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Aplican el nuevo Código Civil y Comercial para autorizar a familiares de una anciana internada a retirarla para su esparcimiento

nurse-hospital_2101382bPartes: T. O. F. Y otro c/ L. V. S. Y otro s/ medidas precautorias

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 13-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94008-AR | MJJ94008 | MJJ94008

Acorde a lo establecido en el nuevo Código Civil y Comercial, autorizan a familiares de una incapaz a visitarla en su lugar de internación y retirarla del mismo para su esparcimiento.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la autorización a los peticionarios de la medida y a los demás integrantes de su grupo familiar a visitar a la causante en su lugar de internación y retirarla del mismo para su esparcimiento, bajo las condiciones, modalidad, periodicidad y duración que los médicos tratantes de la institución consideren conveniente y beneficioso para su integridad psicofísica, considerando el informe socio ambiental obrante en la causa y el dictamen interdisciplinario, del cual surge que estaba en condiciones de expresar su voluntad para efectuar las salidas, agregando que sería favorable para su salud psíquica continuar con el lazo afectivo familiar y realizar aquellos paseos.

2.-El temperamento adoptado, se condice con el art. 31 del nuevo Código Civil y Comercial que establece, en su inciso a), que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial, agregando el inciso f) que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. A su vez, el art. 34 dice que ‘Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona’.

3.-Frente a la disparidad entre el dictamen efectuado por el perito de oficio y la impugnación formulada por las partes debe estarse al de aquél, en tanto se encuentre debidamente fundado en los principios propios de su ciencia, pues no debe perderse de vista la imparcialidad con la que actúa que surge de su designación por el Juzgado.

4.-Cabe recordar que la Constitución Nacional prioriza la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos en ella contenidos, como así también en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’ (art. 75, inc. 23 ), siendo el esparcimiento uno de aquellos derechos.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de agosto de 2015.- FG (fs. 102)

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estos autos a fin de entender respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 87 contra la resolución dictada a fs. 75. El memorial luce a fs. 88/9 y fue replicado a fs. 90/91, habiéndose expedido la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara a fs. 99/100. El magistrado de la anterior instancia autorizó a los peticionarios de la medida y a los demás integrantes de su grupo familiar a visitar a la señora O.G. en su lugar de internación y retirarla del mismo para su esparcimiento, bajo las condiciones, modalidad, periodicidad y duración que los médicos tratantes de la institución consideren conveniente y beneficioso para su integridad psicofísica. Para así decidir, tuvo en cuenta el informe socio ambiental obrante en la causa y el dictamen interdisciplinario que luce en los autos «G., O. S. s/art. 152 C.C.», ponderando a su vez que no fueran impugnados por ninguno de los interesados. De esto último se agravia su hija, manifestando que el último de los informes fue expresamente objetado en los autos indicados precedentemente,

remitiéndose a las cuestiones que allí planteó, referidas principalmente a la debilidad de la salud mental y física de la interna, y a su movilidad reducida. Al contestar el traslado, los peticionarios se remiten a lo que surge de los informes y las posturas asumidas por el curador y el Defensor Público de Menores e Incapaces.

II.- En primer término corresponde señalar que el informe pericial interdisciplinario no ha sido el único elemento tenido en cuenta por el Sr. Juez de grado para resolver en la forma en que lo hizo. En efecto, el magistrado ponderó -amén del dictamen indicado- el informe socioambiental de fs. 39/41. De él se desprende que la señora O.G. le manifestó a la Asistente Social que «su mayor preocupación en la actualidad es poder realizar salidas» (cfr. fs.39 vta.). Surge del mismo informe que los paseos que realizaba con sus sobrinos eran frecuentes. También valoró que, tanto el Curador como la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces no formularon objeción alguna a lo aconsejado por el equipo de médicos psiquiatras y la psicóloga que elaboraron el informe cuya copia luce a fs. 70. Mediante este último, las profesionales de la salud mental fueron contundentes en afirmar -previa entrevista que mantuvieron con la interesada- que la Sra. G. estaba en condiciones de expresar su voluntad para efectuar las salidas, agregando que sería favorable para su salud psíquica continuar con el lazo afectivo familiar y realizar aquellos paseos. Aún más, agregaron que el hecho de permanecer encerrada podría precipitar el agravamiento de su cuadro. Las idóneas dejaron a salvo que el médico de la institución deberá evaluar cada petición en concreto. Cuadra recordar que, conforme lo tiene dicho este Tribunal de manera reiterada, frente a la disparidad entre el dictamen efectuado por el perito de oficio y la impugnación formulada por las partes debe estarse al de aquél, en tanto se encuentre debidamente fundado en los principios propios de su ciencia, pues no debe perderse de vista la imparcialidad con la que actúa que surge de su designación por el Juzgado. Así, un peritaje sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación del experto, la objeción debe contener fundamentos válidos que formen la convicción del magistrado sobre su procedencia, debiendo reunir la suficiente fuerza para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o principios científicos del dictamen, características que no revisten las manifestaciones vertidas en la presentación de fs. 241 del expediente N° 37.682/2013, máxime cuando, conforme surge de dichas constancias, la impugnante no contó con el asesoramiento de un consultor técnico versado en la materia. Ello resulta suficiente para rechazar la apelación y confirmar el decisorio.No obstante, merece destacarse especialmente la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la Sra. O.G., no sólo por su situación psíquica, sino también por su avanzada edad. Cabe recordar que la Constitución Nacional prioriza la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos en ella contenidos, como así también en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad» (art. 75, inc. 23). No cabe duda que el esparcimiento es uno de aquellos derechos, siendo deber de los jueces velar porque el Estado cumpla con los derechos y obligaciones que en materia de protección de la ancianidad ha asumido constitucionalmente. Se agrega a todo ello que el artículo 31 del nuevo Código Civil y Comercial establece, en su inciso a), que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial, agregando el inciso f) que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

A su vez, el art. 34 dice que «Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona». Tal fue el temperamento adoptado por el Sr. Juez de grado, sustentado por las pruebas arrimadas en autos que ya fueron analizadas. Por todo ello y oída que fue la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el decisorio apelado en todo lo que decide y fue materia de apelación, con costas de Alzada a cargo del vencido (arts. 68 y 69 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese a las partes y al curador en los términos expuestos a fs. 94, punto III. A) y a la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces en su

domicilio electrónico constituido (Ac. N° 31/2011 y 38/2013 de la CSJN). Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. N° 15/2013 y 24/2013 de la CSJN) y, oportunamente, devuélvase.

Fdo.

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

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