Responsabilidad del banco demandado si incurrió en un error grave al informar a la actora como deudora morosa en situación irrecuperable

calculadora cuentaPartes: B. P. E. c/ Standard Bank Arg. S.A. s/ indemnización por daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 3-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94256-AR | MJJ94256 | MJJ94256

Responsabilidad del banco demandado si incurrió en un error grave al informar a la actora como deudora morosa en situación irrecuperable al BCRA y a la Organización que emite informes crediticios. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios y responsabilizó al banco demandado si incurrió en un error grave al informar a la actora como deudora morosa en situación 5 al Banco Central de la República Argentina y a la Organización que emite informes crediticios pues la calificación de irrecuperable conlleva innegablemente una connotación peyorativa y/o estigmatizante, respecto de la cual su publicación persigue el inequívoco norte de limitar las posibilidades de acceso al crédito por parte de la persona así referenciada.

2.-La responsabilidad atribuida al Banco, deriva de su inconducta, la que quedó materializada en la falta de corroboración de los datos que manipuló a la hora de hacer saber a las centrales de datos de deudores que la actora era morosa en el pago de sus obligaciones bancarias, debiendo ser éstos precisos y sólidos como para dar un sustento fehaciente y confiable de las informaciones que brinden de sus consumidores.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 03 días del mes de Julio de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Mercedes Serra, para dictar sentencia en los caratulados “B., P. E. C/ STANDARD BANK ARG. S.A. S/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 265/13, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial de la 5ta Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N°287 de fecha 08 de Marzo de 2013 obrante a fs. 143/153, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Cúneo y Serra.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El recurso de nulidad interpuesto no ha sido mantenido en esta instancia. Por ello y atento no advertir vicio sustancial alguno que autorice la revisión oficiosa, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: 1. Las síntesis del caso:

1.1. El actor interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios contra STANDARD BANK ARGENTINA S.A., por la suma de $45.670,50.-, con más intereses y costas.

Expresó que en el año 2008 la entidad financiera demandada le otorgó en calidad de promoción una tarjeta de crédito MASTERCARD GOLD, con fecha de vencimiento el 11/11/10, la que nunca fue solicitada ni utilizada.Agregó que tiempo después tomó conocimiento de una supuesta deuda de tarjeta de crédito y que en fecha 12/05/10 se presentó en la entidad bancaria a efectuar un desconocimiento de deuda y solicitar la baja de la tarjeta por no utilización del producto.

Destacó que al intentar peticionar un préstamo personal ante el Banco Municipal de Rosario le informaron verbalmente que no se podía conceder atento no reunir los requisitos para su otorgamiento; y que al intentar utilizar en el supermercado MELO su tarjeta VISA -que había contratado con la demandada y que usaba y abonaba regularmente-, la cajera le informó que le daba un “error 04: captura de tarjeta”.

Dijo que conforme la Central de Deudores del Sistema Financiero y Organización VERAZ, la actora figuraba en situación “5” irrecuperable y que tal información había sido suministrada por Standard Bank Argentina S.A.

Continuó relatando que por su parte, la entidad financiera le informó que la tarjeta de su titularidad se encontraba en estado normal no registrando impedimentos para su uso.

Sostuvo que la demandada incurrió en un error grave al informar a su parte como deudora morosa en situación 5 al Banco Central de la República Argentina y a la Organización VERAZ.

Finalmente solicitó la aplicación de la Ley 24.240 y del beneficio de justicia gratuita allí contemplado (art. 53 4° párrafo).

Reclamo los siguientes rubros: 1) daño material: $5.670,5.-; 2) daño moral: $15.000.- y 3) daño punitivo: $25.000.-

1.2. La demandada realizó una negativa general de los hechos invocados en la demanda que no fueran objeto de un especial pronunciamiento.Alegó no haber cometido ninguna conducta antijurídica y agregó que no existía relación de causalidad entre el supuesto perjuicio y la hipotética actividad de su parte, tal como pretende la actora.

Planteó la inaplicabilidad de la Ley 24.240 por cuanto entiende que ésta regula actividades de naturaleza diferente a las que prestan las entidades financieras.

Destacó la competencia excluyente del BCRA respecto de cualquier otra instancia cuando está en juego el otorgamiento de un crédito con destino de consumo.

Expresó que no correspondía la aplicación de la teoría de las pruebas dinámicas ya que la misma es de excepción y de interpretación restrictiva, razón por la cual resultaba de aplicación al caso la regla general según la cual la prueba de los daños incumbe al reclamante de la indeminzación.

1.3. Mediante Sentencia N° 287 de fecha 08/03/13 el judicante hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la vencida.

Argumentó que el comportamiento de la entidad bancaria, si bien no podría calificarse como doloso, sí podía ser considerado como revelador de una negligencia grave que ocasionó diversos contratiempos y perjuicios a su clienta. Agregó que no se trató de un mero incumplimiento sino de diferentes actos concatenados generadores todos ellos, de una lesión a los intereses de la consumidora y que exceden los límites de una simple desidia o inercia en solucionar el problema generado.

2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de apelación y conjunta nulidad.

2.1. En su expresión de agravios, la apelante se queja de la sentencia en crisis por cuanto fundamenta parte de su decisorio en la Ley de Defensa del Consumidor cuando ésta es inaplicable a estas operatorias. Manifiesta que la actividad financiera tiene una regulación propia y que se rige por las directivas y poder de control del BCRA (Ley 21.526 -entidades financieras, Ley de Bancos- y Ley 25.065 -art.50 apartado a)).

Sostiene que la autoridad de aplicación de la LDC en el caso de créditos para consumo, esto es, otorgamiento de créditos con destino para consumo (tarjeta de crédito), es competencia privativa y excluyente del BCRA.

También se queja la recurrente de que el sentenciante haya concedido el rubro daño moral cuando no existió prueba alguna. Dice que no se respetó el sentido restrictivo de aplicación en materia contractual de dicho daño, condenándolo a pagar la suma de $9.000.-, y agrega que la estimación del mismo fue realizada sin fundamento alguno.

Asimismo plantea la inconstitucionalidad del art. 52 bis que prevee la aplicación del daño punitivo. Afirma que viola los principios de tipicidad legal, legalidad y reserva, “non bis in idem”, presunción de inocencia, el derecho a la propiedad y los de incongruencia y razonabilidad.

La apelante refiere que no corresponde la aplicación de una multa. Manifiesta que el principio de reparación integral si bien no puede ser violentado, tampoco extralimitado, lo que ocurre si el damnificado recibe, además de sumas dinerarias que corresponden a todo el perjuicio sufrido, otros montos en concepto de daños punitivos.

Por último se agravia de la imposición de costas. Expresa que el juez de grado condenó en costas a su parte, cuando existe un vencimiento parcial y mutuo dado que ambas partes han triunfado y fracasado parcialmente en sus pretensiones u oposiciones. Ello, por cuanto hubo rubros rechazados: daño material y pérdida de chance.

En virtud de ello, sostiene que las mismas debieron haber sido distribuidas de acuerdo al éxito obtenido en un 66,66% a la demandada y un 33,33% a la actora.

2.2. La accionante expresa que nos encontramos ante una relación de consumo amparada por la Ley 24.240 y sus modificatorias, en la cual su parte se constituye como sujeto activo: “consumidor” (Art. 1) y la demandada STANDARD BANK como sujeto pasivo: “proveedor” (Art.2).

Afirma que en la medida que el cliente sea consumidor final de una operación de crédito, ya sea activa o pasiva, ésta constituye una relación de consumo en los términos del art. 1 de la LDC.

Aduce la recurrida que la operación de crédito es un contrato de consumo porque se trata de la prestación de un servicio realizado por el Banco en su condición de persona jurídica pública o privada, con carácter profesional, a favor de una persona física o jurídica que contrata a título oneroso (art. 2°), para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar o social.

Argumenta que la LDC se halla incorporada dentro de la nómina de leyes del Sistema Financiero Argentino.

Agrega que la autoridad de aplicación actúa pura y exclusivamente en procesos administrativos y estamos ante un proceso judicial contra una entidad financiera y de carácter privado que no requiere imperativamente iniciar un proceso administrativo previo a la vía judicial, como ocurre cuando se litiga contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

En cuanto al daño punitivo, la actora manifiesta que es una figura incorporada en el art. 52 bis de la Ley 24.240 por la Ley 26.361, y el mismo se trata de un plus que se concede al perjudicado, que excede el monto de la indemnización que corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños.

Finalmente, sostiene que no corresponde su condenación en costas ya que el beneficio de gratuidad previsto en el LDC, está fundado en su espíritu tuitivo y no sólo refiere a la obtención del beneficio de litigar sin gastos (es decir exención de tasa de justicia, aportes y derecho fijo), sino a toda implicancia que de carácter patrimonial pueda traer aparejada la necesidad del consumidor de recurrir a la justicia para obtener el reconocimiento de sus derechos. En suma, destaca que debe eximírselo de las costas atento su carácter consumerista.

3.El recurso interpuesto no ha de prosperar.

3.1. En primer término cabe destacar que el sentenciante, sobre la base de valiosas citas doctrinarias, acertadamente encuadró el caso en las normas de la ley 24.240, señalando que en la relación de consumo se parte de la idea de que los consumidores se encuentran en una posición de desventaja con respecto al otro extremo de la relación jurídica.

Ya hace unos años, la Profesora María Victoria Petit Lavall en una investigación sobre la protección del consumidor de crédito -con referencia a España y el resto de la comunidad Europea- destacaba que el sistema crediticio y bancario ocupa en la actualidad un lugar central en el sistema económico y sin embargo, es precisamente en este sector donde el ciudadano, consumidor o usuario de los servicios bancarios, se encuentra más desprotegido (Valencia, tirant lo blanch, 1996 ps. 31 y ss.). Quizás, sin una investigación pormenorizada, ta l afirmación no se pueda generalizar. Pero no es difícil señalar que la actividad bancaria en nuestros días ha incrementado sensiblemente su presencia en la vida cotidiana, incidiendo en la satisfacción de las necesidades de consumo. Precisamente, la citada autora señaló que se habla del fin de la sociedad de consumo y del nacimiento de la sociedad de crédito.

Desde ese punto de vista las decisiones de una entidad bancaria (por ejemplo sus informes), indudablemente inciden en la vida de los que son “objeto” de dicha información.

Asimismo, y a riesgo de afirmar algo obvio, debo recordar la trascendencia que tiene en nuestros días la información y en particular su génesis, proceso y transmisión.Resulta evidente que la compilación, procesamiento y comunicación de la información puede afectar significativamente la vida de una persona y en especial si se trata de información vinculada a su capacidad patrimonial que afecta lo que la citada autora denomina “el crédito al consumo”, pieza indispensable para un sistema que busca una combinación óptima entre la satisfacción de las necesidades de consumo y la supervivencia del propio sistema (Ibídem).

En síntesis la información que sobre un sujeto dé un banco puede afectar, como mínimo, su capacidad de consumo, con la debilidad que ella genera en la persona que se debe insertar en la dinámica de la “sociedad de consumo” (v. Ciuro Caldani Miguel Angel “Comprensión jusfilosófica de la protección internacional del consumidor”, enJornadas Uruguayas Santafesina, Santa Fe, 1997, págs. 113 y ss.

Es por ello que en el caso resulta de indiscutible aplicación la Ley 24.240 por tratarse de un caso específico y propio de relación de consumo amparado por ésta, y no el compendio de leyes bancarias -como equivocadamente pretende la demandada- que sólo están dirigidas a regular y controlar el funcionamiento de las entidades financieras dentro del mercado económico y que no contemplan la particular situación de la parte “más débil” como lo es en este caso el consumidor.

3.2. El agravio formulado por la apelante en relación a la ausencia de pruebas que acrediten el nexo de causalidad entre el supuesto perjuicio y la hipotética actividad desplegada por su parte, debe ser desestimado.

Es dable señalar que la calificación de “irrecuperable” conllE. innegablemente una connotación peyorativa y/o estigmatizante, respecto de la cual su publicación persigue el inequívoco norte de limitar las posibilidades de acceso al crédito por parte de la persona así referenciada, de modo entonces que si tal rótulo no fuera en sí indudable que promueve conductas de este tipo por parte de los usuarios de los datos en cuestión.Y no cabe admitir que el loable objetivo del “saneamiento del crédito” sea logrado vulnerando derechos de persona alguna. En este sentido se ha sostenido que “la conservación de información errónea permite presumir su capacidad dañosa para provocar un trato desigual por parte de quienes reciben los datos, generando una conducta discriminadora contra el actor” (CJ Salta, 02 de noviembre de 1998 en: “Rocco, Juan C. c/ Banco Mayo Coop. Ltdo.”, citado por Slaibe, María Eugenia en: “Habeas Data”, La Ley, 2000, pagina 144, sumario 197)”

Este Tribunal tiene dicho que los calificativos de “irrecuperable” e “incobrable” remiten a un juicio de solvencia patrimonial y moral del deudor que no parece aconsejable consentir resulte formulado “a la ligera”. Por el contrario, ante la trascendencia que tal calificación y, por sobre todo su publicación implica, la apreciación de marras debe revestir seriedad y fundarse en sólidos elementos objetivos; estos podrían consistir, por ejemplo, la enajenación por parte del deudor de todos sus bienes, en la titularidad de ninguno registrable, en numerosos embargos, carencia de un empleo o actividad lucrativa regular y estable, etc. Sin este sustento la calificación en cuestión luce antojadiza y arbitraria. Tanto más, a poco que se aprecie al contestar los agravios la accionada negó haber informado en la central de deudores y eludió toda referencia a las hipotéticas razones que la habrían llE.do a definir la deuda de éste “incobrable”, cuando es ésta la cuestión que constituye el eje del debate de autos tanto como aquella otra resulta ajena.(“Cha, Sergio Pablo C/ Bank Boston N.A S/ Daños Y Perjuicios” Expte.N° 19/12)

De allí que la responsabilidad atribuida al Banco, deriva de su inconducta, la que quedó materializada en la falta de corroboración de los datos que manipuló a la hora de hacer saber a las centrales de datos de deudores que la actora era “morosa” en el pago de sus obligaciones bancarias, debiendo ser éstos precisos y sólidos como para dar un sustento fehaciente y confiable de las informaciones que brinden de sus consumidores.

3.3. Sin perjuicio de ello, voy a repetir conceptos que he expuesto en anteriores fallos de este Tribunal, que resumen los presupuestos que sustentan la atribución de responsabilidad a la demandada.

Para acreditar el daño moral en su existencia y entidad, no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez debe apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades de la víctima a fin de establecer el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto. “A partir de la acreditación de evento lesivo y del carácter de legitimado activo del actor, puede operar la prueba de indicios o la prueba presuncional, e inferirse la existencia del daño moral” (Pizarro, Ramón Daniel, “Daño Moral”, Hammurabi, Bs. As., 1996, ps. 559 y ss.)”.

Del mismo modo, Matilde Zavala de González expresa que el medio general de prueba del daño moral es presuncional, sobre la base de la experiencia existencial del magistrado (“Resarcimiento de daños”, 2 a ed., Hammurabi, Bs. As., 1996, t. 2, p. 569.).

Además, se ha sostenido jurisprudencialmente que no resulta necesaria la prueba de la existencia y extensión del daño moral, puesto que siendo éste una lesión a los sentimientos, surgirá su existencia de la valoración de las circunstancias fácticas que haga el juzgador y, de concluirse que los mismos son aptos para producirlo, su monto será objeto de estimación judicial (v. de esta Sala, entre otros, casos: “Blanch”, “Stagnita Roque”, acuerdo Nº 38 10/04/01).

Los sinsabores que conllE.la necesidad de denunciar el hecho, la pérdida de tiempo y las indudables molestias y angustias que ocasiona vivir en tales circunstancias, producen una serie de padecimientos que no requieren una prueba extra. Es relE.nte advertir que en sentencias recaídas en el marco de relaciones de consumo se ha tenido en cuenta no sólo la falta “primaria” que se imputa al proveedor de bienes y servicios -en este caso la información errónea- sino también el comportamiento ulterior de dicho proveedor o las molestias ocasionadas al consumidor.

Como lo he especificado en reiterados fallos, no conozco ninguna persona que no sufra angustia cuando se entera que figura en los registros de informes del sistema financiero como “deudor”, no imagino alguien que no se altere cuando al querer realizar una compra le dicen que no le pueden dar crédito en virtud de sus antecedentes, y estos antecedentes no son ciertos, no creo posible que alguien no sufra angustias y sinsabores cuando le reclaman por consumos de una tarjeta de crédito que jamás pidió, ni usó, lo advierte, no obtiene respuestas y lo registran como deudor “irrecuperable” o “incobrable”.

Como se ha dicho aún para otro tipo de daños, el derecho se vale de múltiples ficciones para dar solución jurídica a situaciones antijurídicas, pero creo que no es admisible partir de la ficción absoluta que quien está registrado como “deudor” y no lo es, no sufre daño moral; al contrario, estimo que el menoscabo espiritual surge in re ipsa.

En estos casos debe establecerse válidamente una presunción -ésta judicial- sobre la existencia de daño moral cuando resulta notoria la afectación de la faz espiritual de las personas que padecen determinado perjuicio “no pueden los jueces obviar el propio conocimiento de determinadas circunstancias que son, además, habituales y fácilmente constatables puesto que lo contrario implicaría un desdoblamiento de la personalidad que sólo llE.ría a que la justicia actúe en forma automática” (causa n° 74.035 “Ganon Construcciones c/ Suarez, Julio Jesús s/ daños y perjuicios, ordinario”).

Como lo expresa Ciuro Caldani, ‘la vinculación con el ser y con la vida es fundamental para que las nociones de daño y reparación no se conviertan en abstracciones inadecuadas a los fines que se pretenden’ (en: “Bases jusfilosóficas para la comprensión del daño y la reparación”, LL, 29/9/92).

Teniendo en cuenta la trascendencia y efectos que en nuestros días tiene la información que emiten las entidades financieras, la inclusión en los registros financieros erróneamente como “deudor”, en esta sociedad de consumo del crédito trae como consecuencia el padecer un daño moral efectivo.

En cuanto al daño moral otorgado, si bien posee carácter excepcional, también deberá ser confirmado, conforme lo viene sosteniendo esta Sala -con distintas integraciones-, resulta claro que el menoscabo emocional quedó configurado, no sólo por el hecho de estar informado en los sistemas informáticos de deudores, sino también por la circunstancia de que, al intentar el accionante efectuar una compra en el supermercado “Melo S.R.L” con su otra tarjeta de crédito (VISA) -otorgada por la misma entidad crediticia-, la misma se vio frustrada por el rechazo del sistema bajo la leyenda de capturar tarjeta (v. fs. 114 respuesta de la firma “Melo S.R.L”); máxime cuando al efectuar el correspondiente reclamo al Banco se le informó que esta tarjeta no registraba deuda alguna por lo que no tenía impedimentos para su utilización (v. fs. 36).

3.4. Tratamiento aparte merece la pretensión de la demandada de declaración de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la LDC.

Sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 52 bis que i ncorpora una nuE.figura denominada daño punitivo o multa civil, introducida por la ley 26.361, he de recordar que para intentar conceptualizarlo se han hecho variados intentos pero sin dejar de señalar que se está frente a una figura excepcional.

Su finalidad resulta la de sancionar a quienes obran con absoluta despreocupación respecto de los derechos de terceros, a sabiendas de que el producto o la determinada actividad que comercializan causarán daños y, muy especialmente cuando el responsable conoce de antemano que resultará más económica la reparación de daños que reacomodar el producto, haciéndolo más seguro para su venta.

No puede dejar de considerarse el grado de utilidad que, en ciertos casos de hechos antisociales e irritantes con gran trascendencia, además de la reparación integral se incluya en la indemnización un “plus sancionatorio” (Trigo Represas, Félix, López Mesa, Marcelo, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo 1, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 556).

Matilde Zavala de González, se pronunció en el sentido de que el mencionado artículo 52 bis de la LDC, encuentra sentido cuando se repara en que el derecho de daños no sólo debe satisfacer intereses privados de las víctimas, sino también aplicar sanciones económicas disuasorias de actividades perjudiciales, preservando un derecho genérico a no ser víctima en base al principio de no dañar (1069 C.C.). (en: “Función preventiva de daños”, La Ley, 03 de octubre de 2011, 1, p. 1).

El perfil de multa civil es, no cabe duda de sanción preventiva, aunque represiva. Se independiza del carácter resarcitorio para ingresar en el coartar inconductas graves y reiteradas. Se ha señalado un doble carácter ya que su finalidad no se agota en la de castigar a la demandada por una conducta grave, sino también desalentarla en el futuro, vale decir que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares (ver:en este sentido, Álvarez Larrondo, Federico, “Un nuevo avance en materia de daños punitivos”, Revista de derecho comercial, del consumidor y de la empresa, Año 2, N° 3, junio de 2011, pág. 115).

Jurisprudencialmente se ha admitido que: “La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista, lo que impone una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal”. Se agregó que: “La ley de defensa del consumidor regula lo que la propia Constitución Nacional denomina “relación de consumo” (art. 42); por lo que sus disposiciones afectarán no sólo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc. En este sentido, al regularse un tipo de relación específica, se incide en el régimen de competencia establecido en el sistema jurídico, por cuanto se dictan reglas particulares, aplicables para este tipo de vínculo”. (CNCom, Sala F, Octubre 20 de 2011, “Banco Finansur S.A. contra Haje José Emilio sobre secuestro prendario”).

Se ha dicho también que la omisión en el artículo 52 bis de la LDC de toda consideración hacia un factor subjetivo de responsabilidad implica una “laxitud” que genera no sólo polémica sino además atenta contra la seguridad jurídica y, por ende, resulta incompatible con el principio de supremacía constitucional pues el mero incumplimiento no es suficiente fundamento para que alguien sea sancionado.

En esta línea, parte de la doctrina ve con disfavor el instituto por ser ajeno a nuestra tradición jurídica (entre otros: Picasso, Sebastián. La Ley de Defensa del Consumidor, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, p. 597), y entiende que requiere necesariamente para su aplicación la existencia de daño y, además, aparece adhiriendo a la postura que exige una conducta reprochable a título de dolo o culpa grave y afirman que esta previsión debería encontrarse incorporada al texto legal de manera expresa.En una palabra, se critica la ausencia de una tipicidad formal que requeriría como presupuestos de su procedencia: la existencia de daño, el factor de imputación subjetivo, gravedad y reiteración de la conducta y situación particular del dañador”.

Pese a las críticas vertidas a la regulación del instituto que efectúa el art. 52 bis L.D.C., lo cierto es que esa norma es objeto de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales correctoras.

Asimismo, en las conclusiones de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil se dejó sentado que: “La multa civil del Art. 52 bis de la ley 24.240 presenta importantes deficiencias técnicas, pero éstas pueden ser corregidas por una aplicación racional y prudente por parte de los magistrados. Una interpretación razonable de la norma exige su adecuación a los principios informadores del Derecho Privado y el resguardo de derechos constitucionales. En consecuencia, es necesario atender a los siguientes efectos. Requisitos: Los daños punitivos proceden únicamente en casos de particular gravedad que trasunten menosprecio por derechos individuales o de incidencia colectiva, abuso de posición y también en los supuestos de ilícitos lucrativos con la finalidad de desmantelar plenamente sus efectos”.

No en todos los casos se puede dar andamiento a un pedido de daño punitivo como suma excedente a la reparación del daño efectivamente sufrido por el consumidor en la relación de consumo.

Esto es así dado la finalidad perseguida por esta multa civil que sólo busca sancionar las conductas antisociales y vejatorias; aquéllas que implican un trato indigno e inequitativo de los consumidores y usuarios o las que los colocan en condiciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. La prevención de ulteriores hechos, producidos por los mismos agentes y la disuasión de otros en parecidas circunstancias, son su justitificativo legal y no se corresponde con las figuras del Derecho Penal sino que se ve enmarcada en la esfera del derecho privado, como otras sanciones previstas legalmente con parecidos o idénticos fines (vgtia.las previstas en las leyes protectorias contra la violencia familiar).

Este encuadre dentro del derecho privado y la garantía constitucional de la razonabilidad, tanto como la constitucionalización de la protección del consumidor, hacen que no pueda sustentarse la declaración de inconstitucionalidad intentada respecto del art. 52 citado.

En virtud de ello se ha expuesto que: “El art. 52 bis de la ley 24.240 de defensa del consumidor es constitucional porque, pese a la impropia formulación legal, el instituto del daño punitivo no se presenta como incompatible con la Constitución Nacional ni con el sistema represivo sino que, por el contrario, resulta una herramienta complementaria y hasta superadora, en tanto alcanza el castigo y la prevención de conductas que generalmente escapan a la mano de la Justicia Penal”. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala I, A., L. A. c. Amx Argentina S.A. s/ rescisión de contratos civiles/comerciales, 11/06/2014, LLBA 2014 (diciembre) , 1203).

Del mismo modo, se ha sostenido que: “La inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley 24.240 debe rechazarse, pues su regulación específica resulta acorde a lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto la defensa del consumidor es una necesidad que surge a raíz de las relaciones asimétricas que el tráfico económico actual impone a los usuarios y consumidores, e incluso a terceros ajenos a una relación contractual. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala II, “De Los Ríos, Marta Susana c. Autotransporte Andesmar S.A.s/ acción emergente de la ley del consumidor”, 10/02/2014, LLNOA 2014 (abril), 333).

Por otra parte, y aun desinterpretando el mencionado artículo de nuestra Constitución, no puede darse la descalificación en cuanto tal solución es la última ratio y no están dadas en autos las condiciones necesarias para siquiera pensar en la descalificación de la norma.

El dilema aquí está dado por la cuestión probatoria respecto de, los requisitos de razonabilidad necesarios para la aplicación de una multa civil prevista en la ley positiva.

No puedo soslayar que la conducta de la demandada reseñada por el sentenciante, probada en las presentes actuaciones, constituye un grave y objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, que la entidad demandada ha actuado con grosera indiferencia, abusando de su posición dominante y evidenciando un menosprecio grave de derechos individuales y de incidencia colectiva, por lo que corresponde confirmar el rubro daño punitivo otorgado por el juez de grado, que evidencia la finalidad de prevenir hechos similares en el futuro.

3.5. Finalmente, se queja el recurrente de la imposición de costas efectuada en la instancia inferior.

Alega que hubo rubros rechazados (daño material y pérdida de chance), y que en virtud de ello la sentencia debió haber hecho lugar parcialmente a la demanda, distribuyendo las mismas -en aplicación del art. 252 CPCC- en un 33,33% a cargo de la actora y un 66,66% a la demandada. Esto es, solicita que atento el vencimiento parcial obtenido por las partes, las costas sean distribuidas en función del éxito obtenido.

Conforme lo sostuviera la Sala I de esta Cámara de Apelación, “no se trata de un problema de monto o de estimación del mismo, sino de varias partidas que no han sido reconocidas en el juicio de resarcimiento y es allí donde obtuvo parcial éxito la defensa de la demandada. Tal éxito debe reflejarse en las costas de acuerdo al art.252 del Código Procesal Civil y Comercial, norma aplicable y vigente, y que no se ha pedido ni declarado su inconstitucionalidad para este tipo de juicio” (“Safety Sistemas y Servicios de Seguridad c/ Cargil SACI s/ Cobro de Pesos”, 18/9/08 en Zeus Nº 17.654)

Asimismo no se puede dejar de señalar que doctrina especializada en la materia, como lo es Matilde Zavala de González en “Resarcimiento de daños”, T°3, p. 397 y en “El pr oceso de daños y estrategias defensoras”, J, 2007, p.606/616, con referencias doctrinales y jurisprudenciales, citada en dichas obras que cabe formular remisión por ser compartidas bajo el título de “distribución proporcional de las costas”.

En idéntico sentido, nuestro máximo tribunal ha descalificado el criterio de imposición de costas en su totalidad a la demandada, fijada atendiendo que hay que abstenerse de las reclamaciones que no hayan progresado. Estos criterios, para la Corte, importan desconocer que parte de la pretensión original fue rechazada (algunos rubros o partidas fueron desestimados y otros reconocidos), y por lo tanto la actora resultó parcialmente vencida en tal sentido, tornándose aplicable el art. 71 del Código Procesal de la Nación (art. 252 de nuestro código de rito), en función de los éxitos parciales. (Fallos T 328-758 a 772).

En virtud de ello, y teniendo en consideración los exitos obtenidos, corresponde que las costas de la instancia de grado se distribuyan en un 80% a cargo de la demandada y un 20% a cargo de la actora.

Voto pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Corresponde así: 1. Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos, revocando la sentencia recurrida, distribuyendo las costas de conformidad a lo dispuesto en los considerandos precedentes. 2. Imponer las costas en esta instancia en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art.252 C.P.C.C.). 3. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo la Dra. Serra: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE: 1. Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos, revocando la sentencia recurrida, distribuyendo las costas de conformidad a lo dispuesto en los considerandos precedentes. 2. Imponer las costas en esta instancia en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art. 252 C.P.C.C.). 3. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“B., P. E. C/ STANDARD BANK ARG. S.A. S/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 265/13)

CHAUMET

CUNEO

SERRA

(ART. 26, LOPJ)