El hecho de que no se haya conformado una masa única de acreedores no obsta per se a que la fecha de estado de cesación de pagos de la fallida se configure en un mismo momento para todos

DineroPartes: Tomasello Eduardo Antonio s/ quiebra, Incidente de determinación de la fecha de cesación de pagos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 7-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-93516-AR | MJJ93516 | MJJ93516

El hecho de que no se haya conformado una masa única de acreedores no obsta per se a que la fecha de estado de cesación de pagos de la fallida se configure en un mismo momento para todos los involucrados.

Sumario:

1.-En nuestro sistema concursal la sentencia de quiebra se limita a constatar en el momento de su dictado la actual existencia del estado de cesación de pagos del deudor para justificar la apertura del procedimiento colectivo, y que ese pronunciamiento se complementa posteriormente con otra resolución judicial en la que se precisa cuándo tuvo iniciación o se evidenció ese estado por sus manifestaciones exteriores; decisión que, por otra parte, resulta de indudable gravitación porque ese dato es necesario para la eventual promoción de acciones de recomposición patrimonial y de responsabilidad, evitando que resulten cosa vacua los efectos retroactivos de la falencia.

2.-La determinación de la fecha de cesación de pagos impone al magistrado ponderar, de manera conjunta, todas las constancias fundamentales de la causa vinculadas con esa temática, entre ellas, el dato aportado por el propio deudor (arts. 11 inc. 2 ; 86 y 88 inc. 4 , ley 24.522), la información del síndico (art. 39 inc. 5 ), y las correspondientes observaciones (arts. 40 y 117 ), para formar su propia convicción, pues ninguna de las opiniones, incluso la del síndico, le resultan vinculantes y si bien cada interesado tratará de que se establezca la fecha que más le convenga, será materia del juez su fijación de acuerdo con todos esos elementos de juicio.

3.-El estado de cesación de pagos no debe confundirse con sus hechos reveladores, habida cuenta que el estado de quiebra económico es anterior al hecho que lo evidencia y que aprehende el órgano jurisdiccional para transformar el estado de quiebra económica en estado de quiebra de derecho.

4.-Como el hecho revelador resulta ser una consecuencia del estado económico de quiebra, su fecha inicial debe fijarse antes del momento en que se produzca el hecho revelador.

5.-Aunque se trata de un fenómeno único, el estado de insolvencia puede evidenciarse por una serie de hechos sucesivos e ininterrumpidos, en cuyo caso se ha propuesto considerar el primero de ellos, e igual solución se propugna en caso de duda, justamente para que la mayor cantidad de actos lesivos a la masa de acreedores no escapen a los efectos de la quiebra.

6.-Aunque la ley pareciera dar a entender que, cuando el estado de insolvencia es anterior a los dos años, el límite máximo de retroacción impone su fijación en el confín más antiguo de ese bienio, esto es, en el primer día de los dos años y con prescindencia de la fecha real (art. 116 , ley 24.522), ambos aspectos no deben confundirse porque juegan separadamente y así deben interpretarse. De allí la necesidad de que, en su caso, se discrimine, por un lado, el día real de inicio de la cesación con independencia del punto máximo de retroacción, y por el otro, cuál es el espacio temporal que abarca el período de sospecha.

7.-Cuando nos encontramos en un supuesto de extensión de quiebra, el ordenamiento establece un régimen diferenciado, esto es una solución que escapa a la regla general (art. 169 , ley 24.522), pues cuando se trata de un supuesto de masa única debe fijarse una misma fecha para todos los fallidos, pero cuando las masas son separadas, la cesación de pagos debe establecerse de manera individual, examinando incluso si el extendido se encuentra o no en estado de cesación de pagos al momento de decretarse su falencia.

8.-El hecho de que no se haya conformado una masa única no obsta per se a que esa situación se configure en un mismo momento para todos los involucrados, y -por el otro- que justamente el argumento central en que se sustentó la extensión de la quiebra, esto es, el accionar promiscuo de los demandados respecto de los bienes de la sociedad, conlleva necesariamente a que la fecha fijada para la sociedad resulte también operativa respecto de quienes desarrollaron esas conductas. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de julio de 2015.

1. El Sr. Eduardo Antonio Tomasello apeló en fs. 18 la decisión de fs. 11/12 que fijó su fecha de cesación de pagos el día 12.7.07, cuando -a su entender y teniendo en cuenta que su quiebra se decretó el 24.2.12- esa fecha no debió fijarse más allá del 24.2.10. Los argumentos expuestos en fs. 21/24 fueron contestados por la sindicatura en fs. 26/27.

La Representante del Ministerio Público opinó en fs. 35/36.

2. (a) Para una mejor comprensión de la cuestión traída a conocimiento de esta instancia debe comenzar por reseñarse que, con motivo de la acción promovida por la sindicatura designada en el juicio de quiebra de Construvial Técnica S.A., el 12.7.07 se le extendió la falencia a los Sres. Tulio G. Latorre y a Eduardo A. Tomasello; que el primero de los mencionados no apeló esa decisión, y que esta Sala -por mayoría- rechazó el recurso deducido por el segundo de los referidos, tras considerar que su situación de «dueño del negocio» y la utilización «promiscua» de los bienes de esa sociedad configuraban la conducta descripta por el art. 161 inc. 1 de la ley 24.522 (fs. 988/1000, expte. n° 56.100/2007).

(b) Además, que como la juez de grado admitió la extensión pero postergó el decreto de quiebra (lo cual, como se verá, fue severamente cuestionado por esta Sala), la falencia de Latorre y de Tomasello se dictó luego de que esa decisión quedó firme, más precisamente el día 24.2.12.

(c) También que -en virtud de estas particularidades- la sindicatura postuló en el informe general de la quiebra personal de Tomasello que ambos fallidos debían compartir la fecha de cesación de pagos con Construvial Técnica S.A.(18.4.97), opinión que mereció la impugnación exclusiva de ese quebrado y dio lugar a la formación de este incidente, en donde, apartándose de la propuesta de la sindicatura, se terminó fijando la cesación de pagos de ambos fallidos en el día en que se les extendió la quiebra, esto es, el 12.7.07 (fs. 11/12).

(d) Finalmente, que sólo Tomasello cuestionó esa decisión, argumentando básicamente que, como su quiebra se dictó el 24.2.12, la fecha de cesación de pagos no debió fijarse más allá del 24.2.10 (fs. 21/24).

3. (a) Efectuadas estas breves referencias, en lo que aquí interesa, cabe recordar que en nuestro sistema concursal la sentencia de quiebra se limita a constatar en el momento de su dictado la «actual» existencia del estado de cesación de pagos del deudor para justificar la apertura del procedimiento colectivo, y que ese pronunciamiento se complementa posteriormente con otra resolución judicial en la que se precisa cuándo tuvo iniciación o se evidenció ese estado por sus manifestaciones exteriores; decisión que, por otra parte, resulta de indudable gravitación porque ese dato es necesario para la eventual promoción de acciones de recomposición patrimonial y de responsabilidad, evitando que resulten cosa vacua los efectos retroactivos de la falencia.

(b) Vale mencionar, además, que, tratándose de una cuestión no menor ni exenta de dificultad, la determinación de la fecha de cesación de pagos impone al magistrado ponderar, de manera conjunta, todas las constancias fundamentales de la causa vinculadas con esa temática, entre ellas, el dato aportado por el propio deudor (arts. 11 inc. 2; 86 y 88 inc. 4, ley 24.522), la información del síndico (art. 39 inc. 5), y las correspondientes observaciones (arts. 40 y 117), para formar su propia convicción, pues ninguna de las opiniones, incluso la del síndico, le resultan vinculantes.Y que si bien cada interesado tratará de que se establezca la fecha que más le convenga, será materia del juez su fijación de acuerdo con todos esos elementos de juicio.

(c) Por otra parte, pero en un afín orden de ideas, cabe destacar que el estado de cesación de pagos no debe confundirse con sus hechos reveladores, habida cuenta que el estado de quiebra económico es anterior al hecho que lo evidencia y que aprehende el órgano jurisdiccional para transformar el estado de quiebra económica en estado de quiebra de derecho.

En otras palabras, como el hecho revelador resulta ser una consecuencia del estado económico de quiebra, su fecha inicial debe fijarse antes del momento en que se produzca el hecho revelador (Argeri, Saúl, Algunas reflexiones sobre la fecha del estado inicial de cesación de pagos, LL, 1979- C-1168, cap. II).

No cabe perder de vista, además, que aunque se trata de un fenómeno único, el estado de insolvencia puede evidenciarse por una serie de hechos sucesivos e ininterrumpidos, en cuyo caso se ha propuesto considerar el primero de ellos (Fernández, R, Fundamentos de la quiebra, p. 568, n° 236), e igual solución se propugna en caso de duda, justamente para que la mayor cantidad de actos lesivos a la masa de acreedores no escapen a los efectos de la quiebra (Garaguso, H, Ineficacia Concursal, 1981, p. 78).

(d) Y en este punto resulta relevante remarcar que, aunque la ley pareciera dar a entender que, cuando el estado de insolvencia es anterior a los dos años, el límite máximo de retroacción impone su fijación en el confín más antiguo de ese bienio, esto es, en el primer día de los dos años y con prescindencia de la fecha real (art.116, ley 24.522), ambos aspectos no deben confundirse porque juegan separadamente y así deben interpretarse.

De allí la necesidad de que, en su caso, se discrimine, por un lado, el día real de inicio de la cesación con independencia del punto máximo de retroacción, y por el otro, cuál es el espacio temporal que abarca el período de sospecha.

(e) Finalmente, corresponde precisar que, cuando nos encontramos – como en el caso- en un supuesto de extensión de quiebra, el ordenamiento establece un régimen diferenciado, esto es una solución que escapa a la regla general (art. 169, ley 24.522), pues, como explica la doctrina, cuando se trata de un supuesto de masa única debe fijarse una misma fecha para todos los fallidos, pero cuando las masas son separadas, la cesación de pagos debe establecerse de manera individual, examinando incluso si el extendido se encuentra o no en estado de cesación de pagos al momento de decretarse su falencia (Junyent Bas, F. y Molina Sandoval, C., Ley de concursos y quiebras, Buenos Aires, 2011, t. II, p. 362).

4. Sentado todo ello, se impone puntualizar aquí que el contenido y alcance del cuestionamiento del fallido pone en evidencia su ostensible confusión en esta materia, pues, cuando insiste en que el decreto de quiebra es el dato esencial para fijar la cesación de pagos (fs. 1/3), confunde desde qué momento deben juzgarse operativos los efectos de la falencia a su respecto, y soslaya esa necesaria y esencial diferenciación entre la fecha real de la cesación y la derivada de la retroacción, a la cual se hizo ya referencia (pto. 3 d).

De todos modos, y sin perder de vista las facultades inquisitorias que – en general- se concede a los magistrados en estos procesos universales, para tutelar el interés general comprometido y el de los acreedores ausentes, las cuales no se encuentran constreñidas por los límites dispositivos (arg. art. 274, ley 24.522. ver, en similar sentido, esta Sala, 21.4.15, «Banco Extrader S.A.s/quiebra c/ Sosa, Carlos María s/ordinario» con cita de CSJN, Fallos, 321:2- 1670), cabe resaltar que la manera en que ha sido deducida esa impugnación habilita una plena revisión de la decisión adoptada a la luz de los principios y reglas ya reseñadas, pues -como se dijo- si, por hipótesis, el comienzo real del estado de cesación se ubicara en una fecha cualquiera comprendida dentro del plazo de dos años, la retroacción debe remontarse limitadamente a esa fecha y no más allá de ella, lo cual evidencia la necesidad de tener que examinar la controversia de modo integral.

5. Entonces, frente al interrogante de tener que establecer cuál es la fecha real de cesación de pagos que debe regir en el caso, no cabe sino compartir la opinión de la sindicatura a este respecto (fs. 363/364, expte. n° 21434/2014), habida cuenta, por un lado, que el hecho de que no se haya conformado una masa única no obsta per se a que esa situación se configure en un mismo momento para todos los involucrados, y -por el otro- que justamente el argumento central en que se sustentó la extensión de la quiebra, esto es, el accionar promiscuo de los demandados respecto de los bienes de la sociedad, conlleva necesariamente a que la fecha fijada para la sociedad resulte también operativa respecto de quienes desarrollaron esas conductas (arg. art. 79, ley 24.552); con la cual, la fecha real habrá de fijarse en el día 18.4.97.

Dicha conclusión, por otra parte, obliga a tener que examinar cómo deben juzgarse los efectos de la quiebra en la especie y, consecuentemente, a preguntarse cómo debe computarse la retroacción prevista en el mencionado art.116 de la ley 24.522.

Y al respecto cabe señalar que si bien la sentencia de extensión postergó la declaración de falencia de los sujetos condenados, este Tribunal cuestionó severamente -en los votos que conformaron la mayoría- ese proceder, esto es, disociar el contenido del fallo separando la declaración de admisibilidad de la demanda, del pronunciamiento de quiebra por extensión y consiguiente iniciación de sus efectos, porque esa metodología, no sólo contraviene la ortodoxia procesal que indica que todo pronunciamiento judicial debe estructurarse como una unidad, sino también lo expresamente dispuesto por el art. 171 de la ley 24.522, según el cual, los efectos de la quiebra declarada por extensión se producen justamente a partir de la sentencia que la decreta (fs. 988/1000, expte. n° 56.100/2007).

De allí que, sobre tales bases y teniendo en cuenta que ese error (de desdoblar la condena y la sentencia) no puede gravitar en favor del fallido y en desmedro de los acreedores, la conclusión que se impone es que los efectos de la quiebra deben entenderse operativos desde el dictado del pronunciamiento de ext ensión, esto es, desde el día 12.7.07 (fs. 11/12) y que, por consiguiente, el período de sospecha debe abarcar entre esa fecha y el día 12.7.05 (art. 116, ley 24.522).

6. Por todo lo expuesto, y oída la Fiscalía de Cámara, se RESUELVE:

Con el alcance precedente modificar la resolución de fs. 11/12; y desestimar el recurso de fs. 18, con costas a cargo del apelante en su condición de vencido (art. 68, Código Procesal).

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y notifíquese a la Representante del Ministerio Público en su despacho y devuélvase sin más trámite, confiándose a la magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 37/39.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón – Secretario de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: