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Fijación de la cuota alimentaria de la menor tomando como base los ingresos del demandado en su calidad de dependiente y también como autónomo

AlimentosPartes: B. J. M. J. c/ C. S. D. s/ alimentos y litis

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 5-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-94708-AR | MJJ94708 | MJJ94708

Fijación de la cuota alimentaria de la menor tomando como base los ingresos del demandado en su calidad de dependiente y también como autónomo, respetando así, el interés superior del niño.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, resultando justo y equitativo la fijación de una cuota alimentaria tomando en consideración todos los ingresos que el demandado percibe tanto como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe como así también como chofer de remise, ya que con la consideración de los ingresos de ambas actividades como base se está respetando adecuadamente el interés superior de la menor.

2.-No es necesario que la justificación de los ingresos del obligado resulte de prueba directa pues para su apreciación es computable la meramente indiciaria, porque no se trata de la demostración exacta de su patrimonio sino de contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar su capacidad económica, la cual dará las pautas necesarias para estimar el quantum de la pensión alimentaria en relación con sus posibilidades.

2.-Si bien la postura procesal del demandado careció del debido sustento probatorio, al no haber presentado los elementos de los que pudiera surgir con claridad cuáles son los ingresos reales netos derivados de las dos actividades, también es cierto que nadie mejor que él para esclarecer ese punto del litigio. Por esa razón es que dichas carencias deben jugar en su contra.

3.-En cuanto a las costas, tratándose de un juicio de alimentos, como principio deben ser impuestas al demandado, ya que de distribuirse por el orden causado se vería disminuida la cuota alimentaria o serían cubiertos los honorarios con dinero aportado por la madre de la menor, lo que resultaría injusto teniendo en cuenta los diversos gastos que cotidianamente se presume que debe efectuar quien detenta la tenencia de los hijos.

Fallo:

Rafaela, 5 de febrero de dos mil quince.

VISTOS: Estos caratulados «Expte. N° 213 – Año 2013 – B., J.M.J. c/ C., S.D. s/ Alimentos y Litis» venidos para resolver el recurso de apelación que interpuso la parte actora contra la Sentencia N° 324/2013 (fs. 103/105vto) dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia de esta ciudad (Distrito Judicial N° 5).

Y, CONSIDERANDO: 1. Que, la decisión recurrida hace lugar a la demanda de alimentos entablada por la Sra. J.M.J.B., contra S.D.C., a quien se condena a abonar a la primera una cuota alimentaria equivalente al 25% de los ingresos netos devengados en cualquier concepto -previos descuentos de ley, con más las asignaciones familiares; incluidos SAC y vacaciones- que percibe como dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, con más el uso y goce de la obra social a la que se encuentre afiliado.

También se dispone que dicha pensión sea abonada del 1 al 10 de cada mes, por mensualidad adelantada y desde la interposición de la demanda.

Por último, se imponen las costas al demandado vencido y se difiere la regulación de honorarios hasta tanto adquiera firmeza dicha resolución y se acredite la base regulatoria respectiva.

Contra esa resolución, la parte alimentada interpone recursos de aclaratoria y apelación en subsidio (fs. 106). Se rechaza el primero y se concede el segundo (fs. 108), habilitándose así la intervención de este Tribunal de Alzada.

Radicada la causa en esta sede (fs. 113, v. céds. fs. 114/115), expresa sus agravios la recurrente (fs. 118/120), los que son contestados luego por la contraria (fs. 123/124).

Quedan, por lo tanto, estas actuaciones en condiciones de ser resueltas.

2.Que, el único punto de disconformidad de la demandante se circunscribe al hecho de que la cuota alimentaria dispuesta en la sentencia en su favor se basa únicamente en los ingresos que el padre posee como empleado dependiente del Gobierno de la Provincia, sin tener en cuenta los que recibe por su labor como trabajador autónomo.

3. Que, este Tribunal entiende que le asiste la razón a la impugnante.

En efecto, de una detenida lectura de las actuaciones se advierte que la petición inicial de fijación del monto por alimentos en favor de la niña refería a una cuota equivalente al 25% de la totalidad de los ingresos que el Sr. C. percibe tanto como trabajador en relación de dependencia como por ser trabajador autónomo; en otros términos: por desempeñarse como policía, en el primer caso, como por las tareas de chofer de remis, en el segundo.

Ninguna de las actividades están cuestionadas. La única diferenciación radica en que respecto a la primera se han presentado distintos recibos de sueldos, mientras que en lo relativo a la segunda no se han aportado pruebas.

Sin embargo, en orden a las pautas para la determinación de la cuota alimentaria, se considera que no es necesario que la justificación de los ingresos del obligado resulte de prueba directa pues para su apreciación es computable la meramente indiciaria, porque no se trata de la demostración exacta de su patrimonio sino de contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar su capacidad económica, la cual dará las pautas necesarias para estimar el «quantum» de la pensión alimentaria en relación con sus posibilidades.

En el caso, debe señalarse que si bien la Sra. A quo admite que el accionado no ha aportado mayores pruebas de su real situación económica, sí es cierto que el propio demandado ha admitido que la labor de remisero le permite abonar costos que rondan los $1.840 (gastos por la remisería: $1.520; seguro:$320) por dicha actividad, con más $2.200 en concepto de cuota del auto (cfr. absolución de posiciones, fs. 67/78, v. posición 13 y sgtes.). De donde, es posible inferir que, al menos, percibe un monto cercano a los $4.000 por aquella actividad.

Es que si bien la postura procesal del demandado careció del debido sustento probatorio, al no haber presentado los elementos de los que pudiera surgir con claridad cuáles son los ingresos reales netos derivados de las dos actividades, también es cierto que nadie mejor que él para esclarecer ese punto del litigio. Por esa razón es que dichas carencias deben jugar en su contra.

En este tipo de juicios cada parte está obligada a aportar la prueba que está en mejores condiciones de producir, debiendo prestar la colaboración necesaria a efectos de que queden demostrados sus ingresos reales (BOSSERT, Gustavo, «Régimen jurídico de los alimentos», págs. 418 y 419, Editorial Astrea).

Cabe decir, entonces, que con la consideración de los ingresos de ambas actividades como base se está respetando adecuadamente el interés superior de la menor.

Sin perjuicio de lo señalado, es dable aclarar que no escapa al Tribunal que según la informativa presentada por la A.F.I.P. el demandado ha dado de baja su condición de autónomo frente a dicho organismo (fs. 82). Sin embargo, el correcto encuadramiento y cumplimiento de sus obligaciones fiscales no constituyen objeto de análisis en el sub judice. Ahora, ello no impide que se infiera -a los fines que aquí sí constituyen el objeto de la litis: el «quantum » de la cuota alimentaria- como parte de sus ingresos, lo que el propio obligado refirió en oportunidad de prestar su declaración confesional. Y más, si se observa que para la Municipalidad de Rafaela dicha actividad sigue habilitada (cfr. informe fs.99).

En suma, se estima justo y equitativo la fijación de una cuota alimentaria en los términos establecidos en la sentencia de primera instancia de todos los ingresos que el Sr. S.D.C.percibe tanto como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe como así también como chofer de remise, tomando como base para determinar estos últimos la suma de $4.000 mensuales, pues dicho monto se presume de la cuantía de gastos que el propio obligado admite afrontar por esta segunda actividad.

Por lo tanto, con sustento en lo señalado cabe admitir la apelación interpuesta, modificando la resolución solo en el punto referido que ha sido materia de impugnación y confirmándola en todo lo demás.

Que, en cuanto a las costas, tratándose de un juicio de alimentos, como principio deben ser impuestas al demandado, ya que de distribuirse por el orden causado se vería disminuida la cuota alimentaria o serían cubiertos los honorarios con dinero aportado por la madre de la menor, lo que resultaría injusto teniendo en cuenta los diversos gastos que cotidianamente se presume que debe efectuar quien detenta la tenencia de los hijos. Ello es así, aún en el caso de que el alimentante resulte vencedor o parcialmente vencedor en la contienda. Véase que se ha considerado que «de otro modo se desvirtuaría la especial esencia de la prestación, gravando cuotas cuya percepción íntegra se presume ante la necesidad de subsistencia del beneficiario, aun cuando los vencimientos sean mutuos» (LL, 1994-C, 91; 1995-D, 106; 1996-C, 622; 1997-E, 875; 1999-D, 209; 1999-D, 438; también Sala K, 15/06/07, en La Ley Online).

A ello se agrega también que este es el criterio de la mayoría de la doctrina (BOSSERT, Gustavo A., «Régimen jurídico de los alimentos», n° 396 y n° 400; y, LOUTAYF RANEA, Roberto, «Condena en costas en el proceso civil», n° 198 y 199).

Por ello, la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL,

RESUELVE: 1) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. En consecuencia, se modifica la sentencia venida en revisión en cuanto ha sido materia de impugnación. Esto es, que a los fines de la fijación de la cuota alimentaria establecida en la resolución de primera instancia, se deberán observar todos los ingresos que el Sr. S.D.C. percibe tanto como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe como así también como chofer de remise, tomando como base para determinar estos últimos la suma de $4.000 mensuales. Se ratifica la sentencia en todo lo demás allí establecido. 2) Imponer las costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.

Alejandro A. Román Juez de Cámara

Lorenzo J.M. Macagno Juez de Cámara

Beatriz A. Abele Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

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