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Se reafirma que la Ley 26.773 se aplica con independencia de la fecha del hecho dañoso a todo caso con prestaciones e indemnizaciones pendientes.

Pindemnizacion-declaracion-de-la-renta-2013artes: Garibotti María Inés c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94463-AR | MJJ94463 | MJJ94463

No obstante el momento de ocurrido el hecho dañoso, si hubiere prestaciones o indemnizaciones pendientes como producto del trabajo, se confirma la aplicación de la Ley 26.773.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la aplicación al caso de la Ley 26.773 , pues la regla del art. 3 del CCiv. habilita la aplicabilidad de las nuevas reglas indemnizatorias a las secuelas dañosas derivadas de hechos anteriores a las nuevas leyes bajo condición de que se encuentren pendientes e insatisfechas.

2.-La obligación de la demandada de abonar la suma diferida a condena nació a partir de la fecha del alta médica, por lo que corresponde modificar la sentencia de anterior instancia en el punto y establecer que a partir de la fecha señalada corresponde se apliquen intereses.

3.-Al utilizarse el valor indemnizatorio mínimo ajustado con el RIPTE sería prudente aplicar intereses al 12% anual desde el día del alta médica, y desde entonces a la tasa fijada en grado y hasta el efectivo pago, esto último en función de que la recurrente no explica las razones por las que considera que la tasa establecida resulta abusiva y confiscatoria, y cualquier postura contraria a dicho aspecto del decisorio cede ante lo decidido por Resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Nº 2601/14

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 06 de agosto de 2015, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 524-I/529-I que condenó a la demandada al pago de la indemnización del art. 14 apartado 2 inciso a) de la ley 24.557 con las mejoras dispuestas en la ley 26.773, se alzan la parte actora y la parte demandada a mérito de las presentaciones de fs. 532-I/535-I y 551-I/559, respectivamente.

A su vez, el perito médico, la representación letrada de la accionante y el perito psicólogo cuestionan los honorarios regulados en su favor por estimarlos reducidos (fs. 530-I, 535-I y fs. 565, respectivamente). Por su parte la accionada objeta las regulaciones de honorarios efectuada en favor de la totalidad de los profesionales intervinientes por considerarlas elevadas (fs. 556).

II. La demandante cuestiona la valoración que efectuó el sentenciante de la anterior instancia del informe pericial psicológico de fs. 133/134 en cuanto no consideró a los efectos del cálculo de la reparación en los términos de la LRT la totalidad de la incapacidad psicológica que señaló el perito.

Ahora bien, según señala el Licenciado Gentile, luego de efectuar tests gráficos, el test de Bender, test proyectivos y las pertinentes entrevistas, Garibotti posee «una personalidad de rasgos neuróticos básicamente histéricos con desarrollo de mecanismos de defensa que tienden a la represión de impulsos.Se observa un trastorno evolutivo de orden emocional con fijaciones a estadios infantiles que hacen a la actora una persona insegura e inestable, con tendencias a la construcción de situaciones compensatorias de carencias afectivas-«. Luego, puntualmente afirmó que «-La estructura de personalidad mencionada- obviamente antecede al hecho que motiva la demanda de la actora pero, si bien el evento se inscribe en una estructura preexistente desencadena per se sentimientos de inseguridad, abandon y aggression-«. Estableció que la demandante padece una «Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación Histérica Grado II» con una incapacidad del 10%, y agregó que «-No se observa, ni se desprende de los estudios realizados una situación de neurosis por estrés postraumático-«.

A esta altura del análisis corresponde señalar que el agravio de la recurrente no se centra en cuestionar el porcentaje de incapacidad que se estableció en el referido informe sino la conclusión de la Sra. Juez a quo en cuanto estableció que sólo el 50% de la incapacidad estimada por el perito tiene relación con el accidente denunciado en autos.

La Sra. Jueza a quo mandó indemnizar un 5% por daño psicológico, pese a que el perito psicólogo en su presentación de fs. 133/34 determinó la presencia de un déficit del 10%, y lo decidió así en el entendimiento de considerar que el infortunio sólo participó concausalmente en la generación de esa situación. La parte actora cuestiona tal decisión por entender que debía mandarse reparar el total del daño.

Si bien en teoría la apelante tiene razón, como enseguida explicaré, considero que no cabe modificar lo resuelto.

Digo que en principio es correcto el planteo recursivo por cuanto la Sra. Jueza a quo soslayó que en el régimen de cobertura de los riesgos del trabajo gobernado por la ley 24.557 rige la teoría de la indiferencia de la concausa tanto en materia de accidentes como, después de la modificación que introdujo el decreto 1278/2000, de Enfermedades Profesionales.Esa ley no mantuvo la sana regla que había introducido el art. 2 párrafo 3º de la ley 24.028 que, en cambio, habilitaba esa distinción a los efectos de determinar las indemnizaciones.

Por ende, la distinción efectuada en grado no me parece ajustada al régimen vigente y, en la medida en que el infortunio hubiese participado causalísticamente en la generación del estado actual de la patología incapacitante, no corresponde diferenciar cuanto fue provocado por el factor laboral y cuanto por factores extralaborales o endógenos.

Empero, en el caso bajo examen advierto que no luce fundada la apreciación pericial, y la decisión dictada en base a ésta, de que el infortunio ha incidido sobre una personalidad patológica previa para dar lugar a una reacción vivencial anormal neurótica incapacitante. En efecto, a fs. 134 el licenciado Gentile afirma que el evento nocivo «desencadena per se sentimientos de inseguridad, abandono y agresión» sin explicar cómo llega a esa conclusión ni de qué manera un suceso como el que da lugar a este pleito pudo haber producido esas sensaciones. Tampoco la Dra. Pappo ha expuesto en su sentencia las razones por las que aceptó esa dogmática e infundada opinión del perito.

Por mi parte, sorteando esa falta de sustento objetivo sobre la eventual conexión entre la patología psicológica y el infortunio que campea en el informe pericial psicológico, no advierto de qué manera un infortunio de menor gravedad como el padecido, del que resultan secuelas físicas muy limitadas afortunadamente, puede desencadenar sentimientos de inseguridad, abandono y agresión. En este sentido, destaco que en la demanda no se describió suficientemente la naturaleza y particularidades del infortunio (ver fs.7) y de lo dogmáticamente señalado allí no parece factible barruntar siquiera un evento de magnitud o características capaces de afectar la psiquis de la trabajadora.

De ello se sigue que no encuentro en autos elementos de juicio que permitan colegir que el aludido evento haya podido desencadenar un estado patológico en el plano de la psiquis de la actora, a la par que tampoco se puede suponer que las consecuencias del hecho (secuelas leves de una fractura cubital no articular con dolor leve) hayan podido jugar ese papel causalístico.

Como es sabido, de acuerdo a la teoría de la causa adecuada, teoría actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes y se reconoce como «causa adecuada» para ver determinado un nexo de causalidad relevante aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8vta. edición, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263). Por su parte, Diez Picaso coincide en que causa adecuada es aquella que, según el curso normal y ordinario de las cosas, resulta idónea para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo (Luis Diez Picaso, Derecho de Daños, Editorial Civitas, Madrid, 2000, pág. 334).

En ese marco, reitero, no advierto una posible relación causal ni concausal entre el infortunio o la secuela física y un eventual daño psicológico como el dogmáticamente aceptado por el perito psicólogo y la Sra.Jueza a quo.

Sin embargo, dado que lo decidido al respecto no fue recurrido por la demandada, la regla «no reformatio in peius» pone un valladar a mi postura obstando inexorablemente a que pueda propiciar la revocación de la condena en este punto y llevándome a proponer que, con estas advertencias, se mantenga lo decidido.

Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto estableció que la demandante «presenta un 5% de incapacidad psicológida (50% de lo determinado por el experto) como consecuencia del accidente de autos».

III. La demandada se queja desde diferentes ópticas y con distintos fundamentos de la decisión de la sentenciante que me precede de aplicar al caso la ley 26.773 ajustando el monto indemnizatorio con el indicador RIPTE.

Antes de entrar en el centro de la cuestión debo puntualizar que el planteo de la parte fue oportuno en relación a la ley 26.773 ya que, al tratar esta misma cuestión en una causa de aristas similares, en la que se analizó la posibilidad de que se introduzcan peticiones relativas a la aplicabilidad de los beneficios emergentes de la ley 26.773 en cualquier etapa del proceso posterior a la traba de la litis en causas iniciadas antes de su sanción, la mayoría de esta Sala integrada por la Dra. Graciela A. González y por el suscripto, entendió que correspondía tratar en la Alzada los planteos referidos a esa norma que se hubieran efectuado en cualquier estado de la causa, en tanto se hubiera respetado el principio de bilateralidad (ver, entre otros, «Ronchi, Jorge Hugo c/ Consolidar ART SA», SD Nº 102.453 del 11/1113 del registro de esta Sala). En el subjúdice, la parte actora solicitó la aplicación de la nueva ley en el alegato (fs. 241 vta.). Cabe añadir aquí que la bilateralidad está garantizada por la oportunidad que la demandada ha tenido en virtud del traslado previsto en la anterior instancia a fs. 245 (ver fs.248/522-I).

En cuanto al fondo del asunto, opino que debería confirmarse la aplicación al caso de la ley 26.773 pues esta Sala tiene resuelto ya en repetidos casos en los que estuvo en discusión la posibilidad de aplicar las nuevas y más beneficiosas reglas en materia de prestaciones dinerarias añadidas sucesivamente por los decretos 1278/00 y 1694/2009 y por la reciente ley 26.773 al primigenio y mezquino régimen indemnizatorio de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557 y, por la mayoría formada con el juez Pirolo a partir del caso «Graziano, Antonio y otro c/ Trilenium SA y otro» (SD Nº 96.935 del 31/7/2009), esta Sala ha considerado que la regla del art. 3 del Código Civil habilita la aplicabilidad de las nuevas reglas indemnizatorias a las secuelas dañosas derivadas de hechos anteriores a las nuevas leyes bajo condición de que se encuentren pendientes e insatisfechas (ver, recientemente y entre otros, el decisorio del caso «Ronchi, Jorge H. c/ Consolidar ART SA» SD Nº 102.453 del 11/11/2013 del registro de esta Sala), sendos precedentes a los que cabe remitir en honor a la brevedad y dado que resultan ampliamente conocidos y divulgados.

En virtud de tal doctrina, veo factible la aplicación inmediata de las nuevas reglas introducidas por la ley 26.773 en materia de prestaciones económicas al presente caso en la medida que las consecuencias de la contingencia a cargo de la ART no están por lo que corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia a la aplicación de la reseñada ley.

Sólo cabe agregar que dado que la Sra. Juez a quo estableció la aplicación de la ley 26.773 con los alcances y los lineamientos establecidos por este Tribunal en los precedentes «Ronchi» (ya citado) y «Gomez Hugo A.c/ Soluciones Agrolaborales y otros» (SI Nº 64.750 del 3/12/2013), cabe desestimar en idéntico sentido los cuestionamientos vertidos a ese respecto en el memorial recursivo (agravio IV). Por otra parte, en virtud de todo lo expuesto precedentemente, el II agravio deducido por la ART es inconducente.

Finalmente, creo oportuno señalar que no comparto la argumentación expuesta por Mapfre ART SA en su memorial de agravios en relación a la, a su juicio, inescindible relación que debe mediar entre el régimen de reparación de la ley 24557 y el mecanismo de financiación regulado por el art. 23 de dicha norma legal.

Cabe memorar para encarar este planteo que dicho precepto dispone en su apartado 1º que «Las prestaciones previstas en esta Ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador», debiéndose añadir para mejor comprender la situación que, para determinar esa cuota o prima mensual, se utiliza una alícuota diseñada en base a la naturaleza de la actividad y establecimiento del empleador, sus riesgos y, como lo precisa el art. 24 apartado 1 LRT, la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia del empleador en una misma ART. El porcentaje resultante, es decir esa alícuota, se calcula sobre las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones en los términos descriptos por el art. 12 LRT (texto anterior a la modificación que introdujo el párrafo final del art. 10 de la ley 26.773, no operativa en el presente pleito) y con los lineamientos contenidos en el apartado 2 del art. 24 de dicha ley.

Como se desprende de la simple lectura del texto normativo, no hay referencias que avalen el argumento de la apelante. Por último, ningún cálculo técnico objetivo se ha denunciado por la recurrente que me permita examinar la seriedad del aludido planteo, sino que la argumentación se basa en la sola, subjetiva e interesada tesis de la propia apelante.Al punto cabe recordar que del citado régimen de financiamiento se desprende que las aseguradoras no enfrenten sus obligaciones con sumas reservadas sino con sus ingresos contemporáneos a su cumplimiento, las que se mantienen relacionadas con los niveles salariales de tal oportunidad.

IV. Ambas partes cuestionan la fecha a partir de la cual se dispuso en grado anterior la aplicación de intereses, en tanto la demandada cuestiona además, que se haya dispuesto la aplicación de la tasa prevista en el Acta 2601. Adelanto mi opinión en cuanto a que ambas quejas serán admitidas aunque sólo en forma parcial.

Ahora bien, tal como ha señalado en reiteradas oportunidades mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Pirolo «tanto dentro de la vigencia de la ley 9.688 -aún con las modificaciones que introdujo la ley 23.643- como durante la de la ley 24.028, la doctrina y la jurisprudencia nacional coincidieron en afirmar que la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente se produce con el otorgamiento del alta médica que pone fin al proceso curatorio (ver Vázquez Vialard, Antonio «Accidentes de Trabajo», Ed. Hammurabi, pág. 259 y la cita efectuada por este autor. Ver, asimismo, Ac. Plenario Nº 180). También es concordante la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que, si no mediaba alta médica antes de que transcurra el lapso de un año previsto para el pago de los salarios por incapacidad temporal, con arreglo a lo que establecía el art. 8, inc. d) de la ley 9.688 e igual norma de la ley 24.028, cabía considerar que la configuración jurídica del daño que deja como secuela un infortunio laboral, se produjo invariablemente al cumplirse el año desde la fecha en la que ocurrió el accidente (ver op. y autor citados más arriba). A su vez, el art. 9, ap.2, de la ley 24.557, en concordancia con las normas antecedentes y con la elaboración doctrinara y jurisprudencial efectuada en torno a ellas, estableció que la incapacidad laboral permanente adquiere carácter «definitivo», a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria. Asimismo, el art. 7 de la ley 24.557 establece que la incapacidad temporaria cesa -entre otras razones- por alta médica, por la declaración de incapacidad laboral permanente o bien por haber transcurrido un año desde la primer manifestación invalidante. Si bien está referida a la ley 9.688, la doctrina que emerge del Ac.Plenario Nº 180 no deja lugar a dudas que los intereses que acceden a la indemnización por incapacidad derivada de un accidente de trabajo, se devengan desde que dicha minusvalía puede ser considerada «permanente». En otras palabras, como puede apreciarse, en el sistema actual la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo (o de una «enfermedad-accidente») también se produce al otorgarse el alta médica, o al efectuarse la declaración de incapacidad laboral permanente (si esto ocurre antes del año subsiguiente al infortunio) o, acaso, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el infortunio -plazo máximo establecido por la norma como de consolidación del daño-» (ver «Carabajal Vicente c/ Swiss Medical ART SA s/ accidente – ley especial» SD Nº 104.115 del 26/2/2015 del registro de esta Sala).

En función de todo ello, no cabe duda que la obligación de la demandada de abonar la suma diferida a condena nació a partir de la fecha del alta médica que no fuera cuestionada ante esta Alzada (12/4/10), por lo que propongo modificar la sentencia de anterior instancia en el punto y establecer que a partir de la fecha señalada corresponde se apliquen intereses.

Con relación al cuestionamiento centrado en la tasa de interés que corresponde aplicar sobre el monto dispuesto en la instancia anterior es hora de recordar que este Tribunal ya ha resuelto a partirdel precedente «Bernal, Pedro Julián c/ Renacer SA y otro» (SD Nº 103.075 del 28/04/2014) que, al utilizarse para el cálculo de la indemnización mínima los valores indemnizatorios de referencia ajustados con el índice RIPTE, no puede considerarse aplicable durante todo el lapso de la mora la tasa activa pues ésta incluye en su determinación un componente de otras variables económicas que exceden del mero efecto de la mora. Como explicó con toda claridad mi distinguida colega Graciela A. González al pronunciarse en una causa de aristas similares «-.entiendo que al adoptarse como pauta o parámetro para la fijación de la prestación debida el mencionado índice, debe reformularse la condena en cuanto a los intereses a aplicar en tanto, como esta Sala lo ha sostenido en reiteradas ocasiones, la tasa activa fijada por el Acta 2357 de esta Cámara a raíz del dictado de la ley 25561 no modula únicamente intereses moratorios, sino que también refleja la alteración de las variables económicas vigentes desde el año 2002 con carácter claramente resarcitorio-por lo que de aplicarse en forma conjunta el RIPTE y dicha tasa de interés, se estaría admitiendo un doble mecanismo de readecuación del valor de la prestación debida».

En ese entendimiento, y tal como lo sostuvo la Sala IX de esta Cámara in re «Robelli, Gastón H. c/Asociart ART S.A.» (SD Nº 18.950 del 30/9/13) al decider un caso sustancialmente análogo al presente, corresponde hacer uso de las facultades conferidas por el art. 622 del Cód. Civil (CSJN in re Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otros» del 17/5/94).

Por ende, estimo que al utilizarse el valor indemnizatorio mínimo ajustado con el RIPTE sería prudente aplicar intereses al 12% anual desde el día del alta médica -como he dejado propuesto precedentemente, 12/4/10- y desde entonces a la tasa fijada en grado y hasta el efectivo pago.Esto último en función de que la recurrente no explica las razones por las que considera que la tasa establecida resulta abusiva y confiscatoria, y cualquier postura contraria a dicho aspecto del decisorio -que pretende introducir la recurrente mediante la invocación de variados precedentes- cede ante lo decidido por esta Resolución de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Nº 2601/14 de fecha 21/5/2014 (tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses).

Por ello, y toda vez que la decisión recurrida se ajusta a la resolución adoptada por la CNAT en el marco de las facultades con que la ley inviste a los jueces para determinar los accesorios en el art. 622 del Código Civil, con un amplio espectro y teniendo en miras el carácter indemnizatorio del crédito y la adecuada compensación que ellos deben contener, porque más allá de los cambios puntuales, en este ámbito el acreedor ha debido postergar consumos e incluso con altas tasas de desempleo padecer privaciones, que no pueden ni deben considerarse cubiertas por la sola ecuación económica del costo del dinero para un agente financiero o un operador del sistema económico general, porque en tan grave crisis distaría mucho que la tasa activa pudiera llegar a reprobarse como causa de un indebido enriquecimiento, porque aún la conjetural invariabilidad del capital en valores nominales no obvia la imposibilidad generalizada de obtener crédito de quien generalmente no tiene otro ingreso para subsistir que el que se origina en su trabajo profesional (conf. Sent. Nro. 93158 del 16/12/2004 in re «Figueredo, Alberto c/ Coto Centro Integral de Comercialización S.A.», del registro de esta Sala).

V. En atención al nuevo monto por el que progresa la demanda, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria, deviniendo por tanto abstractos los recursos al respecto (conf. art.279 CPCCN). En tal sentido, considero equitativo establecerlas a cargo de la parte demandada en ambas instancias (art. 68 CPCCN).

Asimismo, en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, sugiero regular por sus actuaciones en primera instancia los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%, los de la demandada en el 12%, los del perito médico en el 6% y los del perito psicólogo en el 5% a calcular sobre el monto de condena más intereses (cfr. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 aplicados por analogía a los peritos actuantes.

Para concluir propongo regular los honorarios de La representación letrada de la parte actora y de la demandada, por sus labores ante esta sede, en un 25% para cada una de ellas, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo: Adhiero a las conclusiones del voto de mi colega preopinante, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE:1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y disponer que al monto diferido a condena en la instancia anterior deberá adicionársele una tasa del 12% anual desde el 12/4/10 hasta la fecha de la sentencia de grado (22/8/14), y desde allí y hasta el efectivo pago, la tasa dispuesta por el Acta 2601 de la CNAT; 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 15%, de la parte demandada en el 12%, del perito médico en el 6% y del perito psicólogo en el 5%, sobre el monto total diferido a condena con intereses; 4) Regular los honorarios de la defensa letrada de ambas partes por las labores desplegadas en la etapa recursiva en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas, respectivamente, de las sumas que deban percibir por las de la anterior instancia; 5) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26856 y la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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