La agresión verbal de la letrada hacia la empleada del organismo previsional constituyó una falta ética que justifica la sanción de ‘llamado de atención’.

Agresión verbalPartes: M. H. E. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 11-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94098-AR | MJJ94098

La agresión verbal de la letrada hacia la empleada del organismo previsional constituyó una falta ética que justifica la sanción de ‘llamado de atención’.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción impuesta a la letrada puesto que el intercambio agresivo de palabras entre la actora y la empleada del organismo previsional constituyó una falta ética prevista en el art. 22, inc. a) del Código de Ética, pues no guardó un estilo adecuado a su jerarquía profesional.

2.-Corresponde confirmar la sanción de ‘llamado de atención’ impuesta a la letrada puesto que los agravios no dan cuenta ni demuestran que el órgano juzgador del ente demandado haya incurrido en una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta al resolver el caso.

3.-Debe confirmarse la sanción de ‘llamado de atención’ impuesta a la letrada puesto que las conductas por ella desplegadas resultaron, cuanto menos, inadecuadas a la jerarquía profesional (art. 22, inc. a) del Código de Ética).

4.-Aún en la hipótesis de que fuera cierta la discriminación que el letrada denuncia que efectúa el organismo previsional hacia los abogados previsionalistas, la misma podría resultar idónea para iniciar reclamos administrativos y judiciales tendientes a hacerlas cesar, pero en modo alguno para justificar frases agresivas (‘…andá a lavar los platos…’) como la propinada a una empleada de un organismo administrativo.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de agosto de 2015.- CMP

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.Que, por pronunciamiento glosado a fs. 160/163, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió: (i) absolver a los abogados S.M.P. y L-P- ; (ii) imponer al abogado H.E.M. la sanción contemplada en el art. 45º inc. a) de la ley 23.187, consistente en un «llamado de atención» por violación a lo dispuesto en el artículo 22, inciso a) del Código de Ética y art. 44 incisos g) y h) de la ley 23.187.

Al respecto, se relató que las actuaciones iniciaron por la denuncia efectuada por la Jefa de la Unidad de Atención Integral de la Administración Nacional de Seguridad Social – Unidad de Atención Inmediata Pacífico, a fin de poner en conocimiento lo ocurrido el 3/07/2013 en dicha UDAI, en cuanto a que los mencionados abogados, al momento de iniciar un trámite jubilatorio por ante la ANSES, se habrían dirigido hacia el personal de dicha entidad con gritos, amenazas, insultos y apócopes degradantes.

Asimismo, que abierto a prueba, se recibieron las declaraciones testimoniales de D.B., y de los dependientes de la ANSES L., V., M.M. y G.

Tras valorar la prueba, en cuanto al abogado H.E.M. el Tribunal consideró que lucía acreditado que el clima de tensión que se había vivido en el marco de aquella jornada, había sido generado -en gran medida- por la existencia de actitudes y comentarios proferidos por éste último. En ese sentido, se consideró que existía concordancia de los testigos en cuanto a que existieron malos tratos y expresiones descalificativas del letrado M. hacia los empleados de ANSES, en especial hacia la agente V., situación del todo ajena a las pautas rectoras del art. 22, inciso a) del Código de Ética y el art. 44, incisos g) y h) de la ley 23.187.

En síntesis, el Tribunal de Disciplina consideró que las conductas desplegadas por M.en el marco de la jornada del 3/07/2013 resultaban, cuanto menos, inadecuadas a la jerarquía profesional (art. 22, inc. a) del Código de Ética), lo cual ameritaba el llamado de atención.

II.Que, por presentación de fs. 172/177 vta. el abogado H.E.M. interpone recurso de apelación directa contra el pronunciamiento precedentemente individualizado.

En lo sustancial, sostiene que la sentencia afecta su buen nombre y honor, y que no existió una conducta indecorosa de su parte. Manifiesta que, según surge de la prueba, la UDAI Pacífico tiene graves problemas de personal, con cantidad desmesurada de ausencias y falta de reemplazantes para atención al público. Asimismo, que existió un notorio incumplimiento de la jefa de esa entidad de organizar un servicio eficiente, situación que no fue considerada en la sentencia.

Hace notar la ambigüedad con que fue realizada la denuncia por la jefa de la UDAI de la ANSES en cuestión, poniendo de relieve que ha ocultado problemas de organización en la institución.

El apelante sostiene que ha guardado el «estilo» adecuado ante el organismo administrativo, por cuanto nada de lo que pudo haber hecho para defender los intereses de su cliente se puede considerar fuera del mismo.

Se queja de que la sentencia imputa al Dr. H.E.M. crear un «clima de tensión» sin especificar de que se trató y aquello que se considera fuera del lugar de lo que un abogado debe hacer para defender los intereses de sus clientes ante una conducta irracional por parte de la ANSES.

Denuncia una sistemática y permanente persecución contra los abogados previsionalistas por parte de la ANSES, que tendría como objetivo que los mismos no atiendan a las personas que inician o continúan los trámites jubilatorios o de pensión.

III.Que, a fs.195/200, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta y contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación articulado en autos.

IV.Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, «Torre, Hugo c/ CPACF», del 8/2/07; «Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.», del 19/7/07; «Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios», del 11/10/07; «ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento», del 29/5/98; «MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986», del 21/5/09; «Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma», del 21/10/10, entre otros).

V.Que, ahora bien, corresponde precisar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares de los inculpados, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos.Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Cámara, Sala III: «Rodríguez Goyena Gabriel Oscar», del 6 de julio de 2006; Sala V: «Alvarez Teodoro», del 16 de agosto de 1995; entre otros).

En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187 (esta Cámara, Sala III: «Rodríguez Goyena Gabriel Oscar», cit. ídem; Sala I: «Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF», del 29 de agosto de 2000; entre otros); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: «Rodríguez Goyena Gabriel Oscar», cit. ídem; Sala II: «Cattelani, Inés», del 8 de junio de 1989 y «Mazzini, Antonio», del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VI.Que, para mejor dilucidación de los agravios, es preciso mencionar como circunstancias no controvertidas de los sucesos ocurridos el 3/07/2013 en la UDAI de la ANSES ubicada en la Av. Santa Fe 5140 de la Ciudad de Buenos Aires, que en dicho lugar se presentó la abogada L.P. a iniciar el trámite jubilatorio de una persona, y la agente M.V.del organismo le habría hecho notar que no era la letrada a favor de quien el futuro beneficiario había extendido el poder, sino del abogado S.M.P., quien además había sacado el turno en cuestión, por lo cual, debía presentarse el beneficiario o bien la abogada P. sacar otro turno. En ese marco, se habrían apersonado los Dres. M. P. y M. (hijo y esposo de la abogada P. respectivamente; este último el aquí sancionado), y se habría dado el intercambio de palabras que dio origen a estas actuaciones.

VII.Que, asimismo, resulta pertinente señalar que la sanción impuesta al abogado H.E.M. tuvo sustento en la comisión de la falta ética prevista en el artículo 22, inciso a) del Código de Ética, esto es: «No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos».

VIII.Teniendo en cuenta los alcances de la revisión que corresponde a éste Tribunal respecto a la sentencia del Tribunal de Disciplina, se debe señalar que los agravios esgrimidos por el recurrente no resultan atendibles, toda vez que no dan cuenta ni demuestran que el órgano juzgador del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal haya incurrido en una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta al resolver el caso.

En efecto, según se transcribe en la sentencia bajo estudio, la testigo V. declaró: «.la Dra. P. había sacado un turno y quien figuraba en el turno como apoderado era otro, entonces no podemos iniciar el trámite.la Dra.pretendía iniciar el trámite cuando no estaba a su nombre el poder.entonces, yo le dije que no podía iniciarlo.me empezó a levantar la voz.comenzó con un destrato.que conmigo no tenía nada más que hablar.llamo al turno siguiente.una señora de 89 años que empezó a sentirse mal por lo que estaba pasando.luego llegan los Doctores y el mayor [lo señala en la sala de audiencias] me mando a lavar los platos.gritaba a la gente ‘esto para que vean como tratan a los profesionales’» (fs. 161 vta.).

Por su parte, los testigos M.M. y GM, también dependientes de la ANSES, recordaron la expresión que el abogado M. le profirió a una empleada de la ANSES de apellido V., y que fue «anda a lavar los platos» (sic, fs. 161 vta. y 162).

Teniendo en vista las circunstancias que se dieron los acontecimientos, y a mayor abundamiento, corresponde poner de relieve que aún en la hipótesis de que fuera cierta la discriminación que el recurrente denuncia que efectúa la ANSES hacia los abogados previsiona listas, la misma podría resultar idónea para iniciar reclamos administrativos y judiciales tendientes a hacerlas cesar (como las causas judiciales que detalló en sus agravios), pero en modo alguno para justificar frases como la propinada a una empleada de un organismo administrativo.

En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directo deducido en autos y, en consecuencia, se confirmar la sentencia, con costas (conf. art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dr. Ignacio Andrés Castillo- en la suma de ($.)- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO G. FERNANDEZ

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