Resarcimiento de las lesiones sufridas por la actora tras ser embestida por un automóvil, al cruzar con su motocicleta por una bocacalle. Cuadro de rubros indemnizatorios

accidente moto 2Partes: G. J. N. c/ B. G. M. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 28-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93363-AR | MJJ93363 | MJJ93363

Se confirmó en lo principal la sentencia que responsabilizó por los perjuicios del accidente de tránsito al demandado al embestir en la bocacalle a la actora quien conducía su motocicleta. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde confirmar en lo principal la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por quien conduciendo su motocicleta, al arribar a la intersección redujo la velocidad por precaución y comenzó a efectuar el cruce de la bocacalle; fue embestido violentamente, en la parte trasera izquierda de su conducido, por la parte frontal del automóvil del demandado, atento lo que surge de pruebas periciales y la confesión ficta del accionado.

2.-Debe indemnizar el daño material causado a la actora embestida cuando circulaba con su motocicleta, el conductor del rodado embistente demandado, atendiéndose para su cuantificación a las razones especificadas por la propia sentenciante -edad de la víctima, estado civil, tareas que realiza, grado de incapacidad-.

3.-Es aplicable al monto de condena en el juicio de daños y perjuicios una tasa de interés desde la fecha del siniestro y hasta la cuantificación de los respectivos daños pura del 8% anual, como peticiona la citada en garantía.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 28 días del mes de Abril de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Jorge W. Peyrano, para dictar sentencia en los caratulados “G. J. N. C/ B. G. M. E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N°298/13, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1ra Nominación de San Lorenzo, en apelación de la sentencia N° 83 de fecha 21 de febrero de 2013 obrante a fs. 211/214, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Cúneo y Peyrano.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El recurso de nulidad interpuesto no ha sido mantenido en esta instancia. Por ello, y atento no advertir vicio sustancial que autorice la revisión de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: 1. El caso puede sintetizarse de la siguiente manera:

1.1. La actora promovió demanda de daños y perjuicios contra G. Martín E. B. por la suma de $12.484.- en concepto de indemnización por el siniestro ocurrido el día 29 de septiembre de 2007 en la intersección formada por Avenida Dorrego y calle Falucho de la ciudad de San Lorenzo.

Relató que siendo las 10:45hs., circulaba al comando de la motocicleta marca Honda Guerrero DL 110 CC s/d, por la Avenida Dorrego, con sentido Norte-Sur, por su mano de circulación y a velocidad reglamentaria, con total dominio sobre su conducido.Agregó que al arribar a la intersección con calle Falucho redujo la velocidad por precaución y comenzó a efectuar el cruce de la bocacalle; siendo embestido violentamente, en la parte trasera izquierda de su conducido, por la parte frontal de la pick up marca Chevrolet, Dominio VOK 391, conducido por G. Martín E. B. , quien circulaba por calle Falucho en dirección Este-Oeste a toda velocidad.

Reclamó por un total de $12.484.- En concepto de: 1) Daño material: $1.484.-; 2) Privación de uso: $300.-; 3) Incapacidad sobreviniente; 4) Gastos terapéuticos; Gastos colaterales a los terapéuticos: $500.-; Reposición de vestimenta y calzado: $200.- y 5) Daño Moral: $10.000.-

1.2. El demandado no compareció a estar a derecho no obstante haber sido debidamente notificado y se ordenó su rebeldía mediante providencia de fecha 04 de febrero de 2007 obrante a fs. 23, la que quedó firme y consentida.

1.3. La Aseguradora “Cigna Argentina Cia. de Seguros S.A (Aseguradora Federal S.A en tramite de inscripción” acató la citación en garantía y contestó la demanda negando todos los hechos invocados en la misma que no fueran objeto de un expreso reconocimiento.

Sostuvo que la culpa del siniestro acaecido fue exclusiva de la víctima quien, producto de su alocada trayectoria y sin tener dominio sobre su conducido chocó el cordón oeste de la Avenida Dorrego cayéndose hacia su derecha.

1.4. La jueza de grado mediante Sentencia N°83 dictada en fecha 21 de febrero de 2013 (v. fs. 211/214) hizo lugar parcialmente a la demanda.

Señaló que habiendo sido citado el demandado a absolver posiciones no compareció por lo que corresponde tenerlo por confeso en esta sentencia respecto de las posiciones contenidas en el pliego de fs. 83.

Además, destacó que la actora revestía legitimación activa para demandar dado el reconocimiento que la titular registral -Evangelina Roxana G.- efectuó del boleto de compraventa mediante el cual le vendió el ciclomotor.

En cuanto a los daños reclamados, estimó el valor vida de la accionante en la suma de $250.000.-, que con sus intereses arrojó a la fecha de la sentencia un valor de $501.500.- -teniendo en cuenta que se trataba de una joven soltera, con un buen empleo con futuro y con una vida relacional normal-, y aplicó sobre dicho monto el 10% a los fines de determinar el monto correspondiente al daño físico padecido lo que arrojó un resultado de $50.150.-

Asimismo, adicionó dentro de este rubro la suma de $700.- en concepto de gastos terapéuticos.

En concepto de daño moral le concedió a la actora la suma de $10.000.- y rechazó el rubro de daño psicológico por entenderlo comprendido en el de daño moral.

2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la citada en garantía interponiendo recursos de apelación y conjunta nulidad que fueron concedidos a fs. 222.

2.1. En su expresión de agravios la citada en garantía se agravia de que se haya endilgado al Sr. B. la responsabilidad del accidente, en forma exclusiva y excluyente, teniendo en cuenta para ello el dictamen pericial, cuando el perito desinsaculado en autos no inspeccionó los vehículos. Agrega que no existió otro elemento probatorio del que pueda surgir la dinámica afirmada en la sentencia.

Se queja asimismo de la sentencia por cuanto entiende que no ha tenido en consideración que la actora carecía del carnet de conducir habilitante (lo que surge de su propia declaración obrante a fs. 107) al momento de analizar la responsabilidad en el hecho y su participación activa en el mismo, concluyendo que la misma recayó exclusivamente en el demandado.

La apelante continúa agraviándose de que la magistrada haya presumido los rubros indemnizatorios solicitados por la actora en la demanda sin que hubieran sido acreditados fehacientemente en autos. Agrega que no fundamentó cuales fueron los elementos tenidos en consideración para fijar un valor vida tan excesivo.Dice que no cabe la aplicación del criterio matemático propuesto y acordado por la sentenciante en tanto de entregarse el capital de una sola vez, se estaría generando un enriquecimiento sin causa para el reclamante, en la medida que debe tenerse en consideración que ese capital puesto a interés le terminaría generando una ganancia, lo que no es admitido por nuestros Tribunales.

Por último, se queja de la tasa de interés aplicada sobre la suma de condena. Sostiene que la Tasa Activa del Banco Nación para operaciones ordinarias, resulta excesiva, máxime considerando que se han tomado valores indemnizatorios actualizados a la fecha de la sentencia.

2.2. La actora contesta diciendo que el apelante confunde la responsabilidad del hecho siniestral con la falta de carnet habilitante, circunstancia que en el siniestro de marras es un simple trámite administrativo no cumplido y que no tiene ninguna incidencia en la dinámica elucidada en autos.

Asimismo, manifiesta que en lo que respecta al otorgamiento de los rubros incapacitantes, la judicante utilizó criterios de la sana crítica que ya había venido utilizando en reiteradas sentencias judiciales.

Finalmente expresa que la jueza de grado aplicó la tasa activa del Banco Nación para operaciones ordinarias para preservar en lo posible el poder adquisitivo de la moneda y que la sentencia que lo otorgó no se haga ilusoria con el transcurso del tiempo.

3. Cabe adelantar que el recurso interpuesto ha de prosperar parcialmente.

3.1 Preliminarmente es dable mencionar que conforme surge de las constancias de autos, la responsabilidad del demandado en el siniestro acaecido, quedó configurada por diversos factores, entre los cuales pueden mencionarse: la confesión ficta del accionado de fs. 162, la confesión de la actora (v. fs. 107), y las conclusiones a las que arribó el perito en su informe pericial obrante a fs. 129 de autos (que no fue cuestionado por el apelante).

Como bien resolvió la sentenciante, la inasistencia del demandado a la audiencia para absolver posiciones tornó operativo el apercibimiento dispuesto por el Art.162 CPCC, teniéndolo por fictamente confeso de las posiciones esgrimidas por la actora (v. pliego de fs. 83/84), en cuanto a la veracidad de los hechos invocados en la demanda.

En tal sentido, destacó la magistrada: “.la prueba tendiente a desmerecer la confesión ficta debe ser idónea y fundamentalmente, incontrastable, lo que en el caso no ha ocurrido, haciendo notar además que la producida apunta en el mismo sentido que dicha confesional ficta.”. (v. fs. 212).

Me permito señalar que el dictamen pericial mecánico no fue oportunamente cuestionado por la aquí apelante; en consecuencia, y no siendo ésta la instancia procesal adecuada a esos fines, no merece tratamiento alguno el reproche que efectúa el apelante respecto de las conclusiones arribadas en el referido informe.

Por otra parte no está cuestionado que la actora tenía prioridad de paso. En reiterados pronunciamientos este Tribunal ha dicho que cabe transcribir algunos de los argumentos expuestos por el Dr. Alferillo en el caso “Espejo, Pantaleón Ramón c. Fernández, Rodolfo Facundo” (Cámara 1ra en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, 16/04/2008, LLGran Cuyo 2008 (agosto), 702, voto en disidencia: “Cuando la ley reglamenta que “debe ceder siempre el paso”, está claramente ordenando a aquel conductor que aparece por la izquierda que debe frenar y permitir o no interrumpir la circulación del otro conductor con prioridad de paso”.

Claramente especificó que “El término ‘ceder’, conforme el diccionario de la Real Academia Española, significa dar, transferir, traspasar a otro una cosa, acción o derecho, lo que implica claramente que quien no tiene la prioridad de paso debe transferir el derecho de traspasar la encrucijada al otro. Por otra parte, el término absoluto (a) empleado por la norma significa, en la segunda acepción dada por el diccionario antes mencionado: independiente, ilimitado, sin restricción alguna…”.

En función de ello, consideró que:”Va de suyo, que conforme a la redacción de la norma, únicamente reconoce los límites impuestos por la misma norma que son de interpretación restrictiva, dado que es intención de la ley priorizar el paso p referente de quien aparece por la derecha”.

También se ha expuesto que “la regla establece en favor del que viene por la derecha una especie de autorización para avanzar como si tuviera el semáforo en verde y para el que viene por la izquierda una prohibición de hacerlo como si tuviera una luz roja, a no ser que el que venga por la izquierda advierta que, sin obligar a frenar al que viene por la derecha, pudiese trasponer el cruce sin riesgo alguno”.

Desde otra mirada, Descalzi al tratar el tema se pregunta si es posible predicar un principio de confianza en la conducta de los demás usuarios de la vía pública, y si la respuesta es afirmativa, a su vez, cabe interrogarse: ¿para qué crear una situación de confianza entre los usuarios? Con elocuencia responde: “Esta permitiría evitar los costos de negociación que implica, por ejemplo, cada vez que se llega a una bocacalle ponerse a ‘negociar’ quién tiene la prioridad de paso; o evitar que, desordenadamente (ley de la selva), el vehículo más ‘grande’ (o que se desplaza con más velocidad), de manera oportunista, se imponga por la fuerza ante los demás usuarios. Podría decirse que la previsibilidad genera confianza; la confianza permite disminuir costos de negociación y así las relaciones deberían tender a ser más eficientes. La realidad permite reflexionar sobre esto. Restaría analizar, también, de qué manera estos razonamientos podrían (¿deberían?) influir (¿mediante -incentivos- sentencias positivas-negativas) en la asignación judicial de responsabilidad por infracción a este principio de confianza” (En: “Automóviles y peatones. Circunstancias y legitimación”, L.L., 21/11/2008).

Agregando a lo anterior, y con referencia analógica a las normas a aplicar en este caso, puede también citarse lo expuesto en cuanto que “una interpretación extensiva, laxa del principio de prioridad de paso consagrado normativamente en la Ley de Tránsito deja como mensaje (preocupante por cierto) que en vez de frenar los vehículos y ceder espontáneamente el paso, se debe acelerar para ‘ganar el paso’, dado que con ello se evita la aplicación del principio normativo de prioridad que tenía el otro vehículo que circulaba por la derecha. Va de suyo, que este no es la ratio de la ley de tránsito vigente, sino por el contrario, toda su normativa tiende a que se respete al otro de un modo ordenado, especialmente cuando no se tiene la preferencia de paso a la cual le confiere carácter de absoluta”.

Se ha expresado, de modo por demás agudo y elocuente, que “Quien cumple las disposiciones del Reglamento de Tránsito no puede chocar, y si lo hace, es porque no cumplió las obligaciones a su cargo. Ello así no resulta fácil advertir el sustento de la jurisprudencia que pretende imponer ‘lo físico’ sobre ‘lo legal’, máxime cuando la propia norma que establece la prioridad de quien se presenta por la derecha no contiene resquicio alguno para que se infiltre el germen de su propia violación (v. CC2da., en causa “Hidalgo, Enrique c. Nadal, Carlos A. p/ Daños y Perjuicios”, del voto en disidencia del Dr. Marzari Céspedes, publ. En Revista del Foro de Cuyo, Mza. Ed. Dike, 1992, t. 7 p. 173, sum. N° 716).

En virtud de las consideraciones previamente señaladas, cabe concluirse que el conductor demandado no respetó la prioridad de paso y, contrariamente a lo que afirma en sus agravios no media en autos acreditación de alguna circunstancia, que desplace total o parcialmente la regla en juego.

Asimismo este Tribunal, en no pocas ocasiones, ha recordado que las reglas jurídicas permiten coordinar las conductas en una sociedad.Para ello es necesario establecer reglas claras, precisas y hacerlas funcionar en el mismo sentido. En el caso así lo ha querido el legislador. No podemos coordinar la vida social haciendo de la excepción la regla.

Lo que es más grave es que nuestra sociedad no asume las reglas como razones excluyentes. Razones que excluyen la deliberación previa de los destinatarios.

Es precisamente en el funcionamiento de las normas de tránsito que se puede entender por qué Nino, refiriéndose a nuestra comunidad, tituló con elocuencia una de sus obras con el nombre: “Un país al margen de la ley”. Calificó a esta anomia como “boba”, el pequeño beneficio que obtengo por estacionar el auto en doble fila, no parar frente a la señal, encontrar la forma para no ceder el paso, es mínimo frente a los reiterados perjuicios que recibo ante el incumplimiento de todos los demás.

Las muertes que diariamente se producen por la manera en nos posicionamos frente a las normas de tránsito, determinan que urge que nos tomemos las reglas en serio.

3.2 En relación a la falta de carnet habilitante a la fecha del siniestro, es dable destacar que tal situación en modo alguno puede tener injerencia a la hora de determinar la responsabilidad del demandado, toda vez que ello es una exigencia de tipo administrativa, y en cambio para la fijación de la responsabilidad en un hecho como el de marras, se toma en consideración -entre otras cosas- la participación activa y/o pasiva de las partes en el mismo.

Así, la ausencia de carnet habilitante para la conducción de motocicletas “.no genera por sí sola la responsabilidad en el caso de un accidente, si no se prueba que fue la causa del mismo.” (Meilij, Responsabilidad Civil en los accidentes de tránsito, ed. Nova Tesis, Bs As. 2003 p.39).

Tiene dicho la jurisprudencia que:”La eventual circunstancia de que el conductor del automóvil careciera del carnet para conducir al momento del accidente, resulta insuficiente para la configuración de una eximente legal y revertir la responsabilidad exclusiva de la demanda, pues el incumplimiento de las normas reglamentarias para la conducción de vehículos y el tránsito, no resulta ser la causa o concausa en la producción del evento dañoso” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F – 12/12/2006 – Almirón C. Romano, Juan José – La Ley Online – AR/JUR/11405/2006).

En igual sentido, “El hecho de que el accidente de tránsito se haya producido entre un conductor de ciclomotor que no estaba habilitado, por un lado, y un conductor habilitado, por el otro, no repercute en la determinación de mayor culpabilidad en uno u otro, pues lo decisivo es la incidencia que tuvo en el resultado dañoso el comportamiento de cada uno de los protagonistas.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C – 18/02/1997 – Ferreira Silveira, Jorge W. y otro C. Pérez Robelo, Adolfo – LA LEY 1997-D, 130 – DJ 1997-3, 910 – AR/JUR/4230/1997).

3.3. La apelante también se agravia de los rubros indemnizatorios otorgados por la sentenciante ya que entiende que los mismos no fueron fehacientemente acreditados y que no puede utilizarse, como pretende la actora, un criterio matemático para cuantificar la indemnización, fijando un valor vida excesivo de $250.000.-

La juez de grado en su pronunciamiento, fundamentó la estimación del valor vida de la actora diciendo: “.Que J. tenía 28 años a la fecha de ocurrencia del siniestro (fs. 01 sumario penal) y trabajaba desde hacía unos meses como cajera clase B en AUFE S.A (fs. 112), percibiendo un salario que hoy en día sería de aproximadamente $3.600, era soltera, estaba de novia y convivía con sus padres, siendo la mayor de tres hermanos (fs.97).” “.Que teniendo en cuenta todo ello, que se trataba de una joven soltera, con un buen empleo con futuro y con una vida relacional normal, es que estableceré el valor de su vida a la fecha de ocurrencia del siniestro en la suma de $250.000, que con los intereses antes señalados arroja a la fecha de esta sentencia un valor de $501.500.- (v. fs. 213 vta.)

Cabe en primer término señalar que resulta cuanto menos confusa la distinción que efectuó la jueza interviniente al cuantificar por separado $250.000.- por daño en la persona y $50.150.- por daño físico. Para justificar el monto del primero consideró: “que J. tenía 28 años a la fecha de ocurrencia del siniestro (fs. 01 sumario penal) y trabajaba desde hacia unos meses como cajera clase B en AUFE S.A. (fs. 112), percibiendo un salario que hoy en día sería de aproximadamente $3.600.-, era soltera, estaba de novia y convivía con sus padres, siendo la mayor de tres hermanos (fs. 97). Que teniendo en cuenta todo ello, que se trataba de una joven soltera, con un buen empleo con futuro y con una vida relacional normal, es que estableceré el valor de su vida a la fecha de ocurrencia del siniestro en la suma de $250.000.-” (fs. 213 vta.). Con relación al segundo dijo: “que en fundado dictámen la perito médica describe la lesión de J. (fs. 132), haciendo notar que en la fractura del hueso escafoides el dolor se localiza en la zona de la muñeca siguiendo el eje del pulgar y aumenta con la palpación y que como consecuencia del traumatismo sufrido con motivo de dicha fractura determina como producto de dichas secuelas una incapacidad parcial y permanente del 10% del valor vida, de acuerdo a los Baremos de Rubinstein.Que en consecuencia, y compartiendo dicho dictamen he de otorgar por tal concepto la suma de $50.150.- la fecha de sentencia, con más los mismos intereses antes señalados” (Ibídem).

En realidad se trata de una superposición de razones que sólo permiten justificar la existencia y cuantificación de un daño. A ello se le suma que es evidente que la cualificación del daño moral estuvo condicionada a lo determinado para dichos rubros.

Dicho ello, corresponde señalar que en reiterados pronunciamiento este Tribunal siguiendo a la profesora Matilde Zavala de González ha considerado que “la lesión entraña una afectación de determinada esfera de la perso-na.” mientras que “el daño versa sobre las concretas consecuencias o efectos disvaliosos.en el producto o resultado negativo de la violación del derecho, bien o interés de la víctima”. En otras palabras, hay lesiones a la integridad psicofísica de las personas que pueden ser de orden estético, psíquico, relacional, físico, que a su vez podrán ser transitorias o perman entes y estas lesiones pueden ser fuente de daño material o daño moral o de ambas cosas a la vez. Vgr. la lesión estética disminuye la “chance” laboral del individuo y a la vez es fuente de sufrimiento y pesares.o puede ser sólo de esto último sin repercusión patrimonial, por lo que el daño resarcible no será el perjuicio estético en si mismo considerado, sino el daño moral o patrimonial que tiene origen en aquél.En consecuencia, las distinciones de la sentenciante no importan, desde esta perspectiva, una multiplicación de un sólo y único daño, sino un catálogo descriptivo de las diversas lesiones sufridas, cuyo acogimiento depende de la prueba que se produjo y especialmente en el caso de los criterios para cuantificarlos.

En virtud de ello, teniendo en cuenta las razones especificadas por la propia sentenciante (edad de la víctima, estado civil, tareas que realiza, grado de incapacidad) para la cuantificación del daño material, corresponde cuantificar el daño material por incapacidad en la suma de $ 90.000.- y el moral en $40.000.-

Se entienden razonables estos montos, no sólo con los hechos probados sino también con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que “.el valor de la vida humana no debe apreciarse con criterios exclusivamente económicos. No se trata de estimar en término monetarios la exclusiva capacidad económica de la víctima, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o su capacidad de producir bienes económicos con su trabajo. Las manifestaciones espirituales insusceptibles de medida económica integran también el valor vital de los hombres (Fallos 292, pág. 428; La Ley l988-A 217).

Asimismo, dichos montos resultan congruentes con los montos fijados para casos análogos y con la metodología utilizada para determinar la cuantificación de los daños por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Badín” actuando como Tribunal de instancia originaria (J.A. 1995, IV, ps. 142 y ss.). Por otra parte, no surge de lo expresado por la recurrente datos mensurables que permitan apartarse de los parámetros habituales para la determinación de los montos.

Aunque resulta obvio, se deja constancia que ello no implica modificar los montos fijados en la sentencia para cuantificar los daños en la motocicleta y gastos terapéuticos.

3.4.Por último se agravia de la tasa de interés aplicada por la juez de grado.

Alega que los montos indemnizatorios fueron fijados actualizados a la fecha de la sentencia y no al histórico o de hecho, y que en consecuencia no existe ningún componente inflacionario para compensar que justifique la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para operaciones ordinarias fijada por la judicante.

Le asiste razón a la apelante.

Corresponde analizar la temática relativa a determinar cuál es la tasa que corresponde aplicar durante el período comprendido entre el hecho dañoso hasta el dictado de la sentencia, en especial en este caso en donde la sentenciante estima la condena de algunos rubros a la fecha de la sentencia.

Esta Sala desde anteriores integraciones y en la actual, ha sostenido que la fijación de intereses es, especialmente en países como Argentina, provisional ya que su determinación debe responder a las fluctuantes condiciones de la economía. Aún antes del Plenario “Samudio” también ha considerado que cabe tener en cuenta para la fijación de la tasa de interés, una tasa que refleje la influencia del alza registrada en los precios que integran la “canasta familiar”. En virtud de ello corresponde, aún en la hipótesis de obligaciones civiles, que el monto adeudado devengue hasta su efectivo pago un interés equivalente a la tasa activa sumada de acuerdo a los índices del Banco de la Nación Argentina.

También se ha precisado que el momento a partir del cual comienza la aplicación de esta tasa lo es el de la fecha en que se ha cuantificado cada daño. Así por ejemplo, para los montos fijados en la sentencia (daño material por incapacidad y daño moral, ahora fijados en la presente) lo será el de esta fecha (Barbero, Ariel E., “Intereses moratorios: se vuelve a la buena senda”, L.L., 04-05-09, p.5). En virtud de ello, desde la fecha del hecho y hasta la de la cuantificación de los respectivos daños se aplicará una tasa del 8% anual.

Ello no resulta ajustado a derecho, por cuanto el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago.

La jurisprudencia ha dicho que “.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.” (CNCiv., Sala A en autos: “Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A y otros”, La Ley Online, AR/JUR/4074/2011).

En tal sentido se ha expedido esta Sala dentro de los autos “Vilches, Claudia c/ Transporte Pullman General Belgrano S/ Daños y Perjuicios” Expte.256/11 por Acuerdo N° 13 dictado en fecha 10/02/12, diciendo que “.Dicha postura no puede ser admitida por este tribunal, puesto que si se aplicara una tasa de interés activa desde la fecha del hecho (como propone la actora), se incurriría en un enriquecimiento indebido por parte del acreedor en detrimento del deudor.”.

En virtud de lo expuesto precedentemente, y de conformidad con el criterio que viene manteniendo esta Sala en numerosos pronunciamientos, resulta justo que desde la fecha del siniestro y hasta la cuantificación de los respectivos daños se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual, como peticiona la citada en garantía.

Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta, al momento de liquidar los mismos, que este Tribunal viene estableciendo un tope del 30% anual comprensivo de compensatorios y punitorios; tomando en consideración para llegar a tal pauta, el marco temporal de devengamiento de intereses.

Más allá de lo expuesto, se deja a salvo la facultad morigeradora del Tribunal si en virtud de circunstancias sobrevinientes la aplicación de dicha tasa pudiera tornarse abusiva.

3.4. Voto pues parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: En consecuencia corresponde: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia N°86 del 21/02/13 modificando los montos de condena por daño material y moral y la tasa de interés de acuerdo a las pautas fijadas en los considerandos. 2. Imponer las costas en esta instancia en un 50% a la parte actora y en un 50% a la demandada (Art. 252 del CPCC). 3. Regular los honorarios profesionales en un 50% de lo que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Cúneo: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Peyrano:Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia N°86 del 21/02/13 modificando los montos de condena por daño material y moral y la tasa de interés de acuerdo a las pautas fijadas en los considerandos. 2. Imponer las costas en esta instancia en un 50% a la parte actora y en un 50% a la demandada (Art. 252 del CPCC). 3. Regular los honorarios profesionales en un 50% de lo que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“G. J. N. C/ B. G. M. E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N°298/13)

CHAUMET

CÚNEO

PEYRANO

(ART. 26, LOPJ)

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