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Responsabilidad estatal por la enfermedad mental de un agente penitenciario a causa de sus labores.

shutterstock_155299382Partes: A. R. C. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 1-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-93921-AR | MJJ93921 | MJJ93921

Responsabilidad del Estado provincial por la enfermedad mental sufrida por un agente del servicio penitenciario a raíz de las tareas realizadas. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó al Estado provincial a resarcir al actor por la enfermedad mental que padece, pues la responsabilidad refleja de aquél por el hecho ilícito de sus dependientes no debe ser examinada bajo los parámetros del art. 1109 del CCiv., sino del incumplimiento específico que para los funcionarios públicos contempla el art. 1112 del mismo cuerpo legal, evaluada con las particulares características que conlleva la apreciación de la culpa; y en tal caso bastaría la prueba del cumplimiento irregular de las obligaciones impuestas al funcionario para derivar de ello su culpa, salvo acreditación de cumplimiento diligente de su parte, no invocado ni demostrado en el caso, y que cobra especial relevancia por los diversos motines -en los cuales le tocó intervenir al actor como personal de apoyo- cuya gestación y desarrollo fueron posibles en el ámbito del Servicio Penitenciario provincial.

2.-Surge probado que en el ejercicio de sus funciones el actor tuvo principalmente a cargo velar por la organización de los establecimientos carcelarios y seguridad del personal y de los internos, estando en permanente contacto con ellos, en guardias armadas, pabellones y traslados, interviniendo además como personal de apoyo en reiterados conflictos, restableciendo el orden en los violentos y luctuosos motines en los que se producían enfrentamientos armados, debiendo presenciar las intimidaciones -amenazas de ser fusilados, quemados vivos o arrojados al vacío-, violencia física y moral y el trato vejatorio que sus compañeros de trabajo recibían al ser tomados como rehenes.

3.-Los establecimientos carcelarios en los que prestó servicios se encontraban severamente deteriorados en su estructura, especialmente en la unidad en que se desempeñó durante un mayor lapso-, con superpoblación y hacinamiento de los reos, lo cual dificultaba la tarea de seguridad que le era encomendada.

4.-En el marco del art. 1113 del CCiv., no cabe una interpretación estrecha del concepto cosa , desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño, y que -por lo tanto- dicho vocablo se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso.

5.-Puede reputarse absurda la conclusión del tribunal en cuanto resolvió que el plazo de prescripción debía comenzar en la fecha de toma de conocimiento de la minusvalía por parte del trabajador, sin que obste a ello -contrariamente a lo que postula la recurrente- la circunstancia de que la acción se encuentre fundada en las normas de derecho común, habida cuenta que en numerosos precedentes se ha aplicado la doctrina mencionada a reclamos de daños y perjuicios derivados de infortunios laborales fundados en el CCiv.

6.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley traído, declarando la inaplicabilidad de la Res. de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 , y -por mayoría- la inconstitucionalidad de la Ley provincial 14.399 , por lo que se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que deberán liquidarse con arreglo a la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 1 de julio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, Pettigiani, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.808, «A. , R. C. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 3 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 444/455 vta.).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 468/482 vta.), el que fuera concedido por el citado tribunal a fs. 487.

Dictada a fs. 535 la providencia de autos, sustanciados los traslados que -en virtud de la entrada en vigencia de la ley 14.399- se ordenaron a fs. 539 y vta., y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de grado desestimó la defensa de prescripción, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e hizo lugar a la demanda que R. C. A. promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado -con sustento en las normas del derecho común- el cobro de una indemnización por la incapacidad derivada de las afecciones que contrajera como consecuencia de las tareas que prestara como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Asimismo, resolvió condenar a Provincia A.R.T. S.A.hasta el límite de la reparación tarifada prevista por la ley 24.557.

Para así resolver tuvo por acreditado -tras valorar el dictamen elaborado por el Licenciado en Higiene y Seguridad Industrial y las declaraciones testimoniales recibidas en oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de la causa- que el actor se encontraba a cargo de velar por la organización de los establecimientos carcelarios y la seguridad del personal y los internos, estando en permanente contacto con éstos, en guardias armadas, pabellones, traslado de detenidos y que, atento su jerarquía, participaba activamente como personal de apoyo en los reiterados conflictos que se suscitaban, restableciendo el orden en los motines armados, debiendo presenciar en varias oportunidades las intimidaciones, violencia física y moral y el trato vejatorio del que los rehenes eran objeto durante el tiempo que duraban tales sucesos (v. fs. 444 vta.).

Con sustento en el informe pericial médico obrante a fs. 416/418 vta., así como en las aclaraciones que brindó el experto a fs. 433/434 y 435 y vta., halló probado que A. padece de Reacción Vivencial Anormal Neurótica, Grado III, que le provoca una incapacidad parcial y permanente del 24,80% del índice de la total obrera, vinculándose causalmente dicha minusvalía con las situaciones traumáticas vividas en los distintos establecimientos carcelarios en los que prestó funciones (v. fs. 445).

En la sentencia brindó tratamiento -en primer término- a la defensa de prescripción opuesta, disponiendo su rechazo por entender que, habiendo quedado definida la fecha de exigibilidad del crédito reclamado en autos con posterioridad al mes de mayo de 2004, y promovida la demanda que dio inicio a estas actuaciones el día 10 de mayo de 2006 -ver cargo de fs. 36 vta.-, no había trascurrido el plazo bienal previsto por las normas de los arts. 4037 del Código Civil y 44 de la ley 24.557 (v. fs.447 vta.).

Sentado ello, y en lo que resulta especialmente relevante para esta litis, el tribunal a quo se detuvo a definir la eventual responsabilidad de la accionada Provincia de Buenos Aires- frente al daño ocasionado en la salud del actor, y en ese trance juzgó que esta última debía responder integralmente al haberse configurado en el caso los factores de atribución contemplados por los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.

En lo que respecta a la primera de las normas citadas, señaló el juzgador que a la luz de las deficiencias de organización y funcionamiento detectadas en las unidades carcelarias en las que se desempeñó el actor patentizadas en la concreción de conflictos y motines en que debió intervenir y en los hechos de violencia causantes de la afección psíquica que padece-, resultaba evidente que los funcionarios públicos que ejercieron la dirección en las mismas habían cumplido con ese cometido de un modo irregular, palmariamente deficitario o defectuoso, incurriendo en una «falta de servicio» que acarreaba la responsabilidad extracontractual directa y objetiva del Estado (v. fs. 448).

Explicitó el tribunal que la principal obligación del Servicio Penitenciario consiste en la seguridad y custodia de los internos que se encuentran privados de su libertad, procurando contemporáneamente su readaptación social, pero también -añadió-, dentro de esas funciones, está la de impedir que cualquier quiebre o desborde en el cumplimiento de tal deber derive en la producción de daños a los detenidos y/o a terceros, calificación esta última que cabía asignar no sólo a las personas ajenas al ámbito carcelario, sino además a quienes desempeñan tareas en el mismo.Por tales circunstancias explicó- es que al actor, ajeno a las autoridades llamadas a tomar decisiones directivas en la organización y funcionamiento de las distintas unidades carcelarias, cabe reconocerle aptitud para reclamar la calidad de sujeto activo por el perjuicio provocado por la irregular prestación del servicio, máxime cuando la demandada siquiera ha esbozado la intención de endilgarle al dependiente un obrar configurativo o coadyuvante en la aludida falta de servicio (v. fs. 448 vta.).

Concluyó que no obstaba a la solución alcanzada el carácter jerárquico de las funciones desempeñadas por el señor A. , en tanto las decisiones vinculadas a la organización concreta del servicio eran ajenas al ejercicio de las medidas que dentro del marco de sus atribuciones le era dable adoptar -vgr. en cuanto a lo referido a la población alojada (claramente superior a la capacidad operativa de las unidades carcelarias), designación de personal necesario, mantenimiento edilicio, instalación de circuitos de seguridad, etc.- y que hubieran permitido un mejor y más eficiente desarrollo de la función que le era encomendada (v. últ. fs. cit.).

Por otra parte, también entendió el a quo que cabía asignarle a la accionada responsabilidad en el marco del art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, pues afirmó- la actual interpretación del vocablo «cosa» al que se alude en esa norma legal conduce a admitir que el término trasciende el puro concepto físico, debiendo considerarse en su amplia acepción abarcativa de las tareas efectuadas por el trabajador (v. fs. 449 vta.).

En tales condiciones, señaló que las características propias de las labores desempeñadas por el agente A. en los diferentes destinos en los que cumplió funciones y, en particular, siendo personal de apoyo en los motines en los que le tocó intervenir, revelaba inequívoco que dicha actividad revestía el carácter de riesgosa, correspondiendo por tanto su inclusión en las previsiones del art. 1113 del Código de fondo (v. últ. fs.cit.).

Configurada la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil, el tribunal del trabajo abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según se atienda a su reclamo conforme las previsiones de la ley 24.557 o en el marco del régimen común de responsabilidad civil. A tal fin, para esta última hipótesis presupuestó la suma de $ 256.824,91 ($ 191.824,91 por daño material, $ 25.000 por integridad psicofísica y $40.000 por daño moral), y en $ 79.766,18 efectuado el cálculo de conformidad a la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 449 vta. in fine/453).

Verificada entonces la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39 de la ley 24.557) así como del tope establecido en el art. 14 de ese mismo cuerpo legal, por resultar violatorias de las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados por su art. 75 inc. 22 (v. sent., fs. 451 vta./453 vta.).

Sobre la base de estas premisas, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar a R. C. A. la suma de $ 177.058,73, y a Provincia A.R.T. S.A. la de $ 79.766,18, ordenando además que esta última le proporcione al actor asistencia psicofarmacológica hasta su restablecimiento (conf. art. 20, L.R.T.; v. fs. 453 vta.).

Finalmente decidió aplicar intereses de la siguiente manera:

i) Respecto del capital de condena a cargo de Provincia A.R.T. S.A., desde el 18 de mayo de 2004 (fecha de toma de conocimiento de la incapacidad) a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos. Ello así, explicó, atento lo dispuesto por el art.622 del Código Civil y la existencia de normativa específica en la materia, esto es, la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para el supuesto de pago fuera de término de las prestaciones dinerarias (v. fs. 453 vta. in fine/454).

ii) En lo concerniente al importe por el que fuera condenado a abonar el Fisco provincial, determinó que tales accesorios debían calcularse de conformidad con la tasa pasiva mensual del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 454).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el letrado apoderado de Fiscalía de Estado, en representación además de Provincia A.R.T. S.A. (conf. dec. 3858/2007; v. fs. 428 y fs. 431) denuncia absurdo y violación de los arts. 622, 623, 901, 906, 1112, 1113, 3956 y 4037 del Código Civil; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 -mod. por el art. 4 de la ley 25.561-; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. «d» de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer término cuestiona la decisión de grado que, con sustento en las prescripciones de la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena a cargo de Provincia A.R.T. S.A. a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina en las operaciones de descuento de documentos.

En ese sentido, sostiene que el dictado de la mentada resolución se justifica en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557 para el pago de las prestaciones dinerarias allí contempladas, así como en el contexto de lo dispuesto por la resolución de la S.R.T. 104/98 y de las resoluciones de la S.S.N.24.852/96 y 24.808/96.

Aduce que resulta absurda la aplicación de una tasa de interés establecida para regir en el ámbito de un trámite de naturaleza administrativa, máxime teniendo en cuenta que el propio órgano de grado lo ha juzgado inconstitucional.

Considera, en definitiva, que la «judicialización» del conflicto obsta a la actuación de la resolución de marras.

Alega que la aplicación que el a quo realiza de la normativa en cuestión es parcial y arbitraria, por cuanto en la sentencia se dispuso que el cómputo de los intereses debía realizarse desde el día 18 de mayo de 2004, fecha que se juzgó como la de exigibilidad del crédito, cuando -apunta- la resolución de la S.R.T. 104/98 establece que el pago debe efectuarse dentro de un plazo no superior a quince días, contados desde que la aseguradora fue notificada de la homologación o dictamen donde se determina la incapacidad. En consecuencia, entiende que recién a partir de la mora producida en esas circunstancias -que en autos no se configuró-, corresponde la aplicación de la tasa de interés fijada en el fallo en crisis.

Luego, plantea que no se verifican en el caso los presupuestos para la aplicación de la resolución de la S.R.T. 414/99, ya que nunca existió denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo que diera inicio al procedimiento administrativo previsto en el nuevo régimen especial de reparación de infortunios laborales (ley 24.557).

Por último, solicita la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme la doctrina legal sentada en las causas L. 94.446, «Ginossi» y C. 101.774, «Ponce» (ambas sentenciadas en fecha 21-X-2009).

2. En segundo lugar se agravia porque el tribunal de grado ordenó a Provincia A.R.T. S.A. brindar al actor asistencia psicofarmacológica en los términos del art.20 de la ley 24.557.

En este aspecto argumenta que existe una superposición de resarcimientos, y el consiguiente enriquecimiento del accionante, en tanto dicha prestación se encuentra incluida dentro del monto indemnizatorio al que fuera condenado a abonar el Fisco provincial en concepto de «integridad psicofísica».

3. Por otra parte, se opone a la atribución de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires con sustento en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.

Señala que el razonamiento que condujo al tribunal sentenciante a imputar responsabilidad al Fisco provincial por una supuesta «falta de servicio» resulta equívoco y forzado, por cuanto intenta encuadrar a la actividad típica y natural que desarrollaba el actor dentro de los parámetros del art. 1112 del Código Civil, sin advertir que lo que se ha denominado en autos como deficiencias en la organización y funcionamiento del sistema carcelario no es más que una consecuencia lógica de dicha actividad. Es más, agrega, si bien el señor A. participó de hechos violentos ocurridos dentro de los destinos que le fueran asignados por el Servicio Penitenciario, nunca fue rehén ni víctima directa de ellos. En definitiva, concluye, la citada normativa no puede ser aplicada al caso porque los hechos argumentados en la sentencia son parte del cumplimiento regular de obligaciones legales al servicio de la sociedad.

En lo que respecta a la responsabilidad que le fuera endilgada con sustento en el art. 1113 del Código Civil, ataca el razonamiento esgrimido por el juzgador desde dos perspectivas:

i) De un lado, sostiene que la sola circunstancia de que el señor A.se encontrara ante las situaciones descriptas en la sentencia (motines, conflictos, etc.) no puede servir de base para responsabilizar a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto las tareas que cumplió el actor no se desplegaron como una mera «actividad», sino como el compromiso (deber) asumido de prestar un servicio a toda la comunidad.

Desde tal perspectiva, afirma que si se alega que por el desempeño de la función de agente del Servicio Penitenciario se provocó un daño a un sujeto, el fundamento de la responsabilidad estatal debió buscarse en el art. 1112 -que en la especie no se configuró- y no en el art. 1113 de ese mismo cuerpo normativo.

Indica que el sentenciante determinó la obligación de reparar a cargo del Fisco provincial sólo por entender que la actividad desarrollada en el Servicio Penitenciario resultaría riesgosa por su propia naturaleza, relevando de tal forma al actor de acreditar los extremos necesarios para que prospere su pretensión indemnizatoria.

Complementariamente, sostiene que el tribunal a quo arribó a la conclusión que se impugna interpretando erróneamente la doctrina legal que emana de la causa L. 80.406, «Ferreyra» (sent. del 29-IX-2004), la cual no resulta aplicable al caso. En dicho precedente esta Suprema Corte contempló el supuesto de atribución de responsabilidad por la actividad riesgosa en razón de las anómalas circunstancias en que se realizaban las tareas, requisito ausente en la especie, desde que no se probó que las labores de agente del Servicio Penitenciario hayan sido desplegadas por A. en condiciones que agravaran su riesgo habitual.

Refiere además que los argumentos explicitados por este Tribunal en el precedente citado no resultan válidos para avalar la conclusión de que el art.1113 del Código Civil contempla a la actividad riesgosa como un factor de atribución objetivo de responsabilidad, lo que impide la aplicación de esa doctrina al caso bajo examen.

ii) Del otro, porque no se agregaron a la causa elementos probatorios que permitan tener por configurada la existencia de nexo causal entre las tareas desempeñadas por el accionante y el daño padecido, ya que el tribunal de grado determinó dicha vinculación valiéndose para ello de meras suposiciones y conjeturas, las que en modo alguno resultan suficientes para arribar a semejante definición.

4. Por último, se opone al rechazo de la excepción de prescripción.

En tal sentido, comienza por señalar que el concepto de «toma de conocimiento» es completamente ajeno al sistema de derecho común al que voluntariamente se ha acogido el actor, siendo sólo recogido por algunos regímenes especiales para ser aplicados exclusivamente a los accidentes de trabajo que se regían por ellos, y resulta, por ende, irrelevante para resolver la cuestión en debate.

Aduce que en materia de daños y perjuicios regidos por la normativa civil, el plazo de prescripción debe contarse desde el momento del hecho y no a partir de la supuesta agravación del daño o del conocimiento de su exacta dimensión, que no pueden alterar la fecha de nacimiento de la acción resarcitoria.

Luego -afirma-, el tribunal de grado estableció erróneamente como fecha de toma de conocimiento de la incapacidad el día 18 de mayo de 2004, apartándose infundadamente de la pericia médica, en la cual se estableció que «. ya en el año 2002 el actor sufría de un cuadro depresivo ansioso con irritabilidad y marcada inestabilidad emocional. Este proceso se inicia a partir del suicidio de un interno.», quedando de ese modo demostrado el absurdo en que incurrió el juzgador al determinar el dies a quo del plazo de prescripción, posibilitando el ejercicio de una acción que se hallaba extinguida al momento de su interposición.

III. El recurso prospera parcialmente.

1.Por razones de orden metodológico, y aunque ello implique alterar el orden de los agravios traídos, corresponde en primer término brindar tratamiento al que se dirige a cuestionar el rechazo de la defensa de prescripción.

a. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas L. 100.239, «García», sent. del 18-VIII-2010; L. 98.778, «Guevara», sent. del 5-V-2010; L. 99.423, «Primo», sent. del 17-III-2010; L. 94.576, «F., G.», sent. del 9-IX-2009; entre muchas más).

En la especie, si bien el recurrente alegó la existencia del aludido vicio, los cuestionamientos que esboza en modo alguno resultan suficientes para evidenciar que dicha decisión contiene el error grave, grosero y manifiesto susceptible de abrir la vía extraordinaria.

i. En efecto, no puede reputarse absurda la conclusión del tribunal en cuanto resolvió que el plazo de prescripción debía comenzar en la fecha de toma de conocimiento de la minusvalía por parte del trabajador, sin que obste a ello -contrariamente a lo que postula la recurrente- la circunstancia de que la acción se encuentre fundada en las normas de derecho común, habida cuenta que en numerosos precedentes de este Tribunal se ha aplicado la doctrina mencionada a reclamos de daños y perjuicios derivados de infortunios laborales fundados en el Código Civil (conf. causas L. 100.239, «García», sent. del 18-VIII-2010; L. 96.394, «González», sent. del 5-V-2010; L. 98.778, «Guevara», sent.del 5-V- 2010; entre muchas otras).

Nada obsta entonces a que el cómputo del plazo prescriptivo de dos años -cuando se acciona con fundamento en el derecho común-, se inicie en el momento de la toma de conocimiento de la incapacidad por el trabajador (conf. causas L. 82.737, «R., A.», sent. del 11-III-2009; L. 74.622, «Dazara», sent. del 19-II-2002; L. 69.982, «Polizzi», sent. del 17-V-2000).

ii. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que las argumentaciones que definen el contenido del agravio no alcanzan a descalificar al pronunciamiento, toda vez que se sustentan en la propia y particular apreciación que efectúa el compareciente respecto de la pericia médica producida en autos.

Sabido es, y conviene recordar, que la evaluación de dicho medio probatorio, como así también la eficacia que se adjudique a las conclusiones del experto, constituyen facultades privativas de los jueces de la causa, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo efectiva demostración de absurdo (conf. causas L. 105.816, «C., A.», sent. del 8-VIII-2012; L. 105.065, «Pino», sent. del 12-X-2011; entre muchas otras), vicio invalidante que -me apresuro a señalar- no aparece aquí configurado.

Es que, si bien resulta acertado -tal como lo puso de relieve el recurrente- que el perito médico manifestó en su informe que el actor había referido que «. en el año 2002 sufre un cuadro depresivo ansioso, con irritabilidad y marcada inestabilidad emocional; este proceso se inicia a partir del suicidio de un interno en la Unidad que prestaba servicio en dicha oportunidad» (v. fs. 417 vta.); no lo es menos que, en definitiva, dicho profesional arribó a la conclusión de que «. la psicopatología presente en el Sr. A. -Cuadro Depresivo Reactivo de III Grado (RVAN Depresiva Grado III)- se magnificó con posterioridad a su retiro de la institución en el año 2004, necesitando en la actualidad tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico.La toma de pleno conocimiento de la psicopatología por parte del actor puede ubicarse en el año 2004, cuando se produjo su pase a retiro» (v. fs. 418; el subrayado es del original).

Lo expuesto revela la manifiesta insuficiencia que porta el agravio, toda vez que, partiendo de su propia apreciación personal, intenta otorgar preeminencia a las conclusiones periciales que resultarían beneficiosas a su postura -marginándolas, en ese cometido, del contexto que provee el desarrollo plasmado en el mencionado informe-, yá con ello sustituir a los sentenciantes en una tarea que les resulta propia (conf. causas L. 99.972, «A., M.», sent. del 1-IX-2010; L. 92.935, «P., A.», sent. del 25-III-2009).

Por tales razones, considero que debe desestimarse el cuestionamiento relativo al rechazo de la excepción de prescripción.

2. Resulta igualmente inatendible el embate por el que se controvierte la responsabilidad que el tribunal del trabajo le atribuyó a la Provincia de Buenos Aires con base en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.

a. En lo que concierne a las condiciones de aplicación de la primera de las normas mencionadas, he tenido oportunidad de manifestar (ver mi voto en la causa L. 83.200, «V., A.», sent. del 24-V-2006, citada por el tribunal del trabajo en su pronunciamiento a fs. 448 vta. in fine/449) que en el precedente identificado como L. 71.070, «Giménez, Bonifacio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios», sent.del 23-XII-2003, esta Corte hubo de señalar que «los funcionarios actuando en el ejercicio de su tarea son órganos del Estado, y con factor de atribución objetiva, que se trasunta a través de las denominadas ‘faltas de servicio’, ello con fundamento en la hermenéutica del artículo 1112 del Código Civil por lo cual se denota la construcción de un sistema de responsabilidadá estatal con imputación directa».

Con lo cual, aun sin imputar a persona física determinada la comisión u omisión de los actos necesarios para el regular desempeño de la función pública encomendada, la responsabilidad del Estado resulta indistinta y no meramente subsidiaria de la del funcionario autor del comportamiento ilícito imputable por lo que puede ser traído a juicio directamente sin intervención de aquél.

En la causa «Giménez» adherí a los puntos I a III y V del voto del doctor Hitters, doctrina que transcribí precedentemente dejando a salvo que, establecida la responsabilidad por desempeño irregular del titular o titulares a cargo del Servicio Penitenciario, yá aun al margen de lo preceptuado por el art. 1112á del Código Civil analizado a tenor de lo dispuesto por el art. 43 del mismo cuerpo legal, la solución debe buscarse a partir de la responsabilidadá refleja de la Provincia de Buenos Aires demandada en autos, yáque se enlaza en el caso con fundamento en la primera parte del art. 1113 del Código Civil.

Reafirmando que en cuanto a la responsabilidadá refleja del Estado por el hecho ilícito de sus dependientes, no debe ser examinada bajo los parámetros del art. 1109 del Código Civil, sino del incumplimiento específico que para los funcionarios públicos contempla el art. 1112á del mismo cuerpo legal, evaluada con las particulares características que conlleva la apreciación de la culpa.Y en tal caso bastaría la prueba del cumplimiento irregular de las obligaciones impuestas al funcionario para derivar de ello su culpa, salvo acreditación de cumplimiento diligente de su parte, no invocado ni demostrado en el caso, y que cobra especial relevancia por los diversos motines -en los cuales le tocó intervenir al actor como personal de apoyo- cuya gestación y desarrollo fueron posibles en el ámbito del Servicio Penitenciario provincial.

De los hechos materia de litis, abordados expresamente por el tribunal de grado en las cuestiones segunda y tercera del veredicto, se tuvo por acreditadas las siguientes circunstancias: i) que en el ejercicio de sus funciones el señor A. tuvo principalmente a cargo velar por la organización de los establecimientos carcelarios y seguridad del personal y de los internos, estando en permanente contacto con ellos, en guardias armadas, pabellones y traslados, interviniendo además como personal de apoyo en reiterados conflictos, restableciendo el orden en los violentos y luctuosos motines en los que se producían enfrentamientos armados, debiendo presenciar las intimidaciones -amenazas de ser fusilados, quemados vivos o arrojados al vacío-, violencia física y moral y el trato vejatorio que sus compañeros de trabajo recibían al ser tomados como rehenes; y ii) que los establecimientos carcelarios en los que prestó servicios se encontraban severamente deteriorados en su estructura edilicia especialmente en la Unidad nº 1 en que se desempeñó durante un mayor lapso de tiempo-, con superpoblación y hacinamiento de los reos, lo cual dificultaba la tarea de seguridad que le era encomendada (v. fs. 444 vta./445).

A partir de lo expuesto comparto con el juzgador de grado el encuadre jurídico dado al presente caso de conformidad con los presupuestos fácticos ventilados en la causa, con el alcance que esta Corte le ha dado a los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.

b.Respecto de la responsabilidad objetiva que también se halló configurada en cabeza del Estado provincial, es preciso recordar que -como bien lo destacó el tribunal de grado- es doctrina legal de esta Suprema Corte que, en el marco del art. 1113 del Código Civil, no cabe una interpretación estrecha del concepto «cosa», desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño, y que -por lo tanto- dicho vocablo se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, se impone entonces admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (conf. causas L. 88.672, «Doufour», sent. del 28-V-2010; L. 93.818, «Lezcano», sent. del 25-XI-2009; L. 92.726, «Galán», sent. del 17-XII-2008; L. 82.743, «Vetancor», sent. del 26-IX-2007; L. 83.342, «F., d.», sent. del 26-IX-2007; L. 88.325, «Cepeda», sent. del 9-V-2007; L. 79.690, «R., L.G.», sent. del 28-VI-2006; L. 80.406, «Ferreyra», sent. del 29-IX-2004; L. 72.336, «Iommi», sent. del 14-IV-2004).

Sobre la base de tales premisas, considero que debe descartarse la crítica esgrimida por la recurrente, porque lo resuelto en este punto por el sentenciante se adecua plenamente a la doctrina legal en vigencia. Además y a todo evento-, resulta ineficaz para lograr la modificación de esta consolidada jurisprudencia la distinta opinión que pudieran sostener los autores a los que se hace referencia en el recurso (conf. doct. causas L. 101.885, «V., N.», sent. del 10-III-2011; L. 94.068, «Bertone», sent. del 3-XII-2008).

3. Firme la conclusión de grado que calificó como riesgosa a la actividad desarrollada por R. C. A.como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, se desvanece la réplica referida a la inexistencia de nexo causal entre ésta y el daño ocasionado.

a. La revisión en torno al establecimiento de la relación de causalidad nos introduce en el análisis de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y, por ende, en un terreno propio de la actividad privativa del tribunal de trabajo insusceptible -en tanto tal- de impugnación ante esta sede casatoria, salvo absurdo (conf. causas L. 98.855, «González», sent. del 21-IV-2010; L. 95.261, «Villalba», sent. del 25-III-2009; L. 91.388, «Ortiz», sent. del 16-IV-2008; L. 89.956, «Weber», sent. del 12-XII-2007; L. 85.736, «Burgos», sent. del 6-IV-2005; entre muchas otras), cuya acreditación tampoco aquí aprecio configurada.

Ello es así, porque las alegaciones que nutren este tramo de la queja se apartan de la argumentación sobre la cual el a quo estructuró su pronunciamiento.

Nótese que en el fallo de los hechos los jueces de grado determinaron qu e con la pericia médica de fs. 416/418 vta. y las contestaciones de fs. 433/434 y 435 y vta., se hallaba comprobado que, como consecuencia de las tareas desempeñadas en las unidades carcelarias, el actor padece de Reacción Vivencial Anormal Neurótica, Grado III (v. fs. 445).

Efectivamente, el experto en medicina del trabajo -doctor Juan Carlos Ayllon- fue categórico al manifestar en su informe que de las constancias obrantes en autos, interrogatorio médico, examen clínico, entrevista e interconsulta psiquiátrica con el especialista doctor Jorge Luis Barani, surge que «la depresión que sufre el Sr. A.es una psicopatología perteneciente al grupo de las ‘Neurosis’ (el paciente se encuentra perfectamente consciente de la misma). Es de origen reactivo, siendo en este caso en particular el desencadenante de origen exógeno, es decir, acontecimientos que provienen del medio laboral y ocasionan un fuerte impacto emocional, como lo ocurrido por vivencias traumáticas acaecidas en el desempeño de sus labores en el Servicio Penitenciario, produciéndose alteraciones de índole psicológico que al no tener propiedad de elaborarlas lo perturban y fundamentalmente lo descompensan, desencadenando en un cuadro depresivo con toda su florida sintomatología» (sic., fs. 418).

b. Frente a la contundencia de estas definiciones, la recurrente se limita a sostener que no existe prueba alguna que permita establecer el adecuado nexo de causalidad entre el cumplimiento de las tareas por parte del actor -para las cuales, dijo, contaba con la debida preparación y experiencia necesarias para sobrellevar esas situaciones- y la minusvalía que padece, sustentándose la sentencia en meras suposiciones, las cuales, remarcó, no alcanzan para tener por acreditado dicho extremo (v. rec., fs. 479 vta./480).

En tales condiciones, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se aparta de la línea reflexiva de los jueces de grado y efectúa un nuevo análisis de los hechos y de las constancias probatorias según su propio y personal criterio valorativo (conf. causas L. 105.336, «Santilli», sent. del 12-X-2011; L. 100.991, «Orazi», sent. del 25-VIII-2010; L. 96.728, «Rossi», sent. del 26-VIII-2009; entre otras).

4. Resulta igualmente improcedente la crítica por la que se intenta rebatir la sentencia de grado en cuanto allí se ordena a Provincia A.R.T. S.A. otorgar al señor A. asistencia psicofarmacológica futura.

Al brindar respuesta al interrogante planteado en la cuarta cuestión del veredicto, el tribunal sentenciante refirió que de conformidad con las conclusiones plasmadas por el perito médico en su informe de fs. 416/418 vta., y las aclaraciones que brindara a fs.433 y 435, había quedado acreditado en la causa que el actor requería de un tratamiento especializado en forma continuada (v. fs. 445).

Con sustento en tal premisa, en la sentencia ordenó a la aseguradora de riesgos del trabajo proporcionarle asistencia psicofarmacológica hasta su restablecimiento -art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo- (v. fs. 453).

El compareciente cimienta este aspecto de su postulación recursiva sobre la base de una afirmación que no tiene otro respaldo más que su sola exposición, esto es: que existe una superposición, con el consecuente enriquecimiento por parte del actor, entre la prestación en especie prevista por el art. 20 de la ley 24.557 (a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo) y el importe por el que fuera condenado a abonar el Estado provincial en concepto de «integridad psicofísica» (v. rec., fs. 472 y vta.).

La crítica así expuesta -reitero- no ha de tener favorable recepción, ya que no se encarga de efectuar una réplica concreta, razonada y eficaz de las motivaciones que dieron contenido al pronunciamiento, diluyéndose en una mera contraposición de criterios, insuficiente para obtener la modificación de lo decidido con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (conf. causas L. 94.424, «Correa Perdomo», sent. del 6-X-2010; L. 92.360, «Galandzij», sent. del 10-III-2010; L. 89.011, «Berger», sent. del 8-VII-2008; L. 88.730, «Álvarez», sent. del 20-VI-2007; entre muchas más).

5. En cambio, considero que debe prosperar el embate por el que se cuestiona la tasa de interés activa aplicada por el tribunal a quo al capital de condena a cargo de Provincia A.R.T. S.A.

a. La inaplicabilidad del régimen invocado por el tribunal del trabajo (resol. S.R.T. 414/99) fue declarada por esta Corte en la causa L. 113.328, «M., O.E.», sent.del 23-IV-2014, oportunidad en que, por compartir fundamentos que en lo pertinente habré de reproducir aquí- adherí al voto del doctor Hitters.

A modo introductorio, cabe señalar que el procedimiento administrativo que prevé la ley 24.557, reglamentado por el decreto 717/1996 (B.O., 12-VII-1996) y demás normativas (resoluciones de la S.R.T. 1601/07, 1604/07, entre muchas otras), que se inicia a partir de la denuncia del infortunio que formulen el empleador (art. 31 ap. 2 inc. «c», ley cit.), el trabajador o sus derechohabientes (art. 31 ap. 3 inc. «e», ley cit.), según el caso, está destinado al otorgamiento de las prestaciones en especie (arts. 20, 26 ap. 3 y cctes., ley cit.) y dinerarias (arts. 11 a 19, 39 y cctes., ley cit.) en ella contempladas.

Dicho trámite, sea que expire con la aceptación del siniestro por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, sea que continúe ante la Comisión Médica local correspondiente y -luego, en su caso- ante la Comisión Médica Central o -a opción del interesado- ante el juez federal con competencia en cada provincia, sea que se recurra ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, responde al sistema especial diseñado y objetivos trazados por dicha ley (arts. 1, 21, 46 y cctes.).

En ese ámbito, de conformidad con lo dispuesto por los arts.35 a 38, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se encuentra a cargo de la regulación y supervisión del régimen instituido, insertándose en ese esquema la resolución 414/99, posteriormente modificada por resolución 287/01.

De sus considerandos se desprende que la motivación de su dictado se inspiró en la necesidad de establecer la tasa de interés ante el pago tardío y fuera de término de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial y total -de carácter provisorio o definitivo-, así como por fallecimiento, registrado en numerosas situaciones por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo frente al incumplimiento de los plazos fijados, según el caso, por las resoluciones 24.808/96 y 24.852/96 emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (S.S.N.) y 104/98 emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.). Con ese fundamento, e invocando las facultades conferidas por el art. 36 de la ley 24.557, este último ente determinó la tasa de interés a calcularse ante la demora, conforme la activa del Banco de la Nación Argentina.

En ese contexto, no caben dudas respecto de la inaplicabilidad de la resolución 414/99 al presente caso; y las razones que conducen a sostener dicha conclusión se afincan en que dicho régimen ha sido concebido y reservado para regir en el marco del procedimiento que la Ley de Riesgos del Trabajo contempla, y ante el pago tardío de las prestaciones dinerarias allí previstas, circunstancia que lo exhibe manifiestamente ajeno a este proceso judicial y a su objeto, e importa un obstáculo insalvable para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso.

Ello así, aun soslayando los posibles reproches que pudieran hacer mella en la legitimidad de las resoluciones en cuestión atento las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el art. 36 de la ley 24.557, la naturaleza de las funciones en juego y el rango que cabe atribuirle en la pirámide normativa (art.31, Constitución nacional). Por lo demás, y sin perjuicio de potenciales reparos, el Poder Ejecutivo sólo ha facultado a la S.R.T. a determinar los plazos y condiciones para el pago de las denominadas prestaciones dinerarias adicionales de pago único contempladas en el ap. 4 del art. 11 de la ley citada y modif. (art. 3, decreto 410/2001).

b. Casado este aspecto de la decisión, corresponderá establecer el interés aplicable al capital de condena a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo desde la fecha de su exigibilidad, y, en tal sentido, adelanto que he de acompañar al quejoso en su planteo.

i. El tópico en cuestión conlleva el análisis de las prescripciones de la ley provincial 14.399 (B.O. del 12-XII-2012), que modifica el art. 48 de la ley 11.653, cuya invalidez constitucional ha sido planteada por la impugnante a fs. 546/551.

ii. En tales condiciones, habré de reiterar aquí algunas de las consideraciones que expuse al votar en primer término en la causa L. 108.142, «Díaz» (sent. del 13-XI-2013), conformando la mayoría que define el contenido actual de la doctrina de esta Corte.

Como lo señalé en el indicado precedente «Díaz», la norma incorporada por la ley 14.399 al art. 48 del régimen procesal laboral (ley 11.653) -aplicable en forma inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia (el 21-XII-2012) respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia- se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc.12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.

En efecto, se trata de la regulación de las relaciones jurídicas entre acreedor y deudor -en el campo del derecho laboral- y, en concreto, del aspecto relativo a los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación sustancial de abonar créditos pecuniarios emergentes del contrato de trabajo, resarciendo el pago tardío mediante la asunción de los intereses respectivos. Es manifiesto, en consecuencia, que ella es propia del ámbito de competencia que las provincias han delegado en forma expresa en el g obierno federal, encontrándose facultado exclusivamente el Congreso nacional para legislar sobre el particular (art. 75 inc. 12, Constitución nacional), no pudiendo los estados provinciales ejercer tal potestad (art. 126) so riesgo de avasallar el principio consagrado en el art. 31 de la carta fundamental (Fallos 320:1344; 311:1795; 275:254; 256:215, entre otros).

iii. Se sigue de ello, a partir de la invalidez constitucional de la ley 14.399, que -conforme ha venido sosteniendo este superior Tribunal- a partir del 1° de abril de 1991 los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 622 del Cód. Civil; conf. causas Ac. 92.667, «Mercado», sent. del 14-IX-2005; L. 80.710, «Rodríguez», sent. del 7-IX-2005; L. 79.789, «Olivera», sent. del 10-VIII-2005; L. 87.190, «Saucedo», sent. del 27-X-2004; L. 88.156, «Chamorro», sent. del 8-IX-2004; L. 79.649, «Sandes», sent. del 14-IV-2004; L. 75.624, «Taverna», sent.del 9-X-2003; L. 77.248, «Talavera», sent. del 20-VIII-2003; L. 76.276, «Vilchez», sent. del 2-X-2002; Ac. 68.681, «Mena de Benítez», sent. del 5-IV-2000; Ac. 72.204, «Quinteros Palacio», sent. del 15-III-2000; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. del 17-II-1998; entre otras).

Este criterio ha sido ratificado por esta Suprema Corte en la causa L. 94.446, «Ginossi» (sent. del 21-X-2009) -y, desde entonces, invariablemente- en donde mi voto formó parte de la mayoría de opiniones suscitadas, al cual también me remito por razones de brevedad.

iv. La reiteración de los pronunciamientos emitidos con ulterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399, en casos sustancialmente análogos al presente (vgr. causas L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 102.210, «Campana»; L. 108.164, «Abraham» y L. 110.487, «Ojer», sentencias todas del 13-XI-2013; así como en otras de fecha más inmediata: L. 117.228, «Sorli», sent. del 3-IX-2014; L. 116.975, «Kilimik», sent. del 27-VIII-2014; L. 111.319, «Dimotta», sent. del 20-VIII-2014; L. 115.900, «Fossaroli», sent. del 16-VII-2014; L. 109.020, «Brandan», sent. del 4-VI-2014; L. 117.203, «Klena», sent. del 7-V-2014; L. 99.031, «Luque», sent. del 23-IV-2014; entre muchas otras), me conducen a declarar la inconstitucionalidad de dicha normativa y, en consecuencia, a revocar el pronunciamiento impugnado en cuanto a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados en relación al capital de condena a cargo de Provincia A.R.T. S.A. (art. 31 bis, ley 5827, conf. ley 13.812).

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, declarar la inaplicabilidad de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 (y modif.) y la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y, en consecuencia, revocar la sentencia atacada exclusivamente en cuanto dispuso, respecto del capital de condena a cargo de Provincia A.R.T.S.A., la aplicación de la tasa de interés activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos.

En atención a la solución brindada, cabe confirmar la liquidación que de tales accesorios practicó el tribunal de grado luego de haber sido interpuesto por parte del Fisco provincial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la que se encuentra firme y consentida (v. fs. 492/507).

Costas de esta instancia por su orden en atención al progreso parcial del recurso (art. 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Adhiero al voto de la doctora Kogan, con excepción de lo que expresa en el punto III ap. 5.b.iii en torno a la tasa de interés que corresponde aplicar al capital de condena a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo.

II. Se dispuso en el pronunciamiento atacado que a dicho importe debían adicionarse intereses calculados según la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina, la cual fue establecida por la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

a. La respuesta a este reproche no puede escindirse del análisis de las prescripciones de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012), modificatoria del art. 48 de la ley 11.653, cuya invalidez constitucional ha sido planteada por el recurrente (fs. 546/551).

Debe decirse, en primer lugar, que de conformidad con lo establecido en el art. 3 del Código Civil, y en línea con la interpretación de este Tribunal (conf. causas L. 35.909, «Góngora de Carrizo»; L. 35.251, «Mantuano»; L. 35.908, «Silvero de Sequeira»; todas con sent.del 4-XI-1986, en «Acuerdos y Sentencias», 1986-III, 580), el mencionado texto legal debe aplicarse en forma inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es, el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, de modo que ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulterior de ésta.

b. Sentado esto, corresponde analizar el planteo de inconstitucionalidad introducido por la accionada (fs. 546/551).

1) La reforma, destinada a regular sobre el interés moratorio, fija la alícuota que por tal concepto deberán adicionar los tribunales del trabajo y genera -de suyo- el interrogante relativo a si una ley local puede establecer los intereses por la mora en el pago, en el caso concreto, de créditos de índole laboral.

2) Aun en su limitada especificidad (se refiere al cálculo de intereses que debe fijarse en orden a una deuda pecuniaria) el tema remite, y no de un modo indirecto, a una cuestión fundacional.

La relación provincias-Nación en sus respectivas competencias legislativas.

En las constituciones de 1853 y 1860, bases de nuestra organización política y jurídica, se proclamó el principio de que todas las facultades no delegadas al gobierno nacional permanecían en poder de las provincias.

En ese orden de ideas, se derivó en el Congreso nacional la atribución de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería -art. 67 inc. 11, Const. nac. 1853-1860-.

(Enumeración ésta a la que, mucho después, la luminosa reforma de 1957, sin modificar para nada aquel contexto, incorporara el de trabajo y seguridad social).

3) El sentido cuidadoso, hasta prudente, de la inicial previsión, claramente reflejado el art.126 de la Constitución nacional al expresar que las provincias no pueden legislar sobre materias propias de los Códigos de derecho común que allí enumera -Civil, Penal, Comercial y de Minería- «. después de que el Congreso los haya sancionado.», se vio revelado en los años inmediatamente posteriores a 1853-1860 en dos hechos que no pueden ser soslayados; y que evidenciaron la necesidad de que, demorada la legislación nacional, mantuvieran las provincias esa función, supliendo con su actividad legislativa una delegación no consumada aún en los hechos.

Me refiero al Código de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo y al Código Penal de Carlos Tejedor.

Uno y otro cubrieron, durante el tiempo de sus vigencias temporales en la mayoría de las provincias, la ausencia de la legislación general que a la Nación le había sido confiada.

4) Corresponde esta evocación histórica porque aunque en otro contexto y con rasgos de distinta magnitud, vuelve a darse la misma circunstancia: la necesidad de una legislación provincial actual que resuelva contenidos que la Nación aún no ha decidido.

Aludo a lo que ocurre con la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales.

El Código de Trabajo y Seguridad Social no ha sido dictado, ni como cuerpo separado, independiente, ni unificado a otros códigos. Tampoco una ley que resuelva la cuestión en examen.

Y en consecuencia, una determinación tan radicalmente propia como es la tasa de interés para los créditos laborales (que debe contemplar los efectos del tiempo en una relación marcada por la vulnerabilidad de las partes), ha quedado librada a una definición judicial fundada en otra rama del derecho, con distintos matices y requerimientos particulares.

5) La ley 14.399 de la Provincia de Buenos Aires ha venido a suplir esa omisión.

Lo ha hecho, ciertamente, anticipándose a una legislación general aún no dictada.Pero subsanando, al menos momentáneamente, la morosidad de un legislador que lleva años sin resolver esta decisiva cuestión.

Ha tratado que una normativa específica, genuinamente referida al trabajo, reconduzca una solución que en el seno de la jurisdicción judicial y de la doctrina laboral ha sido objeto de decisiones controversiales.

Y lo ha hecho decidiendo que sea la tasa activa la que cubra los tiempos de espera del trabajador en orden a los dineros que como indemnización o salario le corresponden.

6) Mas allá de las dificultades que pueda suscitar su inicial cálculo numérico, la definición conceptual es clara: significa la elección de la tasa activa para los créditos laborales, lo que desplaza otra decisión sobre el tema y, al incidir directamente sobre su monto definitivo, consagra un principio esencialmente vinculado a los principios que rigen las relaciones laborales.

Ninguna incongruencia constitucional advierto en todo esto.

Antes bien, destaco la sana decisión del legislador provincial de definir un tema preterido por las normas generales que rigen la materia, con una solución que reafirma la justicia protectoria, matriz última y profunda del derecho del tra bajo.

III. Por las razones expuestas, corresponde: a) hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable al caso las disposiciones de la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y b) declarar la constitucionalidad de la ley 14.399 y, en consecuencia, disponer que los intereses sean calculados conforme «el promedio de la tasa activa» que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art. 48, conf. ley 14.399), ello, obviamente, sin perjuicio en el caso de la aplicación del principio que veda la reformatio in pejus (conf. L. 58.473, «Villavicencio», sent. del 22-IV-1997; L. 56.742, «Carbone», sent.del 17-XII-1996, entre muchas otras).

Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de tales accesorios de conformidad con lo que aquí se decide.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden en atención al progreso parcial del recurso (arts. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso prospera parcialmente.

1. La crítica referida al rechazo dispuesto en la instancia de la excepción de prescripción no es de recibo. En el punto, comparto lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en el ap. III.1 de su voto.

2. En cuanto a la responsabilidad atribuida en el pronunciamiento de grado a la Provincia de Buenos Aires, las siguientes reflexiones me conducen a desestimar la impugnación traída.

a. Siguiendo el orden de análisis expuesto en la sentencia, y también en el recurso, habré de referirme a la crítica dirigida a neutralizar lo argumentado por el tribunal con fundamento en la noción de «falta de servicio».

Al votar en el precedente L. 83.200, «V., A.» (sent. del 24-V-2006), sostuve que cuando la pretensión se examina bajo los cánones de la responsabilidad consagrada por los arts. 43, 1112 y 1113 1er. párrafo del Código Civil, por los daños derivados de las acciones u omisiones de quienes dirigen o administran el establecimiento penitenciario o de sus subordinados o dependientes, en razón de las falencias en la organización o en la ejecución del deber de vigilancia y cuidado de los detenidos bajo su custodia, la Administración provincial puede ser responsabilizada por los perjuicios que sus agentes sufran con motivo o en ocasión de la prestación de servicios en la unidad carcelaria (conf. fundamentos de mayoría en causa L. 71.070, «Giménez», sent.de 23-XII-2003, en los que concurrí con mi voto).

Luego, y en tanto la decisión de grado se apoya en tales lineamientos (v. sent., fs. 448 vta. in fine/449), suscribiendo lo expuesto por la colega ponente en los dos últimos párrafos del ap. III.2.a de su voto, concluyo en que cabe desestimar lo argumentado por la recurrente.

b. Firme entonces aquella motivación anteriormente analizada, que da sustento autónomo al pronunciamiento, no corresponde ingresar a examinar los agravios que giran en torno a la responsabilidad objetiva que el tribunal le endilgó a su vez a la accionada en la órbita del art. 1113, segundo párrafo del Código Civil.

3. Respecto al agravio tocante a la relación de causalidad, adhiero a lo dicho por la ponente en el ap. III.3 de su sufragio.

4. También concuerdo con lo resuelto en el voto inaugural (v. ap. III.4) en lo vinculado con la condena a Provincia A.R.T. S.A. a otorgar asistencia psicofarmacológica.

5. En lo relacionado con la tasa de interés aplicada en la sentencia al capital de condena a cargo de la mencionada aseguradora de riesgos del trabajo, a excepción de lo señalado en el séptimo párrafo del ap. III.5.a de su opinión, suscribo nuevamente lo resuelto por la colega que inaugura este acuerdo.

a. En efecto, en el precedente L. 113.328, «M., O., E.» (sent. del 23-IV-2014), esta Corte sostuvo que la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene por objeto regular una situación concreta que se plantea en el ámbito del procedimiento administrativo previsto en la ley 24.557 por lo cual no cabía extenderla a la esfera de un proceso judicial como el tramitado.

b. Resuelto que la mentada resolución no puede operar en el sub examine, la solución del asunto lleva a tener presente la sanción de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653.Ello, primordialmente, en función del planteo efectuado por la impugnante (v. fs. 546/551) al contestar la vista conferida a las partes por esta Corte a fs. 539 y vta. en el que cuestiona la validez constitucional de aquella normativa y solicita su inaplicabilidad en el caso.

En este contexto, debe señalarse que la norma mencionada ya ha sido declarada inconstitucional por este Tribunal -entre otros- en la causa L. 108.164, «Abraham» (sent. del 13-XI-2013). Dicho esto, adhiero a lo expuesto por la colega ponente en el ap. III.5.b de su voto, en cuanto resulte concordante con los argumentos que he desarrollado en el tópico al emitir mi opinión en el mentado precedente, al cual brevitatis causae me remito.

II. Con todo, acompaño la solución que la colega que inaugura este acuerdo plasma en el ap. IV de su sufragio.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de la doctora Kogan, con excepción del punto III.2.b, toda vez que comparto la consideración efectuada por el doctor Soria en el ap. I.2.b y, respecto del agravio relativo a la tasa de interés aplicada por el tribunal a quo, entiendo -al igual que la colega que inaugura el acuerdo- que cabe su acogimiento, con la salvedad que, respecto al tratamiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399, decisión que comparto, habré de circunscribirme a lo que se condice con el tenor de mi adhesión parcial al desarrollo argumental similar efectuado por la distinguida magistrada en la causa L. 108.142, «Díaz» y que también he expuesto en la causa L. 102.210, «Campana» (ambas sentenciadas el 13-XI-2013), a las cuales remito por razones de brevedad.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I.Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan, excepto lo que expone en el punto III.2.b.

Es que, como bien lo ha señalado el doctor Soria en el punto I.2.b de su sufragio, al permanecer firme la condena dispuesta por el a quo con base en el factor de atribución fundado en la «falta de servicio», resulta innecesario abordar las críticas vinculadas a la responsabilidad que se apontoca en las previsiones del art. 1113 segundo párrafo del Código Civil.

II. Por otro lado, y con respecto al agravio sobre la tasa de interés, también comparto la solución propuesta por la doctora Kogan en el punto III ap. 5 de su voto, pudiéndose destacar que, como allí se recuerda, una problemática sustancialmente idéntica ha sido abordada en la causa L. 113.328, «M., O.E.» (sent. del 23-IV-2014), en donde consigné las razones por las cuales la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -luego modificada por su similar 287/01- no resulta de aplicación a supuestos como el aquí planteado, esto es, cuando para la fijación definitiva de una minusvalía laboral ha debido transitarse un proceso judicial.

Casado tal aspecto de la decisión, y tal como también tuve oportunidad de indicar en la causa antes mencionada, procede que al capital de condena se le imponga la alícuota señalada en el sufragio inaugural, de conformidad con el desarrollo expuesto a partir de la causa L. 90.768, «Vitkauskas» (sent.del 13-XI-2013), en donde adherí al voto del doctor Genoud, y a cuyos fundamentos -a los fines de dar respuesta a la cuestión relacionada con la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 14.399- me remito en honor a la brevedad.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se declara la inaplicabilidad de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) 414/99 (y modif.) y -por mayoría- la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399, y se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que deberán liquidarse con arreglo a la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

JUAN CARLOS HITTERS

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

DANIEL FERNANDO SORIA

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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