Responsabilidad de la empresa de telefonía por los perjuicios sufridos por la usuaria a raíz de la interrupción del servicio

Usando celularPartes: Caggese Rosa Ana c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-may-2015

Cita: MJ-JU-M-94092-AR | MJJ94092

Responsabilidad de la empresa de telefonía por los perjuicios sufridos por la usuaria a raíz de la interrupción del servicio. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta por la interrupción unilateral del servicio de telefonía puesto que la empresa accionada debió arbitrar los medios para dar cumplimiento con las obligaciones que se encontraban a su cargo en el marco de la prestación del servicio público reclamado por la actora.

2.-Corresponde admitir el reclamo por la interrupción del servicio de telefonía pues la licenciataria del servicio público tiene, no sólo el control cuasi unilateral de lo facturado y de la forma de prestación del servicio, sino también la posibilidad de perseguir su cobro por la vía ejecutiva y de cortar el suministro, mientras que el usuario no posee los elementos técnicos necesarios para comprobar la no prestación del servicio, más allá de la prueba de indicios.

3.-Toda vez que no existe mérito para liberar a la demandada de las consecuencias que derivan de su obrar, corresponde revocar el pronunciamiento y declarar que la empresa demandada es responsable de los perjuicios padecidos por la actora a raíz del incumplimiento del servicio de los días denunciados.

4.-Puesto que la prestación del servicio telefónico, conforme el art. 42 CN., debe ser suministrada con calidad y eficiencia y en condiciones de continuidad, regularidad e igualdad, la protección al usuario surge de normas jurídicas obligatorias y vinculantes, y es obligación de las autoridades de proveer protección a los derechos de usuarios y consumidores para proteger a la vez la calidad y eficacia de los servicio públicos alcanza sin duda alguna a los jueces, que también son autoridades en cuanto órganos del Poder Judicial.

5.-Debe admitirse la indemnización por daño moral pues la incomunicación, en sí misma, causa angustia e impotencia, sobre todo en una época en que el desarrollo tecnológico la hace injustificable.

6.-Se admite la indemnización por daño moral ante la zozobra y frustración espiritual que debió causarle el hecho de que durante un largo período de reclamos, los mismos no fueran atendidos; máxime ante la pérdida de valioso tiempo de su vida insumido en los reclamos que tuvo que realizar, excediendo la normal tolerancia que es dable exigir en el consumidor de servicios.

7.-No corresponde admitir la indemnización por lucro cesante puesto que la frustración de la posibilidad de dar clases particulares por no haber podido ser contactada, sólo fue referenciado por las testigos, y de conformidad con las reglas de la sana crítica, impide crear convicción alguna sobre el punto.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 18 días de mayo de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dice:

I.A fs. 43/49vta., promovió la presente acción la Sra. Rosa Ana Caggese contra Telefónica de Argentina S.A., por la suma de $24.120,48, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más su actualización monetaria e intereses desde el día 20/03/08 hasta la fecha del efectivo pago.

Instauró dicho reclamo, en virtud de que siendo titular de la línea número 4462-5129, el día 20 de marzo de 2008 la demandada sorpresiva y unilateralmente interrumpió la prestación del servicio telefónico. Relató que en dicho momento no existían facturas impagas, ni deuda que le habilitara el corte del servicio. Por tal motivo, realizó los pertinentes reclamos telefónicos y personales, que llevaron a la accionada a reponer la línea telefónica el día 10/04/08, pero fue nuevamente interrumpido a las 24 hs. -es decir el 11/04/08-.

Narró que la situación descripta, la llevó a realizar reclamos personales, telefónicos, intercambios epistolares e iniciar un trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), realizada la denuncia pertinente recibió una resolución favorable donde se le indicó que su teléfono estuvo averiado entre las fechas 24/03/08 y 23/04/08, y que desde el 15/05/08 no contaba con dicho servicio debido a un nuevo desperfecto, el cual se encontraba pendiente de reparación. El mencionado organismo procedió a disponer enmendar el servicio telefónico, ordenó que le generen y acrediten los reintegros por días sin servicio, etc. No obstante, telefónica no cumplió con los extremos allí indicados y no le dejó otra opción que promover la presente demanda de autos.Procedió con el desarrollo y la cuantificación de los daños entre los que se encuentran los rubros; daño moral, gastos, lucro cesante, privación de uso y reintegro por Telmex Argentina. Asimismo, solicitó medida cautelar la que fue denegada a fs. 57, confirmada por este Tribunal a fs. 108/108vta.

Al progreso de la acción se opuso la demanda quién a fs. 206/212vta. contestó demanda solicitando el rechazo de la misma con expresa imposición de costas.

Expuso que conforme lo acreditó el reporte de averías, la línea 4462-5129 presentó una falla técnica el 24/03/08, la que fue oportunamente atendida y solucionada. Que como lo detalló el dictamen de la CNC en la resolución de fecha 21/07/08 -cuya copia adjuntó la actora-, dió cuenta de tal reparación como el reintegro efectuado a los pocos días en que no hubo servicio. Comentó que independientemente con ese desperfecto, la línea se vio incomunicada, es decir sin posibilidad de realizar llamadas salientes desde el 14/05/08 por falta de pago. Argumentó que la actora desde que realizó su reclamo en marzo de 2008, tomó la decisión de no abonar ninguna factura más a pesar que la breve interrupción del servicio había sido solucionada, y aun estando en mora, la actora pudo seguir recibiendo llamadas en su línea. Finalmente y luego de aplicarle el art. 44 del RGCSBT, y en concordancia con lo dispuesto en el art. 46, con fecha 21/03/09 la línea fue dada de baja. Finalmente, desestimó los rubros reclamados.

II.Concluida la tramitación de la causa, y presentados los alegatos de ambas partes, el señor juez de primera instancia -en el pronunciamiento de fs. 432/434vta.- resolvió rechazar la demanda con expresa imposición de costas (art.68, del C.P.C.C.N.).

Para así decidir, el magistrado a quo sostuvo que no se encontró controvertido que la línea telefónica n° 4462-5129 al 20 de marzo de 2008, sufrió una defectuosa prestación del servicio por parte de la accionada, como tampoco se discutió que al momento del pronunciamiento el demandante permanecía sin servicio. Sin embargo, mientras dicha parte atribuyó tal circunstancia a un incumplimiento contractual de su contraria, la demandada argumentó que el corte de suministro telefónico obedeció a la condición de morosidad de la Sra. Caggese, a quien le fue dada de baja como cliente por tal motivo.

Para dilucidar la cuestión, valoró la prueba documental y pericial de autos, de la cual surge que la accionante posee un pasivo total por falta de pago de $812.17 comprensivo de las facturas cuyo vencimiento operaron entre abril de 2008 y el mismo mes del año 2009. Que dicha deuda está relacionada con la inhabilitación del servicio telefónico de referencia. Por tal motivo y toda vez que la parte actora no produjo cabal prueba que acreditase haber abonado las facturas adeudadas, rechazó la acción con costas.

III. La sentencia originó el recurso de apelación de la parte actora -ver fs. 439 y auto de concesión de fs. 440-, quién expresó agravios a fs. 449/453vta., los que no merecieron réplica de la contraria.

La recurrente reclama la revocación íntegra de la sentencia, que califica de arbitraria y carente de fundamentos. Sostiene que el magistrado confundió la pretensión perseguida, la cual consta del reclamo por daños y perjuicios que causo el incumplimiento contractual de la demandada por la falta de servicio telefónico. Ahondando en su postura, sostiene que no pretende el restablecimiento del servicio, sino el resarcimiento por el corte de la línea. Comentó que:”Los contratos con obligaciones recíprocas exigen el cumplimiento de las dos partes UNICAMENTE cuando una de ellas pretende exigirle a la otra que cumpla con la obligación a su cargo, pero no cuando decide resolver el contrato y pedir SOLAMENTE el resarcimiento por los daños causados” (ver. fs. 459, primer párrafo in fine).

IV.Ante todo, me interesa recordar que el Tribunal no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las

probanzas aportadas a la causa sino sólo las conducentes para resolver el conflicto.

Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).

V.No se encuentra discutido en autos que la Sra. Rosa Ana Caggese era titular de la línea de teléfono n° xxx desde el 12/11/03 hasta el 21/03/09 y que quien prestaba el servicio público era la concesionaria aquí demandada; que sufrió una defectuosa prestación del servicio durante el 24 de marzo de 2008 al 11 de abril y del 12 al 23 de abril del mismo mes y año (confr. contestación de demanda de fs. 206/212vta.; descargo administrativo ante la CNC de fs. 277 y fs. 291; record de fallas de fs. 278/ 279 y fs.292/294; etc.); Ahora bien, si bien al momento de promover la presente acción la actora no contaba con la prestación de telefonía arguyendo que se debía a un incumplimiento contractual endilgado a su contraria, la demandada fundamenta que el corte de suministro correspondió al estado de morosidad de la accionante, quién fue dada de baja como cliente por tal circunstancia.

Me interesa marcar la diferencia que motivó los diferentes cortes de servicio sufridos por la actora, por un lado se encuentran las faltas de servicio por los días 24/03/08 al 11/04/08 y del 12 al 23 de abril del mismo año, y por otro lado se encuentra la incomunicación para llamadas salientes a partir del 14 de mayo de 2008 hasta el 21/03/09, momento en el cuál se dispuso la baja.

VI.En lo que respecta a la falta de servicio desde el 14 de mayo de 2008 hasta la baja definitiva operada el día 21 de marzo de 2009, no encuentro elementos que me permitan apartarme de la decisión realizada por el Dr. Alfonso. Los agravios propuestos por la actora no logran conmoverme para modificar el decisorio en crisis.

Corresponde recordar, que tanto en doctrina como en jurisprudencia, se ha venido sosteniendo que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, debiendo en tales casos, declarar desierto el recurso (confr. FASSI-YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, t. II, págs. 481 y ss.; esta Sala, causa 1547/97 del 26.10.00; Sala I, causa 1250/00 del 14.02.06 y Sala III, causa 9276/05 del 3.4.07; entre muchas otras).

Además, que la finalidad de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea.Como dicha suficiencia, se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas, sobre los supuestos errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto (confr. causa 1250 del 14.02.06, ya citada).

Tal es lo que ocurre en la cuestión de autos, donde la parte actora se limita en los agravios a transcribir los considerandos de la sentencia con los que dice no estar de acuerdo, pero sin invocar fundamentos y pruebas capaces de desvirtuar tales apreciaciones, limitándose a reeditar las mismas razones que ha venido planteando a lo largo del proceso para sostener su postura.

El recurrente no se hace cargo que el Magistrado consideró que la accionante no mantuvo una conducta diligente de pago con posterioridad al mes de abril de 2008, pues la accionante no demostró, ni argumentó que las cuentas emitidas en los períodos subsiguientes hayan sido canceladas. Fundó su decisión, en la pericia contable de fs. 360/363, de donde surgen las deudas y que el motivo por el cuál se le dio la baja del servicio por falta de pago. Que tal deuda le fue notificada a fs. 37, 38, y ratificación de fs. 365. En tales condiciones, y en virtud de lo normado por el art. 1201 del Cód. Civil, rechazó su pretensión.

Sobre esta ba se, y aun aplicando el criterio amplio que invariablemente observa esta Sala a la hora de juzgar la suficiencia de fundamentación de las apelaciones, en el caso es evidente que la parte actora se limita en los agravios a plantear su disconformidad con los puntos de la sentencia -en lo que a la falta de teléfono por falta de pago respecta- con los que dice no estar de acuerdo, pero sin invocar fundamentos y pruebas capaces de desvirtuar tales apreciaciones, limitándose a reeditar las mismas razones que ha venido planteando a lo largo del proceso para sostener su postura.En consecuencia, el memorial no alcanza a satisfacer -ni siquiera mínimamente-

las exigencias de la ley de rito, de modo que no cabe sino declarar desierto el recurso (arts. 265 y 266 Código Procesal).

VII. En relación al primer período de tiempo en el que medió ausencia de servicio, está debidamente acreditado que durante dichos lapsos la actora realizó diversos reclamos administrativos (ver carta documento de fs. 24, presentación ante la Comisión Nacional de Comunicaciones de fs. 25 con su respectivo expediente administrativo que luce agregado a fs. 262/305, los diferentes y reiterados llamados al 112 “Servicio de Atención Comercial” que lucen en soporte digital reservado en secretaría a fs. 400 bajo sobre n° 5562 que tengo a la vista, entre otros).

Ello así, pues la licenciataria del servicio público telefónico tiene no sólo el control cuasi unilateral de lo facturado y de la forma de prestación del servicio, sino también la posibilidad de perseguir su cobro por la vía ejecutiva y de cortar el suministro, mientras que el usuario no posee los elementos técnicos necesarios para comprobar la no prestación del servicio, más allá de la prueba de indicios. La prestación del servicio telefónico deberá ser suministrada con “calidad y eficiencia” (art. 42 de la Constitución Nacional Argentina) y en condiciones de continuidad, regularidad e igualdad de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III relativo a los “Derechos y Obligaciones de los Clientes del Servicio Básico Telefónico”. Es que la protección que la Carta Magna brinda al usuario de servicios públicos no se trata de frases que sirven para exhibir linduras literarias, sino de normas jurídicas obligatorias y vinculantes. La obligación de las autoridades de proveer protección a los derechos de usuarios y consumidores para proteger a la vez la calidad y eficacia de los servicio públicos alcanza sin duda alguna a los jueces, que también son autoridades en cuanto órganos del Poder Judicial (conf.Sala III, causa n° 10395/07 del 11/12/12 y sus citas).

En razón de lo expuesto, la accionada debió arbitrar los medios para dar cumplimiento con las obligaciones que se encontraban a su cargo en el marco de la prestación del servicio público reclamado por la Sra. Caggese. Da cuenta de ello, que la prestadora del servicio en virtud del art. 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, efectuó un reintegro en concepto de los días sin servicio (ver contestación de demanda de fs. 206/212vta.; documental de fs. 195/204, fs. 277 y fs. 291). Por ello, y dado que no existe mérito para liberar a la demandada de las consecuencias que derivan de su obrar, propongo revocar el pronunciamiento en este aspecto y declarar que Telefónica Argentina S.A. es responsable de los perjuicios padecidos por Rosa Ana Caggese en lo que al incumplimiento del servicio de los días 24/03/08 al 11/04/08 y del 12 al 23 de abril del mismo año respecta.

VIII.Analizaré a continuación la procedencia de los rubros pretendidos por la accionante, comprendiendo el período sin servicio recién mencionado.

Vale la pena recordar que si bien la denominación dada por el reclamante a los daños sufridos no obliga al juez, toda vez que procura que todo daño sea resarcido. A los efectos, habré de considerar, además de los términos de la presentación, las pruebas ofrecidas o controladas por las partes y, particularmente, los puntos de pericia propuestos.

8ª. En lo que respecta al daño moral, a mi entender, concurren en el supuesto de autos circunstancias especiales que tornan procedente el “daño moral”.

Así lo considero, toda vez que la adecuada prestación de los servicios públicos debe constituir uno de los propósitos primordiales del Estado. Las personas cuentan con ellos para el desenvolvimiento de sus vidas y de sus actividades comerciales o profesionales. De ahí que cualquier irregularidad se traduzca en perturbaciones que no pueden ser enmendadas posteriormente.La incomunicación, en sí misma, causa angustia e impotencia, sobre todo en una época en que el desarrollo tecnológico la hace injustificable. Quienes se dedican a prestar servicios públicos deben ser conscientes de ello y de las alteraciones que en la vida cotidiana de los usuarios causa el deficiente cumplimiento de sus obligaciones. Y no ahondo en los reclamos reiterados con las consiguientes pérdidas de tiempo y de ánimo del particular damnificado (art. 522 del Código Civil; Sala 3, causa 9747/05 del 03/03/09 y 10.395/07 del 11/12/12, entre otras).

En punto específico al caso de autos, la diversidad de alternativas que tuvo que transitar la actora para lograr el reconocimiento de sus derechos y la zozobra y frustración espiritual que debió causarle el hecho de que durante un largo período de reclamos no fueran atendidos, unido ello a la pérdida de valioso tiempo de su vida insumido en los reclamos que tuvo que realizar,

creo que exceden la normal tolerancia que es dable exigir en el sufrido consumidor de servicios.

En estas circunstancias, teniendo en cuenta la naturaleza predominantemente resarcitoria que, en el criterio que sigo, reviste la indemnización del daño moral, propicio fijar el quantum del rubro en cuestión -por el lapso del 24/03/08 al 11/04/08 y del 12 al 23 de abril del mismo año – en la suma de $1.300 y $750 respectivamente, cuyos intereses comenzarán a correr a partir de los incumplimientos (24/03/08 y 12/04/08, respectivamente) hasta el efectivo pago y se calcularán a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina (ver en este sentido fallo plenario “Barrera, Sergio Javier c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios” del 08/06/05). En este monto contemplo la indemnización reclamada en los rubros “daño moral” y “privación de uso” -más allá del estudio de la pretensión de la actora respecto de cada uno de ellos como rubros autónomos-.

8b.Respecto al “daño patrimonial”, en este tipo de conflictos, he fallado que el daño patrimonial debe ser demostrado, sobre todo, si el tiempo durante el cual el particular se vio privado del teléfono fue breve (causa n° 6445/98 del 21/02/06, 114/01 del 03/02/11, entre otras).

En lo que al “lucro cesante” se refiere, y en cuanto a la prueba testimonial rendida, me parece palmariamente insuficiente para avalar la existencia del daño material invocado. Es que la circunstancia de que la accionante sea docente (profesora de inglés), trabaje en una escuela y dicte clases particulares (conf. escrito de inicio de fs. 43/49vta., testimonios de fs. 246/248), configuran elementos de una generalidad e imprecisión tal que no bastan por sí para tener por cierto el rubro sub examen. Va de suyo que la frustración de la posibilidad de dar clases particulares por no haber podido ser contactada (hecho afirmado en la demanda, ver fs. 46), sólo fue referenciado por las testigos, quién al dar razón de sus dichos dijeron conocer que daba clases de inglés y que por ello necesitaba el teléfono. Es que la circunstancia de que la accionante haya invocado que perdió la posibilidad de trabajar prestando clases particulares configura un hecho general que no basta por sí para tener por cierto el rubro.

En suma, la apreciación de la prueba incorporada al sub lite, de conformidad con las reglas de la sana crítica impide crear convicción alguna sobre el punto que se examina (art. 377 y 386 del Código Procesal). Ello así, corresponde rechazar este rubro.

8c.No corren igual suerte los ítems pretendidos por “Gastos” y reintegro por “Telmex Argentina”, indemnizaciones que paso a tratar.

La accionante pretende la suma de $2.560 y $260,48 respectivamente comprendida entre todo el lapso de tiempo en el cual no contó con el servicio telefónico -es decir desde el 24/03/08 hasta la baja de aquel-. Sin embargo, sólo corresponden los gastos que guardan directa relación con el incumplimiento de la demandada por falta del suministro y por el período de tiempo reconocido en esta misma sentencia.

En las testimoniales ya mencionadas, las declarantes respondieron ante las preguntas de la representación de la demandada que: “la actora no contaba con celular” antes de la falta de servicio de teléfono de línea, que a raíz de dicho incumplimiento tuvo que acudir a otros medios de comunicación, en el caso “Telmex”, “Movistar” y “Claro” y que sus gastos se vieron incrementados (ver fs. 246/248).

En lo relativo al servicio Telmex, la factura que obra a fs. 35, cuyo vencimiento corresponde al 21/05/08 por un importe de $90,12 no surge que haya sido abonada, es más al dorso de la misma figura su estado de deuda por los vencimientos de los meses de febrero, marzo y abril, aún más, la contestación de oficio que obra a fs. 309/310 de la mencionada empresa, no detalla pago alguno realizado en el periodo por el cual la accionante no contó con el servicio de Telefónica, por lo que el monto reclamado por este servicio debe ser rechazado.

Ahora bien, de la documental que obra a fs.5 y 8, correspondiente a los abonos de telefonía celular de la actora y su marido, que corresponden a los períodos por los cuales no contaron con el servicio, corresponden hacer lugar a los montos allí consignados ($52.52 y $128.99, respectivamente), con más los intereses que correrán desde la fecha del vencimiento de cada factura a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días hasta el momento del efectivo pago.

IX.Por las razones expuestas, voto por hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a Telefónica de Argentina S.A. a abonarle a la parte actora la suma que surge de los considerandos precedentes; en atención a la forma en

la que se decide, corresponde fijar los gastos causídicos, en un 60% a cargo de la accionante y el 40% restante a la demandada, sin costas de Alzada toda vez que no medio contestación de la contraria (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto.

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala, RESUELVE: hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a Telefónica de Argentina S.A. a abonarle a la parte actora la suma que surge de los considerandos precedentes; En atención a la forma en la que se decide, corresponde fijar los gastos causídicos, en un 60% a cargo de la accionante y el 40% restante a la demandada, sin costas de Alzada toda vez que no medio contestación de la contraria (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI.

GRACIELA MEDINA