Se rechaza la demanda de fraude en tanto la actora consintió la partición del campo y las donaciones efectuadas a sus hermanas.

testamento-df_0Partes: K. M. D. c/ G. de K. E. L. s/ acción de Fraude art. 1298 del CCiv.- proceso especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 12-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93958-AR | MJJ93958 | MJJ93958

No procede la demanda por fraude a la legitima de la actora, pues esta no solo consintió la partición del campo que efectuaran sus padres, sino también las donaciones efectuadas a sus hermanas.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda promovida por la actora por fraude a su porción legitima, a raíz de diversos actos celebrados por sus padres a una sociedad que aparece como tercera persona, toda vez que la posición de la accionante resulta contraria al principio de la buena fe y se pone en contradicción con su actuación anterior, pues serían nulos una serie de actos que ella misma conocía, al haber consentido la partición del campo que efectuaran sus ascendientes, no habiéndose probado que se haya violado la parte legítima que le corresponde. 2-Si bien la actora reclama la integridad de su legítima por considerarla afectada, pretende volver para ello al 100% de las acciones, cuando ese porcentaje incluye la totalidad del campo que ya fue dividido entre las hijas del causante, y la sociedad, integrada por su madre, por lo que en definitiva sólo puede concluirse que está pidiendo una nueva partición.

3.-La accionante recibió las parcelas de campo con reserva de usufructo a favor de su madre, y aun cuando se considerara a dicho bien como propio del causante, no ha acreditado que ello no cubriera su legítima, pues no se traído elemento probatorio alguno, ni la tasación del campo, ni la tasación de la nuda propiedad y del usufructo de las hectáreas que le fueron donadas, ni la valuación del 100% de las acciones de la sociedad, ni que su madre, la única demandada hubiera recibido en exceso su parte en la herencia, ni el cálculo de su legítima considerando el resto de los bienes de la sucesión, teniendo presente que el campo se ha dividido en cuatro partes y su madre (a través de la sociedad) recibió menos hectáreas.

4.-Si bien se demanda el complemento de la legítima, se está haciendo mención a la integridad de la misma y no a la acción de complemento, toda vez que no se ha integrado la litis, ya que se debió accionar contra los demás legitimarios.

5.-La acción de colación no trata de proteger la legítima sino la igualdad entre coherederos, y la actora ha prestado conformidad por considerar igualitarias las donaciones efectuadas, sin acreditar que la parcela adjudicada a la única demandada, menor que la recibida por la actora, exceda la igualdad o resulte de ello el exceso para considerar procedente la reducción.

6.-Si cayeran los actos de transferencia de acciones y venta del campo realizada por la sociedad manejada por el padre a favor de la madre, también deberían caer las donaciones de las distintas parcelas en las que se dividió el campo perteneciente inicialmente la sociedad, no solo a favor de la actora sino también a favor de sus hermanas, las que no están demandadas, toda vez que las circunstancias que rodearon a la partición del campo a través de sucesivas donaciones no revelan que se haya querido defraudar a la actora, quien recibió la donación del inmueble dos años antes que sus hermanas, además de haber adquirido otra fracción de campo de la misma sociedad, habiendo participado de las reuniones de directorio dando conformidad no solo a la venta del campo sino también aceptando su propia donación y la reserva de usufructo a favor de su madre, así como las donaciones efectuadas a sus hermanas, que llamativamente sobre ellas nada dice en la demanda, con lo que demuestra que inicialmente la igualdad entre esas herederas no está cuestionada.

7.-Si bien el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas, en autos se da una situación distinta, pues se advierte que tanto los padres como las hijas llegaron a un acuerdo en cuanto la madre se reserva el usufructo de las hectáreas de campo donadas a sus hijas y todos prestaron conformidad.

8.-La accionante se ha puesto en contradicción con sus propios actos, pues al no haber probado que se ha violado su legítima al haber consentido la distribución de bienes que se realizara por donación con reserva de usufructo en vida de su padre.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2015, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto por la actora en los autos caratulados “K., M. D. contra G. de K., E. L. sobre Acción de Fraude Art. 1298 del Código Civil). Proceso especial”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:

I.- La controversia planteada.

La actora promueve la demanda por fraude a su legítima, denunciando como bienes del acervo sucesorio de su padre O. N. K. el 100% de las acciones de la sociedad Cordova Land Company Limited con domicilio en Londres. Indica que dichas acciones eran bienes propios, pues el causante la había recibido de la sucesión de C. D. G. F. K.

Da cuenta de diversos actos celebrados por sus padres en la que la sociedad aparece como tercera persona en fraude a su legítima, los que considera nulos y a través de los cuales se ha querido cambiar la calificación de un bien propio en bien ganancial.

Dirige la acción contra su madre E. L. G. de K., quien contesta la demanda a fs. 165/171 alegando que siguiendo la posición de la actora serían nulos una serie de actos que ésta conocía y consintió cuando aceptó la donación de la nuda propiedad de las hectáreas que se le adjudicaron en el campo Los Alfares, ubicado en Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Hace hincapié en la teoría de los propios actos, pues la actora consintió la partición que efectuaran sus padres. Opone excepción de prescripción.

La sentencia de fs.407/409 rechaza la demanda, pues considera que la pretensión de la actora resulta violatoria de sus propios actos anteriores, relevantes jurídicamente y que además no se ha demandado a la sociedad, extremo que resulta indispensable para aplicar alguno de los supuestos del art. 54 de la ley de sociedades 19.550. Impone las costas a la actora vencida.

Apela la actora, quien expresa agravios a fs. 417/425. Se queja porque el sentenciante no ha analizado la prueba producida, apartándose de las reglas de la sana crítica, que tornan nula y arbitraria la sentencia; 2) Considera que no ha dado conformidad o aceptación respecto de la donación que efectuara su madre y no su padre, y considera que no se dan los requisitos de la teoría de los propios actos. 3) Cuestiona el supuesto carácter ganancial del campo de acuerdo a la sentencia.

Los demandados contestan los agravios a fs. 427/439 y adhieren a los términos de la sentencia, considerando además los errores jurídicos de la demanda.

II.- Advertencia previa.

Ante lo que considera omisión del tratamiento de cuestiones litigiosas y de la prueba aportada por su parte, la apelante concluye sobre la arbitrariedad y nulidad de la sentencia. Empero, es aceptado como principio en la materia que el recurso de nulidad no es procedente cuando se trata de vicios o defectos reparables por vía del recurso de apelación.

En el caso de autos, además, los defectos que constituyen el recurso de nulidad se han planteado como agravios en el de apelación. Como se ha sostenido, ello evidencia la aceptación del apelante en el sentido de que tales vicios pueden tener suficiente reparación a través de la revisión, como lo establece el art. 253 del Código Procesal (Palacio, Derecho Procesal Civil, T IV, 1977, p. 168; Fassi, Código Procesal Civil y Comercial, T 1, p. 438; Podetti, Derecho Procesal Civil y Comercial, T II, pág. 488; Calamandrei, Derecho Procesal Civil, T III, p.301).

En consecuencia, no hay obstáculo que impida el tratamiento de los cuestionamientos del apelante a la sentencia en esta alzada, por lo que la cuestión deberá resolverse mediante la contestación a los agravios.

Además, es sabido que cuando en la expresión de agravios, el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia, peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de alzada conocer respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así la jurisdicción en plenitud. Es que, en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas, con poderes idénticos, en su extensión y contenido, a los del juez de grado (CNCiv. Sala H, feb. 29-1996, Papelera S.A. v. Gamupel S.A., J.A. 1997-II-síntesis, Lexis 1/16854).

III.- Las circunstancia de autos. El objeto de la demanda.

No se encuentra controvertido que el 27 de noviembre de 2002, O. K. en representación de la sociedad Cordova Land Co, propietaria del campo en la Provincia de Córdoba transfiere las acciones de dicha sociedad a su cónyuge Emma Ger. Al tratarse de una sociedad con sede en Londres la transferencia se hizo de acuerdo a la ley inglesa. Posteriormente dicha sociedad vende a Emma Ger el campo “Los Alfares” sito en la Provincia de Córdoba.

Previamente a esa venta los padres de la actora celebraron un convenio privado en el que pactaron que una vez efectuada la transferencia del citado campo, Emma Lilia Ger se comprometía a realizar en el plazo de treinta días la subdivisión de dicho inmueble en cuatro parcelas, una de 300 Ha. aproximadamente que comprenda la casa, galpones y corrales y tres de 650 Ha, cada una. Estas últimas debían ser donadas a las señoras P. M. K., M. C. K. y M. D.K., hijas del matrimonio K.-G., de acuerdo al resultado que arrojara el sorteo que previamente se realizaría ante escribano público y la parcela de 300 Ha sería transferida a la firma Cordova Land Company Limited.

Acordaron también que las donaciones se efectuaran con la condición de que las nombradas donatarias constituyan derecho real de usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer a favor de sus padres O. N. K. y E. L. G.

La donación a la actora se efectuó el 27 de diciembre del año 2004 y a sus hermanas Paula y Carolina el 5 de octubre de 2006 y en todos las escrituras de donación se dejó constancia que las donatarias declaraban su completa conformidad con los términos de la presente donación, la que aceptaban en todas sus partes. En este sentido, en las escrituras de donación cuyas copias obran a fs. 38/41 consta que también la actora presta conformidad respecto de la liberalidad efectuada por su madre a sus hermanas, en razón de haber recibido bienes por valores equivalentes.

También en todas las escrituras O. N. K.presta su conformidad con las donaciones.

Ya fallecido su padre y después de más de siete años de aquella donación a su favor, María Damiana inicia esta acción atacando diversos actos realizados por sus padres en fraude a la legítima y denuncia como integrante del acervo sucesorio el 100% de las acciones de Cordova Land Company Limited, bienes de carácter propio de su padre.

Se observa fácilmente que si bien la actora esta reclamando la integridad de su legítima por considerarla afectada, pretende volver para ello al 100% de las acciones, cuando de acuerdo a lo aquí narrado, ese 100% que pretende incluye la totalidad el campo “Los Alfares” sito en la Provincia de córdoba y que ya fue dividido entre las hijas del causante y la sociedad, integrada por su madre.

IV.- La cuestión jurídica.

Como se ha visto la actora pretende se integre su legítima considerando que en la sucesión de su padre debe computarse el 100% de las acciones de la sociedad Cordova Land Company Limited. Para ello, ataca los actos de transferencia de acciones y del campo “Los Alfares” de esa sociedad extranjera integrada por su padre y, luego de la transferencia de acciones, por su madre.

Ahora bien, aun en el caso que le asista razón, pues la donación y la compraventa entre cónyuges esta prohibida en el derecho argentino, a mi criterio, existen diversas cuestiones que obstaculizan la procedencia de la pretensión de la actora.

En primer lugar para volver a la partición del 100% de las acciones de la sociedad y en su consecuencia a la titularidad de esa sociedad sobre el campo “Los Alfares” que la misma actora reconoció que era el único patrimonio social, correspondería haber demandado, no solo a la sociedad, a los fines de la considerar el levantamiento del velo social por aplicación del art.54 de la ley de sociedades, sino también al resto de las herederas que han recibido por donación las 650 Ha, según la división de bienes que mediante donaciones hicieron los padres y que instrumentaron con las donaciones a sus tres hijas.

Se observa fácilmente que aunque confusamente del escrito inicial de la parte actora surge que en realidad ésta pretende que se parta del 100% de las acciones incluido el campo en su totalidad, por lo que en definitiva sólo puede concluirse que esta pidiendo una nueva partición.

Ello vuelve a reiterarlo en los agravios donde efectivamente se refiere a los actos inválidos efectuados por sus padres utilizando la sociedad citada.

En segundo lugar, si bien es cierto que la actora recibió las parcelas de campo con reserva de usufructo a favor de su madre, y aun cuando se considerara a dicho bien como propio del causante, no ha acreditado que ello no cubriera su legítima y que sea necesario volver sobre las acciones que le corresponderían en la sociedad, pues no se traído elemento probatorio alguno, ni la tasación del campo, ni la tasación de la nuda propiedad y del usufructo de las hectáreas que le fueron donadas, ni la valuación del 100% de las acciones de la sociedad, ni que su madre, la única demandada hubiera recibido en exceso su parte en la herencia, ni el cálculo de su legítima considerando el resto de los bienes de la sucesión; máxime teniendo presente que el campo se ha dividido en cuatro partes y su madre (a través de la sociedad) recibió menos hectáreas.

En tercer lugar, aun cuando se tomaran los dichos de la actora en su escrito de fs.189, al considerar que solicita el compl emento de la legítima y que además ello implica la colación de los valores donados en vida y en exceso por el causante, lo cierto es que no se ha integrado la litis con los demás legitimarios.

Además, deberían caer todos los actos anteriores por los que la demandada adquirió el campo “Los Alfares”, pues la donante es la madre demandada, y no el causante.

En este sentido, entiendo que cuando la actora se refiere al complemento de la legítima, esta haciendo mención a la integridad de la misma y no a la acción de complemento, pues ésta debió haberla dirigido en todo caso contra el heredero instituido, si lo hubiera, siguiendo una posición doctrinaria (Belluscio, Augusto César, Acción de complemento de la legítima, La Ley 1985-E-secc.doctrina, p. 672 y ss.), o contra los otros legitimarios o contra terceros si se asemeja aquélla a una verdadera reducción, según otra posición doctrinaria (Zannoni, Eduardo, Derecho de las sucesiones, T II, n° 967, p. 186, Cuarta edición actualizada. La misma interpretación siguen Fornieles, Tratado, T II, p. 108, n° 102; Maffía, Jorge O. Tratado de la sucesiones, T II, p. 858, n° 948, actualizado por Lidia Hernández y Luis Ugarte, segunda edición), para citar solo algunas.

En cuanto a la acción de colación, con ella ya no se trata de proteger la legítima sino la igualdad entre coherederos y en este sentido, la actora ha dado conformidad por considerarlas igualitarias a las donaciones efectuadas; pero además tampoco se ha acreditado que la parcela adjudicada a la única demandada, menor que la que correspondio a la actora y el usufructo, exceda la igualdad o resulte de ello el exceso para considerar procedente la reducción.

Tampoco ha demandado por la opción prevista en el art.3603, que aunque difícil aplicación al caso de autos, pues ha donado una persona distinta del causante y además se encuentra controvertido en doctrina la extensión de la solución del artículo a las donaciones, lo cierto es que no habiéndose trabada la litis al respecto, analizar la aplicación de esa norma y decidir en tal sentido afectaría el derecho de defensa de la demandada y de los legitimarios no citados a este juicio.

En cuarto lugar, las circunstancias que rodearon a la partición del campo a través de sucesivas donaciones a sus hijas tampoco revelan que se haya querido defraudar a la actora: Ésta recibió la donación del campo dos años antes que sus hermanas, además de haber adquirido otra fracción de campo denominada “La Luna” de aproximadamente 250Has, a la Sociedad Cordova Land Compañy Limited (conf. escrituras certificadas que en copia obran a fs. 314/316 y 317/320), participó de las reuniones de directorio dando conformidad a la venta del campo (conf. copia a fs. 325) y también dio conformidad, aceptando su propia donación de la 650 Ha y la reserva de usufructo a favor de su madre, así como las donaciones efectuadas a sus hermanas, que llamativamente sobre ellas nada dice en la demanda, con lo que demuestra que inicialmente la igualdad entre esas herederas no esta cuestionada.

Además, de los autos “G. de K., E. L. contra Birkner Cogan, Jorge Raúl sobre Diligencia preliminar” surge que el administrador y apoderado de la demandada era precisamente el esposo de la actora hasta octubre de 2011 y que la armonía familiar se rompió cuando se le reclamó rendición de cuentas.Obsérvese que recién en febrero de 2012, se inició la demanda de fraude a la legítima, después de ocho años de la donación y pocos meses después de aquel reclamo de rendición de cuentas, por lo que la presente acción aparece como una respuesta a la pérdida de la confianza de la familia a la administración del cónyuge de la actora.

Tales circunstancias se encuentran corroboradas por la declaración de fs. 298 de Carlos Alberto Elías Alvarado, abogado patrocinante de la sucesión del causante, quien da cuenta de un testamento por acto público donde la demandada mejoraba a su hija María Damiana con el quinto disponible y además de una donación de acciones de una sociedad uruguaya que realizó la demandada a favor de la actora. Señala también las relaciones cordiales entre todos los involucrados en la sucesión de O. K. hasta que cambió drásticamente esa situación por el juicio contra Bikner Cogan. También en igual sentido declara María Estela Facio con relación al rol que desempeñaba el esposo de la actora en la administración y distribución de los bienes familiares que llevaron a las donaciones que la demandada efectuó a sus hijas con reserva de usufructo.

De igual forma Agustín Nottebohm, arrendatario del campo de la familia, a fs. 336 dice que los primeros años al campo lo administraba el causante y más adelante Jorge Bikner, desde aproximadamente el año 2005. Da cuenta de que arrendaba el campo La Luna y firmaba con D. K. del 2003 al 2009 y luego no le alquilaron más, por lo que supone que se vendió. También los arriendos del campo El Sol los pagaba a Oscar Bikner.Con ello también se pone de manifiesto que el cónyuge de la actora administraba todo el patrimonio familiar.

En quinto lugar, la pretensión inicial de la actora deberá rechazarse porque parecería pretender hacer caer las donaciones al afectar su legítima e ir ahora por la partición de las acciones, y en tal caso tampoco ha demandado a todas las partes interesadas en una nueva partición.

En efecto, si cayeran los actos de transferencia de acciones y venta del campo realizada por la sociedad manejada por el padre a favor de la madre, también deberían caer las donaciones de las distintas parcelas en las que se dividió el campo perteneciente inicialmente la sociedad, no solo a favor de la actora sino también a favor de sus hermanas, las que no están demandadas.

V.- El usufructo como condición a la legítima.

La actora sostiene que la legítima no puede condicionarse ni sujetarse a gravamen alguno.

En este aspecto, es cierto que el art. 3598 establece que el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas declaradas en este título. Si lo hiciere, se tendrán por no escritas.

En el caso de autos, a mi criterio, se da una situación distinta. En efecto, se advierte que tanto los padres como las hijas llegaron a un acuerdo en cuanto la madre se reserva el usufructo de las hectáreas de campo donadas a sus hijas y todos prestaron conformidad.

Es cierto que la legítima no puede renunciarse, por lo que si la actora hubiera probado que con la partición realizada por sus padres del campo “Los Alfares” se ha violado su legítima, aun en el caso de que el campo se tratara de un bien propio del causante, su pretensión sería procedente, pero no ha acreditado tal extremo.

VI.- La teoría de los propios actos.

La parte actora cuestiona la aplicación que hiciera el a quo de la teoría de los propios actos.Se queja que se invocara la doctrina de los propios actos para fundar su condena menciona la irrenunciabilidad de la legítima como obstáculo que eliminaría la posibilidad de aplicarla.

Cabe observar que en la división del campo, la madre a través de la sociedad se ha quedado con menos hectáreas de campo que sus hijas y a cambio se le ha reconocido el usufructo. Pues bien, a mi criterio, la accionante debería haber probado que se ha violado su legítima, pues en tal caso y como consecuencia de la irrenunciabilidad de esa porción debería acogerse la demanda. Al no haber acreditado tal circunstancia, y considerando que ha consentido la distribución de bienes que se realizara por donación con reserva de usufructo en vida de su padre, ahora sí coincido con el primer sentenciante que la accionante se ha puesto en contradicción con sus propios actos.

Ello me lleva a referirme específicamente a la doctrina de los propios actos cuestionada por el demandado.

Como es sabido la regla enunciada: Nemo contra factum propium venire potest, venire contra factum propium no valet es una de las expresiones de los principios generales del derecho; de allí que para precisar su sentido la doctrina se ha detenido en el principio general de la buena fe. Así, se la ha caracterizado como una derivación necesaria e inmediata del principio de la buena fe que obliga al proceder leal (Diez Picazo, Luis, “La doctrina de los propios actos” cap. III y IV).

Siguiendo al citado autor en la obra mencionada, cabe considerar como presupuesto de la aplicación de esta teoría:1) Que se haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una conducta relevante y eficaz; 2) Que con posterioridad, la misma persona intente el ejercicio de un derecho, creando una situación litigiosa y formulando en ella determinada pretensión y 3) Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista incompatibilidad o contradicción que atenten contra la buena fe.

Aquello que se considera inadmisible es que un sujeto quiera esgrimir una pretensión jurídica contradictoria con una conducta anterior, en tanto ésta había suscitado confianza en otro sujeto, que ahora aparece afectado por el ejercicio de la nueva pretensión, al ver defraudada la fe puesta en el comportamiento primitivo. Es la fides depositada en el comportamiento del otro, que se supone leal y coherente, la que se ve lesionada, justamente, por deslealtad e incoherencia (Bianchi, Enrique Tomás e Iribarne, Héctor, El principio general de la buena fe y la doctrina “Venire contra factum propium no valet”, ED 106-857).

En este aspecto, la jurisprudencia ha señalado que “nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, y toda pretensión formulada dentro de una situación litigiosa, por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esta pretensión debe ser desestimada (conf. CNCiv. Sala F, junio 22-1983, LL 1983-D-146; CNCiv. Sala E, junio 6-1980, LL 1983-D-523; CNCiv. Sala A, marzo 8-1983, LL 1983-C-440; CNCiv. Sala D, nov. 19-1982, JA 1984-I-478; CNCiv. Sala C, oct.5-2004, Lexis 1/70015317-2; CNCiv. Sala E, junio 14-2006, Lexis 1/70037779-3; CNCiv. Sala F, oct.19-2005, Lexis 1/1009592; CNCiv.Sala M, julio 6-2005, Lexis 1/70023403-2, a manera de ejemplo).

De todos modos, como se ha dicho la no concurrencia acumulativa de todos y cada uno de los diversos recaudos señalados por la doctrina no debe fatalmente redundar en la imposibilidad de invocar el venire contra factum; de allí que su aplicación debe en algunos casos contentarse con lo medular de la teoría, esto es, confianza defraudada, plexo contradictorio, identidad de sujetos, so pena de tornar estéril el esfuerzo tendiente a cumplir el ideario de la de la doctrina de los propios actos (Morello, Augusto, Stiglitz, Rubén, La doctrina del acto propio, LL 1984-A-871; Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O. La doctrina de los propios actos en el ámbito del procedimiento civil, JA 1985-IV-821).

Asimismo, esta doctrina de los propios actos, como derivación del principio de la buena fe, encuentra también fundamento en los arts. 1198 y 1111 del Código Civil (Morello, Augusto, Recepción jurisprudencial de la doctrina de los propios actos, Revista del Derecho comercial y de las Obligaciones, núm. 9, p., 814).

En el caso de autos coincido con el primer sentenciante que la posición de la actora en este juicio resulta contraria al principio de la buena fe y se pone en contradicción con su actuación anterior. Ello así, pues reitero asistiría razón a la apelante si se hubiera probado que su legítima se encuentra vulnerada, la solución se encontraría en los arts. 3598 y 3599 del Código Civil. Pero reitero la actora no ha acreditado tal extremo, por lo que no cabe duda que habiendo consentido la forma en que se ha distribuido el campo “Los Alfares”, ello resultó relevante jurídicamente, por lo que no puede ponerse en contradicción con aquello que consintió.

En consecuencia, propondré a mis distinguidos colegas confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue materia de agravios. Con costas de alzada a la actora que resulta vencida (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Ameal y el Dr.Domínguez por las razones y consideraciones aducidas por la Dra. Hernández votan en el mismo sentido a la cuestión propuesta. FDO. LIDIA B. HERNÁNDEZ- OSCAR J. AMEAL- CARLOS A. DOMÍNGUEZ-JAVIER SANTAMARIA (SEC.). Es copia.

Buenos Aires, de mayo de 2015.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue materia de agravios, con costas de alzada a la actora que resulta vencida (art. 68 del Código Procesal).

Diferir regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

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