La falta de servicio, falta de cancelación adecuada y reiterados incumplimientos por parte de la empresa de telefonía exceden las gestiones insignificantes o cotidianas, lo que justifica la indemnización

Telefono.Partes: Viera Sergio Tulio c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 29-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93955-AR | MJJ93955 | MJJ93955

La adecuada prestación de servicios públicos debe ser uno de los propósitos primordiales del Estado, por lo cual cualquier irregularidad en el servicio que cause perturbaciones que no puedan ser enmendadas deben ser resarcidas. Cuadro de rubros indemnizatorios.
fhghj

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda promovida contra la empresa telefónica en aras de obtener una indemnización por daño material y daño moral por la falta de servicio, falta de cancelación adecuada y reiterados incumplimientos por parte de la empresa, pues los reclamos efectuados por el actor exceden las gestiones insignificantes o cotidianas.

2.-Debe reducirse la suma otorgada en concepto de daño moral al tener en cuenta que los padecimientos sufridos por el actor fueron con el objeto de lograr la baja de un servicio que consideraba defectuoso, y del reintegro de sumas mal facturadas.

3.-A los fines de cuantificar el daño moral, cabe considerar que el actor debió reclamar también ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones porque se pretendía cobrarle un servicio al que había renunciado producto de las deficiencias de su prestación, y que también debió presentarse ante esta autoridad cuando la licenciataria le reclamó el pago de un modem que ya había sido entregado en mano al propio apoderado de la empresa.

4.-La licenciataria del servicio público telefónico tiene no sólo el control cuasi unilateral de lo facturado y de la forma de prestación del servicio, sino también la posibilidad de perseguir su cobro por la vía ejecutiva y de cortar el suministro, mientras que el usuario no posee los elementos técnicos necesarios para comprobar la no prestación del servicio, más allá de la prueba de indicios, lo que coloca al usuario en una situación de indefensión y vulnerabilidad que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar los perjuicios sufridos.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Viera Sergio Tulio c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. El juez a quo dispuso hacer lugar a la demanda promovida por el señor Sergio Tulio Vera contra Telefónica de Argentina S.A. por incumplimiento de contrato y la condenó a pagarle al actor la suma de $21.970 en concepto de daño material ($1.970) y daño moral ($20.000), con más los intereses y costas.

Contra esta decisión apeló la empresa telefónica a fs. 343, recurso que fue concedido a fs. 344. Expresó agravios a fs. 352/354, que fueron respondidos por la parte actora a fs.356/358.

Se ha planteado también un recurso contra la regulación de honorarios (ver fs. 345 y concesión de fs. 346) que, en caso de corresponder, será tratado al final del Acuerdo.

II. La parte demandada cuestiona la procedencia del reclamo por daño moral por considerar que el mismo no se encuentra acreditado. Expone que la decisión se funda en hechos “insignificantes y hasta podríamos decir cotidianos, como ser la realización de reclamos telefónicos y gestiones- ” (ver fs. 352). Agrega que “el daño moral no debe resarcir cualquier aflicción, o padecimiento sino aquellos que agravian intereses extrapatrimoniales como la salud, la integridad física, la intimidad, el honor, etc.” (ver fs. 352vta.).

Subsidiariamente cuestiona el monto otorgado -que a su criterio no fue fundado por el juez- y cita en su defensa distintas causas que considera similares y donde se establecieron sumas indemnizatorias inferiores (ver fs.353).

En el caso ha quedado acreditado que la empresa demandada prestaba el servicio telefónico domiciliario mediante la línea (011).-. al actor y que además contrató el servicio de internet denominado “Speedy”, cuya baja requirió con posterioridad. Este servicio fue solicitado el 7 de octubre de 2006 y cumplido a partir del día 30 del mismo mes. Debido a las deficiencias del servicio, el actor el 23 de marzo de 2007 envió a la empresa una carta documento solicitando su baja, la cual no se concretó y originó otros reclamos análogos en los meses posteriores, conflicto que se agudizó con la facturación, el corte del servicio básico telefónico y, ulteriormente, la entrega del módem (ver fs. 194/203 y 238). Finalmente el servicio se canceló el 14 de agosto de 2007, pese a lo cual continuaron los reclamos por falta de reintegro de conceptos mal facturados por varios meses más.

Asimismo, los reintegros efectuados por la empresa de telefonía vinculados a la facturación del servicio “Speedy” y los días que el actor estuvo sin servicio (ver fs. 249 y 298/99), corroboran su deficiente prestación, a lo que debe agregarse que hizo falta la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de una escribana particular, para lograr la pretendida cancelación del servicio y la reinstalación del servicio básico telefónico que había sido cortado (ver fs. 49/50 y 258).

Sobre esta base, el juez de grado ponderó a los efectos de la cuantificación del daño moral, las cartas y reclamos efectuados, la suspensión posterior del servicio de telecomunicación, el tiempo empleado en efectuar reclamos y gestiones ante la empresa, la denuncia formulada ante la Comisión Nacional de Comunicaciones y el acta confeccionada por la Escribana Schmitman (ver fs. 337).

En tal sentido, advierto que durante el año 2007 el actor efectuó numerosos reclamos por carta documento: 23/3, 18/5, 7/6, el 5/7 y 23/7 (ver fs.4, 7, 11, 13 y 16), que la demandada nunca contestó. Asimismo, con fecha 20 de julio se le cortó el servicio telefónico, lo cual también originó un reclamo (carta documento del 2/8 -fs. 18-) y se logró su reposición el 6 de agosto de 2007, previa realización de un acta de constatación por parte de la escribana Aida M. Schmitman (ver fs. 22). Con posterioridad el 22/10 se realizó un nuevo reclamo (de su lectura se puede verificar todo el recorrido efectuado por el reclamante), que tampoco mereció una respuesta concreta por parte de la empresa telefónica (ver fs. 25). En este marco el actor debió reclamar también ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con fecha 23/7 porque se pretendía cobrarle un servicio al que había renunciado producto de las deficiencias de su prestación (ver fs. 31/32). También debió presentarse ante esta autoridad el 13/3/2008 cuando la licenciataria le reclamó el pago de un modem “Speedy” que ya había sido entregado en mano al propio apoderado de la empresa (ver fs. 45 y 48).

En este contexto, no tengo dudas acerca de la procedencia del daño moral.

En efecto, en este tipo de conflictos esta Sala ha juzgado que no se requiere demasiado esfuerzo para darse cuenta de la incomodidad que la privación de servicios públicos básicos como el que se discute aquí causa en las personas. La dimensión del daño moral ha ido ampliándose hasta cubrir este tipo de padecimientos; la progresiva superación del rígido molde originalmente establecido encuentra su explicación en la dignidad de la persona (conf. causas “Patlis” nº 114/01 del 3/2/11, “González Magot” nº 13.724/06 del 20/3/12, y “Mizrahi” nº 8361/09 del 15/5/12).

También se ha dicho que la adecuada prestación de los servicios públicos debe constituir uno de los propósitos primordiales del Estado.Las personas cuentan con ellos para el desenvolvimiento de sus vidas y de sus actividades comerciales o profesionales. De ahí que cualquier irregularidad, se traduzca en perturbaciones que no pueden ser enmendadas posteriormente. La incomunicación, en sí misma, causa angustia e impotencia, sobre todo en una época en que el desarrollo tecnológico la hace injustificable. Quienes se dedican a prestar servicios públicos deben ser conscientes de ello y de las alteraciones que en la vida cotidiana de los usuarios causa el deficiente cumplimiento de sus obligaciones (confr. 9.747/05 del 3-3-09, voto del doctor Guillermo Alberto Antelo y causa 114/01 del 3-2-11).

Personalmente he señalado también que la licenciataria del servicio público telefónico tiene no sólo el control cuasi unilateral de lo facturado y de la forma de prestación del servicio, sino también la posibilidad de perseguir su cobro por la vía ejecutiva y de cortar el suministro, mientras que el usuario no posee los elementos técnicos necesarios para comprobar la no prestación del servicio, más allá de la prueba de indicios (causa 10.395/07 del 11/12/12). Esto necesariamente coloca al usuario en una situación de indefensión y vulnerabilidad que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar los perjuicios sufridos.

No debemos olvidar que la protección que la Constitución brinda al usuario de servicios públicos no se trata de frases que sirven para exhibir linduras literarias, sino de normas jurídicas obligatorias y vinculantes. La obligación de las autoridades de proveer protección a los derechos de usuarios y consumidores para proteger a la vez la calidad y eficacia de los servicios públicos, alcanza sin duda alguna a los jueces, que también son autoridades en cuanto órganos del Poder Judicial (conf.Sala I, causa 10.245/93 del 10/06/97).

Como adelanté, por aplicación de estos principios considero debidamente acreditado el daño moral sufrido por el actor, ya que todo su derrotero va mucho más allá de lo que tristemente la demandada intenta hacer aparecer como “insignificantes” o “cotidianos”. Posiblemente hubieran sido insignificantes, si la empresa licenciataria se hubiera dignado a contestar alguna de las cartas documento o se hubiera puesto en contacto con el actor pare resolver el problema, en lugar de hacer como si nada pasara durante meses. No tengo dudas que la impotencia y el enojo frente a la desidia y el desinterés absoluto de la empresa prestadora de servicio por la situación del cliente, a quien no sólo desoye sino que además le advierte sobre las consecuencias de su incumplimiento, constituye una causa de agravamiento del daño moral.

En estos términos corresponde desestimar el agravio respecto de la procedencia del daño moral.

De todos modos, no puedo omitir considerar que los padecimientos sufridos por el actor fueron con el objeto de lograr la baja de un servicio que consideraba defectuoso y el reintegro de las sumas mal facturadas y que en lo que se refiere específicamente a la prestación del servicio telefónico, el mismo estuvo interrumpido por el término de 15 días, razón por la cual, sin perder de vista lo señalado en el párrafo anterior, considero que la reparación dispuesta debe reducirse prudencialmente a la suma de $14.000.

III. En consecuencia, propongo al Acuerdo: modificar el fallo con el siguiente alcance: reducir la reparación correspondiente al daño moral a la suma de $14.000.

Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida y las de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

Así voto.

Los Dres. Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de abril de 2015.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo con el siguiente alcance: reducir la reparación correspondiente al daño moral a la suma de $14.000.

Las costas de primera instancia se imponen a la demandada vencida y las de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

Una vez que se encuentre firme la liquidación del crédito que se manda pagar y sus intereses, vuelvan las actuaciones a efectos de proceder a fijar los honorarios correspondientes a ambas instancias (art. 279 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

Graciela Medin a Ricardo

Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s