Responsabilidad del club y de los progenitores del menor que murió en la pileta del natatorio.

Imagen-1307Partes: I. R. A. y o. c/ Club Atlético La Emilia Mutual y Social y/u otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 1-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93700-AR | MJJ93700 | MJJ93700

Se atribuyó responsabilidad al club demandado por el fallecimiento en la pileta del natatorio de un menor, responsabilizando a la entidad demandada al 80% y reduciendo el porcentaje adjudicado al progenitor a un 20%. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Cabe considerar al Club demandado en tanto asociación civil prestataria de distintos servicios sociales, deportivos y culturales, como sujeto pasivo de una obligación de seguridad frente, no sólo a sus socios o destinatario de los mismos, sino también referente a toda persona que se encuentre dentro de su ámbito espacial resultando responsable por el fallecimiento de un menor en la pileta del natatorio en un 80 % y el resto al progenitor por el incumplimiento del deber de vigilancia del niño.

2.-Toda vez que de las pruebas del caso y del sumario policial surge que las instalaciones del Club donde fue hallado sin vida el cuerpo del menor eran totalmente permeables, debido a que no existía ningún sistema de control de acceso, careciendo de cerramientos idóneos, no sólo para todo el perímetro del predio, sino fundamentalmente para la zona del natatorio, donde fue hallado sin vida el menor, ya que la sobrelevación y solarium en modo alguno podrían constituir una valla de acceso al mismo, mucho menos para un niño de cuatro años, sumado al hecho de que no existía sereno en el predio, sino sólo una familia a la que se le facilitaba la vivienda y que notificaba cualquier novedad.

3.-Tratándose de una edificación urbana pesa la obligación de los propietarios de los fundos de proceder al cercamiento y cerramiento de los mismos, expresamente refiere a las condiciones de cercamiento que deben observan los campos de deportes, obligación de cercar la propiedad que no sólo tiene por fundamento la protección del propietario, en cuanto al impedimento o dificultad en el acceso de personas ajenas, sino que también está ordenada a la protección de los terceros, respecto de los riesgos que pueden existir dentro de la finca propia.

4.-Cabe indemnizar a los actores por el fallecimiento de un hijo en la pileta del natatorio del club demandado, pues ante la imposibilidad de penetrar en el fuero interno y subjetivo de los reclamantes, para fijar un monto indemnizatorio deben evaluarse las particularidades de cada caso, las que rodearon el hecho dañoso, la condición socio-económica de la familia, la integración del núcleo familiar y el cuadro psicológico que padecen actualmente los actores.

5.-Los gastos de sepelio de la víctima son necesarios, y no se presumen gratuitos, por lo que deben integrar el daño a resarcir por la muerte de una persona. Aún cuando no exista constancia del pago de los servicios funerarios, es evidente que ellos debieron ser satisfechos por los padres de la víctima, siendo válida esta afirmación porque ello integra el diario devenir, dada la naturaleza de la materia, y su reembolso es procedente, aunque no se haya aportado prueba por tratarse de gastos que necesariamente debieron efectuarse.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 01 días del mes de Abril del año dos mil quince, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Aidilio G. Fabiano, Abraham L. Vargas y Armando L. Drago, para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la actora (v. fs. 466/467 vto.) y los deducidos por la co demandada “Club Atlético La Emilia Mutual y Social” (v. fs. 487), contra la sentencia de fecha 11 de Agosto de 2010 (v. fs. 457/464), dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 11 de la ciudad de San Jorge, en los autos caratulados “I. , R. A. Y OTRA C/ CLUB ATLETICO LA EMILIA MUTUAL Y SOCIAL Y/U OTRO S/ ORDINARIO” (Expte. Sala I N° 214 – Año 2010), que fueren concedidos libremente y con efecto suspensivo a fs. 470 y 488, respectivamente. Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -Dres. Fabiano, Vargas y Drago- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la resolución recurrida?

2da.: ¿Es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?

Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. Fabiano dijo:

Los recursos de nulidad deducidos, tanto por la parte actora como por la demandada, no han sido sostenidos autónomamente en esta sede. De todas maneras y a todo evento, las críticas que contienen los memoriales (que no refieren a vicios in procedendo sino in iudicando) pueden obtener suficiente respuesta en el tratamiento que -a continuación- se realizará de los recursos de apelación que también han sido interpuestos.

Por lo demás, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde desestimar los recursos de nulidad enunciados precedentemente.

Así voto.

El Dr.Vargas expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

A la primera cuestión, el Dr. Drago dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo:

I. Antecedentes

Por sentencia de fecha 11.08.2010, el A quo resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó al Club Atlético La Emilia Mutual y Social a abonar a los actores, el cincuenta por ciento (50%) de las sumas reconocidas, asignándole a cada progenitor por el rubro pérdida de chace la suma de $ 50.000.-; por daño moral $ 150.000.- a cada uno, y por gastos de sepelio la suma de $ 3.000.- más accesorios, distribuyendo las costas en mitades entre la parte actora y el club demandado. Al mismo tiempo desestimó la demanda contra la Municipalidad de San Jorge, con costas a los actores.

Para así decidir consideró que de las probanzas colectadas surgió que el natatorio no contaba con elementos de seguridad y que las instalaciones del Club era accesibles sin el más mínimo obstáculo, además de no encontrarse vigiladas. En tales términos, a juicio del sentenciante, el natatorio constituía una cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil, considerando que existió un supuesto de responsabilidad objetiva del Club demandado y que el nexo causal fue influido por el hecho de un tercero por quien no se debía responderse, entendiendo que dicho carácter le correspondió al padre de la víctima por el descuido observado, ponderando un eximente del 50% por ciento de la responsabilidad.En cuanto a lo rubros reclamados, estimó que, con relación al daño material, lo que se debe indemnizar es la pérdida de chance, reduciéndose ello a su capacidad productiva, de lo que se sigue que el rubro queda identificado como “pérdida de chance”. A ello, continuó, hay que agregar los gastos de sepelio, en tanto los mismos se presumen bastando que se haya acreditado la situación lesiva que constituye su causa. Finalmente, respecto del daño moral reclamado, entendió que tratándose de una muerte y que quienes reclaman son los padres, la cuestión exime de mayores comentarios, teniendo claro que el daño moral se encuentra producido.

Respecto de la cuantificación de dichos rubros, sostuvo que la extensión del resarcimiento debe ser establecida por el Tribunal en cada caso concreto, apreciando prudencialmente las circunstancias para proceder a tal estimación, sin pretender una precisión matemática, por lo que calculó, en concepto de daño material -pérdida de chance- la suma de $50.000 por y para cada uno de los padres; por daño moral, $150.000, también por y para cada uno de los padres, y por los gastos de sepelio, la suma de $3.500 (la que se estima correcta no obstante el yerro en que se incurre al trasladarla a una cantidad numérica -v. fs. 462).

Finalmente, el sentenciante rechazó la demanda contra la Municipalidad de San Jorge por entender que, en verdad, no queda expuesto, respecto de ella, factor de atribución alguno de responsabilidad, siendo que el natatorio no se encontraba habilitado a la época del suceso. Agrega que la responsabilidad del Estado por omisión es esencialmente una responsabilidad por un comportamiento antijurídico, y que sólo se concibe cuando el Estado está obligado a actuar y no lo hace, incurriendo en el ilícito. Concluye en que nada se sabe sobre la intervención que pudo haber tenido el ente municipal, sobre lo cual no se propuso ni produjo prueba alguna.

II. Agravios

II.1.Que contra dicha resolución se alza la actora deduciendo recursos de apelación y nulidad (v. fs. 466), haciendo lo propio la demandada a fs. 487, siendo concedidos, libremente y con suspensivo a fs. 470 y 488, respectivamente.

II.2. Ello así y radicados los autos en esta sede, se le corre traslado sucesivo a los apelantes a fin que expresen agravios (v. fs. 625), levantando el actor dicha carga procesal a fs. 628/632 vto., y el demandado a fs. 635/641.

II.2.1. En su libelo, el actor apelante manifiesta, en primer lugar, que desiste del recurso respecto al rechazo de la demanda contra la Municipalidad de San Jorge, admitiendo que a la luz de los antecedentes del caso, no le asiste responsabilidad.

Se agravia en relación al eximente parcial de responsabilidad invocado por el Juez a quo en el suceso, sosteniendo que en el caso no se configuró el supuesto de culpa de un tercero por quien el Club no debe responder, considerando que no le cupo responsabilidad a los padres del menor en el evento que le causó el deceso.

Consideró que de las pruebas colectadas y expresamente consideradas por el a quo, en especial el sumario penal, se impone la existencia de relación de causalidad exclusiva entre el evento dañoso y la absoluta falta de medidas de seguridad en todo el Club y en especial en relación al natatorio, más allá del descuido o desatención eventual y no probada de los padres del menor.

En concreto, se señala que el descuido imputado a los padres no fue el causante del deceso ni tuvo relación de causalidad adecuada con el siniestro, ya que de haber existido las medidas de seguridad omitidas en extremo, más allá de la omisión involuntaria de los padres en sus deberes de cuidado, el niño nunca hubiera accedido a las instalaciones del Club, y mucho menos hubiera llegado al natatorio, mucho menos en el porcentaje de culpa que se le atribuyó. Considera errado el juicio del sentenciante consistente en que si la vigilancia de los padres hubiera sido laindicada, la suerte del menor hubiera sido otra. A su juicio el evento se produjo, exclusivamente, por la ausencia de las medidas de seguridad, entendiendo que nunca un menor e tres años podría ingresar totalmente inadvertido a un Club y acceder a la pileta sin que nadie lo impidiera.

Tampoco considera probado el descuido de los padres, señalando que no quedó demostrado cómo el menor llegó al Club, es decir, si fue por sus propios medios o si existieron hechos ajenos a los mismos que derivaron en que el niño llegara al Club. En concreto, sostiene que no se probó el descuido de los padres, resultando improcedente la valoración efectuada de los antecedentes instrumentales labrados ante el Juzgado de Menores.

Sostiene que el deber de vigilancia de los padres y su consiguiente responsabilidad solidaria esta previsto sólo respecto a los daños que éstos provocaren, aunque no en relación a los daños sufridos por los menores. Cita doctrina que refiere a la eximición de la responsabilidad de los padres cuando se pruebe que el daño fue causado sin culpa del menor.

Afirma que las pruebas de la causa sólo son concluyentes en cuanto a la responsabilidad del Club por las omisiones señaladas, más no por el referido descuido paterno.

Bajo la inteligencia que el a quo aplicó el art. 1.113 del Código Civil sostiene que no se acreditó la culpa del tercero por quien no debe responderse, resultando ello producto de una incorrecta y deficiente valoración del juez inferior.

II.2.2. Por su parte, el demandado apelante, en su presentación de fs. 635/641, sostuvo que según el A quo, aún cumpliendo la normativa vigente, no bastaría para eximir de responsabilidad al Club accionado.

Considera que la pileta se encuentra sobre elevada aproximadamente a 80 cm.del terreno y con una plataforma de material en todo su perímetro de aproximadamente seis metros de ancho, lo que implica que para acceder al natatorio hay que subir la cuesta formada por la elevación y atravesar dicha plataforma.

Aduce que el hecho ocurrió en invierno y el natatorio no se encontraba en uso, demás que era sólo para socios, calidad que no revestían ni el menor ni sus padres, que se dejaba sólo un poco de agua en la pileta para evitar rajamientos, y que por lo tanto no era lógico que en el lugar se hubieren encontrados guardavidas o cuidador es ya que nadie concurre a hacer uso de la misma.

Entiende que se acreditó que el menor no cayó inadvertidamente, ya que se desvistió y dejó sus ropas al borde de la pileta. Considera un hecho atenuante de toda responsabilidad la distancia existente entre el domicilio del menor y el Club, sumado a la necesidad de atravesar una ruta sumamente transitada. Finalmente, que el Club accionado no violó ninguna norma ni incumplió deber alguno.

Agrega que si bien el a quo valoró la falta de vigilancia y cuidado de los padres, no lo hizo debidamente, soslayando la implicancia que el comportamiento de los progenitores tuvo en el evento.

Explica que se acreditó la absoluta falta de vigilancia y cuidado de los actores sobre su hijo, en franca violación a los deberes que emanan de la patria potestad.

Señala la actitud desaprensiva del padre a partir de sus declaraciones en sede policial, recalcando su desapego, falta de compromiso y amor paternal

Considera que la actitud de los padres fue la exclusiva y excluyente causa del daño. Abona su tesitura señalando que el niño no debería haber convivido con sus padres, ya que se demostró por actuaciones labradas ante el Juzgado de Menores que los mismos no se encontraban en condiciones de ejercer su rol parental. Señala que de las actuaciones labradas se concluyó el menor fue retirado del Hogar Casa Cuna bajo exclusiva responsabilidad de su abuela la señora M. C.B., no correspondiendo que se verificara la convivencia con sus padres, como sucedió al momento del luctuoso suceso.

Continúa expresando que le agravia que el A quo considere que su cumplieron normas de seguridad por parte del Club pero sin especificar a qué normativa se refiere. Comienza manifestando que la sentencia es inmotivada ya que el a quo aludió a la numerosa prueba que no consideró para resolver y la cita a un fallo que, a su juicio, ninguna relación tiene con el hecho origen de estos actuados, ya que no se trataba, como en el precedente referido, de una piscina cercana a la vivienda de los actores, que no se ubicaba al ras del suelo, sino sobre elevada y con una plataforma importante, lo que la constituía en un objeto fácilmente advertible, reiterando que el niño no se habría caído accidentalmente, sino que ingresó voluntariamente al natatorio.

Asimismo, le agravia que el A quo haya considerado a la pileta como una cosa riesgosa, citando jurisprudencia inaplicable y formulando una errónea aplicación del artículo 1.113 del Código Civil. Dadas las circunstancias relatadas de la piscina la considera segura, pero además, que por su naturaleza es una cosa inerte y por lo tanto no es riesgosa en los términos que lo entendió el sentenciante de grado.

Finalmente se agravió por los montos otorgados por los rubros indemnizatorios reclamados. En primer lugar señala que el daño moral cuadriplica a lo que oportunamente había reclamado los actores ($77.000), máxime teniendo en cuenta el desapego demostrado por los padres y que debía encontrarse bajo la guarda de la abuela. Entiende que el rubro pérdida de chance es injustificado y excesivo, ya que el niño presentaba problemas en el habla, y que era muy agresivo. Señala que tampoco se probaron los gastos de sepelio efectuados.

Finalmente, y al solicitar la eximición total de la responsabilidad del Club accionado, se agravió por el modo en que se impusieron las costas, solicitando que deben cargarse exclusivamente a los actores.

III.Contestación de agravios

Corrido el pertinente traslado para contestar los agravios (v. fs. 642), el actor lo hace a fs. 644/651; el demandado a fs. 662/667 vto. y el apoderado de la Municipalidad de San Jorge a fs. 686/vto.

IV. Análisis

Ahora bien, toda vez que los agravios de los apelantes, tanto los del actor como los del Club accionado refieren a las mismas materias, aunque con pretensiones contradictorias, en primer término habré de deslindar los temas a decidir para abordar su tratamiento de un modo uniforme.

Así, pueden señalarse las siguientes cuestiones ventiladas en este ámbito: 1) la atribución de responsabilidad por el evento dañoso que causara el fallecimiento del hijo de los actores y, en su caso, 2) la cuantía y procedencia de los rubros indemnizatorios.

IV.1. Respecto a la atribución de responsabilidad

IV.1.1. De las pruebas colectadas a autos, no sólo las obrantes en el expediente principal sino también en el sumario labrado ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Tercera Nominación de esta ciudad, e incluso de las actuaciones substanciadas ante el Juzgado de Menores de la Primera Nominación, Secretaría Civil Nro. 2 (ambos reservados en Secretaría para estos actuados y que son tenidos a la vista), a mi juicio fueron acreditados de un modo incontrastables los siguientes extremos:

El niño A. I. se encontraba bajo la responsabilidad de su abuela materna, la señora Ma. C. B. (v. fs. 162 de las actuaciones substanciadas ante el Juzgado de Menores).

Sin perjuicio de ello, el día de su deceso moraba con su familia nuclear, encontrándose aproximadamente a las 17:00 hs. en su domicilio. Al salir su madre, quedó al cuidado de su padre, el actor R. Aníbal I..

Entre dicho horario y las 20.30 hs., en que se da aviso por parte del personal de Bomberos de la aparición de su cuerpo en el natatorio del Club La Emilia, no se pudo precisar con certeza cuáles fueron los movimientos del menor, al punto que ningún testigo da cuenta de un modo fehaciente de haber visto alejarse sólo o acompañado de su casa.

Aparece su cadáver flotando en la pileta del Club La Emilia, completamente desnudo, quedando sus ropas a un costado del natatorio, estableciéndose la causa de la muerte por asfixia por inmersión, no detectándose ningún tipo de lesiones de otra naturaleza.

Salvo el bombero que avistó el cuerpo, nadie reparó en que el niño había ingresado a las instalaciones del Club.

Se constató además que al día del evento, no existía un sistema de control de ingreso de personas en dicho establecimiento, y que no había ningún tipo de cerramiento que impidieran el acceso al natatorio.

Lamentablemente, no surgió de la investigación penal ni de las pruebas rendidas en las demás sedes jurisdiccionales, una respuesta lógica al modo en que se produjo el deceso, puesto que ofende todo parámetro de inteligencia media, que un niño de tan corta edad, en un descuido de su progenitor, se traslade solo casi un kilómetro, cruce una ruta altamente transitada, ingrese a uno de los Clubes más importantes de la ciudad de San Jorge, se desnude, e ingrese a un natatorio de aguas servidas al anochecer de un día de invierno y muera ahogado sin que nadie haya reparado en ninguna circunstancia de dicho tránsito hacia el desenlace fatal.

IV.1.2.Frente a tan confuso episodio analizaré en primer término si sobre el Club demandado no pesaba un deber de seguridad respecto a todo aquél que ingresara dentro de su predio, antes de examinar la naturaleza del natatorio como exclusivamente lo han debatido las partes y asumido posición el señor Juez de grado.

Adelanto que parto de considerar al Club demandado, como toda asociación civil prestataria de distintos servicios sociales, deportivos y culturales, como sujeto pasivo de una obligación de seguridad frente, no sólo a sus socios o destinatario de los mismos, sino también referente a toda persona que se encuentre dentro de su ámbito espacial.

Daré razones.

Dicho deber surge de distintas fuentes. En primer lugar refiero que, tal como lo sostuvo la mayoría en la Comisión Nº 2 de las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil -UBA, agosto de 2.005-, la obligación de seguridad en el derecho de daños conforma un principio general del derecho que protege todas las relaciones jurídicas y que encuentra su fundamento en normas constitucionales (arts. 19, 41, 42, 43, art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), así como en la solidaridad social y en el principio de buena fe, inscribiéndose dentro de los horizontes preventivos del moderno Derecho de Daños.

Si bien se ha discutido si la misma tiene aplicación en el ámbito extracontractual, existe consenso en considerar que su finalidad es la de preservar a las personas o cosas contra los daños que pueden derivar de ciertas relaciones (conf. Garrido Cordobera, Lidia M. R., “El derecho de daños frente a nueva realidad”, Supl. Esp.Emprendimientos inmobiliarios 2006 -julio-, 73, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo IV, 587, AR/DOC/2092/2006)

Con sustento en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos 244-129, entre otros), se sostiene que tanto desde la reforma constitucional de 1.994 como del dictado de la ley de defensa del consumidor, dicho marco tuitivo constituye un principio general informador de todo el ordenamiento, y por lo tanto rige la obligación de interpretar y aplicar la normativa especial del consumo al derecho de daños, anteponiendo sus soluciones tuitivas por sobre otro tipo de normativas o bien integrándose a ella, teniendo siempre como norte la norma que más favorece al principio protectorio de la persona humana, a sus derechos y a sus particulares circunstancias. (conf. Weingarten, Celia: “El principio de seguridad -art. 1.113, Cód. Civil- fuera del marco de las relaciones de consumo. Eximentes y dinámica probatoria”, LA LEY 29/09/2014, 9 AR/DOC/2929/2014)

Entonces, no puede dudarse que por imperativo constitucional pesa sobre todo prestatario de servicio, de cualquier índole, una obligación de seguridad relativa a la salud e integridad, que se ha expandido al ámbito extracontractual, abarcando no sólo a los consumidores y usuarios, sino también, hacia los destinatarios finales, aún fuera de la relación de consumo. (conf. Hernández, Carlos; Frustagli, Sandra, Comentario a los arts. 5 y ss. de LDC, p. 73 en la obra colectiva “Ley de Defensa del Consumidor Anotada y Comentada, dirigida por Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreira, Tº I Parte General, Edit. La Ley, Bs. As., 2.009).

Asimismo, la Corte Nacional consideró que el deber de seguridad resultaba aplicable dentro del ámbito espacial de la relación de consumo (conf.CSJN, “Mosca, Hugo c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, LA LEY, 2007-B, 261).

Ello significa que la temática no queda exclusivamente atrapada por las reglas del Código Civil en materia de responsabilidad por las cosas, sino que además debe integrarse dicho sistema, con las fuentes de jerarquía superior señalados, que en su conjunto conforman el paradigma protectorio del favor debilis, máxime en el caso, cuando se trata del daño padecido por un niño de tan corta edad, donde confluyen, además, los principios tuitivos que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, receptada en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, como así, en la Ley N° 26.061.

Finalmente se señala que toda omisión que causa daño resulta antijurídica y como tal origina una obligación de resarcir, como surge del principio alterum non laedere considerado por la Corte Suprema de Justicia Nacional (CS, “Santa Coloma, Luis F. y otros”, Fallos 308:1170).

Señalada, entonces tal obligación de seguridad, corresponde dirimirse si en el caso se constataron violaciones de deberes atinentes a la misma por parte del Club demandado. Fundamentalmente, si en el caso no existió una omisión de deberes de diligencia o prudencia respecto al control del acceso y uso de las instalaciones en las condiciones en que las mismas se encontraban en la oportunidad del evento dañoso.

IV.1.3. De las constataciones de fs. 154 y 245, así como del sumario policial (v. fs.03) surge que las instalaciones del Club era totalmente permeables, debido a que no existía ningún sistema de control de acceso, careciendo de cerramientos idóneos, no sólo para todo el perímetro del predio, sino fundamentalmente para la zona del natatorio, ya que la sobrelevación y solarium en modo alguno podrían constituir una valla de acceso al mismo, mucho menos para un niño de cuatro años.

A ello se suma el hecho de que no existía sereno en el predio, sino sólo una familia a la que se le facilitaba la vivienda y que notificaba cualquier novedad.

Repárese en que por imperio de normas sobre edificaciones urbanas pesa la obligación de los propietarios de los fundos de proceder al cercamiento y cerramiento de los mismos (v. ptos. 3.2. y 3.2.5. de la Ordenanza sobre Reglamento de Edificación de la ciudad de San Jorge, que expresamente refiere a las condiciones de cercamiento que deben observan los campos de deportes).

Se ha sostenido que la obligación de cercar la propiedad no sólo tiene por fundamento la protección del propietario, en cuanto al impedimento o dificultad en el acceso de personas ajenas, sino que también está ordenada a la protección de los terceros, respecto de los riesgos que pueden existir dentro de la finca propia. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II, “Altamirano, Elsa, R. c/ Cerámica Martín, S. A. y otros”, 05/02/1987, La Ley, 1987-D,373)

Para refutar lo hasta aquí expuesto, la accionada sostuvo que el niño no era socio del club, y que sólo estaba permitido el ingreso a quienes detentaba dicha calidad.

En primer término debe señalarse que analizamos la conducta de un menor de cuatro años, carente de discernimiento ya para los actos lícitos como para los ilícitos conforme la perceptiva del art.921 del Código Civil, por lo que su ingreso al Club debe considerase un acto involuntario.

Pero al mismo tiempo, la carencia de cerramientos, barreras, personal de vigilancia como de todo otro recaudo, obsta a la consideración de un ingreso de forma subrepticia o clandestina, ya que no existió el menor reparo de acceso tanto al Club como al natatorio, como si se tratara de una espacio público, agravado por la falta total de custodia.

Por lo tanto no resulta aplicable en el caso la pauta eximitoria del párrafo final del art. 1.113, como lo pretende la accionada, ya que como lo sostiene calificada doctrina, su procedencia requiere la oposición al uso por parte del dueño o guardián, no resultando suficiente que se haya usado sin autorización o en ausencia del responsable, sino que debió haber oposición expresa o tácita, mientras tal oposición no exista, subsiste la responsabilidad”. (Kemelmajer de Carlucci, Aída en comentario al art. 1.113 en “Código Civil Comentado” Belluscio-Zannoni, , t. V, p. 571, Edit.).

Un niño de cuatro años, sin ningún tipo de controles, podría haberse dañado de diversas formas dentro de las instalaciones del Club, resultando el natatorio uno más de los varios peligros a los que estuvo expuesto.

En concreto, no pudo visualizarse una sola conducta tendiente a evitar el riesgo de que alguien se dañase dentro del predio, por lo que entiendo que en el caso resulta acreditado que el Club demandado ha violado la obligación de seguridad que sobre dicho ente pesaba.

IV.2.La naturaleza del natatorio

Por las razones esgrimidas en el punto anterior, el análisis de la relación de causalidad en el caso va más allá de la naturaleza del natatorio, cuestión a la que se han ceñido las partes, principalmente, en el debate.

Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, debe repararse en que ya sea que se considere a una pileta de natación como cosa riesgosa o inerte, como se discute en doctrina (respecto a las posiciones sostenidas este Tribunal, con diferente integración, formuló una prolija reseña del estado de la doctrina y jurisprudencia en la materia (v. “Cardamone, Ana M. y otro c/ Club Atlético Colón s/ Daños y Perjuicios”, Expte. Sala I N° 165 año 2013), las condiciones que presentaba la misma la ubican como causa principal del daño.

En efecto, de las pruebas colectadas surge que la misma no presentaba condiciones de seguridad mínimas para evitar su fácil acceso.

Dicha ponderación no surge de la mera apreciación subjetiva del suscripto, sino que existen directrices sanitarias dispuestas por la autoridad de aplicación que en el caso han sido omitidas.

Me refiero concretamente a las Directrices Sanitarias para Natatorios aprobadas por la Resolución N° 1702/07 del Ministerio de Salud de la Nación.

Por dicha Resolución se establecen pautas sanitarias de calidad, comunes para todo el país para el uso adecuado de natatorios estableciendo parámetros de control y vigilancia, refiriendo, en lo que aquí nos interesa, que cada establecimiento contará obligatoriamente con medios de control de accesos y vigilancia.

Fundamentalmente se establece que debe preverse el control de acceso a piletas que están destinadas a estar fuera de uso, incluyendo la previsión de “cobertores” de piscinas.

También, que deben preverse distancias de seguridad que impidan alcanzar zonas peligrosas, así como otras dimensiones a tener en cuenta para evitar daños a los usuarios, medidas de cercos y barandas, debiendo tenerse especialmente en cuenta la concurrencia de niños.Resulta previsible que sin control, grupos de niños, sobre todo sectores de mayor vulnerabilidad, merodeen y se introduzcan en el predio.

A la luz de dichas directrices, huelga destacar que resultó acreditado en autos que la pileta del Club La Emilia el día 31 de agosto de 2.002 no reunía, ni siquiera en grado mínimo, dichas pautas de seguridad.

Se evidenció la falta absoluta de todo control de acceso y vigilancia, la inexistencia de cercos y barandas diseñados para que al menos niños de corta edad no pueda traspasarlos, máxime cuando se trataba de una pileta fuera de uso, sin ningún tipo de cobertura de seguridad, y en condiciones que no impidieron que el acceso de un menor resultara inocuo.

Por lo tanto, no resulta atendible el agravio del accionado por el que se le reprochan acciones o conductas que la ley no manda, ya que el más elemental deber de prudencia y previsión aconsejaba, como las directrices señaladas, medidas de seguridad que se omitieron.

En tales circunstancias, y en relación a las reglas del Código Civil, compartimos el criterio según el cual el segundo párrafo del art. 1113, apartado segundo refiere al daño que resulta del riesgo o vicio de la cosa, comprendiendo tanto a las que son riesgosas en sí mismas como a las que, sin serlo, generan ese riesgo en determinadas circunstancias (CC002 San Martín causa N° 46704 del 2/11/99, Reg. 405/99).

Es decir, más allá de evaluar la naturaleza peligrosa o inofensiva de las cosas, debe tenerse en cuenta, de acuerdo a las circunstancias concretas del caso dado, si la “cosa” en cuestión ha sido causante del daño, pues lo esencial y decisivo es la incidencia causal de la misma en el resultado nocivo, al margen de su condición o no de cosa peligrosa (conf. Trigo Represas, Félix A.; López Mesa, Marecelo J., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, T° III, pág. 327, Edit. La Ley, Bs.As., 2.005).

Por las circunstancias ponderadas, las condiciones en que se encontraba la pileta del Club La Emilia de San Jorge el día del hecho dañoso, generaban el riesgo tipificado por la norma referida.

Por ello, el dueño o guardián de la misma para eximirse de responsabilidad debe acreditar alguna de las eximentes previstas.

Corresponde, entonces, determinar si se verificó algún supuesto de ruptura del nexo causal, y en su caso en qué grado.

IV.2.1. Dado el carácter involuntario de los actos del menor fallecido, tanto los accionados como el Juez de grado ponderaron como eximente, en distinto grado, la omisión del deber de cuidado y vigilancia por parte de los responsables del niño I. .

A tenor de las probanzas rendidas, en particular las actuaciones labradas ante el Juzgado de Menores (v., entre otras, informe socio-ambiental de fs. 43/47) puede conformarse una idea sobre el contexto socio-cultural al que pertenece el grupo conviviente.

En efecto, no escapa al suscripto los relevamientos efectuados en orden a episodios de violencia familiar, alojamiento transitorio del niño en el Hogar “Casa Cuna”, temporadas conviviendo con la abuela materna, condiciones económicas, sociales y culturales del gr upo conviviente, como la circunstancia que en determinada oportunidad los progenitores fueron considerados por la autoridad competente como no aptos para ejercer el rol parental, al punto que el egreso del menor del hogar transitorio fue bajo la exclusiva responsabilidad de la abuela materna, la señora M. C. B.

Pero lo cierto es que este Tribunal debe juzgar un hecho dañoso concreto y, en su caso, emitir una valoración genérica sobre las condiciones de vida de un núcleo familiar determinado, sólo cuando de las mismas puedan extraerse consecuencias que incidieron en el resultado disvalioso objeto del sub lite.

Concretamente, debe ponderarse si el comportamiento o las eventuales omisiones de los deberes de cuidado en las que habrían incurrido los padres o quienes tenían a su cargo al niño I.contribuyeron al lamentable desenlace y, en su caso, en qué medida.

En dicha tarea, resulta que la madre declaró haber dejado en el hogar al niño a las 18:00 hs., y cuando regresó, luego de una hora y media (19:30 hs.), comprobó su ausencia (fs. 07 de las actuaciones penales). Sostuvo que lo dejó en su casa viendo televisión y que su padre se encontraba en el dormitorio contiguo descansando pero despierto.

Coincide lo expuesto con lo declarado por el menor L. I. (fs. 9 de las actuaciones penales), quien dejó a su hermanito junto a sus padres al atardecer y cuando volvió “al rato”, ya no estaba. Allí refiere que los vecinos lo habrían visto con un menor llamado Santiago Suárez (quien a su turno lo negó -fs. 10-), y que luego de buscarlo le comentó a los padres que no se sabía nada. Evidentemente, el regreso del hermano mayor al hogar fue anterior al de la madre, por lo que se puede presumir razonablemente, que el tiempo en que no se tuvo conciencia de la falta del niño, fue menor a la hora y media indicada por la madre.

El padre limita dicho lapso a quince minutos, desde las 18.15 hs. en que se retiró su esposa, hasta las 18.30 en que regresó su hijo mayor (fs. 11 de las actuaciones penales).

Una vecina de apellido Kofler dice haberlo visto cerca de las 17:30 hs. solo, tocando el timbre de la casa de un vecino, pero que en dicha finca no había nadie (fs. 21). Otra vecina de apellido Quintana recordó haber sentido llorar al niño I. dentro del domicilio familiar entre las 18.00 y 18.15 hs. (fs. 22).

De dichos testimonios resulta que la ausencia del niño pasó desapercibida para sus padres en un lapso que se juzga no mayor de media hora o cuarenta minutos.Repárese en que debe analizarse la conducta en el marco del contexto socio cultural en el que se desarrollaron, en una comunidad urbana de aproximadamente 18.000 habitantes, donde no resulta extraño que los niños jueguen en la calle con los vecinos, y aún niños de corta edad participen.

En virtud de ello, y sin mella de los superiores deberes de cuidado que deben ejercer los progenitores sobre sus hijos, no resulta razonable exigirles una vigilancia tan extrema y celosa que imponga no descuidar al niño por el lapso referido, teniéndolo a la vista en todo momento.

Evidentemente el deber de cuidado ha fallado en el caso y la distracción existió, sin perjuicio de lo cual, debe ser analizado dicho descuido desde la regla que imponen los artículos 901 y ss. del Código Civil.

Al respecto, la doctrina al explicar la teoría de la causa adecuada que recepta nuestro ordenamiento civil considera que sólo es causa idónea la que, haciendo un juicio de probabilidad, normalmente y según la experiencia de la vida, produce u ocasiona el resultado dañoso que debe atribuirse al hecho; las demás son meras condiciones, factores o antecedentes (conf. Cifuentes, Santos, “El Negocio Jurídico”, pág. 266, Edit. Astrea, 1.979).

Desde dicho punto de vista, no se considera al descuido paterno referido como la causa excluyente del resultado dañoso, aunque sí ha resultado un factor coadyuvante al evento.No se ajusta a un razonamiento adecuado entender que por haber perdido de vista al niño por menos de una hora lo normal es que aparezca ahogado en una pileta de un Club distante a casi un kilómetro.

Las circunstancias fácticas verificadas en orden a dicha muerte ya referidas (condiciones climáticas, cruce de ruta, desnudez, horario, etc.) abonan la convergencia de factores exógenos no dilucidados en la investigación penal pero que echan un manto de duda sobre la hipótesis que el menor por sus propios medios llevó a cabo tales actos.

Por las razones expuestas abrigo la convicción que no incidió de igual manera el descuido de los padres con la falta total de control y vigilancia sobre las instalaciones del Club.

En concreto, el Club demandado se encontraba en mejores condiciones que los padres para ponderar la peligrosidad producida por una pileta sin cerramientos y un predio fácilmente accesible y con total falta de vigilancia.

Si al menos la institución le hubiera encomendado la vigilancia a un sereno, con dichas funciones específicas, el suceso probablemente no hubiera ocurrido.

Finalmente, no resulta atendible el argumento del actor apelante, en orden a que la responsabilidad de los padres sólo resulta cuando el menor es el agente del daño y no víctima, como en el caso.

IV.2.2. Por las razones expuestas en este tópico considero que debe atribuirse una mayor proporción de responsabilidad al Club demandado que al progenitor, entendiendo que al primero le cupo una participación del 80% en el evento, mientras que al segundo, el 20%.

En consecuencia, corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, ampliando el monto de la condena al Club demandado al 80% y reduciendo el porcentaje adjudicado al progenitor al 20%, y, en consecuencia, rechazar los agravios del accionado apelante referidos a este tópico.

IV.3. Rubros Indemnizatorios

IV.3.1.En lo referido a la cuantificación del rubro “daño moral” ambicionado, es dable señalar que no caben dudas que ningún monto de dinero mitigará el dolor ni las secuelas que deja la pérdida de vidas humanas, más aún cuando -como en el caso- se trata de un niño de tan corta edad.

Esta Sala ha sostenido que el “el daño moral (directo o indirecto, individual o social) tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y no sancionatoria, con lo cual no cumple un rol de equivalencia … sino de satisfacción, no estando proporcionado a la culpa del ofensor sino a la magnitud del padecimiento, el cual puede, según los casos, probarse “in re ipsa” (confr. E. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil, pág. 303; A. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 203; Cazeaux-Trigo Represas, “Derechos de las obligaciones” Vol. I. pág. 371; J. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por daños – Daño moral” pág. 203; R. Pizarro “Daño moral”, pág. 340; etc.)” (esta Sala, 22/11/02, “Novello, Alberto José y otros c/ Club Sanjustino s/ Daños y Perjuicios”, F° 465 T° 49-F).” … “Es que la ‘fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del Juzgador’ (Cám. Nac. Civ. Sala F, 12/5/92 in re “Centurión de Moreno c/ Rastelli y ot”, LL 1993-B)” (v.esta Sala, 07.09.2012, “Cerniak c/ EPE s/ Daños y Perjuicios”, F° 2, Protocolo Unico de Sentencias, T° 12; 10.04.2013, “Probst, Sergio Marcelo c/ OSECAC s/ Ordinario y Pobreza”, F° 392, Protocolo Unico de Sentencias, T° 13, entre otros).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “La reparación del daño moral tiene carácter resarcitorio” (v. CSJN, 05.08.1986, “Santa Coloma, Luis F. y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, ED 120-651), y por el mismo andarivel corre la jurisprudencia nacional (v. CNCiv., Sala C, 17.12.1999, DT 2001-A-107; CNCiv., Sala M, 13.07.2001, JA 2002-II-18, secc. índice, nro. 44; entre otros).

Entiendo que, ante la imposibilidad de penetrar en el fuero interno y subjetivo de los reclamantes, para fijar un monto indemnizatorio deben evaluarse las particularidades de cada caso, según elementos de convicción aportados a la causa, pero he de señalar que el “prudente arbitrio judicial” no debe desembocar en “libertad jurisdiccional irrestricta” (v. Zavala de González, Matilde, ob. cit., p. 74), que habilite al juzgado a fijar cualquier suma resarcitoria.

Dicho esto, debe ponerse de resalto la existencia de un daño moral “común o genérico” (gravedad del menoscabo quienquiera que sea que lo sufra), y también de uno “particular” (derivado de factores singulares del damnificado), de lo que se sigue que “el reconocimiento del daño moral y de su reparación se relaciona con la conciencia social media de un pueblo. Empero, en la tarea de fijar el quantum de la reparación, la aplicación de los estándares de la ‘intensidad del justo dolor en el hombre medio’, no debe conducir a dejar de lado la indagación acerca de la repercusión subjetiva del agravio en cada persona” (v.CCivCom, Rosario, Sala II, 02.12.1999, LLLit, 2000-554), y, “dado que la reparación no se hace en abstracto sino concretamente en cada caso, es justo que la indemnización del daño moral esté en relación con la magnitud del perjuicio, dolor o afección cuyo menoscabo, lesión o ataque se repara .” (v. CNCiv, Sala B, 04.05.2005, DJ, 2005-3-252).

Volviendo al sub exámine, no debe perderse de vista las especiales circunstancias que rodean el caso en estudio, en especial, las constancias de las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la 1era. Nominación, de donde surge la custodia -consentida por los padres- del menor fallecido en favor de la abuela materna, sin que el hincapié en las vicisitudes que rodearon la corta existencia de A. I. implique, en modo alguno, un intento por recordar l os avatares a los que fue sometido él -y huelga decir, también sus hermanos-, así como tampoco el empeño en incrementar aún más el sufrimiento que, sin dudas, todavía padecen sus padres.

A ello deben agregarse las circunstancias que rodearon el hecho dañoso, la condición socio-económica de la familia, la integración del núcleo familiar y el cuadro psicológico que padecen actualmente los actores -así como el previo que sufre la madre-.

Tampoco puede pasar desapercibido lo reclamado inicialmente por los actores por este concepto.

A fs. 16 los apoderados estimaron, “para nuestros mandantes”, el rubro en cuestión en la suma de $77.000 , más allá que al momento de presentar su alegato de bien probado, sostienen que la indemnización corresponde por cada uno de los progenitores (v. fs.419 vto.).

Tales indicadores me convencen de que la cuantificación del rubro luce excesiva.

Teniendo en cuenta que corresponde al prudente arbitrio judicial fijar el monto de la indemnización, sin que ello deba resultar de cálculos matemáticos, debiendo apreciarse la edad de la víctima, la condición social y demás circunstancias propias del caso, es que estimo debe ser morigerado el rubro en estudio en la suma de $100.000, por y para cada uno de los padres, ya que ambos son víctimas del padecimiento derivado de los acontecimientos relatados en la presente causa.

IV.3.2. En lo relativo a los restantes rubros, entiendo que el A quo ha obrado con cautela al momento de su reconocimiento y estimación.

Respecto de los “gastos de sepelio”, se ha dicho que “Los gastos de sepelio de la víctima son necesarios, y no se presumen gratuitos, por lo que deben integrar el daño a resarcir por la muerte de una persona. Aún cuando no exista constancia del pago de los servicios funerarios, es evidente que ellos debieron ser satisfechos por los padres de la víctima, siendo válida esta afirmación porque ello integra el diario devenir, dada la naturaleza de la materia, y su reembolso es procedente, aunque no se haya aportado prueba por tratarse de gastos que necesariamente debieron efectuarse.” (v. Cám. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 16.11.2000, “Cortegoso, Patricia c/ Clínica Mitre s/ Daños y Perjuicios”, Infojus FA00012366).

Finalmente, y con relación al rubro “pérdida de chance”, el apoderado de la co demandada “Club La Emilia” funda su agravio en que en autos no se ha acreditado la posibilidad de considerar la supuesta “pérdida de chance” que habría representado la persona del menor fallecido, debido a sus graves problemas de aprendizaje y su agresividad (v. fs.640).

A este respecto, la Corte Suprema de nuestra Provincia sostuvo que “el sentido común indica que no hay razones para suponer que la inteligencia y otros tipos de capacidades innatas -especialmente la energía- sean privativas de las clases adineradas, acomodadas o altamente instruidas. Y esto es así atento a que, pese a los condicionamientos y los obstáculos, los individuos libres son potencialmente creativos, proyectivos, dinámicos, implicando todo proyecto de vida una lucha contra las desventajas y desventuras que agobian a las personas” (v. CSJSF, 23.09.2009, “Herrera, Anselmo y Taborda de Herrera, Claudina c/ Gallo, Aldo José y/o Compañía de Seguros El Norte S. A. s/ Daños y Perjuicios”, AyS, t. 233, p. 278), en consonancia con lo dicho por la Corte Nacional (v. CSJN, 17.03.1998, “Peón c/ Centro Médico del Sud”).

En este punto, no podría negarse la indemnización por la pérdida de chance por la muerte de un hijo de tan temprana edad, que por su naturaleza es sólo una posibilidad, con el argumento de que es imposible asegurar que de su muerte vaya a resultar perjuicio, ante la referida expectativa legítima y verosímil, según el curso ordinario de las cosas, particularmente en medios familiares de condición humilde (v. CSJN, “Peón”, citado supra; cfr. Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil – Cuantificación del Daño).

En efecto, si aquello que se trata de resarcir es la “chance” que, por su propia naturaleza, es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización exigiendo una certidumbre extraña al concepto mismo de cuya reparación se trata. (v.CSJSF, “Herrera”, citado supra).

Por lo expuesto, considero que los rubros “pérdida de chance” y “gastos de sepelio” deben ser confirmados en cuanto a su reconocimiento y la extensión del resarcimiento, mientras que el rubro “daño moral” deberá ser morigerado a la suma establecida, conforme los fundamentos expuestos al momento de su tratamiento, manteniendo la misma tasa de interés aplicada por el A quo, en virtud de no haber sido ésta objeto de contienda alguna.

IV.4. Sobre la imposición de las costas

Atento lo expresado supra, tampoco recibirá acogida el agravio sostenido por la co demandada Club La Emilia, en tanto solicita su imposición integral a la actora, debiendo ser distribuidas, en ambas instancias, en un 80% a cargo de la co demandada, Club Atlético La Emilia, y en un 20% a cargo de los actores, atento la existencia de vencimientos recíprocos y conforme el éxito obtenido (v. arg. art. 252 CPCyC).

Así voto.

El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Drago dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

A la tercera cuestión, los Dres. Fabiano y Vargas manifestaron sucesivamente que, de acuerdo a las consideraciones precedentes, cuanto corresponde es rechazar los recursos de nulidad deducidos por los actores y por la co demandada Club Atlético La Emilia; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, ampliando el monto de la condena al Club demandado al 80% y reduciendo el porcentaje adjudicado al progenitor a un 20%; y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la co demandada Club Atlético La Emilia en lo referido a la cuantificación del rubro “daño moral”, morigerándolo a la suma de $100.000, por y para cada uno de los padres, manteniendo la tasa de interés aplicada por el A quo, en virtud de no haber sido ésta objeto de contienda alguna, y rechazándolo en el resto.Las costas, en ambas instancias, se distribuirán en un 80% a cargo de la co demandada, Club Atlético La Emilia, y en un 20% a cargo de los actores, atento la existencia de vencimientos recíprocos y conforme el éxito obtenido (v. arg. art. 252 CPCyC).

A la tercera cuestión, el Dr. Drago dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

Por todo ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad deducidos por los actores y por la co demandada Club Atlético La Emilia. 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, ampliando el monto de la condena al Club demandado al 80% y reduciendo el porcentaje adjudicado al progenitor a un 20%. 3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la co demandada Club Atlético La Emilia en lo referido a la cuantificación del rubro “daño moral”, morigerándolo a la suma de $100.000, por y para cada uno de los padres, manteniendo la tasa de interés aplicada por el A quo, en virtud de no haber sido ésta objeto de contienda alguna, y rechazándolo en el resto. 4) Las costas, en ambas instancias, se distribuirán en un 80% a cargo de la co demandada, Club Atlético La Emilia, y en un 20% a cargo de los actores, atento la existencia de vencimientos recíprocos y conforme el éxito obtenido (v. arg. art. 252 CPCyC). 5) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.

Insértese, hágase saber, bajen.

FABIANO

VARGAS

DRAGO

(En abstención)

PENNA

(Secretaria)

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