Si el pagaré fue entregado en blanco resulta imposible en el juicio ejecutivo analizar el pretendido abuso de firma

Firma documentoPartes: N. F., G. J. F. c/ M. M. M. s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 2-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94517-AR | MJJ94517 | MJJ94517

Siendo el pagaré entregado en blanco, resulta imposible en el juicio ejecutivo analizar el pretendido abuso de firma, rechazando por esto, el recurso de apelación deducido.

Sumario:

1.-Del texto del art. 554 inc. 6° del CPCC. de la Provincia de Salta, se desprende, inequívocamente, que las excepciones de falsedad e inhabilidad de título constituyen defensas independientes. En efecto, mientras la primera resulta procedente cuando el título que sirve de base a la ejecución ha sido materialmente adulterado, total o parcialmente, la excepción de inhabilidad de título, en cambio, es viable en el caso de que se cuestione la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (existencia de cantidad líquida, exigible, etc.) o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor.

2.-La excepción de falsedad se relaciona con los vicios extrínsecos que pudiera contener el instrumento, pues el deudor ha preconstituido un título de deuda que da lugar a un juicio ejecutivo, con defensas restringidas, quedando para el juicio de conocimiento posterior las que se intentasen para contrariar el crédito expresamente documentado (art. 551 del Cód. Proc.). La excepción se refiere a la falsedad material del título y no a la obligación que éste comprueba, es decir que consiste en la falsificación o adulteración material del documento, tomándose sólo en consideración sus formas externas y no pudiendo fundarse en la legitimidad, falsedad o inexistencia de la causa.

3.-Falsedad en un sentido amplio significa falta de verdad o autenticidad. En el lenguaje jurídico el concepto es algo más concreto, debiendo entenderse que es la imitación, suposición, alteración, ocultación o supresión de la verdad. Y en derecho procesal, y concretamente en el estudio del juicio ejecutivo, podría definirse la falsedad como la que resulta de una falsificación o adulteración en todo o en parte, cometida sobre un documento presentado, y capaz de ser reconocida, probada o demostrada físicamente con una operación o proceso cualquiera. Por falsedad debe entenderse aquella que afecte al documento mismo (raspaduras, sobre lineados, lavado, etc.).

4.-En cuanto a la excepción de falsedad basada en que la firma no le pertenece al librador, cabe confirmar su rechazo atento a que el demandado no ha producido la prueba idónea para acreditar la falsedad material del documento, que es la pericial caligráfica.

5.-Si bien el art. 1033 del CCiv., luego de establecer que en caso de negativa de la firma corresponde el cotejo y comparación de la letra, expresa que pueden admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma, tanto la doctrina como la jurisprudencia han tenido un criterio muy restrictivo respecto a esta última posibilidad y el medio de prueba por antonomasia es la pericia caligráfica, la que deberá efectuarse cotejando el perito la firma cuestionada con otro documento en el que la firma sea indubitada.

6.-Si bien la autenticidad de las firmas que suscriben los instrumentos privados puede ser probada por testigos, no siendo indispensable el cotejo o la pericial caligráfica, ello es a condición de que medie una concreta o convincente prueba demostrativa de que la firma cuestionada ha sido realmente puesta por la persona a quien se le atribuye.

7.-La prueba de peritos es, indudablemente, la que permitirá convencer al Juzgador respecto a si la firma del documento fue o no alterada y que los restantes medios de prueba solamente deben ser admitidos en caso de que se aduzcan motivos serios y fundados para prescindir de ella. Además, atento los términos del art. 1033 del CCiv., las declaraciones testimoniales servirán para acreditar la veracidad de la firma y no su falsedad, exigiéndose que los testigos hubieran presenciado el acto

8.-La carga de la prueba en la excepción de falsedad corresponde a la parte que la plantea, en virtud de la presunción de legitimidad y autenticidad de que gozan los instrumentos cambiarios. La falta de prueba, entonces, se vuelve en contra del litigante que tenía la carga de hacerlo, quien por tal omisión, no logrará el progreso de su pretensión o defensa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Salta, 2 de julio de 2015

Fs. 405/408

Y VISTOS: Estos autos caratulados “N F, G J F vs. M, M M – Ejecutivo” – Expte. Nº 406183/12 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ta. Nominación; Expte. Nº CAM – 487494/14 de esta Sala Tercera, y

CONSIDERANDO

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La sentencia de fs. 165/166 es apelada a fs. 171 por el apoderado de la demandada Sra. María Magdalena Morales (ver testimonio de mandato de fs. 35), recurso concedido a fs. 172 y sustentado en la memoria de fs. 174/ 176. Dice el letrado que el Juez de grado basa el rechazo de la excepción de falsedad únicamente en que el Decreto Ley N° 5.965/63 no prohíbe la emisión de títulos valores en blanco, sin reparar en lo señalado de su parte en cuanto que el documento base de la ejecución ha sido elaborado concretando una estafa para la ejecutada y ello quedó demostrado con las constancias de la causa penal existente, en que el señor Fiscal interviniente ha efectuado formales requerimientos para investigar la conducta delictiva del actor. La presencia del título falso es palmaria. Pide la revocatoria de la sentencia.

A fs. 184 replica los agravios el señor Gonzalo Nieva Figueroa. Dice que la denuncia penal persiguió el sólo propósito de frenar la ejecución y que el quejoso introduce tópicos que resultan improponibles en el juicio ejecutivo. Cita jurisprudencia que tiene resuelto el rechazo de la excepción de falsedad de título con fundamento en el abuso de firma en blanco.En el apartado VIII pide se evalúe si se ha producido la deserción del recurso por insuficiencia del memorial.

II) En orden al reclamo de deserción del recurso por insuficiencia del memorial, de manera reiterada se ha venido sosteniendo que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306-474; C.J. Salta, 22-12-92, “Rondoni vs. Eckardt”, Libro 44, f° 1109/1113). Tal criterio también ha sido sostenido por esta Sala en numerosos precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel.CC. Salta, Sala III, año 1993, f° 901; año 2001, f° 415; año 2003, f° 232); y aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; Id., L.L. 127-369; CApel.CC.Salta, Sala III, 19-2-03, año 2003, f° 49). Por lo expuesto, y existiendo una crítica suficiente de la sentencia en crisis, no cabe se declare desierto el recurso incoado.

III) En autos se promueve demanda ejecutiva en contra de María Magdalena Morales, con base en el pagaré por la suma de $ 55.000 que en copia rola a fs. 2, habiendo la ejecutada opuesto a fs.48/50 excepción de falsedad de título, señalando que el documento aludido es absolutamente falso en todas sus partes, desde que no ha sido ni confeccionado ni otorgado por la señora Morales y, menos aún, en momento alguno ha adeudado suma de dinero, por ninguna naturaleza al ejecutante (textual). En abono de su impugnación destaca que se trata de un papel blanco simple en el que se insertaron leyendas en tipos mecanográficos de pagaré con cláusulas sin protesto, con textos manuscritos de diferentes tipos de letras, con sobrescritos no salvados, con amplios espacios en blanco y con una escrituración de firma que desconoce como propia. Repara que viene siendo víctima de un racimo de actividades delictivas en su perjuicio por parte del actor con quien le unía una informal relación, en razón que trabajaba a comisión en un taxi de su propiedad, licencia N° 1.305, por lo que tenía aquél pleno acceso a toda la documentación del automotor, como a la vivienda de la demandada.

En réplica al planteo, el ejecutante niega cuanto alegara la impugnante (fs. 60), sosteniendo que el pagaré fue firmado por la demandada y que contiene todos los requisitos establecidos por la ley para su validez, ordenándose a fs. 64 la apertura a prueba de la causa, estado procesal éste en que se produjo la pericial caligráfica glosada a fs.137/143.

La experta, en su informe concluye que la firma, aclaración y Documento Nacional de Identidad que suscriben la documental negada fueron confeccionadas por la señora María Morales, no así la escritura utilizada para el llenado del pagaré.

Y en la sentencia venida en revisión, el señor Juez de grado hace mención a las conclusiones de la perito y en fundamento del rechazo de la excepción advierte que el Decreto Ley 5.965/63, no prohíbe la emisión de títulos valores en blanco; antes bien, admite su creación en forma incompleta, adhiriendo a la jurisprudencia que tiene resuelto que el eventual abuso de firma en blanco resulta insusceptible de ser indagado en un juicio ejecutivo.

Con motivo de la denuncia penal concretada por la demandada, en esta Sede se requiere la remisión de las actuaciones respectivas, aportándose en primer lugar a fs. 202/221 la pericia practicada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales en fecha 04 de Septiembre de 2014 (esto es, con posterioridad a la sentencia de grado datada el 25 de abril de 2014), en donde se concluye que las grafías y números correspondientes al llenado del pagaré, poseen correspondencia escritural con las grafías y números del cuerpo de escritura confeccionados por el señor Gonzalo Nieva, cuanto que el borde superior del documento se presenta irregular, con un corte realizado en forma manual y que el documento corresponde al sector inferior de una hoja del tipo A4.

IV) Del texto del artículo 554 inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra Provincia se desprende, inequívocamente, que las excepciones de falsedad e inhabilidad de título constituyen defensas independientes.En efecto, mientras la primera resulta procedente cuando el título que sirve de base a la ejecución ha sido materialmente adulterado, total o parcialmente, la excepción de inhabilidad de título, en cambio, es viable en el caso de que se cuestione la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (existencia de cantidad líquida, exigible, etc.) o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor (Palacio: Derecho Procesal Civil, Bs.As. Ed. Abeledo Perrot, 1982, t. VII, pág. 423).

Precisando aún más el concepto, la doctrina nacional sostuvo que la excepción de falsedad se relaciona con los vicios extrínsecos que pudiera contener el instrumento, pues el deudor ha preconstituido un título de deuda que da lugar a un juicio ejecutivo, con defensas restringidas, quedando para el juicio de conocimiento posterior las que se intentasen para contrariar el crédito expresamente documentado (art. 551 del Cód. Proc.). La excepción se refiere a la falsedad material del título y no a la obligación que éste comprueba. Es decir que consiste en la falsificación o adulteración material del documento, tomándose sólo en consideración sus formas externas y no pudiendo fundarse en la legitimidad, falsedad o inexistencia de la causa (conf. Morello, Sosa, Berizonce: Códigos Procesales Comentados Edit. Abeledo-Perrot, 1996, pág. 198).

Dice Bustos Berrondo (Juicio Ejecutivo, 6ta. edic., pág. 322) que falsedad en un sentido amplio significa falta de verdad o autenticidad. En el lenguaje jurídico el concepto es algo más concreto, debiendo entenderse que es la imitación, suposición, alteración, ocultación o supresión de la verdad.Y en derecho procesal, y concretamente en el estudio del juicio ejecutivo, podría definirse la falsedad como la que resulta de una falsificación o adulteración en todo o en parte, cometida sobre un documento presentado, y capaz de ser reconocida, probada o demostrada físicamente con una operación o proceso cualquiera. Por falsedad debe entenderse aquella que afecte al documento mismo (raspaduras, sobre lineados, lavado, etc.). Tales antecedentes originan el cambio de fecha, de guarismos, de nombres, e incluso de firmas (CApel. CC.Salta, Sala III, año 1996, f° 648).

En otro precedente se dijo que en cuanto a la excepción de falsedad basada en que la firma no le pertenece al librador, cabe confirmar su rechazo atento a que el demandado no ha producido la prueba idónea para acreditar la falsedad material del documento, que es la pericial caligráfica. Si bien el artículo 1033 del Código Civil, luego de establecer que en caso de negativa de la firma corresponde el cotejo y comparación de la letra, expresa que pueden admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma, tanto la doctrina como la jurisprudencia han tenido un criterio muy restrictivo respecto a esta última posibilidad. Llambías señala que el medio de prueba por antonomasia es la pericia caligráfica, la que deberá efectuarse cotejando el perito la firma cuestionada con otro documento en el que la firma sea indubitada. Se sostuvo en esa orientación que si bien la autenticidad de las firmas que suscriben los instrumentos privados puede ser probada por testigos, no siendo indispensable el cotejo o la pericial caligráfica, ello es a condición de que medie una concreta o convincente prueba demostrativa de que la firma cuestionada ha sido realmente puesta por la persona a quien se le atribuye (SCBA en E .D. t. 5, pág.155). De lo reseñado precedentemente surge que la prueba de peritos es, indudablemente, la que permitirá convencer al Juzgador respecto a si la firma del documento fue o no alterada y que los restantes medios de prueba solamente deben ser admitidos en caso de que se aduzcan motivos serios y fundados para prescindir de ella. Además, atento los términos del artículo 1033 citado, las declaraciones testimoniales servirán para acreditar la veracidad de la firma y no su falsedad, exigiéndose que los testigos hubieran presenciado el acto (CApel. CC. Salta, Sala III, año 1999, f° 56).

Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia local que la carga de la prueba en la excepción de falsedad corresponde a la parte que la plantea, en virtud de la presunción de legitimidad y autenticidad de que gozan los instrumentos cambiarios (CApel.CC. Salta, Sala I, año 1984, f° 330; íd. Sala II, año 1987, f° 76; íd. Sala III, año 1998, f° 183, año 2000, f° 337, y año 2001, f° 940, id. Sala V, año 1985, f° 609 y 727; Corte de Justicia de Salta, Sala I, t. 22, f° 519 y t. 30, f° 581). La falta de prueba, entonces, se vuelve en contra del litigante que tenía la carga de hacerlo, quien por tal omisión, no logrará el progreso de su pretensión o defensa (Palacio: Derecho Procesal Civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, t. IV, 1984, pág. 363; CApel. CC. Salta, año 1994, f° 511; año 1996, f° 265; año 2001, f° 940 y año 2002, f° 401; íd. íd. año 2003, f° 1060).

Tal criterio, por lo demás, fue sostenido de manera uniforme por los tribunales nacionales y de otras provincias, decidiéndose por ejemplo que el ejecutado que se excepciona alegando la falsificación de la firma que se le atribuye en el documento base de la acción ejecutiva, es quien tiene a su cargo la prueba de la excepción (art. 547, Cód. Proc., S.C.Buenos Aires en DJBA, 136-4203), cuanto que el artículo 547 del Código Procesal pone en cabeza del demandado la carga de la prueba de las defensas por él articuladas y no cabe hacer distinción para el caso de que la excepción opuesta sea la de falsedad de firma, ya que el derecho del ejecutante queda justificado con el pagaré protestado base de la ejecución y la prueba de la excepción opuesta al título que pretende hacer valor el actor, corresponde al demandado, desde que como fundamento de ella alega la inexistencia de un hecho sin cuya demostración la defensa resultaría infundada (CCiv.Com. de Mercedes Sala II en L.L.B.A., 1997- 1297).

Más aún, en autos, se ha producido una primera prueba pericial caligráfica cuyas conclusiones lucen a fs. 137/143, afirmando la experta que ha podido determinar que las firma, aclaración y documento nacional de identidad negada y atribuidas a la demandada señora María Morales fueron confeccionadas de su puño y letra y por lo tanto son auténticas. Y la apelante ha tomado debido conocimiento de sus conclusiones sin formular objeción alguna (ver cédula de notificación de fs. 155).

Y en cuanto a las actuaciones que tramitan por ante la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, es dable reparar que en fecha reciente (22 de mayo de 2015) se ha formulado requisitoria de elevación a juicio en contra de Gonzalo Javier Francisco Nieva Figueroa, entendiendo la señora Fiscal que el hecho narrado halla encuadre legal en los términos del artículo 172 del Código Penal, con el grado de convicción necesario a tal etapa del proceso; y en base a las conclusiones de la pericia caligráfica llevada adelante por personal del Gabinete de Documentología del C.I.F. que concluye que las grafías y números correspondientes al llenado del pagaré, poseen correspondencia escritural con las grafías de escritura de Gonzalo Nieva, reparando asimismo en los dichos de éste de fs.265/266 de dichas actuaciones que se tienen a la vista.

En tal caso, no puede sostenerse que se encuentre desvirtuada aún la validez del documento base de la demanda de autos, por cuanto si el pagaré fue dado en blanco, es imposible en el juicio ejecutivo analizar el pretendido abuso de firma, pues ello importaría no sólo desvirtuar la índole del proceso sino también entrar a discutir la legitimidad de la causa de la obligación contrariando la prohibición establecida por el artículo 554 inciso 6° del Código Procesal (del voto del Dr. Roberto Loutayf Ranea en CApel.CC.Salta Sala Tercera Año 2000 folio 675).

Voto entonces por el rechazo del recurso. Con costas (arts. 67, 68 y 568 del Código Procesal).

La Dra. Nelda Villada Valdez, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Marcelo Ramón Domínguez.

Por ello,

LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,

I) RECHAZA el recurso de apelación articulado por la parte demandada a fs. 171, CONFIRMANDO la sentencia de fs. 165/166. CON COSTAS a su articulista.

II) COPIESE, regístrese, notifíquese, y REMITASE.