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Conductor de un taxi que embistió a un peatón que se disponía a cruzar por la senda peatonal. Disidencia aplica el nuevo Código Civil y Comercial.

corsa-clasic-16-mod-2005-2006-y-2007_7bd3dfa99_3Partes: M. R. J. c/ F. J. C. A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 7-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93779-AR | MJJ93779 | MJJ93779

Conductor de un taxi que embistió a un peatón que se disponía a cruzar por la senda peatonal, debe responder por los daños causados, toda vez que no demostró que la víctima cruzara de manera imprevista. La disidencia aplica el nuevo Código Civil y Comercial en la cuantificación del daño. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar al reclamo indemnizatorio por el accidente de tránsito sufrido por el actor, cuando se hallaba cruzando por la senda peatonal ubicada en la intersección de dos calles, y un vehículo afectado al servicio de taxi, propiedad del emplazado, giro desde una arteria embistiéndolo, toda vez que no se ha logrado demostrar que el accionante cruzara la calle corriendo o de manera imprevista. Reducción de la partida por daño físico y daño moral.

2.-Se intenta obtener la fractura del nexo causal alegando que medió culpa de la víctima quien, debido a la intensa lluvia y a la utilización de un paraguas que le obstruía la visión, no alcanzó a advertir la presencia del taxímetro, extremo que no fue probado.

3.-Le es reprochable al titular dominial la conducta asumida por el conductor del vehículo sea porque no conservó el dominio del rodado, por no estar atento a las contingencias e imprevisiones que se podían suscitar en el tránsito, o bien por haber advertido tardíamente la presencia del actor, no alcanzando a detener el mismo de manera oportuna para evitar su embestida.

4.-Toda vez que en autos se han cuantificado los montos indemnizatorios acorde a los valores vigentes a la sentencia de grado, la aplicación de la tasa activa debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde la fecha del plenario, se consagraría una alteración del capital establecido, configurando un enriquecimiento indebido.

5.-El nuevo Código Civil y Comercial Unificado establece en su art. 1741 in fine que la cuantificación del daño moral debe traducirse en una suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima; norma que debe ser tenida en cuenta por los jueces en tanto manifestación de la intención del legislador, por ello, teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la víctima, el prolongado tiempo de recuperación (70 a 90 días), así como los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en una persona con las condiciones de la demandante, de 60 años al momento del accidente, debe confirmarse la suma de $ 60.000,00 otorgada por el daño moral (del voto en disidencia Dr. Picasso).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de abril del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «M., R. J. c/ F., J. C. A. y otros s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito con lesiones o muerte)», respecto de la sentencia de fs. 195/205, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO.-

A las cuestiones propuestas, el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1°.- La sentencia dictada a fs. 195/205 admitió la acción resarcitoria entablada por R.J. M. contra J. C. A. F. Asimismo, hizo extensiva la condena contra «Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.», quien fuera citada en los términos del art. 118 de la ley 17.418. La demanda fue promovida a raíz del accidente sufrido por el demandante el día 21 de octubre de 2008, cuando se hallaba cruzando por la senda peatonal ubicada sobre la calle Lavalle, en su intersección con la calle Cerrito, de esta ciudad y un vehículo afectado al servicio de taxi, propiedad del emplazado (conducido en la ocasión por el Sr. M. F. P.), giró desde esa última arteria hacia Lavalle, embistiendo al actor. Como consecuencia de ello, el Sr. M. sufrió lesiones por las cuales aquí acciona, haciéndose acreedor de la suma de $ 165.000.-

A partir del pronunciamiento de primera instancia, se alza en grado de apelación la citada en garantía, pues a fs. 207 se declaró la deserción de la vía recursiva interpuesta por el demandante.-

Los agravios de la compañía aseguradora lucen a fs.221/224 vta., referentes a la responsabilidad total que le fue atribuida al emplazado, como también respecto de las partidas concedidas y la tasa de interés acordada.-

Dichas quejas obtuvieron réplica del actor a fs. 230/230 vta.-

2°.- Previo a todo, conforme ha sido señalado, la presente acción persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el demandante, con motivo del accidente que tuvo lugar el día antes aludido, mientras se encontraba cruzando por la senda peatonal ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Cerrito y fue embestido por el automóvil de alquiler, propiedad del demandado.-

En el caso sometido a estudio, la citada en garantía se queja de habérsele atribuido al emplazado (titular dominial del rodado) la totalidad de la responsabilidad por el evento. En primer lugar, sostiene que el actor incurrió en diversos errores al narrar la secuencia de los hechos, como ser el día en que aconteció el accidente, o bien de qué arteria provenía el taxímetro propiedad del demandado. Señala que el actor utilizaba un paraguas, dado que era un día en el cual llovía intensamente, razón por la cual a ambas partes incumbía la carga de prestar mayor atención para circular en la vía pública. Finalmente, pone de resalto que el médico forense -en la causa penal- determinó que las lesiones presentadas por el actor podían ser producto de un atropello o por haber atropellado el actor un cuerpo rígido. Por estos motivos, solicita la distribución en partes iguales de la responsabilidad por el evento.-

El art. 1113, párrafo 2do. «in fine» del Código Civil, regula lo atinente a la responsabilidad civil por el riesgo de las cosas, aplicable a los accidentes en que son víctimas peatones y que consagra la inversión de la carga de la prueba que obliga al conductor a arrimar las que desvirtúen la presunción legal en su contra.Al tratarse de un daño ocasionado por el riesgo, al damnificado le basta con probar el daño sufrido y la relación de causalidad entre ambos. Con la reunión de dichos extremos, se presume la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa quien, para eximirse o disminuir tal atribución, debe acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad (conf. art. 1113 2º párrafo «in fine» del código Civil.; Llambías, J.J. «Obligaciones», t. IV-A, p. 598, nº 2626, «Estudio de la reforma del Código Civil», p. 265 y «Código Civil Anotado», t. II-B, p- 462; Borda G.A. «Obligaciones», t. II, p- 254, nº 1342; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio- Zannoni, «Código Civil comentado, anotado y concordado», t. 5, p. 461, nº 15; Bustamante Alsina, J. Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 265, nº 860).-

Los conductores de vehículos deben obrar con cautela, previendo conductas distraídas o imprudentes de los peatones, que conforman riesgos comunes a la circulación vehicular, lo cual por cierto no justifica el obrar temerario de los transeúntes, que también deben ajustar su actuación a los dictados de una adecuada disciplina vial, de la que son principales beneficiarios (conf. esta Sala, libres nº 65.020 del 7-6-90, nº 67.007 del 6-7-90, nº 74.818 del 21-12-90, nº 82.253 del 14-9-91, nº 185.381 del 16-6-96, nº 193.622 del 2-10-96, nº 204.659 del 14-4-97, nº 214.477 del 17-8-97 y nº 160.165 del 18-2-98, entre muchos otros).-

Establecido ello, debo enfatizar que la ocurrencia del evento está reconocida por ambas partes. El punto de discusión -al momento de trabarse la litis- era la eximente legal esbozada por el demandado y su aseguradora:que el accidente tuvo lugar por culpa de la propia víctima, quien habría intentado infructuosamente trasponer la calle Lavalle de manera sorpresiva (corriendo). Sin embargo, esta versión del evento quedó desechada, por las razones brindadas en la sentencia apelada.-

Ahora bien, ante esta alzada, la citada en garantía pretende eximir parcialmente a su asegurado de la responsabilidad que a este último le fue atribuida, alegando que incumbía a las dos partes -actor y demandado- tener conductas más cautelosas, en función del clima desfavorable que azotó a ese día.-

Tanto en sede penal (causa n° 42.084/08, cuyo original tengo a la vista en este acto) como en este proceso civil, declararon los testigos T. y S., quienes aludieron que tanto el actor como el taxista estaban habilitados por el semáforo. Ello se infiere con toda lógica, en la medida que no se informó que las señales lumínicas funcionaran de manera defectuosa, razón por la cual, para aquellos rodados que avanzaban por Cerrito (sentido norte-sur) el semáforo situado sobre la calle Lavalle les habilitaba el giro a la derecha. También destacaron que el taxista no comandaba el vehículo a elevada velocidad (ver fs. 134/135 y 139/139 vta. del expediente punitivo y fs. 119/120 de estas actuaciones).-

Asimismo, surge del estudio de la causa que el actor trasponía la calle Lavalle por la senda peatonal, de manera que no sería factible reprocharle que atravesó la arteria por un lugar inapropiado, o bien, de manera sorpresiva, en la medida que los testigos son coincidentes en su afirmación acerca de la habilitación del semáforo en la encrucijada y del lugar por el cual avanzaba el Sr. M.-

En ese orden de ideas, cabe recordar que la senda de seguridad constituye un relevante elemento de reglamentación vial, que no sólo merece ser respetada por los automovilistas, sino que también debe ser tenida en cuenta por los transeúntes para emprender el cruce de calles y avenidas por el espacio habilitado (conf.esta Sala, mis votos en libres n° 101.488 del 30/12/91 y n° 244.257 del 5/10/98).-

Ahora bien, la quejosa no logró demostrar que el actor cruzara corriendo o de manera imprevista la calle Lavalle, como lo sostuvo al responder el traslado de la demanda. Y, disconforme con esta conclusión arribada en la sentencia apelada, intenta ante esta alzada obtener la fractura del nexo causal alegando que medió culpa de la víctima quien, debido a la intensa lluvia y a la utilización de un paraguas que le obstruía la visión, no alcanzó a advertir la presencia del taxímetro que giraba desde la Av. Cerrito.-

Debo afirmar que tampoco este extremo fue demostrado por la citada en garantía. Sobre este aspecto, he de señalar que, no sólo la quejosa invoca ante esta alzada un hecho distinto tendiente a declinar en el actor -aunque más no sea parcialmente- la responsabilidad objetiva consagrada por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, sino que aún en la hipótesis de haberlo alegado al responder el traslado de la acción, tampoco alcanzó a probarlo a lo largo del proceso. No enerva esta conclusión el argumento brindado por el médico forense de la causa penal, acerca del presunto origen de las lesiones del actor (cfr. fs. 124 de esas actuaciones). Su conjetura es meramente especulativa, carente de otro medio probatorio que la sustente.-

En suma, le es reprochable al demandado (titular dominial) la conducta asumida por el conductor del vehículo, sea porque no conservó el dominio del rodado, por no estar atento a las contingencias e imprevisiones que se podían suscitar en el tránsito, o bien por haber advertido tardíamente la presencia del actor, no alcanzando a detener el mismo de manera oportuna para evitar su embestida. Adviértase que el testigo T.relató que también él fue golpeado por el taxímetro, mas ningún tipo de denuncia policial ni demanda civil efectuó al respecto.-

En síntesis, considero que las quejas en materia de responsabilidad, no resultan atendibles. Por tal motivo, si mi opinión resulta compartida, propongo desestimar los agravios introducidos y confirmar este aspecto medular de la sentencia en crisis.-

3°.- Asimismo, la citada en garantía se agravia del monto acordado al actor en concepto de «daño físico» ($ 105.000). Asegura que, en función del 15% de incapacidad física dictaminada por el perito, se le asignaría al Sr. M. el importe de $ 7.000 por punto incapacitante. Sostiene que la partida se considera valuada a la fecha de la sentencia y que, de aplicarse la tasa activa desde el 20/4/09, el monto por este concepto ascendería a la suma de $ 215.993,23 resultaría exorbitante. Añade que el actor tenía 60 años al momento del accidente y que el importe acordado estaría por encima de los parámetros normales de la justicia de los tribunales. Por esos motivos, solicita la reducción de la partida.-

Cabe señalar que, desde un punto de vista genérico, M. Zavala de González define a la incapacidad como «la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales» («Resarcimiento de daños», Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista «naturalístico» (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p.237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima.-

De modo que, el análisis en este apartado se circunscribe a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa -sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional – según la cual la integridad física y/o psicológica no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las lesiones sufrida por la víctima (Pizarro, Ramón D. -Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 305).-

Con el objeto de analizar las críticas deducidas habré de aclarar que las partes han consentido el dictamen pericial presentado en autos. Sin embargo, las quejas radican en cuanto al importe asignado a esta partida y a la suma a la cual ascendería el concepto, al aplicarse la tasa de interés conforme a las pautas fijadas en la sentencia de grado, extremo que será evaluado en su apartado correspondiente.-

Como he anticipado, aquí no se controvierten las secuelas de las que resulta portador el actor, ni tampoco el porcentaje de minusvalía física dictaminado (15%), motivo por el cual sus agravios rozarían el umbral de la deserción del recuro, consagrada por el art. 266 del Código Procesal.-

No obstante ello, haré una breve mención de las secuelas incapacitantes y las condiciones personales del accionante, a fin de evaluar si el concepto bajo análisis fue justipreciado de manera razonable.-

El experto designado en la causa refirió que el actor presenta dos cicatrices de origen quirúrgico (a raíz de la osteosíntesis que le fue practicada, por fractura de tibia y peroné), leve hipotrofia de pantorrilla, tumefacción del tobillo izquierdo y limitación de la movilidad pasiva en el sentido de la flexo-extensión. Estableció el perito una incapacidad del orden del 15% de tipo parcial y permanente.-

Al efecto, debe tenerse en cuenta que el Sr. M.es un hombre de 66 años en la actualidad, casado, padre de familia, dedicado a su profesión como contador público (cfr. fs. 136/138 y testimonio de fs. 119/120).-

En consonancia de lo expuesto, teniendo a la vista estas condiciones del demandante y en qué medida ha de tener incidencia en su productividad la minusvalía física dictaminada por el perito médico, considero que la partida bajo análisis ha sido valuada de manera excesiva.-

De manera que, si mi voto fuese compartido, propongo reducir el monto acordado al actor por este rubro, estableciéndolo en la suma de $ 75.000.-

4°.- Desde otro ángulo, la citada en garantía se queja de la suma fijada a su favor en concepto de «daño moral» ($ 60.000), señalando que sería más del cincuenta por ciento del importe concedido por «daño físico» en la sentencia apelada. También resalta que, de aplicarse la tasa activa desde la fecha precisada en dicho pronunciamiento, se arribaría a un monto excesivo para la partida en crisis.-

El «daño moral» se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», t. I, págs. 297/298, n° 243).-

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba «in re ipsa», que surge de los hechos mismos (conf. CNCiv., Sala «A», votos del Dr.Jorge Escuti Pizarro en causas n° 191.386 del 22/5/96 y n° 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres n° 165.704 del 22/5/95 y n° 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).-

El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

Tal como fue sostenido precedentemente, al justipreciarse la minusvalía del Sr. M., se ha concluido que éste presenta secuelas incapacitantes de carácter físico. Con motivo del evento sufrió lesiones que derivaron en la reducción del miembro inferior afectado, mediante un tratamiento de osteosíntesis con colocación de material (clavos de distintas longitudes). El perito médico legista informó que «.su miembro inferior permaneció inmovilizado 24 horas con valva de yeso, ambuló con muletas sin apoyo entre 45 y 60 días y estuvo en condiciones de alta entre los 90 y 120 días a contar desde el accidente.

Durante el período de curación pudo realizar sus actividades habituales (entendiéndose por tales alimentarse, asearse y vestirse) con el auxilio de terceros. Pudo movilizar las partes lesionadas en la medida que la recuperación se lo fue permitiendo.» (cfr. fs.138/139).-

En función de estas conclusiones del especialista, teniendo en cuenta que en el apartado precedente se ha propiciado la reducción del monto acordado por incapacidad física del demandante, más allá de los cuadros de angustia e incertidumbre que debió atravesar, propongo también reducir la suma fijada a favor del actor por este concepto al importe final de $ 45.000.-

5°.- Aún cuando la compañía aseguradora no ha introducido sus quejas en un acápite autónomo, corresponde abordar las mismas en lo que respecta a la tasa de interés fijada en la sentencia de grado (15% desde el accidente hasta el 20 de abril de 2009 y luego tasa activa hasta el pago efectivo).-

La citada en garantía considera excesiva la tasa activa de interés fijada por el Sr. Juez «a-quo», desde la fecha en que fue establecida, por afirmar que tornaría elevado el capital de condena. También alega que no deberían calcularse intereses desde el evento hasta la fecha de la sentencia de primera instancia. Agrega que no puede advertirse el criterio por el cual corresponde aplicar el 15% anual de interés desde el accidente hasta el 20 de abril de 2009. Aduce que, si las partidas que componen el capital de condena han sido cuantificadas a valores actuales, se estarían indexando deudas, en vulneración a lo establecido por la normativa que prohíbe dicha indexación. Por último, asegura que, en el caso, se han fijado tasas de interés superiores a lo que la ley establece.-

Corresponde señalar que, de acuerdo a lo señalado por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.Empero, toda vez que en la especie se han cuantificado los montos indemnizatorios acorde a los valores vigentes a la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde la fecha del plenario, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes al pronunciamiento apelado.-

Ahora bien, es criterio mayoritario de esta Sala, que desde la fecha del accidente (21/10/08) y hasta la sentencia de primera instancia, se calculen los intereses a la tasa del 8% anual. De allí en más, hasta el efectivo pago, debería aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv. Sala «A», L. 504.067, del 20/05/09, entre otros).-

Por ello, voto por modificar en tal sentido este aspecto de la sentencia apelada.-

6°.- En consonancia con lo expuesto y a partir de los argumentos brindados, voto por confirmar la responsabilidad atribuida en el pronunciamiento de grado.Asimismo, propongo admitir parcialmente las críticas introducidas por la compañía aseguradora y reducir a las sumas de $ 75.000 la partida «daño físico» y de $ 45.000 el «daño moral». Finalmente, sugiero modificar la tasa de interés, con los alcances establecidos en el apartado 5° de este voto.-

El capital de condena quedaría establecido en el importe final de $ 120.000.-

7°.- En atención al resultado que propongo como respuesta al recurso deducido por la aseguradora, las costas de alzada deberían ser soportadas por la parte la actora en un treinta por ciento (30%) y por la demandada y citada en garantía en un setenta por ciento (70%), toda vez que estas últimas han resultado vencidas en lo atinente a la responsabilidad por el accidente y han triunfado parcialmente en lo concerniente a la reducción de las partidas acordadas al actor y respecto de la tasa de interés (arts. 68, segundo párrafo, y 71 del Código Procesal).-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I.- Coincido en líneas generales con el voto de mi distinguido colega el Dr.Molteni, con las siguientes salvedades.-

II.- En reiteradas oportunidades he dicho que para valorar la incapacidad sobreviniente resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni para enjugar este rubro lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

III.- Por otro lado, disiento con el importe de la reparación del daño moral.-

Puede definirse a ese daño como: «una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación.Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).-

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del Código Procesal, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, «Equitativa valuación del daño no mensurable», LL, 1990-A-655).-

En el caso, al haber existido lesiones físicas que dejaron secuelas permanentes, la existencia de un daño moral es fácilmente presumible (art. 163 inc. 5, Código Procesal).-

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros» , RCyS, noviembre de 2011, p.261, con nota de Jorge Mario Galdós).-

En otras palabras, el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., «Breve apostilla sobre el daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional», RCyS, noviembre de 2011, p. 259).-

La misma idea se desprende del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente promulgado, a cuyo tenor: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas». Si bien ese cuerpo normativo recién entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015 (art. 7, ley 26.994, según ley 27.077) es indudable que los preceptos que lo integran deben inspirar la interpretación de las normas del Código Civil que todavía se encuentra vigente, en la medida en que recogen -por lo general- la opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria respecto de los diversos puntos del derecho civil (vid. el punto II.I.1.2. de los fundamentos del anteproyecto presentado por la Comisión Redactora) y que, sobre todo, reflejan la decisión del legislador actual acerca de cómo deben regularse los distintos aspectos de la vida civil de nuestro país.Precisamente por eso, sus normas, incluso antes de su entrada en vigencia, deben ser tenidas en cuenta por los jueces en tanto manifestación de la intención del legislador, que como es sabido es uno de los criterios rectores en materia de interpretación normativa.-

Por consiguiente, tendré particularmente en cuenta ese criterio para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.-

Sentado lo expuesto, y teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la víctima, el prolongado tiempo de recuperación (debió suspender su actividad laboral durante 70 a 90 días, fs. 139) así como los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en una persona con las condiciones de la demandante (60 años al momento del accidente), entiendo que el importe propuesto por mis colegas es reducido, por lo que considero que debería confirmarse la suma de $ 60.000 para enjugar este rubro (art. 165 del Código Procesal).-

IV.- Finalmente, en lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A.s/ daños y perjuicios», del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

Empero, dado que este punto del pronunciamiento sólo fue apelado por la citada en garantía, no resulta posible modificarlo, puesto que ello importaría una inadmisible reformatio in peius.-

V.- Aclarado ello, adhiero al fundado voto del Dr. Molteni, con las salvedades que acabo de efectuar.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 7 de abril de 2015.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la responsabilidad atribuida por el accidente, se reducen las partidas «daño físico» a Setenta y Cinco Mil Pesos ($ 75.000), el «daño moral» a Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 45.000) y se modifica la tasa de interés fijada, con los alcances establecidos en el apartado 5° del primer voto. En consecuencia, el capital de condena queda establecido en la suma final de Ciento Veinte Mil Pesos ($ 120.000.-).-

Las costas de alzada se imponen en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada y citada en garantía.-

Difiérase la regulación de emolumentos profesionales, hasta tanto se haga lo propio en la precedente instancia.-

Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.-

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