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El derecho de libre acceso a imágenes de patrimonios culturales.

filmandoFecha: 7-ago-2015

Cita: MJ-MJN-88334-AR

Por Facundo M. Bilvao Aranda (*)

Hace algunas semanas se hizo público un conflicto suscitado en Europa al existir una suerte de tensión entre los intereses netamente privados, con tinte comercial y capitalista, y los intereses de toda la comunidad mundial, referente a la posibilidad abierta o la prohibición de tomar fotografías de la Torre Eiffel y de difundirlas en forma irrestricta por medios masivos de comunicación, principalmente, en plataformas virtuales.

En principio, el Parlamento de la Unión Europea se ha inclinado a favor de la llamada «libertad de panorama», con base en la cual se autoriza la fotografía de edificios públicos sin que ello genere la obligación o carga de pagar derechos de autor.

Entendemos que se trata de una discusión centrada en las preferencias de una comunidad de Estados en el respeto y prioridad de los valores culturales generales o en la protección de los intereses meramente privados.

Para hablarlo en términos cercanos a nuestra realidad, se trataría de definiciones legislativas en las que se debate el tratamiento a brindar a ciertos bienes que conforman el patrimonio cultural de la región, y ello, a nuestro entender, implica apartarse de los primitivos conceptos de propiedad privada o de uso o concesión que una persona pública o privada detente sobre determinadas piezas, obras o edificios.

Cuando hablamos de bienes que conforman o forman parte del patrimonio cultural de un país o una región, entendemos que se trata de bienes cuya custodia, uso, preservación y exhibición es realizada en interés de toda la población, no en beneficio de intereses privados. De allí que su inclusión en la categoría de patrimonio cultural implique restricciones o concesiones fundadas en el interés público.

En Argentina, la Ley 25.197 define el patrimonio cultural argentino como un universo de «Bienes Culturales», que integran los objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. Además, la misma ley entiende por «bienes culturales histórico-artísticos» a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico.

A su vez, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (incorporada a nuestro derecho positivo por Ley 21.836 del 6 de julio de 1978), dispone que «Patrimonio Cultural» son las obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; y las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Esta Convención (firmada, justamente, en París el 23 de noviembre de 1972), impone a los Estados la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, e inclusive, en el art. 27, obliga a los Estados partes a hacer todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural, y a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio.

En el caso concreto de la Torre Eiffel, es innegable su condición de monumento histórico y turístico por excelencia. Repárese que la ciudad de París reúne a más de 40 millones de turistas extranjeros cada año, y esta construcción (la Torre Eiffel) resulta ser uno de sus epicentros y atractivos principales junto con la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos y el Arco de Triunfo.

Recordemos también que esta obra arquitectónica de 324 metros de altura fue una de las candidatas semifinalistas en la elección de las siete maravillas del mundo moderno, quedando en el noveno puesto detrás del Cristo Redentor (Brasil), Machu Picchu (Cusco, Perú), la Gran Muralla China, el Palacio de Potala (China), el Taj Mahal (India), el Coliseo de Roma, Chichen Itzá (México) y los Moáis de la Isla de Pascua (Chile).

La Unesco, en el año 1991, ha declarado como uno de los patrimonios culturales de la humanidad a ambas orillas del río Sena, desde el museo del Louvre hasta la mismísima Torre Eiffel, pasando por la Plaza de la Concordia, el Grand Palais y el Petit Palais, pues a través de él es posible conocer la evolución de París y de su historia; por lo que resulta más que obvio que estamos en presencia de una obra que trasciende los mezquinos intereses privados para convertirse, lisa y llanamente, en un bien admirado y protegido por la comunidad internacional.

En resumidas cuentas, la decisión del Parlamento Europeo se conocerá en los próximos meses y con ella se intentará definir la razonabilidad del establecimiento de límites al uso y difusión de imágenes de obras de trascendencia cultural universal por parte de personas o empresas privadas con fines comerciales; ello en el marco de una nueva era de la comunicación y de la transferencia de información por medios electrónicos y virtuales, dentro del cual se englobarían organizaciones como Wikimedia o redes sociales como Facebook o Twitter.

Entonces, la pregunta será si los administradores de estas plataformas quedarán o no obligados a pagar derechos de autor por el uso o tráfico de imágenes referentes a este tipo de bienes, o bien si el tráfico de estas fotografías será pura y exclusiva responsabilidad de cada usuario, o si estos quedarán eximidos de tal contingencia.

La lógica me inclina a concluir que es muy difícil que se sostenga en el tiempo una decisión que impida o restrinja a un particular la libre captación de imágines de este tipo de patrimonios culturales o que grave a los administradores de sitios virtuales por el tráfico de ellas dentro de sus plataformas. Ello, puesto que estoy convencido de que la protección y libre divulgación de estas resulta un resorte necesario para el enriquecimiento cultural de toda la humanidad.

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(*) Abogado, UNL. Notario, UNL. Máster en Derecho Empresario, Universidad Austral.

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