No hay obstáculo para indemnizar las secuelas incapacitantes, por un lado, y el tratamiento necesario para mejorar el estado psicológico general de las víctimas.

Accidente AutoPartes: S. G. A. y otros c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-94530-AR | MJJ94530 | MJJ94530

No existe superposición de rubros que representarían las indemnizaciones en concepto de daño psicológico y de tratamiento psicológico de las víctimas del accidente automovilístico frente al incumplimiento de la obligación de asistencia de la aseguradora. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-La aceptación de una suma de dinero, sin efectuar una reserva por la diferencia debida, no constituye un hecho que implique en sí mismo, la renuncia a un reclamo posterior. La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva.

2.-Si hubiere una duda en punto a si hubo un acto abdicativo, debe estarse por su ausencia, debiendo aplicarse un alcance restrictivo en caso de vacilación sobre la extensión de las facultades renunciadas. Por lo tanto, la voluntad de despojarse del derecho sólo puede entenderse configurada cuando hay hechos inequívocos y contundentes.

3.-Encontrándose probada la ilicitud entre la desaprensiva e inhumana omisión de la aseguradora en el cumplimiento de su obligación de asistencia y su vinculación con los daños padecidos por los reclamantes, he de señalar que una correcta técnica jurídica amerita analizar el reclamo del daño psicológico y de los tratamientos psicológicos en forma autónoma por tratarse -éstos- de conceptos indemnizables diferentes. Ello máxime en supuestos donde se determinó la existencia de un porcentaje de incapacidad psíquica permanente, con un índice del 35% atendiendo a la merma del valor psíquico global o valor psíquico integral .

4.-Al aludir a daño psíquico , se hace referencia a aquel daño que puede tener incidencia en el cuerpo humano (su psiquis) y ser incapacitante, por lo que debe de apreciarse como pérdida de las aptitudes físicas en el afectado y, por ello, ser indemnizado en cuanto se traduzca en un perjuicio económico.

5.-La indemnización por incapacidad psíquica está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos o fobias.

6.-Con relación al tratamiento psicológico es de señalarse que en tanto las secuelas incapacitantes detectadas por la perito revisten el carácter de permanentes -lo que implica que en modo alguno la integridad psicológica de los actores en el caso resulta recuperable- el tratamiento aconsejado reúne la condición de necesario como elemento paliativo de tales secuelas, pero no curativo, pues, a través de dichas entrevistas psicológicas se trata de mejorar la calidad de vida de los tres actores, su estado anímico, el que en modo alguno puede ser recuperado de manera íntegra.

7.-No hay obstáculo para indemnizar las secuelas incapacitantes, por un lado, y el tratamiento necesario para mejorar el estado psicológico general de las víctimas, afectado como consecuencia de tales secuelas, por otro. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia del Sr. Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados “S., G. A. Y OTROS c/ PROVINCIA SEGUROS S.A. s/ORDINARIO” (Expte. n°

53.705, Registro de Cámara n° 32.308/2.011), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 21, Secretaría Nro. 42, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora Isabel Míguez, Doctora María Elsa Uzal y Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez, dijo:

I.- ANTECEDENTES DEL CASO

1) En la sentencia de fs. 346/367, el Sr. Juez de grado: i) rechazó las excepciones de pago y de falta de legitimación activa opuestas por la accionada Provincia Seguros S.A., con costas, ii) hizo lugar a la demanda iniciada por G. A. S. y M. L. P., por sí, y en representación de su hijo menor, I. E. S., quienes reclamaron el resarcimiento de los daños irrogados del incumplimiento de la obligación de asistencia que le cupo a la contraria -en su rol de aseguradora- frente al acaecimiento del accidente automovilístico padecido por los primeros el 28/07/2010, en la provincia de San Luis, en el que falleció el otro hijo del matrimonio actor, J. B. S., iii) en consecuencia, condenó a la demandada a pagar $30.000 -de los que corresponden $10.000 a cada uno de los accionantes-, con más intereses, en concepto de “daño moral”; $13.000 -de los que $5.000 se afectan a la Sra. P., $5.000 al Sr. S. y $3.000 al menor I.E.-, con más accesorios, en concepto de “daño psicológico”; y $20.800 -divisibles en $6.933 para cada actor- en concepto de “tratamiento psicológico”, con más $2000 -en conjunto- para entrevistas terapéuticas y, iv) finalmente, impuso costas a la aseguradora perdidosa.

Los hechos del sub examine han sido sintetizados en el fallo indicado en lo que el Sr. magistrado de grado estimó razonable consignar y a esa referencia cabe remitirse, brevitatis causae.

2) La sentencia de la anterior instancia fue apelada por la aseguradora demandada, quien introdujo su recurso en fs. 374 y lo fundamentó en fs. 386/388.

Provincia Seguros S.A. quejó porque el a quo:

i) rechazó la excepción de pago oportunamente opuesta por su parte, pese a haberse presentado en la causa un recibo cancelatorio de la “reposición vehicular”, suscripto por el actor G. S.

ii) incurrió en una superposición de rubros al resarcir, por un lado, el “daño psicológico” padecido por los accionantes y, por otro lado, el importe otorgado para cubrir los “tratamientos psicológicos”, cuando en rigor de verdad -según la apelante- la realización del tratamiento en cuestión importa el carácter transitorio del perjuicio y, por ello, la inviabilidad de la reparación de este último.

iii) aplicó la tasa de interés activa respecto de los rubros “daño moral” y “daño psicológico”, lo que aparejaría un enriquecimiento sin causa a favor de los actores, máxime considerando que en el fuero civil resulta aplicable la tasa pasiva.

II.- LA SOLUCIÓN.

1) El tema a decidir

Delineados del modo expuesto los antecedentes del sub examine, y habiendo quedado firme -por no haber sido materia de apelación- lo concerniente a la antijuridicidad enrostrada a la aseguradora en su proceder -quien incumplió con la obligación de asistencia que le cupo respecto de los actores, luego de que éstos sufrieran el accidente automovilístico en la provincia de San Luis-, el tema a decidir por ante esta instancia consiste en determinar, por un lado, si resulta oponible -o no- la excepción de pagooportunamente deducida por la quejosa -con base en el recibo cancelatorio de la “reposición vehicular” suscripto por el actor G. S.- y, por otro, si se verifica la situación de superposición denunciada por la recurrente entre los rubros “daño psicológico” y “tratamiento psicológico” (lo que, de resultar afirmativo, obligaría a prescindir del último citado).

Definido lo precedente, restará -finalmente-, examinar la suerte de la tasa de interés aplicable al sub lite.

Adelanto que, al no estar obligados los jueces a explorar todos y cada uno de los planteos de las partes -pues basta con que lo hagan respecto de los que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa-, únicamente se analizarán aquellos argumentos idóneos para incidir en la decisión final del pleito (conf. CSJN, 13/11/1986, in re: “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica” ; idem, 12/02/1987, in re: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” ; bis idem, 06/10/1987, in re: “Pons, María y otro”; ter idem, 15/09/1989, in re: “Stancato, Carmelo”, entre muchos otros; esta CNCom., esta Sala A, 14/07/2010, in re: “Cabrera, Mercedes Ester c/ General Electric International Inc. y otros”).

Dicho ello cabe pasar, entonces, a tratar el recurso bajo estudio, resultando oportuno en ese menester -y por lo ya anticipado- comenzar por analizar el grado de viabilidad de la excepción de pago enarbolada por la demandada.

2) El desembolso concretado por la aseguradora en concepto de “reposición del vehículo” y su incidencia en punto a la excepción de pago deducida.

A este respecto, bien viene recordar que la accionada dedujo esta excepción arguyendo que “de conformidad con el recibo” adjuntado a la “contestación, el 16 de noviembre de 2011, con posterioridad al inicio de la acción, el actor G. A.S.” había recibido de su parte “la suma de $ 61.444,06 (pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) en concepto de indemnización, declarando expresamente que con la percepción de dicha suma ha(bían) quedado totalmente canceladas todas las obligaciones de la seguradora respecto de la póliza n° 4824907”.

De ello coligió la apelante que “no tratándose de cuestiones de orden público, el acuerdo celebrado entre las partes goza(ba) de absoluta eficacia, por lo que” resultaba oponible “a la acción la presente excepción de pago total” (véase contestación de demanda, fs. 96vta.)

El Sr. Juez de grado, luego de examinar la entidad e imputación del recibo, concluyó en la inviabilidad de la excepción en cuestión, al interpretar que la renuncia efectuada por el actor respecto de cualquier otro reclamo adicional se refería -claramente- al cobro de la indemnización vinculada a los daños ocasionados al vehículo y no a otros conceptos, tales como los reclamados en el sub examine.

Adelanto que, malgrado lo pretendido por la recurrente, su queja no habrá de prosperar.

Es que de la literalidad del recibo suscripto entre S. la aseguradora el 21/10/2011 (certificado por escribano público el día 16/11/2011) surge, con nitidez, la imputación relativa a la reposición vehicular asumida contractualmente por la compañía de seguros, al aludirse a una “indemnización total, única y definitiva por la pérdida sufrida con motivo de los daños totales ocasionados en el vehículo” (véase fs.92).

Y si bien se dejó sentado que con la suma recibida por el actor “han quedado totalmente canceladas las obligaciones de la aseguradora respecto de la póliza de referencia y derivados del referido hecho, sin que tenga reclamación alguna que formular por ningún concepto, cediendo a la aseguradora todos los derechos que tenía sobre el automóvil”, lo concreto es que en esos términos, no se produjo una renuncia inequívoca al reclamo de daños generados en una causa distinta, tales como los emergentes del incumplimiento de la obligación de “asistencia al viajero”, en el que incurrió la recurrente.

A ese respecto tienen dicho la jurisprudencia y la doctrina que la aceptación de una suma de dinero, sin efectuar una reserva por la diferencia debida, no constituye un hecho que implique en sí mismo, la renuncia a un reclamo posterior. La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (CSJN, Fallos 319:1625) y, en el supuesto de duda, debe considerarse que no la hubo (véase arg. arts. 874, CCiv. y 948 del nuevo CCivCom.).

Esto significa que si hubiere una duda en punto a si hubo un acto abdicativo, debe estarse por su ausencia. A su vez, debe aplicarse un alcance restrictivo en caso de vacilación sobre la extensión de las facultades renunciadas. Por lo tanto, la voluntad de despojarse del derecho sólo puede entenderse configurada cuando hay hechos inequívocos y contundentes (cfr. Carestia, Federico, comentario al art. 948 en el “Código Civil y Comercial comentado. Orientado a contadores”, dirigido por Curá, José María, t. II, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2014, p. 1060), ausentes en el caso.

Desde esa perspectiva no puede, ni debe interpretarse aisladamente el segundo párrafo transcripto supra, sin efectuar una remisión obligada al objeto de la renuncia, prevista en el primero:en esa inteligencia -al no haberse probado hecho inequívoco en contrario- es claro que fue sólo respecto de la “reposición vehicular” que quedaron totalmente canceladas las obligaciones de la aseguradora respecto de la póliza de referencia, mas no en relación a otros rubros no alcanzados por dicho resarcimientos, tales como los derivados del incumplimiento de la obligación de “asistencia al viajero”. Tal es -pues- el resultado que, en mi entender, arroja una autointegración hermenéutica de los párrafos presentes en el recibo en cuestión.

Lo hasta aquí expuesto basta, entonces, para postular el rechazo de la queja bajo estudio.

3) En torno a la supuesta superposición de rubros.

La compañía de seguros también se agravió porque el Sr. Juez de grado resarció, por un lado, el “daño psicológico” padecido por los accionantes (rubro, éste, cuya procedencia no fue cuestionada por la quejosa por ante esta instancia, lo que acota el margen de decisión de l Tribunal respecto de la cuestión bajo estudio) y, por otro lado, el importe otorgado para cubrir los “tratamientos psicológicos”, cuando en su entender, la realización del tratamiento en cuestión importaba el carácter transitorio del perjuicio y, por ello, la inviabilidad de dicha reparación. Refirió a una “duplicidad” (véase fs. 387, párrafo 5°) de las partidas de condena por estos conceptos y, por ello, solicitó la supresión de uno de dichos rubros (manteniéndose, por ende, la vigencia de la condena sobre el restante).

Más allá de lo impreciso de su crítica, anticipo que tampoco habrá de prosperar.

Repárese en que -tal como se adelantara- no fue apelada por la aseguradora quejosa la relación de causalidad verificada entre su conducta antijurídica (consistente en el incumplimiento de la obligación de asistencia inmediata que le cabía frente a la denuncia del siniestro) y el padecimiento de los daños reclamados por los demandantes. Son clarificadores, respecto de la vulneración contractual en la que incurrió la demandada, los elocuentes testimonios -no impugnados- que brindaron los testigos R.S. (fs. 185/189) y Aníbal Daniel Romano (fs. 191/193), a cuya lectura me remito y doy por reproducidos brevitatis causae.

En ese orden de ideas, encontrándose -pues- probada la ilicitud entre la desaprensiva e inhumana omisión de la aseguradora en el cumplimiento de su obligación de asistencia y su vinculación con los daños padecidos por los reclamantes, he de señalar que una correcta técnica jurídica amerita analizar el reclamo del “daño psicológico” y de los “tratamientos psicológicos” en forma autónoma por tratarse -éstos- de conceptos indemnizables diferentes. Ello máxime en supuestos como el de la especie, donde se determinó la existencia de un porcentaje de incapacidad psíquica permanente, con un índice del 35% atendiendo a la merma del “valor psíquico global” o “valor psíquico integral” (véase peritación psicológica, fs. 261).

En efecto:

a) Al aludir a “daño psíquico”, se hace referencia a aquel daño que puede tener incidencia en el cuerpo humano (su psiquis) y ser incapacitante, por lo que debe de apreciarse como pérdida de las aptitudes físicas en el afectado y, por ello, ser indemnizado en cuanto se traduzca en un perjuicio económico (esta CNCom., esta Sala A, mi voto, 19/05/2009, in re: “Canosa, Diego Iván c. Showcenter S.A. y otros” ; 02/06/2009, in re: “Magno, Mario Horacio c. Banco Río de la Plata” , entre muchos otros).

En tal sentido se ha dicho que la indemnización por incapacidad psíquica está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores.A tal efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos o fobias (esta CNCom., esta Sala A, mi voto, 19/05/2009, in re: “Canosa-“, cit. supra; conf. CNCiv., Sala A, Libres 450.389, del 13/4/2007, entre??465.126, del 12/3/2007; íd. n??465.124 y n??n otros).

b) En cambio, con relación al “tratamiento psicológico” es de señalarse que en tanto las secuelas incapacitantes detectadas por la perito revisten -reitero- el carácter de permanentes -lo que implica que en modo alguno la integridad psicológica de los tres actores en el caso resulta recuperable- el tratamiento aconsejado reúne la condición de necesario como elemento paliativo de tales secuelas, pero no curativo (cfr. CApCivCom San Nicolás, 21/08/2014, in re: “Gómez, Claudia Zunilda c/ Duarte Juan Alberto”, LL on line).

Se trata, pues, a través de dichas entrevistas psicológicas de mejorar la calidad de vida de los tres actores, su estado anímico, el que en modo alguno puede ser recuperado de manera íntegra.

Siendo así no hay obstáculo para indemnizar, tal como se ha decidido, las secuelas incapacitantes, por un lado, y el tratamiento necesario para mejorar el estado psicológico general de las víctimas, afectado como consecuencia de tales secuelas, por otro.

Ello insta a colegir que lo pretendido por la recurrente (la revocación de la condena al pago del tratamiento psicológico) sería viable sólo en el caso en que se hubiese acreditado a través de la experticia correspondiente, que la terapia incidiría sobre el porcentual invalidante atribuido (constitutivo del “daño psíquico”, no apelado en esta instancia); es decir que el tratamiento tuviera efectos curativos (disminuyendo la minusvalía proyectada) y no meramente paliativos de las secuelas del daño (cfr. SCBA, Ac. 69476, voto del Ministro Dr.Juan Carlos Hitters; RSD-171-2008). No obstante, tal como se analizó, el daño psíquico comprobado en la especie reviste la condición de permanente, por lo que el tratamiento psicológico habrá de tener sólo una finalidad paliativa, lo que habilita -tal como hizo el Sr. Juez de grado- a su reconocimiento indemnizatorio en forma autónoma.

Adviértase que la conclusión alcanzada se muestra mucho más nítida en el sub lite que en otros casos: no es discutible que el daño psíquico sufrido por los actores a causa del accionar antijurídico de la demandada fue permanente, y que la causa de ese daño fue la desaprensión y abandono en la que incurrió la aseguradora frente al infructuoso pedido de auxilio efectuado por los accionantes y sus familiares, uno de cuyos miembros (un hijo menor del matrimonio actor) perdió, lamentablemente, su vida en el siniestro amparado por la cobertura. En ese contexto aparece como ciertamente necesario un tratamiento psicológico reconocido en forma autónoma al daño psíquico para paliar sus secuelas.

Por lo hasta aquí manifestado, el agravio bajo estudio también habrá de ser desestimado.

4) Tasa de interés aplicable

Por último, respecto de la tasa aplicable a los intereses de condena, el Sr. Juez de grado dispuso que éstos se computasen a la “tasa activa” que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago.

Frente a ello, la accionada peticionó que se tomase como referencia la “tasa pasiva”, so riesgo de favorecerse un enriquecimiento sin causa a favor de los actores.

Su queja no es atendible.

En efecto: en el caso bajo análisis, no existen circunstancias fácticas ni jurídicas que justifiquen apartarse de las razones volcadas en la doctrina plenaria sentada del fallo de esta CNCom., in re, “S.A.La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales” , del 27/10/1994.

En consecuencia, los accesorios deberán liquidarse a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento a 30 días, sin capitalizar (CNCom., esta Sala A, 20/07/2006, in re: “Barreiro Jorge Andrés c/Ferrocarriles Metropolitanos Belgrano Sur y otro s/ordinario” ), rechazándose así el agravio formulado en tal sentido por la apelante (en igual sentido véase esta CNCom., esta Sala A, 12/07/2007, in re: “Banco Río de la Plata S.A. c. Savarese, Héctor Remo”, entre muchos otros).

Consiguientemente habrá de confirmarse lo decidido por el Sr. Juez de grado en el pronunciamiento apelado.

Fuerza es omitir, conforme se adelantara, la repetición y refutación de cada frase de la recurrente, pues -tal como tiene dicho esta Sala- muchos asuntos de estas características se resuelven mediante una visión globalizadora del conjunto de hechos, aplicándose los principios propios de la labor interpretativa judicial (art. 386 CPCCN; cfr. esta CNCom., esta Sala A, 31/10/2006, in re: “Oshima S.A. c. Philips Argentina S.A.”, entre muchos otros).

III.- VEREDICTO.

Por los fundamentos descriptos en los considerandos precedentes, propongo al Acuerdo:

a) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

b) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo lo que decide y fue materia de agravio.

c) Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrente, dada su condición de vencida en esta instancia (art. 68, CPCCN).

Así expido mi voto.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. María Elsa Uzal dijo:

Coincido con la distinguida Colega preopinante en la descripción de los hechos del caso que efectúa y en la precisión del tema a decidir. Discrepo, sin embargo, parcialmente con la solución a la que arriba en los siguientes aspectos que seguidamente señalo:

a) Alcance del desembolso concretado por la aseguradora en punto a la excepción de pago deducida respecto del actor G.S.

La demanda es iniciada por G. A. S., su esposa M. L. P., ambos por sí y en representación de su hijo menor H. E. S. Cuestionada la legitimación para demandar de la esposa y el hijo del actor, correctamente, el juez de grado señaló, a fs. 356/357, que dicha legitimación encontraba fundamento en el Anexo II de la póliza acompañada que, respecto de los servicios a dispensar en concepto de “Asistencia al vehículo-Asistencia Legal- Asistencia al Viajero” -véase Anexo I-, consigna que serán considerados “beneficiarios del servicio” todos aquellos titulares de una póliza automotor emitida por Provincia e informada fehacientemente a S.O.S. S.A. conjuntamente con el grupo familiar directo del titular de la póliza (cónyuge e hijos menores de 21 años) -vér fs. 16-, concluyendo el magistrado en que el derecho trascendía al asegurado para alcanzar a los integrantes del grupo familiar. Establecida la legitimación individual de este modo, cabe considerar ahora la incidencia que adquiere, en el caso, el recibo de indemnización suscripto por G. S. que obra a fs. 92, donde da cuenta de la recepción, por intermedio de una reposición vehicular, de la suma de $61.444,06 en concepto de indemnización total, única y definitiva por la pérdida sufrida con motivo de los daños producidos a su vehículo. Hasta aquí la literalidad de este párrafo permitiría coincidir con mi distinguida colega preopinante en punto a que tal recibo sólo instrumentó la cancelación de toda indemnización por la reposición del vehículo. En dicho voto, sin embargo, estimo que no se asigna la debida significación al segundo párrafo de dicho recibo, donde el Sr. G.S., por sí, declaró expresamente “que con la suma recibida han quedado canceladas totalmente todas las obligaciones de la aseguradora respecto a la póliza de referencia y derivadas del referido hecho, sin que tenga reclamación alguna que formular por ningún concepto” con la obvia cesión a la aseguradora de los derechos sobre el automóvil. En efecto, estimo que esta declaración expresa, así asumida, importó de parte de S. la disposición de sus personales derechos a todo reclamo posterior como consecuencia del siniestro. Con ello transó a su respecto, con finalidad extintiva, toda obligación litigiosa o dudosa emanada del siniestro y de la póliza que lo cubría, conteniendo esa manifestación una convención liberatoria en favor de la demandada. Estimo que ello es consecuencia de lo expresamente previsto en los arts. 832 y 834 del Cód. Civil y derivación ineludible del principio de la indivisibilidad de la transacción que indica que cada cláusula transaccional presupone la existencia íntegra de todas las otras. Señalo, sin embargo, que la interpretación que estimo corresponde atribuir al recibo bajo examen, copiado a fs. 92/3, sólo alcanza al titular de dicha póliza, G. A. S., quien aparece suscribiendo dicho recibo, pero que no cabe extender sus efectos, dado el carácter personal del reclamo que nos ocupa, a los otros beneficiarios del derecho pretendido, ya que, en definitiva, importó la exteriorización de una transacción de su parte.

En efecto, El art. 832 del Código Civil establece que “la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones” y con mayor amplitud, debería expresarse, otros derechos (Lafaille).

b) Sobre la transacción habida.

En ese sentido, ha sido sostenido que la transacción es un convenio específico que se define por la finalidad que tiene y por los medios escogidos para alcanzarla.El fin es conseguir la certidumbre acerca de un derecho o relación jurídica pendiente, los medios son los sacrificios o concesiones recíprocas que efectúan las partes para lograr aquel resultado (conf. Llambías, Jorge Joaquín; “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T. III, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1987, pág. 71).

En esta línea, es claro que la transacción responde al propósito de prevenir o terminar litigios y que en ella, cada una de las partes sacrifica una parte de sus derechos o pretensiones, para evitar o terminar los gastos de un pleito y las incomodidades e intranquilidad que éste siempre ocasiona. Convencidas de que la justicia, por mejor organizada que esté, puede engañarse o ser engañada, cada parte sacrifica algo de su derecho o de sus pretensiones para asegurar lo demás (conf. Salvat, Raymundo; “Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en general”, T. IV, Ed. La Ley, Buenos Aires 1947, pág. 356).

En la misma línea, se ha dicho que la transacción responde al propósito de prevenir, evitar o finiquitar litigios, con los gastos, incomodidades, intranquilidad y perturbaciones anejas a las contiendas judiciales (conf. Rezzónico, Luis María; “Estudio de las Obligaciones”, T. 2, Ed. De Palma, Buenos Aires 1966, pág. 1024).

Con esta figura o negocio jurídico las partes interesadas previenen o terminan el litigio mediante concesiones mutuas y transforman o tratan de transformar un estado jurídico inseguro en otro seguro, mediante una reciprocidad de concesiones o sacrificios mutuos del propio derecho o pretensión contrapuestos (conf. Rezzónico, obra citada, pág. 1022).

En consecuencia, cabe concluir que son requisitos necesarios de esta figura jurídica:a) la existencia de un acuerdo de voluntades; b) concesiones o sacrificios recíprocos de las partes relativos a los derechos cuestionados, es decir, que suponen el reconocimiento parcial de la pretensión o el derecho ajeno y la renuncia parcial de la pretensión o el derecho propio y c) que por esas concesiones se extingan obligaciones litigiosas o dudosas.

a) Así lo ha entendido, la doctrina que resulta coincidente en sostener que para que la transacción quede configurada se requiere la concurrencia de un acuerdo de partes con finalidad extintiva, que existan concesiones o sacrificios recíprocos de las partes y la existencia de obligaciones litigiosas o dudosas (conf. Llambías, obra citada, T. III págs. 75/6).

b) Respecto de las concesiones recíprocas, cabe destacar que éstas no necesitan ser de valor igual o equivalente, sino que pueden ser enteramente desiguales y desproporcionadas en su valor patrimonial, asimismo, tampoco es necesario que sean de naturaleza económica o pecuniaria (conf. Rezzónico, obra citada, T. 2, pág. 1023).

En la misma línea, se ha destacado que no es necesario que las concesiones o sacrificios sean de igual valor, pues el propósito de evitar un largo pleito puede justificar el abandono de importantes derechos (conf. Borda, Guillermo; “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T. I, Ed. Perrot, Buenos Aires 1994, pág. 647) y también ha sido dicho que, mientras exista reciprocidad de sacrificios no importa la cuantía de ellos ni su equivalencia o desigualdad, la ley no exige que haya paridad de concesiones, ni ello podría imponerse porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no existiendo pauta válida para su medición (conf. Llambías, obra citada, T.III, págs.75).

Por otra parte, respecto del requisito de que se trate de obligaciones “litigiosas o dudosas”, es del caso señalar que se entiende por obligación “litigiosa” la que es materia de controversia o litigio, es decir, la que ha sido sometida a la decisión de un tribunal judicial y, por obligación “dudosa”, en cambio, se entiende a aquella que, sin ser objeto de discusión o controversia judicial produce en las partes una incertidumbre en cuanto a la extensión de sus derechos, esa incertidumbre o duda debe existir en el espíritu de las partes mismas, debe ser subjetiva, importando poco que la obligación, considerada objetivamente, sea para un versado en derecho absolutamente cierta o incuestionable (conf. Rezzonico; obra citada, T. 2, pág. 1023).

En el mismo sentido, se ha dicho que cuando se habla de obligaciones “dudosas”, se trata de obligaciones que las partes, seria y sinceramente, han considerado como tales, la palabra dudosa hay que tomarla en un concepto subjetivo, no objetivo, es decir, referirse a la opinión y al sentimiento de las partes mismas que realizaron la transacción, no a la opinión que sobre el asunto pudiera formarse un juez, o un abogado más o menos ilustrado, o cualquier otra persona (conf. Salvat, obra citada, T. 2, pág. 357).

Respecto a la naturaleza jurídica de la transacción cabe señalar que algunos autores opinan que la transacción presenta los caracteres de un verdadero contrato (en esta línea: Segovia, Salvat, Aubry y Rau, entre otros), en cambio, otros sostienen que es un acto jurídico bilateral, una convención liberatoria y no un contrato, pues extingue las obligaciones en vez de hacerlas contraer, que sería el efecto propio de un contrato (en esta línea: Llerena, Machado, Colmo, Lafaille, Boffi Boggero, entre otros, véase: Rezzónico, obra citada, T.2, pág.1027). Estimo claro que puede decirse, en todo caso, que la transacción, expresada en el recibo supra individualizado contiene, en definitiva, un contrato o acuerdo de voluntades que contiene una convención liberatoria entre S. y la aseguradora demandada.

Es de destacar la afinidad que tiene la transacción es con la renuncia, empero se diferencia de esta última en que puede ser de carácter gratuito, la transacción es siempre onerosa y también se distingue en la finalidad, en la transacción se busca establecer una situación de certeza, lo que es ajeno a la renuncia en general (conf. Llambías, obra citada, T. III, pág. 82).

Ahora bien, la transacción presenta los siguientes caracteres típicos de los contratos, es bilateral, oneroso y consensual y además presenta, como caracteres específicos, que se trata de un acto indivisible, que es de interpretación restrictiva y es declarativa de derechos (conf. Llambías, obra citada, T.III, págs. 78/81).

El primero de esos requisitos específicos, el de la indivisibilidad, que se encuentra reflejado en el art. 834 CCiv. cuando dispone que “las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la transacción”.

En efecto, el principio de indivisibilidad de la transacción, implica que no se pueden eliminar del acto jurídico determinadas cláusulas, dejando subsistentes otras, porque constituyen manifestaciones de voluntad sobre una serie de puntos determinados y aquellas quedarían mutiladas si se admitiera la anulación de algunas de esas cláusulas y la subsistencia de las otras; el consentimiento se ha prestado en atención a todas (conf. Lafaille, Héctor; “Obligaciones”, T. I, Buenos Aires 1926, pág. 353).

En la misma línea, ha sido expresado que en la transacción, el principio de indivisibilidad indica que cada cláusula transaccional presupone la existencia íntegra de todas las otras, porque así lo han entendido las partes en ese conjunto de concesiones recíprocas (conf.Boffi Boggero, Luis María; “Tratado de las obligaciones”, T. 4, Ed. Astrea, Buenos Aires 1986, pág. 444).

Asimismo, cabe resaltar que al ser la transacción indivisible, si cualquiera de sus cláusulas fuese nula, queda sin efecto toda la transacción y que ello es lógico porque en la transacción cada una de las cláusulas esta ensamblada con otras, se da esto por que se recibe aquello, se ha dado el consentimiento p ara el conjunto, el todo y no para cada parte aislada. Sin embargo, se ha observado que esto no impediría que si fuera clara la intención de las partes de separar distintos aspectos o partes de la transacción, ella sería divisible sin que la nulidad de una de las partes trajese aparejada la nulidad total (conf. Borda; obra citada, T. I, pág. 663), estimo sin embargo, que con base en el contexto del recibo de marras, no resulta admisible la inteligencia divisible que se propone, que pondría en contradicción los claros términos de los párrafos involucrados.

Finalmente, corresponde reiterar que la transacción produce, como efecto principal, el de extinguir la obligación o el derecho objeto de la misma (conf. Lafaille; “Obligaciones-“, pág. 371). En ese sentido, se ha dicho que la transacción, tal cual resulta de los propios términos de la ley, produce como efecto fundamental y característico, la extinción de los derechos y obligaciones que habían sido objeto de ella, es decir, de los derechos y obligaciones a que las partes hubiesen entendido renunciar (conf. Salvat, obra citada, T. 2, pág. 389).

Como consecuencia de lo expresado, el recurso habrá de prosperar en todas sus partes respecto de G. A. S.

c) La pretensión respecto de los codemandados M. L. P. y I. E.S.

Sentada la procedencia de la legitimación activa de la esposa e hijo del titular del seguro para demandar respecto de los daños irrogados por el incumplimiento de la obligación de asistencia que le cupo proveer a la aseguradora, a través de la prestadora S.O.S. S.A., no hallándose apelada la procedencia del daño moral reconocido, cabe abordar el agravio planteado, en subsidio, en torno a la superposición de rubros que representarían las indemnizaciones otorgadas por el a quo, separadamente, en concepto de daño psicológico y de tratamiento psicológico.

Observo que no aparece estrictamente discutida la procedencia de los rubros, sino la superposición de ellos. Es que, en el desarrollo argumental, por cierto confuso, del agravio aparece consintiéndose la pertinencia de la realización del tratamiento psicológico y cuestionado el daño psicológico definitivo que los accionantes habrían sufrido, estimándose que al reconocerse dos cifras diferentes por estos dos rubros, diferenciados, se incurriría en una indebida duplicidad.

Coincido con la distinción que efectúa mi colega preopinante entre ambos rubros y sobre la procedencia de diferenciarlos y observo también que en el agravio, no se ha reeditado, con claridad, la impertinencia de endilgar causalmente la responsabilidad por el daño psicológico permanente entre las consecuencias del incumplimiento derivado como secuela de la demora de aproximadamente 17 horas, que es el único que le resulta expresamente atribuible, dado que la obligación de asistencia, en definitiva, fue proporcionada a los accionantes por la Obra Social del Banco Provincia (fs. 248 vta.) y no, por la prestadora obligada.Estimo, sin embargo, que el incumplimiento atribuible no puede resultar causalmente determinante del daño psicológico permanente que han sufrido los actores como consecuencia del luctuoso accidente que les tocara vivir.

Esa demora, sin dudas, pudo acentuar, en parte, un padecimiento psicológico, mas la huella permanente del mismo, en el estricto concepto de daño psicológico permanente, estimo que solo puede ser atribuida al accidente mismo que tiene sus propios mecanismos causales y de responsabilidad y no, a esa dilación, por penoso que haya sido el traslado, con cierta demora y por carretera, en lugar de hacerlo por avión. Es de destacar, que S., quien era el titular de la póliza, recién se apercibe 25 días después del accidente, de la existencia de la cláusula que hablaba de la posible prestación a través de un avión sanitario (véanse fs. 240 y sgtes.).

Considero pues, que en este marco, debe acogerse el agravio por superposición de rubros y que solo corresponde atribuir a la aseguradora, por la demora en la asistencia de los accionantes -madre e hijo menor-, el resarcimiento de los daños inherentes al tratamiento psicológico como suficiente reparación, rechazando, en consecuencia, la atribución, como ítem diferenciado, de la reparación concedida como daño psicológico.

En consecuencia pues, propicio revocar la sentencia en cuanto acoge la demanda respecto del actor G. S., en todas sus partes y revocarla, parcialmente, respecto de los restantes coactores en lo que toca a la admisión del resarcimiento por daño psicológico. Con costas por su orden en ambas instancias, atento a las particularidades del caso.

He aquí mi voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers adhiere al voto de la Dra. Isabel Míguez.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal (en disidencia parcial).

Ante mí,

Jorge Ariel Cardama.

Es copia del original que corre a fs.del Libro n° 125 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

Jorge Ariel Cardama

Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, junio 11 de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve:

a) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

b) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo lo que decide y fue materia de agravio.

c) Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrente, dada su condición de vencida en esta instancia (art. 68, CPCCN).

d) Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia.

e) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el

objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo Arturo Kölliker Frers

Isabel Míguez

María Elsa Uzal (en disidencia parcial)

Jorge Ariel Cardama

Prosecretario de Cámara