No se convierte a dólares el dinero existente en una cuenta a plazo fijo proveniente del pago de una indemnización judicial, pues la operatoria no se encuentra autorizada, y no afecta el patrimonio del menor.

Dolares 3Partes: P. M. L. y otros c/ Empresa de Transporte Tte. Gral. Roca S.A. Línea 21 y otros s/ daños y perjuicios (acc. Tran. c/les. O muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 16-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94268-AR | MJJ94268 | MJJ94268

Se revoca la orden judicial dada a un banco a fin de que convierta a dólares estadounidenses el dinero en moneda nacional existente en una cuenta a plazo fijo proveniente del pago de una indemnización judicial a una niña menor de edad, pues la operatoria no se encuentra autorizada por la normativa vigente emitida por el Banco Central.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la orden dada a una entidad bancaria para que convierta a dólares las sumas de dinero depositadas en una cuenta a plazo fijo en moneda nacional, pertenecientes a una niña en virtud de una indemnización obtenida como consecuencia del accidente que sufriera, pues lo contrario importaría autorizar por vía de interpretación judicial, una excepción a las normas generales vigente del Banco Central, que restringe el acceso al mercado cambiario, por lo cual las sumas deberán ser invertidas en la forma más eficaz, a fin de tutelar los derechos de la menor.

2.-No concurren razones para convalidar una inversión cuya operatoria no se encuentra entre los supuestos admitidos en el marco legal que regula y controla el Mercado Único y Libre de Cambios; normas cuya finalidad apuntan a objetivos más amplios, tales como el equilibrio del mercado cambiario, la regulación del intercambio comercial, la protección de la moneda y la regulación de las importaciones.

3.-La protección que las leyes dan a los depósitos judiciales abarca a los ya realizados por orden judicial y no significa que por tratarse de fondos depositados en un expediente judicial, pueda realizarse con ellos inversiones restringidas para las personas físicas que no cumplan con los requisitos y parámetros cuantitativos que establezca la autoridad política competente.

4.-El tratamiento especial que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado a los depósitos realizados por orden judicial ante la incidencia que pudieran tener sobre ellos las leyes de emergencia económica, se refiere a fondos que ya estaban depositados en moneda extranjera y que se pretendía modificar y convertir a moneda nacional, y no, como en el caso de autos, donde no se trata de modificar, ni de alterar el dinero en resguardo en la entidad bancaria, sino adquirir con él divisa extranjera y luego invertirla en una cuenta a plazo fijo.

5.-Sin desconocer la preferente protección constitucional y convencional con que cuentan los intereses de los menores, no se ha probado que cualquier otro tipo de inversión, sea menos rentable y provoque una afectación patrimonial de la menor que active la protección jurisdiccional.

6.-Convalidar la compra de moneda y divisa extranjera importaría autorizar por vía de interpretación judicial, una excepción a las normas generales que la propia ley no contempla y la interferencia del regular cumplimiento de la actividad específica que traduce el ejercicio de un poder público estatal reservado y a cargo de sus órganos administrativos.

7.-Si bien la judicatura puede o no estar de acuerdo con el modo de regular el mercado cambiario y con las políticas cambiarias implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ello no autoriza a las autoridades judiciales a sustituir la voluntad política en el ámbito de funciones que le son propias y, en principio, ajenas al control jurisdiccional.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de julio de 2015.-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. En la resolución de fs.678, a pedido de los actores y con la conformidad del Ministerio Pupilar, el «a quo» dispuso la conversión a dólares estadounidenses de las sumas de dinero depositadas en una cuenta a plazo fijo en moneda nacional, correspondientes a la niña Candela Solange, y la ulterior inversión del saldo resultante en un plazo fijo en dicha moneda extranjera, en el Banco Nación, con renovación automática de capital e intereses cada treinta días.

II. Contra tal decisión se alza a fs.683/701 el Banco Central de la República Argentina, quien invocando su condición de autoridad de aplicación en materia cambiaria, deduce recurso de revocatoria y apelación subsidiaria, a efectos de que deje sin efecto la orden impartida al Banco Nación Argentina, por cuanto implica la conversión de sumas depositadas de pesos a dólares estadounidenses, en contradicción con las nuevas pautas de política económica y cambiaria adoptadas por el Estado Nacional con relación al acceso al mercado de divisas. Asevera que la operatoria mencionada no se encuentra autorizada por la normativa vigente emitida por el B.C.R.A, que regula el Mercado Único y Libre de Cambios, en particular, las Comunicaciones «A» 5318, «A» 5330 y «A» 5377. Concluye que, en tanto las normas igualaron la situación de los ciudadanos en su totalidad, no resulta arreglado a derecho generar a través de una orden judicial un régimen de excepción.

A fs.711/715 la actores replican los fundamentos de la apelante y a fs.729/733, dictamina la Sra. Defensora de Menores de Cámara.

III.En lo que concierne a la cuestión traída a conocimiento, hemos sostenido con anterioridad, en consonancia con lo decidido por otras Salas de esta alzada, la suerte adversa de similares planteos de la entidad crediticia, fundando tal desestimación en la naturaleza diferenciada de los depósitos judiciales y con base en que la libre administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales no puede limitarse mediante reglamentaciones. Pues, en tales casos, la entidad bancaria guardadora había ya cumplido la manda judicial y procedido a la compra de divisa extranjera con los fondos depositados en el expediente judicial.

Sin embargo, recientemente, frente a un supuesto donde no se había llevado a cabo tal operatoria y no existía una decisión de la administración que modifique o altere el «status quo» del depósito judicial, un nuevo examen de la cuestión, ha llevado a las suscriptas a modificar el criterio enunciado en el párrafo precedente.

Así, el 19 de junio próximo pasado, en oportunidad de conocer de los recursos de apelación deducidos en los autos caratulados «Castillo, Rosa Beatriz y otros c/Emprendimientos Maccarone S.A. y otros» (expte. n°95402/2001), frente a un caso que guarda sustancial analogía con el presente, decidimos confirmar la desestimación del pedido de inversión en moneda extrajera de una suma de dinero correspondiente a la indemnización obtenida por un menor a consecuencia del accidente que sufriera. Ello, teniendo en cuenta que la adquisición de dólares estadounidenses constituye una alternativa entre muchas otras posibles opciones de inversión de dinero que ofrece el mercado y habiendo dado como ejemplo al efecto, la compra de títulos de deuda externa argentina (Boden 15- RO 15), como opción al cobro de dólares estadounidenses a corto plazo.

Por lo que en el «sub examine», las sumas deberán ser invertidas en la forma más eficaz, a fin de tutelar los derechos del menor, pero sin entrar en «conflicto» con la normativa vigente del Banco Central, que restringe el acceso al mercado cambiario.

IV.Para así decidirlo, hemos ameritado que, como en el supuesto configurado en la especie, no concurrían razones para convalidar una inversión cuya operatoria no se encuentra entre los supuestos admitidos en el marco legal que regula y controla el Mercado Único y Libre de Cambios; normas cuya finalidad exceden el objeto mencionado en la sentencia en crisis, ya que apuntan a objetivos más amplios, tales como el equilibrio del mercado cambiario, la regulación del intercambio comercial, la protección de la moneda y la regulación de las importaciones. Conclusión ésta, a la que no obsta la naturaleza diferenciada de los depósitos judiciales, ni la protección constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (ver arg. CNCiv., Sala I, 05/02/2015, expte. n°10319/2006, «Chaparro Cuevas Claudelina y otros c/Servian, Favio E. y otros s/Daños y Perjuicios»; íd. Sala A, «S., D. J. y otro c/Sanatorio Mitre y otro s/art.250 CPC», del 13/06/2013, Sumario Nro.22716 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).

En el primer caso, porque la protección que las leyes dan a los depósitos judiciales abarca a los ya realizados por orden judicial y no significa que por tratarse de fondos depositados en un expediente judicial, pueda realizarse con ellos inversiones restringidas para las personas físicas que no cumplan con los requisitos y parámetros cuantitativos que estableciera -según Comunicación A-5526 BCRA-, la autoridad política competente.Repárese en que el tratamiento especial que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado a los depósitos realizados por orden judicial ante la incidencia que pudieran tener sobre ellos las leyes de emergencia económica, se refirió a fondos que ya estaban depositados en moneda extranjera que se pretendía modificar y convertir a moneda nacional, al amparo de dicha normativa (ver doctrina de CSJN, Fallos 316:1066 y fallo «EMM S.R.L c/Tía S.A.» , del 20/03/2007, E.68.XL, y dictamen de la Procuración General). Mientras que en el caso en conocimiento, no se trata de modificar, ni de alterar el dinero en resguardo en la entidad bancaria, sino adquirir con él divisa extranjera y luego invertirla en una cuenta a plazo fijo, siendo la primera variante, la que no encuentra respaldo legal.

En segundo término, sin desconocer la preferente protección /constitucional y convencional con que cuentan los intereses de los menores, no se ha probado en el «sub lite», ni puede así presumirse, que cualquier otro tipo de inversión, sea menos rentable y provoque una afectación patrimonial de la menor que active la protección jurisdiccional (conf. art.58, Cód. Civil); por lo que no cabe concluir que por pertenecer los fondos a una niña, puedan soslayarse los impedimentos legales a la compra de moneda y divisa extranjera y convalidarse lo dispuesto en el grado.

Lo contrario importaría autorizar por vía de interpretación judicial, una excepción a las normas generales que la propia ley no contempla y la interferencia del regular cumplimiento de la actividad específica que traduce el ejercicio de un poder público estatal reservado y a cargo de sus órganos administrativos.Por ello, incluso cuando la judicatura puede o no estar de acuerdo con el modo de regular el mercado cambiario y con las políticas cambiarias implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ello no autoriza a las autoridades judiciales a sustituir la voluntad política en el ámbito de funciones que le son propias y, en principio, ajenas al control jurisdiccional.

En mérito a lo expuesto y oído que fuera el Ministerio Pupilar, el tribunal RESUELVE: Revocar la resolución apelada. Con costas de alzada en el orden causado pues, ante las distintas líneas de interpretación jurisprudencial elaboradas en torno al alcance del marco legal que restringe el acceso al mercado cambiario, concurre un justificativo suficiente para eximir a la vencida de cargar con la totalidad de los gastos causídicos.

Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Ac. n°15/13, art.4°) y notifíquese a la Sra. Defensora de Cámara. Cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.

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