Responsabilidad por la sustracción del rodado que se encontraba bajo la custodia de la policía.

autoPartes: El Comercio Compañía de Seguros A Prima Fija S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior -PFA s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93775-AR | MJJ93775 | MJJ93775

El Estado es responsable por la sustracción del rodado que se encontraba bajo la custodia de la policía.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la condena impuesta al Estado toda vez que al agente de la Policía Federal se le asignó un deber particular y concreto de custodia, y no fue debidamente cumplido, puesto que el rodado que estaba bajo su cuidado, fue robado.

2.-La invocación de la figura del depositario prevista en el Código Civil queda desprovista de fundamento a los fines de revertir la responsabilidad del Estado por el robo del vehículo que estaba bajo su custodia, puesto que, justamente el depositario es quien está obligado a un obrar diligente en la guarda de la cosa depositada.

3.-Ante la existencia comprobada de un concreto deber de custodia, el hecho de que el agente haya perdido de vista el rodado durante unos breves minutos, y que durante dicho lapso el vehículo fue robado, no comporta una razón suficiente para justificar la irregular ejecución del servicio a su cargo, y, por tanto, para eximirse de responsabilidad.

4.-Se confirma la responsabilidad del Estado por el robo del vehículo puesto que el reconocimiento del hecho dañoso realizado por el agente codemandado resulta suficientes para imputar a aquélla su responsabilidad en el hecho dañoso producido por su dependiente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1112 del CCiv.

5.-Toda vez que cuando el perjuicio que sufre el particular deriva de la ejecución irregular de las obligaciones legales a cargo de los agentes públicos actuando en el ejercicio de sus funciones, es decir, como órganos de la administración, corresponde imputar al Estado la obligación de resarcir los daños.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de 2015, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en autos: «El Comercio Compañía de Seguros A Prima Fija SA c/ EN -Mº Interior -PFA s/ daños y perjuicios»,

El Dr. Rodolfo Eduardo Facio dijo:

1. La demanda, promovida por la firma actora subrogándose en los derechos del asegurado, dirigida contra el Estado Nacional, Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina (PFA), y el agente policial Marcelo Gabriel Conrado, tuvo por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido. La demandante explicó que dicho daño estuvo configurado por haber abonado la póliza de seguros nº 1.787.848. Imputó al Estado Nacional la negligente actuación policial, dada por la sustracción, por terceros, de un vehículo automotor sobre el que la PFA tenía un deber de custodia. Reclamó, concretamente, el pago de la suma de $28.398,60 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago de la condena (fs. 76/81).

2. El señor juez de primera instancia admitió la pretensión y condenó a la parte demandada a pagar una suma de $28.398,60, con intereses «que se calcularán según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (art. 10 del decreto 941/91 (conf. art. 622 del Código Civil), desde la fecha en que quedó acreditado el hecho dañoso [.] hasta el efectivo pago» (fs. 181/183).

Para decidir del modo en que lo hizo, señaló que:

(a) El allanamiento efectuado por el co-demandado Marcelo Gabriel Conrado, agente de la Policía Federal Argentina, importa un reconocimiento a las pretensiones de la contraria y exterioriza la voluntad de no continuar la contienda admitiendo los extremos invocados;

(b) En cuanto a la responsabilidad de la PFA:(b.1) el reconocimiento del hecho dañoso realizado por el agente Conrado y la documentación agregada en la presente causa resultan suficientes para imputar a aquélla su responsabilidad en el hecho dañoso producido por su dependiente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1.112 del Código Civil; (b.2) cuando el perjuicio que sufre el particular deriva de la ejecución irregular de las obligaciones legales a cargo de los agentes públicos actuando en el ejercicio de sus funciones, es decir, como órganos de la administración, corresponde imputar al Estado la obligación de resarcir los daños; (b.3) la actividad probatoria desplegada por la parte actora, en la etapa procesal oportuna, resulta suficiente para demostrar el hecho dañoso y la imputación de responsabilidad a las aquí demandadas.

3. Al advertir que esa decisión no había sido notificada al co-demandado Marcelo Gabriel Conrado, el tribunal remitió las actuaciones a la instancia de grado a ese efecto (fs. 208), que fue cumplido en forma adecuada (fs. 219/221).

4. Contra dicha decisión, parte demandada apeló y expresó agravios (fs. 199/201 vta.), que fueron replicados (205/206).

Los agravios pueden ser sintetizados en que la sentencia apelada: (i) no consideró que medió la conducta de un tercero por el cual el Estado no debe responder, (ii) no exhibió fundamentos suficientes sobre la responsabilidad admitida, (iii) no tuvo en cuenta que «numerosa jurisprudencia» ha sostenido que los intereses deben ser calculados a la tasa del 8% anual desde el inicio de la mora hasta el pronunciamiento apelado, y (iv) no aplicó el mecanismo de pago previsto en el art. 22 de la ley 23.982.

5. Los dos primeros agravios fueron desarrollados en los términos que se describen a continuación:(i) «la conducta de quien sustrajo el rodado es la causa excluyente de toda la responsabilidad que se le imputa a mi mandante»; (ii) cumplió «con todas sus obligaciones legales», ya que luego «de localizar el rodado, se dejó a un efectivo policial uniformado con el fin de custodiar el rodado»; (iii) ese agente «cumplió con su función y sólo perdió de vista el rodado por unos breves minutos, momento en el cual uno o varios malvivientes sustrajeron el rodado en cuestión, por lo que la responsabilidad es exclusiva del/los terceros que cometieron ilícitos»; (iv) «debe aplicarse, por analogía, las obligaciones del depositario y, al respecto el Código Civil establece que el depositario está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada, que en las suyas propias. Vale destacar que mi parte cumplió con dicho requisito»; (v) en el caso «Mosca» —en el que hace hincapié— la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que «.el servicio de seguridad no está legalmente definido de modo expreso y determinado, y muchos menos se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros. Consagrar una regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha tomado, y que no registra antecedentes en el derecho comparado. Por lo demás, sería irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger; (vi) no puede afirmarse, «como lo pretende el actor, que exista el deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables».

6.Las expresiones recién reseñadas, más allá de su extensión, no comportan un desarrollo argumental que permita conducir a una solución distinta a la que llegó el juez.

En efecto:

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige la presencia de diversos recaudos para el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado en el campo de las conductas ilícitas: (a) un supuesto de «falta de servicio»; (b) un daño cierto y actual; (c) una relación de causalidad entre ese daño y la conducta dañosa; y (d) la posibilidad de imputar jurídicamente el daño al Estado (Fallos: 328:2546 ; 331:1690 ; 332:2328 ; 333:1404 y 1623; y 334:376 y 1074; entre otros). En el mismo sentido se ha pronunciado esta sala (causas «Escobar Aldao», «Ocean Fish» y «Adorno», sentencias del 20 de marzo, del 31 de mayo y 20 de diciembre de 2012, respectivamente).

Al consagrar explícitamente el concepto «falta de servicio» en una larga línea de pronunciamientos dictados a partir del conocido precedente «Vadell» (Fallos:306:2030), el Alto Tribunal lo hizo con fundamento en el artículo 1112 del Código Civil, como un concepto que implica «una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular» y anudado a un factor de imputación directo, por la recepción de la «teoría del órgano» —en tanto los agentes u órganos integran el Estado, es decir forman parte de él— y a un factor de atribución objetivo.

Indicó —reiteradamente— que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular». A lo que añadió que «esa idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad ‘por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas’». Enfatizó este aspecto al decir que «no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva».

Y puso de relieve que ello pone en juego y traduce la responsabilidad extracontractual del Estado «en el ámbito del derecho público», que no comporta una responsabilidad indirecta, «toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas» (Fallos:321:1124 ; 328:2546 ; 330:563 ; 330:2748 ; 330:3447 ; 331:1690 ; 332:2328 ; 333:1404 y 1623; 334:376 , 1036 y 1361; entre otros). Se trata, pues, de una responsabilidad objetiva y directa, fundada en normas y principios de derecho público (causas «Escobar Aldao», «Ocen Fish» y «Adorno», citadas).

7. No se encuentra controvertido que al agente co-demandado se le asignó un deber particular y concreto de custodia. Así lo relato él mismo en su declaración testimonial de sede administrativa (cuya copia consta a fs. 64y 65 vta.), donde puede leerse: «en el día de la fecha le fue asignado la cobertura de la consigna sita en la calle Pje. Casique 2660 sobre la camioneta marca CITROEN BERLINGO dominio FAN-387.». La PFA reconoció esa circunstancia.

En ese contexto, es decir ante la existencia comprobada de un concreto deber de custodia, dos afirmaciones ofrecidas en la expresión de agravios pierden consistencia: (i) la afirmación concerniente a que «el servicio de seguridad no está legalmente definido de un modo expreso y determinado, y (ii) la afirmación de que el agente co-demandado «sólo perdió de vista el rodado durante unos breves minutos» no comporta una razón suficiente para justificar la irregular ejecución del servicio a su cargo, y, por tanto, para eximirse de responsabilidad (Fallos: 330:2748).

Desde esa perspectiva, la invocación de la figura del depositario prevista en el Código Civil queda desprovista de un fundamento serio. Ello es así con mayor razón aun, si se tiene en cuenta que, en esa línea argumental, la apelante alega únicamente que «el depositario está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada, que en las suyas propias [.] mi parte cumplió con dicho requisito», sin un desarrollo argumentativo más convincente.

Por esas razones, los dos primeros agravios deben ser desestimados.

8. La misma conclusión es predicable del tercer agravio.Adviértase que allí no se expone, ni siquiera mínimamente, a qué jurisprudencia «numerosa» se hace referencia, ni, tampoco, qué relación tendría con este caso. Sin perjuicio de esa deficiencia, debe recordarse que el decreto 941/91 faculta a los magistrados aplicar la tasa fijada por el juez, que ha sido utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 329:4826 , 331:2210) y por esta sala (causas «Pelecano», «Domanico», «Jiménez», «Suazo» y «Ponessa», pronunciamientos del 17 de marzo de 2009, del 1 de febrero de 2012, del 23 de agosto de 2012, del 19 de febrero de 2013 y del 10 de junio de 2014, respectivamente).

9. El crédito reconocido por el juez deberá ser satisfecho con arreglo a lo dispuesto en los arts. 123, 133, 134 y 135 de la ley 11.672, especialmente si se tiene en cuenta la condición de orden público que ostenta la ley 23.982 de acuerdo con la previsión de su art. 16.

10. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte demandada en tanto resulta vencida (arts. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En mérito de las razones expuestas, voto que: (i) se desestimen los agravios referentes a la responsabilidad admitida en la sentencia apelada y a la tasa de interés aplicable; (ii) se disponga la observancia del mecanismo que debe seguirse para obtener el cobro de la suma reconocida, de conformidad con lo expresado en el considerando 9; y (iii) se impongan las costas de esta alzada a la parte demandada.

Los Dres. Clara María do Pico y Carlos Manuel Grecco adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: (i) desestimar los agravios referentes a la responsabilidad admitida en la sentencia apelada y a la tasa de interés aplicable; (ii) disponer la observancia del mecanismo que debe seguirse para obtener el cobro de la suma reconocida, de conformidad con lo expresado en el considerando 9; y (iii) imponer las costas de esta alzada a la parte demandada.

El Dr. Carlos Manuel Grecco suscribe en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Clara María do Pico

Rodolfo Eduardo Facio

Carlos Manuel Grecco

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