues dicha prueba, -de producirse-, sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto previsto de antemano por la norma .

8.-Debe hacerse lugar a la indemnización por lucro cesante puesto que cabe destacar que lucen acreditadas las ganancias dejadas de percibir por la pretensora a raíz del siniestro, a lo que se le suma la declaración testimonial que arroja certeza sobre la actividad laboral de la actora.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de Agosto de 2015.

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I. El juez de grado decidió rechazar -con costas- la acción promovida por Stella Maris Salatino contra «Coto C.I.C.S.A» y «Thyssenkrupp Elevadores S.A» (v. fs. 724/731). Para así decidir, el magistrado de primera instancia sostuvo que la pretensora no acreditó en la causa que los hechos hayan sucedido tal cual fueron relatados en el escrito inaugural. Esto es, que no quedó comprobado en autos que la caída dentro del supermercado ubicado en la calle French 2417 de esta ciudad haya obedecido al vicio o riesgo de la cinta transportadora o el carrito utilizado.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora, expresando agravios a fs. 738/763; pieza que mereció la réplica de fs. 768/769. La accionante adujo que pesaba en cabeza de la encartada una obligación de seguridad con un factor de atribución objetivo. En tal inteligencia, no habiéndose probado una ruptura del nexo causal (como ser la culpa de la víctima derivada de un uso inapropiado de las instalaciones de la empresa), correspondía hacer lugar a la demanda incoada.

II. Para comenzar, cabe destacar que el artículo 377 del CPCCN es claro cuando dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Esta directiva significa que se pone en cabeza de quien alega un hecho la carga de su prueba. La obligación de afirmar y probar se distribuye -pues- entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan que sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda, Giusseppe, «Principios de Derecho Procesal Civil», t. II, pág.253).

Así las cosas, la accionante -en su carácter de parte actora en el presente pleito- tenía la carga de acreditar con las probanzas pertinentes los hechos invocados; a saber, que con fecha 2 de julio de 2011 se encontraba realizando compras en el local comercial de la encartada; y que sufrió diversos daños y perjuicios mientras descendía con su carrito hacia el sector de cajas por la cinta transportadora.

Sobre el punto, existe consenso doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que para que haya responsabilidad -cualquiera sea su fundamento-, o sea para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño inferido a otra, es necesaria la presencia de un nexo causal entre ese daño y el hecho que se imputa al responsable (Conf. Boffi Boggero, Luis María, «Tratado de las obligaciones», t. II, Ed. Astrea, p. 312; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot, p. 361; Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», t. I, Ed. La Ley, p. 582).

Para decirlo en otras palabras, se debe acreditar que el hecho en el que la parte actora funda su acción existió y, además, que ocurrió de la manera en que lo relata. Bien se ha dicho al respecto que siempre incumbe a quien demanda la prueba de -al menos- la relación de causalidad puramente material (Brebbia, Roberto H., «Hechos y actos jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 141; Andorno, Luis O., «La responsabilidad médica», Zeus, T. 29 D-117; Vázquez Ferreyra, Roberto A., «Responsabilidad por daños. Elementos», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría General de la Responsabilidad Civil», Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, nro. 606, p. 269; Pizarro, Ramón D., en «Código Civil y normas complementarias», Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, págs. 543 y ss.; Bueres, Alberto J., «Responsabilidad Civil de las clínicas y establecimientos médicos», 2° ed., Bs. As., 1981, págs.221/222).

Tras un detenido análisis de la causa, sin perjuicio del estudio sobre la atribución de responsabilidad que se hará en el apartado siguiente, puede colegirse que se encuentra comprobado en la especie tal nexo causal. Es que hay elementos de juicio suficientes como para tener por acreditado que la actora sufrió diversos daños y perjuicios mientras descendía con su carrito por la cinta transportadora del supermercado.

Entre ellos, cabe resaltar la declaración testimonial de Adrián Momeso, quien adujo que «observó que en el sector de rampas de los carros se encontraba una persona de sexo femenino sentada en el suelo.que en su calidad de médico se acercó.que la gente decía que la mujer se había caído.de la rampa con el carrito»; y de Matías Atilio Colela, empleado del supermercado, quien manifestó que «una persona de sexo femenino se había caído.que observa una mujer tendida en el piso a escasos metros de la finalización de la rampa» (v. fs. 72 y 84 de las actuaciones represivas).

III. En la inteligencia apuntada, dado que la caída (más allá de cómo haya acaecido) se produjo dentro del establecimiento, no cabe duda de que la pretensora se encontraba amparada por una obligación tácita de seguridad. Es que existía entre ella y el supermercado una relación de consumo en los términos del art. 5º de la ley 24.240. Así, en virtud de este factor de atribución de responsabilidad objetivo, la encartada debería responder, en principio, por los daños y perjuicios sufridos.

En otros términos, al hallarse la accionante dentro de las instalaciones que la encartada explota comercialmente, debe ser catalogado como «consumidor» en virtud del juego armónico de los arts. 5º y 6º de la ley 24.240 y sus normas modificatorias y complementarias. Ello conlleva para «Coto» un deber de seguridad para con su persona, en coincidencia con el deber de buena fe en las relaciones contractuales (art. 1198, primera parte, del Cód.Civil hoy derogado, pero que mantiene su vigencia respecto de la oportunidad en que acaeció el siniestro). Bien caracterizó este tipo de supuestos Aída Kemelmajer de Carlucci al decir que el art. 5 de la ley 24.240, cuando ordena que «Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios», se está refiriendo específicamente a los servicios brindados y a los productos enajenados. Sin embargo, se lo debe considerar también una pauta general, aplicable por analogía, relativa a la seguridad que deben prestar las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece (entre ellas, por supuesto, la cinta transportadora y los carritos designados para colocar la mercadería, como es el caso de autos).

En tal virtud, con acierto se sentenció que el «deber de seguridad» consagrado en dicha norma —como así también en el Artículo 42 de la Constitución Nacional- es de cumplimiento primordial en lo que hace a las instalaciones que la empresa demandada utiliza para el desarrollo de su negocio (SCMendoza, Sala I, 26/07/2002, «Bloise de Tucchi, Cristina Y. c/ Supermercado Makro S.A.», LLGran Cuyo2002, 726 (AR/JUR/505/2002)).

En el mismo sentido al expuesto se expresó la doctrina, que señaló que el texto constitucional adopta esta expresión (relación de consumo) para «referirse, con una visión más amplia, a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios» (Farina, Juan M., «Relación de consumo (a propósito del art. 42 de la Constitución Nacional», JA 1995-I, p. 886 y ss). Por otro lado, este enfoque amplio es el que adoptó la Corte Federal, al establecer que «.el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales.Que no cabe interpretar que la protección de seguridad —prevista en el art. 42 de la Constitución Nacional- tenga un propósito meramente declarativo, sino que, por el contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de sus titulares.» (CSJN, 6/3/2007, «Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios» , considerando 7mo, M.802.XXXV).

En consecuencia, debido a esta «relación de consumo» entre quien se halla en las instalaciones del local y la empresa que lo explota comercialmente, se deriva un deber accesorio de seguridad, que configura un factor objetivo de atribución de responsabilidad por los daños allí sufridos. Así las cosas, para repeler la acción intentada en su contra, la empresa tenía que haber acreditado algún eximente que la libere de responsabilidad; concretamente, un quiebre en el nexo de causalidad necesario para la existencia de una obligación de responder. Ello debe ser de la manera indicada, pues resulta inconcebible que la obligación de seguridad opere de modo absoluto, obstando la acreditación de eximentes. Téngase presente que el factor objetivo de atribución solo provoca un desplazamiento de la carga de la prueba; a tal punto que, con su vigencia, acontece una presunción de responsabilidad del comprometido por ese deber, pero de ningún modo impide desvirtuarla colectando en la causa los elementos idóneos a tal fin.

Por lo tanto, dada esta obligación de seguridad, no coincidimos con el juez de grado en cuanto a que correspondía a la actora acreditar el vicio o riesgo del elemento utilizado (esto es, de la cinta transportadora o el carrito) para poder responsabilizar al supermercado.Bastaba con comprobar que se han producido diversos daños y perjuicios dentro del establecimiento para que se invierta la carga probatoria; precisamente por el deber de seguridad que antes apuntamos.

Ahora bien, a los efectos de acreditar la ruptura del nexo causal, la demandada ha ensayado en su responde un argumento referido a la culpa de la víctima en la producción del siniestro. En efecto, en la contestación de demanda «Coto C.I.C.S.A» señaló que en muchos «casos la capacidad del chango es excedida al momento de efectuar la compra y ello fue lo que provocó el desplazamiento del carro por no haber podido la actora maniobrarlo correctamente» (v. fs. 143/151).

Empero, aquella articulación de la emplazada no ha quedado acreditada fehacientemente en el expediente. En efecto, no luce anejada en autos ni siquiera una sola probanza que pueda certificar un actuar negligente de la pretensora; esto es, que haya sucedido como lo postula la demandada. Sabido es que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio Lino, «Manual de Derecho Procesal Civil», Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).

A mayor abundamiento, cabe destacar que hay elementos de juicio que abren un serio manto de duda respecto de las condiciones en el que se hallaba el carrito utilizado por la actora. En primer lugar, en la causa penal se resaltó que no existe un libro de mantenimiento con respecto a carros; lo cual muestra una deficiencia en la prestación de este servicio (v. fs. 22/25 de la causa penal) por verificarse una omisión difícil de justificar.En segundo lugar, el experto designado en autos, en un informe que no ha sido impugnado, fue contundente al destacar -respecto de los carros- que «la forma de hermanarse las ruedas con los perfiles longitudinales de las cintas transportadoras no son suficientes para frenar el carro»; que «cuando las ruedas pierden la función de frenado por desgaste de los zapatos, se cambian»; que «las reparaciones menores se realizan diariamente.en el taller de mantenimiento mecánico del establecimiento.se cambian las ruedas averiadas o gastadas; y que «inmediatamente antes de la inspección fueron renovadas la totalidad de los carros de la sucursal por carros nuevos y reacondicionados» (v. fs. 667/673).

En tercer lugar, el empleado del supermercado Matías Atilio Colela expresó que no era posible «dar con el carro que participó del siniestro» (v. fs. 84 de la causa penal). Esto significa que, además de que no pudo identificarse el carrito que intervino en el accidente como para ser examinado, la empresa renovó absolutamente todos los que tenía en el supermercado.

Es cierto que el juez de grado, en su sentencia, señaló que el accidente «no pudo deberse a una falla en la rueda, pues si ésta hubiere estado fallada, el carro no hubiese deslizado con el peso que tenía en el piso plano hasta su ingreso a la cinta transportadora»; y que «si el carro se hubiese desplazado en línea descendente sin freno no hubiera quedado parado al lado de la rampa, sin mercadería volcada ni sin llevar por delante uno de los LCD mencionados». Sin embargo, bien se advertirá que esos dichos no pasan de ser meras conjeturas del anterior juzgador que, en verdad, no tienen sustento en hechos acreditados y, algunos de ellos, fueron extraídos de las manifestaciones de un empleado de la accionada (ver lo que surge de fs. 178/179). Pero, además, lo que nos parece decisivo para no seguir ese rumbo, es que tales razonamientos del juez no se condicen con la experticia practicada en autos.

En definitiva y resumiendo:en la presente causa no se sabe cuál fue el carrito que intervino en el hecho (por lo cual no pudo ser inspeccionado), lo cual para nada puede favorecer a la encartada; no hay libro de bajas o reparaciones de esos carros; y, a ello, se le agrega un dato por demás significativo, como lo es que la empresa procedió al reemplazo de todos los carros antes de la intervención del experto. Más todavía, como si lo que se acaba de referir fuera poco, repárese (como otro elemento que certifica las deficientes medidas de seguridad que adoptada la demandada) que las cámaras del lugar no grababan los hechos que acaecían, sino que operaban solo para control del personal de vigilancia (v. fs. 22/25 de la causa penal). En este sentido, no nos cabe ninguna duda que la existencia de las grabaciones omitidas hubieran seguramente ayudado a echar luz sobre la manera en que sucedieron los hechos en el caso.

Por lo tanto, resulta clara y terminante la orfandad probatoria en cabeza de la encartada; la que ni siquiera colaboró en poner el carro en cuestión a disposición del perito designado en autos. Esto significa decir que no ha acreditado, ni por asomo, las circunstancias del eximente que invoca; esto es, una conducta negligente de la pretensora al utilizar de modo no previsible o anormal algún elemento de la empresa. En esas condiciones, pues, no queda otra alternativa que revocar la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado y, por ende, se admitirá la demanda incoada contra «Coto C.I.C.S.A». Al respecto, cabe destacar que la condena se hará extensiva, en la medida del seguro, a «HSBC La Buenos Aires Seguros S.A» (art. 118 de la ley 17.418).

IV.Ahora bien, toda vez que la atribución de responsabilidad que surge del apartado precedente está fundada en una obligación de seguridad, y no en la acreditación del riesgo o vicio de una cosa, la situación será diferente respecto de «Thyssenkrupp Elevadores S.A».

En este sentido, consideramos -como lo hiciera el magistrado de primera instancia- que no se encuentra comprobada en autos una deficiencia de la cinta transportadora. Sobre el punto, el informe técnico de la División de Siniestros concluyó que «de acuerdo a las observaciones realizadas en el lugar, sobre las rampas mecánicas con que cuenta el supermercado, no se hallaron durante la inspección indicios que posibiliten el desplazamiento de los carros mientras permanecen sobre las cintas o rampas mecánicas, aunque éstos sean liberados por la persona que lo lleva»; y que «los peines de entrada y salida de ambas rampas no presentaban falta de dientes y los pasamanos se movían a la misma velocidad que los escalones». En concordancia con lo ya expuesto, se aclaró en el dictamen que «se da por sentado que los rodamientos de los carros ensayados se hallaban en óptimas condiciones» (v. fs. 97/106 de la causa penal) (lo cual, a opinión de este tribunal, no habría sido así).

A su vez, el idóneo designado en estas actuaciones indicó que «Coto tenía contratado el servicio de mantenimiento con Thyssenkrupp Elevadores S.A» y que «de acuerdo al libro de ascensores (el representante) concurrió mensualmente a hacer las pruebas mensuales y semestrales, informando que en los 12 meses anteriores asentó en el libro resultados satisfactorios» (v. fs. 667/673).

En función de lo delineado, no estando acreditado que el accidente acaeció por una falla en las cintas transportadores, habiéndose comprobado el debido mantenimiento de las mismas, y que no pesa sobre esta encartada la misma obligación de seguridad derivada del contrato de consumo, cabe confirmar el rechazo de la demanda dispuesta en primera instancia contra «Thyssenkrupp Elevadores S.A» y su compañía aseguradora.

V.A la luz de lo decidido en esta instancia con respecto a la atribución de la responsabilidad, habré de referirme a las diversas partidas indemnizatorias solicitadas en el escrito inaugural.

V.a. Trataremos inicialmente lo peticionado por la accionante respecto del rubro de incapacidad física ($ 350.000). Al respecto, cabe destacar que la partida en cuestión procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual (conf. CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: «Arias Gustavo G. c/ Fuentes Esteban»). Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo, dado que aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable (cfr. esta Sala in re «Domínguez c. Arakaki s/ds. y ps.», del 31/10/2005). Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima.

Desde otro enfoque, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr.CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, ED, 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, ED, 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, ED, 1-58; entre muchos otros). En el caso de autos, Stella Maris Salatino contaba, al momento del siniestro, con 59 años de edad, era de estado civil divorciada, madre y abuela, y trabajaba bajo modalidad «free lance» para una agencia de turismo (v. fs. 106 vta.).

En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en el informe pericial practicado en el expediente. Es así que el experto médico adujo que la Sra. Salatino padece, con motivo del hecho denunciado en autos, «una luxo-fractura de humero proximal que debió ser reducida bajo anestesia de urgencia y en un segundo tiempo se efectuó por vía quirúrgica la reducción y osteosíntesis de la fractura de húmero»; que «la reparación ósea fue satisfactoria, pero ha dejado como secuela definitiva una importante limitación de sus movimientos, por la lesión del nervio axilar circunflejo»; lo que le genera una incapacidad permanente e irreversible del 35% (v. fs. 444). En lo que refiere a todas las intervenciones médicas recibidas por la damnificada, el contenido de la historia clínica y demás detalles de las afecciones, me remito brevitatis causae a la experticia mencionada.

Repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos «Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.», expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., «Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps», expte.libre n° 105.505/97, del 20/09/91).

Asimismo, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala D, en autos «Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios», expte. libre n1 25.403/93 del 27/12/96).

En función de todo lo relacionado, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad informado por el experto, las dificultades de reinsertarse en el mercado laboral, lo que se dirá respecto de los intereses y las circunstancias particulares de la víctima, se fijará un monto de $ 200.000 por este concepto (arg. art. 165 CPCCN).

V.b. En lo que respecta al daño psíquico y su tratamiento (por el cual la pretensora solicitó la suma de $100.000 y $38.400, respectivamente), esta partida tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

En el caso, Stella Maris Salatino, tal cual surge del informe confeccionado por la experta designada de oficio, presenta un «trastorno distímico reactivo en grado moderado» (v. fs.538/539) que se traduce en una incapacidad parcial y permanente del 15%. A su vez, la idónea recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico de «dos años o más», con una frecuencia de una sesión semanal, «a los fines de evitar el posible agravamiento del cuadro»; estimando el costo aproximado de «entre 300 y 500 pesos por sesión (v. fs. 539).

Resulta pertinente reiterar que cuando la experticia está debidamente fundada, y no existen argumentos científicos de mayor valor que logren desvirtuar el dictamen vertido en los informes técnicos cuestionados (tal es el caso de autos; v. respuesta del perito de fs. 582/583), ni obren pruebas que determinen que éstos fueron irrazonables, lo que resulta lógico y atinado es aceptar las mentadas conclusiones del idóneo (arg. art. 477 del ritual; Daray, Hernán,»Accidentes de Tránsito», Ed. Astrea, tomo I, pág. 560).

En virtud de lo expuesto, sin soslayar el dictamen del consultor técnico de parte obrante a fs. 527/528, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad informado por el idóneo, la necesidad de realizar un tratamiento y las circunstancias de autos, se fijará un monto global por ambos conceptos de $ 60.000.

V.c.En lo que concierne al daño moral (que la parte estimó en la suma resarcitoria de $ 300.000), rubro en el que incluiremos también el daño estético y el daño al proyecto de vida -tal como se verá-, cabe señalar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, «Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos», ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, «Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL», LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, «Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros»).

No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que «no contiene más que lo subjetivo puro» (ver Principios metafísicos del Derecho», p.13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad civil», p. 247, 9° edición, Abeledo Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse– sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto «previsto de antemano por la norma» (ver Brebbia, Roberto H., «El daño moral», p. 86, Ed. Orbir, 2° edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños», T. 2b, p.593 y ss.).

A su vez, en lo que respecta al daño estético reclamado, tiene dicho esta Sala que la indemnización por este tipo de lesiones quedará subsumida en la incapacidad sobreviniente -en tanto la apariencia física aparezca relevante en el plano de la capacidad productiva- o, en cambio, deberá incluirse en el agravio moral -si resulta indiferente a la actividad laboral y el defecto altera sólo el espíritu y los sentimientos de la víctima- o, en fin, corresponderá que se compute en ambos planos, si por el tipo de lesión incide en una y otra esfera (ver esta Sala, in re «González Teodoro, c/ Strua María», LL 2004-D, 753). Dadas las particularidades de autos, claro esta que la lesión estética podría tener una influencia moral. Sin embargo, tal incidencia será mínima ya que, tal cual adujo el experto en su dictamen, las cicatrices derivadas de las intervenciones «NO generan daño estético», ya que «cuando uno intenta mensurar este tipo de cicatriz, por su ubicación o extensión, no llega a conformar el 1%.pudiendo en todo caso corresponder dicho porcentaje de incapacidad» (v. fs. 522).

De otro lado, también se considera la afectación al proyecto de vida del damnificado que, si bien goza de autonomía conceptual, no se erige -al menos en el Código Civil de Vélez Sarsfield- como una categoría resarcible independiente del derecho de daños. No queda duda que el proyecto vital de Stella Maris Salatino -sea cual haya sido- ha quedado desbaratado, coartado y destruido en el plano laboral, de las relaciones sociales, los deportes, el ocio, el amor, la constitución de una familia, entre tantas otras cuestiones; lesionando un valor tan eminente como la libertad (ver, Carestia, Federico S., «El daño al proyecto de vida. Su falta de autonomía como rubro indemnizatorio en el Código Civil y las dificultades en su cuantificación», Jurisprudencia Argentina.SJA 2014/06/04-3; JA 2014-II).

En lo que se refiere al quantum indemnizatorio, teniendo en cuenta todas las afecciones por las que ha debido atravesar la accionante, y las particulares circunstancias de autos, se fijará por este concepto una suma global de $100.000 (incluyendo los perjuicios por daño estético y daño derivado de frustración del proyecto de vida).

V.d. En lo atinente a la suma pretendida por lucro cesante ($ 400.000), como se ha sostenido en otros pronunciamientos (ver esta Sala in re «Castañares c/ Cons. Prop. Solis 146/152 s/ ds. y ps.» , del 29/9/2006), dicho lucro cesante se traduce la frustración de un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga determinados beneficios económicos. El lucro cesante es, pues, la ganancia de que fue privado el damnificado.

Aparece claro -entonces- que el apuntado daño se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial, esto es sobre la base de la prueba de la acti vidad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento temporal para continuarla; de manera que permita concluir que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber sucedido el hecho (ver mi voto en autos «Ibarra c/ Linea 216 de Transporte Colectivo de Pasajeros s/ ds. y ps.», del 19/7/2006).

Desde el referido enfoque, cabe destacar que obran anejadas en autos probanzas documentales que acreditan las ganancias dejadas de percibir por la pretensora a raíz del siniestro (v. fotocopias de facturas colectadas a fs. 50/99), a lo que se le suma la declaración testimonial de fs.634/635, que arroja certeza sobre la actividad laboral de la actora; todas ellas referidas a las labores desempeñadas hasta la fecha del accidente.

En función de lo precisado, dado el tiempo de convalecencia derivado de las operaciones quirúrgicas (ya que el resto de las pérdidas ya se encuentran incluidas en la incapacidad física), habré de fijar en la cantidad de $100.000 la indemnización correspondiente a esta partida en particular.

V.e. En lo que respecta a los gastos médicos, de farmacia, traslados y asistencia (personal doméstico) la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (cfr. esta Sala, «Chaparro c/ Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds. y ps.», del 18/4/96; íd., mi voto in re «Hidalgo c/ Rolón», del 5/3/07).

En lo que refiere a los gastos futuros, los mentados reclamos deben tener acogida cuando, de acuerdo con la índole de las lesiones sufridas, es previsible -como en el caso- la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento curativo que permita afrontar las necesidades físicas derivadas de una incapacidad originada en un injusto.

Ahora bien, resulta crucial ponderar no sólo los distintos perjuicios que sufrió la Sra. Salatino sino también su situación particular, tratándose de una persona de la tercera edad, divorciada; circunstancias a las que debe sumarse que sus hijas mayores no conviven con ella, dependiendo la manutención del hogar exclusivamente a su cargo. Todas estas circunstancias evidencian y justifican sobradamente la procedencia del reclamo en análisis.En virtud de todo lo precisado, dadas las constancias incorporadas en autos (v. fs. 561/577, fs. 586/589, fs. 600/602, fs. 634/635), la evidente necesidad de atención de la damnificada (auxiliares domésticos y enfermería), la naturaleza de la lesión sufrida, los tratamientos de rehabilitación recomendados (ver lo expuesto por el experto médico a fs. 445 y recibos obrantes a fs. 6831437/1438), y en uso de las facultades del art. 165 del CPCCN, se fijará por este concepto la suma de $ 60.000.

VI. En cuanto a los intereses, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que esta Sala considera vigente en su redacción originaria conforme a lo oportunamente decidido (R. 621.758, del 30/08/2013, «Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios», LL, Online, AR/JUR/55224/2013). A la luz de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos «Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A.s/ Daños y Perjucios» , dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios «Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros» (del 2-8-1993) y «Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.» (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, desde el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Es verdad que el mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca «una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido». Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A nuestro juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado «enriquecimiento indebido»; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de la mencionada doctrina plenaria, hemos de decidir que se le adicionen a los capitales de condena establecidos los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el momento del hecho y hasta la oportunidad del efectivo pago.

VII. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

VIII. A mérito de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo de la presente decisión, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda interpuesta contra Coto C.I.C.S.A; a quien se condena a abonar a la actora la suma de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000), con más los intereses establecidos en el considerando VI. Tal condena ser hará extensiva, en la medida del seguro, a «HSBC La Buenos Aires Seguros S.A»; 2) Confirmar el rechazo de demanda respecto de «Thyssenkrupp Elevadores S.A.» y su compañía aseguradora; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida.

Regístrese y publíquese (Acordada 24/13 CSJN). Oportunamente devuélvase al juzgado de origen encomendándosele la notificación de la presente (art. 135 inc. 7 del CPCCN).

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