No se le reconocen al Banco incidentista los intereses pactados que pretende se le apliquen al crédito verificado en el concurso -45,5% anual capitalizada mensualmente-.

PorcentajePartes: Lago Electromecánica S.A. s/ concurso preventivo, Incidente de revisión de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 8-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93513-AR | MJJ93513 | MJJ93513

No se le reconocen al Banco incidentista los intereses pactados que pretende se le apliquen al crédito verificado en el concurso -45,5% anual capitalizada mensualmente-.

Sumario:

1.-Nuestro ordenamiento legal permite el anatocismo a través de las excepciones que taxativamente enuncia el art. 623 del código civil que dispone: No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes…” .

2.-Aún en los supuestos en los que el anatocismo es permitido, si la percepción de réditos por esa vía conlleva a usura, es decir, a la percepción de un interés desproporcionado con las circunstancias del caso, la capitalización de intereses es igualmente inviable.

3.-Del mismo modo en que puede tacharse la validez de una determinada cláusula continente de una tasa de interés por resultar violatoria de la moral y las buenas costumbres (art. 953 Cód. Civ.), puede también impugnarse la capitalización de acrecidos en la medida de que la aplicación de tal mecanismo resulte refractario de aquellos principios.

4.-La viabilidad de la capitalización de intereses, es asunto que deberá ser juzgado teniendo en cuenta no solo las circunstancias particulares intrínsecas que se verifiquen en cada caso, sino también las extrínsecas.

5.-Aun cuando las tasas de interés aplicables surjan de un pacto celebrado libremente en los términos del art. 1197 del código civil, ello no impide su modificación por los jueces, quienes tienen la facultad de corregir de oficio las convenciones pactadas por los particulares cuando las mismas resultan lesivas a la moral y a las buenas costumbres. Ello así, con mayor razón, si se atiende a que la determinación de los intereses es esencialmente provisional, pues responde a las fluctuantes condiciones de la economía del país, en donde dichas tasas no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por influjo de distintos factores varían considerablemente.

6.-Ante la aplicación de tasas de interés que pueden merecer serios reparos a la luz de principios indisponibles (conf. arts. 953, 1071 y conc. código civil), cuando la establecida resulta abusiva y contraria a las buenas costumbres, es facultad del juez morigerarla aún de oficio.

7.-El tope fijado por el a quo (una vez y media la tasa activa del BNA, sin capitalizar), ha sido también admitido como límite por este Tribunal en numerosos precedentes. Sobre el particular, ninguna incidencia tiene en el caso la directriz sentada por el art. 565 párr 2° del código de comercio que dispone: …El deudor perseguido judicialmente y que litigue si razón valedera, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media del que cobren los bancos públicos…” y ello así puesto que, por tratarse de un castigo pecuniario al deudor por litigar maliciosamente sin razón valedera que lo justifique, que posibilita el incremento de la indemnización por retardo, su aplicación no es de manera automática. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 8 de junio de 2015.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 533/535, por medio de la cual el señor juez de primera instancia rechazó la demanda de revisión instada por el incidentista, a los efectos que le sean reconocidos los intereses con la extensión en que fueran insinuados en la oportunidad prevista por el art. 32 L.C.Q.

II. El recurso fue interpuesto a fs. 765 y se encuentra fundado con el memorial de fs. 769/778.

El traslado respectivo fue contestado a fs. 783/789 por la concursada, y a fs. 791/795 por la sindicatura.

III. Se adelanta que el recurso no habrá de prosperar.

Según surge del informe del art. 35 L.C.Q. copiado a fs. 814, la tasa de interés pactada cuya aplicación pretende el banco asciende a un 45,5% anual, la cual, además, y según también lo acordado, debería ser capitalizada mensualmente.

Ahora bien, no se soslaya que nuestro ordenamiento legal permite el anatocismo a través de las excepciones que taxativamente enuncia el art. 623 del código civil que, en lo que aquí interesa, dispone: “No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes…” (sic).

No obstante, resulta necesario aclarar que, aún en los supuestos en los que el anatocismo es permitido, si la percepción de réditos por esa vía conlleva a usura, es decir, a la percepción de un interés desproporcionado con las circunstancias del caso, la capitalización de intereses es igualmente inviable.

Es decir, del mismo modo en que puede tacharse la validez de una determinada cláusula continente de una tasa de interés por resultar violatoria de la moral y las buenas costumbres (art. 953 Cód.Civ.), puede también impugnarse la capitalización de acrecidos en la medida de que la aplicación de tal mecanismo resulte refractario de aquellos principios.

En esa inteligencia, la viabilidad de la capitalización de intereses, es asunto que deberá ser juzgado teniendo en cuenta no solo las circunstancias particulares intrínsecas que se verifiquen en cada caso, sino también las extrínsecas.

Así, ha sido considerado que aun cuando las tasas de interés aplicables surjan de un pacto celebrado libremente en los términos del art. 1197 del código civil, ello no impide su modificación por los jueces, quienes tienen la facultad de corregir de oficio las convenciones pactadas por los particulares cuando las mismas resultan lesivas a la moral y a las buenas costumbres. Ello así, con mayor razón, si se atiende a que la determinación de los intereses es esencialmente provisional, pues responde a las fluctuantes condiciones de la economía del país, en donde dichas tasas no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por influjo de distintos factores varían considerablemente (CNCiv. Sala M, “Mobilio Juan Carlos c/ L y L S.R.L. y otros s/ ejecución especial ley 24.441” , del 11/10/05).

En ese contexto, a la luz de las cuentas presentadas por la sindicatura a la tasa establecida por el juzgado (ver fs. 839), se advierte la exorbitancia -capitalización mediante- de los intereses pretendidos por la apelante, extremo que autoriza su morigeración del modo en que lo fue hecho por el magistrado de primer grado.

En ese sentido, ha sido destacado por el Tribunal que ante la aplicación de tasas de interés que pueden merecer serios reparos a la luz de principios indisponibles (conf. arts. 953, 1071 y conc. código civil), cuando la establecida resulta abusiva y contraria a las buenas costumbres, es facultad del juez morigerarla aún de oficio (esta Sala, in re, “General Plastics c/ EDECAT S.A.s/ ejecutivo”, del 24/11/11).

Por lo demás, el tope fijado por el a quo (una vez y media la tasa activa del BNA, sin capitalizar), ha sido también admitido como límite por este Tribunal en numerosos precedentes (“AFIP c/ P.L. Rivero y Cia.

S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. rev. por la concursada”, del 12/08/14; “Cooperativa de Trabajo Solucionar Limitada s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fisco Nacional -AFIP-DGI-“, del 21/08/12; “Prodalsa S.A. c/ Gabaroni Leandro Mario y otro s/ ejecutivo”, del 30/10/14; entre otros).

Sobre el particular, ninguna incidencia tiene en el caso la directriz sentada por el art. 565 párr 2° del código de comercio que dispone: “…El deudor perseguido judicialmente y que litigue si razón valedera, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media del que cobren los bancos públicos…” (sic).

Ello así puesto que, por tratarse de un castigo pecuniario al deudor por litigar maliciosamente sin razón valedera que lo justifique, que posibilita el incremento de la indemnización por retardo (Adolfo N. Rouillon, “Código de comercio comentado y anotado”, T. I, pág. 1020, edit. La Ley, 2005), su aplicación no es de manera automática, no advirtiendo esta Sala razones que justifiquen su aplicación en el caso.

En cuanto a las costas, la ley establece que su imposición se regirá por el principio objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe del vencido, pues se trata, antes que de una sanción, de un resarcimiento que se impone a favor de quien se ha visto obligado a litigar (Jorge L. Kielmanovich, “Código procesal comentado y anotado.”, T. I, pág. 150, edit. Abeledo Perrot, 2010).

En tal sentido, ha sido señalado que la facultad que el art. 68 párr.2° del código procesal le reconoce al juez de apartarse de aquella regla, debe ser aplicada con criterio restrictivo y sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas que demuestren la injusticia de aplicar el principio general (Santiago C. Fassi – César D. Yáñez, “Código procesal comentado, anotado y concordado”, T. I, pág. 416, edit.Astrea, 1988; y jurisprudencia allí citada).

Así, el hecho de que el apelante se hubiera sentido -como sostuvo-, con derecho a deducir el incidente previsto en la normativa concursal, no es motivo que justifique per se apartarse de aquel principio general.

Por tales razones, también habrá de ser confirmado el temperamento adoptado sobre el punto en la instancia de grado.

IV. Por ello se RESUELVE: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el pronunciamiento recurrido; b) imponer las costas de Alzada a la apelante vencida, atento el criterio objetivo de la derrota (art. 68 código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

La Dra. Julia Villanueva no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno – Secretario De Cámara

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