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Destacan objetivos de proyecto de ley para regularizar situación dominial de la vivienda familiar

FamiliaEn diálogo con Télam, el secretario de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini señaló que la iniciativa hará posible «que más familias puedan acceder al título de escritura de su casa».

En ese marco, subrayó que se “genera inclusión urbana y social” y eso «viene a complementar las políticas habitacionales desarrolladas por el gobierno nacional en estos doce años”.

La problemática de la tenencia de tierras es “una cuestión que excluye a las familias, que genera estigmatizaciones, que no permite al acceso a créditos, ni la posibilidad de que esa locación se herede”, añadió el funcionario nacional.

Asimismo, indicó que la creación del Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales «permitirá la georeferenciación de los barrios informales”, lo que le proporcionará al Estado «buena información” para impulsar las políticas públicas adecuadas.

El secretario nacional de Acceso al Hábitat ponderó además el «carácter federal” de la iniciativa, que necesitará que “todas las jurisdicciones articulen entre sí para que sea posible la implementación de ley”, y explicó que para esto se prevé la creación de un Consejo Federal para que todas las provincias puedan sumarse a este Plan.

A su turno, el subsecretario de Urbanización y Organización Comunitaria, Martín Rodríguez, subrayó que el proyecto «es una decisión política de la Presidenta destinada a mejorar la calidad de vida de familias de barrios informales, ya que es una política habitacional que busca generar derechos e inclusión».

Rodríguez explicó que «la novedad del proyecto es que para la constitución del Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales no solo pueden intervenir el estado municipal ni nacional sino que las propias familias pueden pedir formalmente estar en ese registro, ya que a partir de ese pedido, el Estado hace el relevamiento e ingresa al mismo», y afirmó que el último registro que hay en nuestro país de esos barrios es del censo 2010.

«El objetivo principal del proyecto de ley es que los habitantes de esos barrios puedan acceder a la escritura de las viviendas que habitan hace décadas y que por ejemplo les puedan permitir ser garante del departamento a sus hijos en caso de que quieran alquilar», resaltó el funcionario nacional.

El proyecto de «Ley Federal de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar» propone, además, la simplificación y abaratamiento de los costos de los trámites de las escrituras, en tanto impulsa programas específicos para que provincias y municipios o el propio Estado nacional pueda comprar terrenos que -con anterioridad al 1 de enero de este año- estén bajo leyes de expropiación, o en pleito judicial o extrajudicial.

Consultado sobre el tema por esta agencia, el diputado nacional Edgardo Depetri (Frente para la Victoria) aseveró que esta iniciativa que será tratada en el Congreso «se inscribe en las políticas llevadas a cabo en los últimos doce años por el gobierno nacional con un fuerte impulso en la ampliación de derechos y en la inclusión social, como fueron los programas de cloacas, agua potable, la Asignación Universal por Hijo».

También celebró que «la iniciativa viene a resolver la titularidad de dos millones de personas que viven en villas, asentamientos y barrios de clase media que no han podido regularizar su vivienda y su construcción», y agregó que «tendrá un fuerte impacto porque generará que más familias puedan regularizar su situación patrimonial».

Para Depetri, se trata un herramienta que buscará fortalecer a los sectores populares», y confió que «el proyecto de ley será apoyado por la mayoría parlamentaria porque además va en el sentido de los pedidos del papa Francisco y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de valorar el derecho a la tierra».

De igual manera, el intendente de Corrientes, Fabián Ríos, celebró la iniciativa porque sostuvo que «es importante que el Estado pueda intervenir en el mercado inmobiliario para la creación de nuevas viviendas y a través de la posibilidad de urbanizar tierras».

El jefe comunal relató que «en la ciudad de Corrientes hay 26 asentamientos irregulares, cerca de la mitad está en manos privadas y la otra mitad está en tierras que pertenecen al Estado» y agregó que «generar un registro y un control de esas tierras mejoraría la calidad de vida de los habitantes».

Fuente: Télam

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