Periodista debe resarcir el daño moral causado por brindar a sabiendas información falsa en una nota periodística.

CarcelPartes: C. L. M. c/ R. R. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94087-AR | MJJ94087 | MJJ94087

Se condena a un periodista a resarcir el daño moral causado, al haber brindado a sabiendas información falsa en una nota periodística, pues su condición de profesional le exigía tomar mayores recaudos a tal finalidad. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponden hacer lugar a la indemnización por daño moral reclamada a raíz de la falsa información emitida por el demandado, en su calidad de editor de un diario, en una nota publicada haciendo referencia al actor, toda vez que no existe justificativo alguno para que el accionado, en el contexto de su publicación, se refiriera al actor de la manera que lo hizo, habiéndose probado la inconducta en que incurrió al vertir una información que no se correlaciona con la realidad.

2.-Aplicándose las reglas de la real malicia al caso, se llega a la conclusión de que el demandado actuó a sabiendas de la falsedad de la información, toda vez que de la propia contestación de la demanda puede concluirse en que tenía conocimiento de que no pueden equiparse el significado de las palabras condenado y probation o suspensión del juicio a prueba, pues debió, dada su condición de periodista preocuparse para que la información sea correcta y no basarse en una supuesta creencia personal acerca de la confusión que el ciudadano pueda tener al respeto, para brindar un dato que no se condice con la realidad.

3.-El demandado es un periodista que tiene la función y deber de informar al hombre común, por ello se le impone la mayor diligencia a la hora de cumplir con su función, de hacerlo adecuadamente, deslindando cualquier mala interpretación que pudiera hacerse, y no dejando dudas al respecto.

4.-De la causa penal arrimada, se desprende que efectivamente el actor fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba, encomendándosele la realización de tareas comunitarias, las que fueron debidamente documentadas, por lo cual pese al esfuerzo dialéctico del accionado, claramente no es lo mismo haber sido sometido a las reglas de la probation, que a la condena misma, pues justamente lo que se ha querido buscar es esa diferenciación en beneficio del imputado por un delito, lo que pone de manifiesto la despreocupación del informante sobre las circunstancias que rodearon la culminación de la causa penal en la cual el actor era imputado, llevándolo a realizar una manifestación errónea al respecto.

5.-No se advierte que hubiere un enriquecimiento sin causa a favor del actor mediante el otorgamiento de una partida indemnizatoria por daño moral, toda vez que el actor es abogado de la matrícula y conocido en el ambiente, lo que lo hace una persona de exposición pública, y ello importa necesariamente que acreditada la equivocación de la publicación en cuestión, va de suyo la necesidad de reparar el daño causado, que en este caso más que en otros es ciertamente presumible, máxime tratándose del daño moral.

6.-La orden de publicar la sentencia no vulnera derecho alguno, ni el medio periodístico en donde se ordenó su publicación puede rehusarse a efectuarla, y menos aún ello daña la credibilidad social, como pretende afirmar el demandado, toda vez que la publicación de la sentencia – o en su caso del texto indicado- especialmente en materia de ilícitos contra el honor- puede tener virtualidad resarcitoria del daño moral y resultar idónea para neutralizar sus efectos futuros.

Fallo:

ACUERDO Nº En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de julio del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “C. L. M. c/ R. R. s/ Daños y Perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 410/415 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. GUISADO, CASTRO y UBIEDO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia dictada a fs. 410/415 que admitió la demanda interpuesta y condenó a R. R. a pagarle al actor la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) con más sus intereses y a publicar en el diario Clarín, en la página nro. 2 la sentencia transcribiéndose el texto establecido en el considerando pertinente, se alza únicamente el demandado quien expresó agravios a fs. 435/62, los que resultaron contestados a fs. 464/69.-

Del relato efectuado en la demanda, surge que el día 20 de octubre de 2011 el demandado -Editor General adjunto del diario Clarín- publicó una nota bajo el título “Fútbol, mentiras y videos”. En dicha nota luego de dar su visión respecto de un conflicto habido entre un cliente suyo (Sr. Carlos Avila) en una causa penal, hizo una referencia al actor manifestando “El tercer personaje de la zaga es M. Cúneo L., abogado de Vila y el mismo que con otro video embarró la causa AMIA y terminó condenado por intento de extorsión al entonces Juez Galeano”.-

La sentencia que aquí se cuestiona tuvo por probado que en el marco de dicha nota periodística no había justificativo alguno para que el periodista formulara tal referencia, pues no se trataba de un asunto actual sino ocurrido mucho tiempo antes.También sostuvo que no es excusa atendible haber asignado al término “probation” el significado común o vulgar que según el demandado suele dársele, en la medida que un periodista tiene el deber de informar, de comunicar y transmitir sus ideas y opiniones, y que el hecho de hacerlo con sencillez no significa que tenga una suerte de licencia para transmitir erróneamente y a cualquier costo la información, para concluir que la referencia al entendimiento común sobre la probation como causal para justificar la conducta y justificar que no se obró con “actual malice” resulta desafortunada.-

En base a dichos argumentos y la condena impuesta, se agravia únicamente el demandado por considerar que la sentencia en crisis decide sobre cuestiones planteadas pero en forma dogmática y sin sustento alguno, omitiendo ponderar circunstancias de suma importancia destacadas, como la teoría de la real malicia, el tenor de la utilización de la palabra condena y por ende su real significado jurídico de la probation.-

Continúa diciendo que no se logró probar la malicia de su parte, como así que se haya brindado información falsa a sabiendas, y que pese a ello hizo la publicación de marras. Insiste con base a tal argumentación en la arbitrariedad de la sentencia bajo análisis.-

Por una cuestión de orden metodológico me adentraré al estudio del presente agravio para luego tratar el restante que se relaciona a la condena.-

Desde ya adelanto mi opinión en el sentido que el agravio en cuestión no recibirá favorable acogida.-

En efecto, sin perjuicio de que comparto la opinión esgrimida por la Sra.Magistrada de la anterior instancia en que no existe justificativo alguno para que el demandado, en el contexto de su publicación, se refiriera al actor de la manera que lo hizo, pues no guarda relación alguna con el hecho referenciado en la nota periodística, lo cierto es que aún aplicando las reglas de la real malicia en el caso, arribo a la misma conclusión que aquí se cuestiona.-

En el pronunciamiento se ha hecho una exhaustiva referencia acerca de la citada doctrina (actual malice) -pese a que luego se expresa que pierde sentido en el caso- según la cual los funcionarios públicos y las figuras o personajes públicos afectados en su honor por noticias inexactas o agraviantes, deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de las circunstancias, en cambio a los particulares les basta, en principio con acreditar una negligencia simple para que proceda la reparación (conf. Ramón Daniel Pizarro “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes”, 2 da. edición actualizada, pág. 419).-

Sus fundamentos radicarían en la necesidad de brindar una adecuada tutela a la libertad de expresión, además de una interpretación amplia y flexible de los textos constitucionales, que permita innovar un espacio donde aquella pueda desplegarse (Conf. ob. ya citada).-

Así la recepción de esta doctrina, cuyo origen fue muy bien referenciado en el pronunciamiento de la instancia anterior, presenta esencial importancia en dos aspectos fundamentales: la carga de la prueba y el factor de atribución.-

Sobre la primera cuestión es que el demandado hace hincapié al formular sus quejas, pues sostiene que no se ha probado en autos que a sabiendas de la falsedad de la información, la misma fue utilizada por su parte. De allí su cuestionamiento y agravio en estudio.-

Y sobre ello advierto que comparto claramente la postura asumida por mi distinguida colega Dra.Benavente, en tanto de la propia contestación de la demanda puede concluirse en que el demandado tenía conocimiento de que no pueden equiparse el significado de las palabras “condenado” y “probation” o suspensión del juicio a prueba.-

Él mismo manifestó al referirse a la etimología del vocablo “condena” que para el hombre común la probation es una condena y por ende quien ofreció y cumplió con una probation, es una persona condenada a cumplir con las reglas de conducta impuestas por un pronunciamiento judicial penal durante un lapso de tiempo”. De allí que en primer lugar deba considerarse que el demandado es un periodista que tiene la función y deber de informar al hombre común, por ello se le impone la mayor diligencia a la hora de cumplir con su función, de hacerlo adecuadamente, deslindando cualquier mala interpretación que pudiera hacerse, y no dejando dudas al respecto. Pues la diferenciación que el demandado hace en su exposición acerca de que es una condena de cumplimiento de conductas impuestas por un pronunciamiento judicial penal durante un tiempo, no creo que sea una disquisición disponible para el hombre común, tal como menciona. Por el contrario considero que debió, dada su condición de periodista preocuparse para que la información sea correcta y no basarse en una supuesta creencia personal acerca de la confusión que el ciudadano pueda tener al respeto, para brindar un dato que no se condice con la realidad.-

En el caso que me ocupa se ha arrimado la causa penal nro. 10042, de la cual se desprende que efectivamente el actor fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba, encomendándosele la realización de tareas comunitarias, las que fueron debidamente documentadas.-

Al respecto cabe recordar que la ley 24.316 modificó el art. 27 bis del Código Penal introduciendo normas de conducta que acompañan la condena en suspenso o condicional. También creó la institución denominada “suspensión del juicio a prueba”, también llamado probation. En este instituto no se espera la sentencia.El imputado puede pedir la suspensión del juicio a prueba de conducta y si da cumplimiento a una serie de imposiciones, se da por extinguida la acción.-

Se ha dicho que este instituto como la multa -conforme al estándar de vida- y el trabajo para la comunidad constituyen sanciones que evitan el etiquetamiento, y la consecuente segregación, aspectos negativos de la condena (aún sin cumplimiento efectivo) en los que se ha venido insistiendo en los últimos tiempos (conf. Omar Breglia Arias-Omar Gauna, “Código Penal y leyes complementarias comentado anotado y concordado”, Ed. Astrea, tomo I, pág. 689). Es decir que con la finalidad de rehabilitar al delincuente y procurar su reubicación en la comunidad mediante el procedimiento de la probation, el acusado es sometido al cumplimiento de determinadas tareas en condiciones que le son impuestas, de allí que no sólo sea considerado un mero sustituto de la pena de prisión sino un verdadero método de tratamiento resocializador.-

En este sentido en un valioso trabajo sobre la cuestión se ha dicho que este instituto está orientado tanto a evitar la rotulación de los sujetos inculpados de alguno de los ilícitos a los que resulta aplicable, como a descomprimir la administración de justicia posibilitando el reordenamiento racional de los recursos disponibles para dotar al sistema de mayor eficiencia, ello por cuanto su aplicación permite obviar la celebración del juicio en los casos de menor cuantía. (conf. Caramelo, Gustavo D. “Suspensión del proceso penal a prueba -probation- Sus efectos sobre la acción resarcitoria civil”, en revista de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional. Año XI nro 18/19/20 En-Dic 1998).-

En concordancia con ello su finalidad está dada por razones también de prevención general, no para dejar sin reacción estatal el delito cometido, pero si para evitarle al acusado la pena para reducir en lo posible el mal social que lo acompaña y prestarle ayuda social si resultare necesario.Se busca así -como he dicho- evitar el cumplimiento de penas cortas privativas de la libertad y las consecuencias desfavorables que de ellas derivan, apelándose a la propia voluntad y responsabilidad del imputado dotándolo de la asistencia y dirección oportunas para que el mismo encause su vida.-

De lo expuesto no puede más que colegirse que pese al esfuerzo dialéctico del recurrente, claramente no es lo mismo haber sido sometido a las reglas de la probation, que a la condena misma, pues justamente lo que se ha querido buscar es esa diferenciación en beneficio del imputado por un delito.-

Por ello comparto plenamente los argumentos vertidos en la anterior instancia en que no puede justificarse el demandado en dicha confusión para brindar una información errónea, pues su condición de profesional le exigía tomar mayores recaudos a tal finalidad.-

Advierto entonces que la pretendida aplicación de la doctrina a la que alude el recurrente, me lleva a la misma decisión adoptada en la instancia anterior, ésta no sólo se refiere a la utilización a sabiendas de una información errónea, sino también a la despreocupación del informante sobre las circunstancias que rodearon la culminación de la causa penal en la cual el actor era imputado, lo que lo llevó a realizar una manifestación errónea al respecto.-

Menos aún considero que la pieza cuestionada no haya revisado con profundidad ni verificado con exactitud que existan los presupuestos de responsabilidad civil para que se admita el reclamo, ello en base a que de conformidad con los fundamentos que anteceden, entiendo que se ha probado la inconducta en que ha incurrido el demandado al vertir una información que no se correlaciona con la realidad.-

En este sentido se ha afirmado que el carácter agraviante de una información o denuncia deriva de la afección a la dignidad, reputación, honor, fama o decoro del que goza el sujeto ante la comunidad, faltándose a los deberes que impone una conducta prudente y diligente y violándose el principio legaldel ‘alterum non laedere’ (art. 19 C.N. y art. 1109 Cód. Civil). El concepto de honor no depende tan sólo de la opinión ajena, sino también de la autoestima, por lo que, para que se configure la injuria, basta con que la acción tenga idoneidad para poner en peligro la reputación de una persona, sin que sea necesario que efectivamente se produzca (conf. CNCiv., Sala H, “R., H. c. Telearte S.A.”, publicado en LL 2003-F, 163 – RCyS 2004-V, 118). Por lo demás, la información es agraviante cuando afecta la dignidad de las personas hiriendo la propia estima que cada uno tiene de sí mismo o cuando ataca la reputación, honor, fama o decoro de que se goza ante los demás (Bustamante Alsina, J., “Los efectos civiles de las informaciones inexactas o agraviantes”, publicado en LL 1989-D, 885 y en Trigo Represas, Félix A.: “Responsabilidad civil – Doctrinas esenciales”, parte especial, T. VI, ed. La Ley, pág. 519 y sig.).-

Por ello entiendo que ante tal circunstancia, los agravios en estudio no logran conmover los sólidos fundamentos del pronunciamiento en estudio, razón por la cual serán desestimadas.-

Sentado ello trataré ahora las quejas vertidas por el demandado con respecto a la condena que se impusiera, esto es el pago de una suma indemnizatoria de Pesos Diez Mil ($ 10.000) con más sus intereses, y la publicación en el diario Clarín del texto aludido en el considerando pertinente (conf. párrafo 3 ero. de fs. 415).-

El demandado se agravió por cuanto considera que ha habido un errado criterio de imposición de la carga del daño moral que le ocasiona un enriquecimiento sin causa al actor. Entiende que la Aquo se ha apartado del criterio general que establece que en materia de daños y perjuicios incumbe a quien lo impetra la prueba de su existencia y cuantía, conforme la doctrina del art. 377 del ritual, concluyendo que la nota publicada no constituye per se medio eficiente para provocar una condenación por daños.Agrega que el monto es irrazonable y lesivo a la libertad de prensa.-

Al respecto puedo adelantar mi opinión en el sentido de que las quejas aquí vertidas tampoco recibirán favorable acogida, pues contrariamente lo sostenido por el quejoso no advierto que hubiere un enriquecimiento sin causa a favor del actor mediante el otorgamiento de la partida indemnizatoria de que se trata.-

Como es sabido el actor es abogado de la matrícula y conocido en el ambiente, lo que lo hace una persona de exposición pública, pues ese fue un argumento esbozado por el demandado en cuanto a la aplicación al caso de las reglas atinentes a la doctrina de la real malicia. Ello importa necesariamente que acreditada la equivocación de la publicación en cuestión, va de suyo la necesidad de reparar el daño causado, que en este caso más que en otros es ciertamente presumible, máxime tratándose del daño moral.-

Por ello y ante la falta de agravio del actor, propongo la confirmatoria del monto indemnizatorio acordado en la anterior instancia.-

Por último la queja vertida por la publicación del texto ordenado en la sentencia, la misma tampoco será acogida.-

Se ha admitido en concordancia con ello que la publicación de la sentencia – o en su caso del texto indicado- especialmente en materia de ilícitos contra el honor- puede tener virtualidad resarcitoria del daño moral y resultar idónea para neutralizar sus efectos futuros (conf. Zannoni. “El daño en la responsabilidad civil” p. 106). Por ello se entiende que este tipo de publicación importa en buen grado una suerte de reafirmación de los derechos del agraviado. En base a dicho fundamento no encuentro que la manda de que se trata vulnere derecho alguno, ni que el medio periodístico en donde se ordenó pudiera rehusarse a efectuarla, y menos aún que ello dañe su credibilidad social, como pretende afirmarse.En razón de lo expuesto es que propongo la desestimación también de esta queja en estudio.-

Por las razones expuestas y si mi voto es compartido propongo que se confirme la sentencia apelada en lo que manda y fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo del recurrente vencido (art. 68 del ritual).

Por razones análogas, las Dras. CASTRO y UBIEDO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

Buenos Aires, 14 de julio de 2015.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que manda y decide y fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo del recurrente vencido (art. 68 del ritual).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

CARMEN N. UBIEDO

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

Firmado por: CARMEN N. UBIEDO- PATRICIA E. CASTRO- PAOLA MARIANA GUISADO