Falabella debe indemnizar al actor por el daño moral ocasionado ante la errónea inclusión en registro de deudores

demanda-indemnizacionPartes: L. M. H. c/ Falabella s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 23-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93362-AR | MJJ93362 | MJJ93362

Obligación del demandado de reparar el daño moral causado por informar erróneamente la calidad de deudor de difícil o imposible cobro del actor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios contra la empresa demanda que informó erróneamente la calidad de deudor del actor, pues dicho obrar antijurídico repercutió en el ánimo de la reclamante y sus legítimas expectativas, todo lo cual importa una mortificación, al haber sido erróneamente calificada en situación de deudora de difícil o imposible cobro.

2.-Es procedente el reclamo resarcitorio del daño moral invocado por errónea calificación de deudor de difícil o imposible cobro del actor, y para determinar el quantum de la reparación, consideró que deben tenerse en cuenta aspectos tales como las circunstancias personales de la actora, el lapso que duró la información indebida en los bancos de datos, la premura de la entidad responsable en informar el error, la diligencia puesta en obtener la rectificación, tomando como parámetro cuantitativo lo resuelto en casos similares; ello, con la finalidad de lograr que las decisiones judiciales que establecen indemnizaciones de este tipo sean predecibles o previsibles, con beneficio para la seguridad jurídica.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 23 días del mes de . Abril de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Jorge W. Peyrano, para dictar sentencia en los caratulados “L. M. , HORACIO c/ FALABELLA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 373/14, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial de la 8va Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1277 de fecha 30 de mayo de 2014 obrante a fs. 164/177, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Chaumet y Peyrano.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Adelanto una respuesta negativa pues, pese a que en el escrito de expresión de agravios se hace referencia a supuesta arbitrariedad, no alcanzan los argumentos a ser desarrollados con la justeza y precisión que merezcan andamiento y, por otro lado, el análisis oficioso de la sentencia y el cuestionamiento al que pretende sometérsela en este sentido nulificatorio no pone de resalto vicio alguno que justifique la descalificación pretendida. Además la sentencia puede ser revisada desde la perspectiva apelatoria y los agravios desarrollados analizados al responder el segundo interrogante.

Reitero la respuesta a este interrogante es negativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo:Cierto es que la defensa de la sentencia asumida en un principio por la parte apelada es el pedimento de deserción del recurso; también puede atribuirse cierta falta de contundencia a los agravios que se desarrollaran por la parte recurrente; pero la declaración solicitada por la parte actora parece que requeriría una mayor debilidad que la demostrada por el escrito recursivo de fundamentación.

Los fundamentos son escasos y poco desenvueltos, y no del todo bien, ya que no se expresa con precisión la forma en que los párrafos sentenciales cuestionados dirigidos y relacionados con el perjuicio que cada agravio supone, aunque ello puede ser implícitamente inferido; por ello y con el ánimo de dar la más amplia oportunidad de defensa a la supuesta agraviada, es que habré de responder al recurso de apelación mediante el acometimiento de los perjuicios que logran inferirse con cierto grado de causalidad en los cuestionamientos argumentales puestos en confrontación con lo decidido en anterior instancia.

Debe tenerse presente que en toda instancia y en especial en esta revisión los argumentos han de ser analizados conforme a derecho, dando la respuesta coherente con el aplicable y sin tomar en consideración otras argumentaciones que las desarrolladas y probadas por las partes y aún así debe recordarse que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriman al pleito cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso profundizar sobre los restantes.

En el caso resulta inoficioso analizar -cosa que ya se hizo en anterior instancia y no resultó materia de agravio- la forma y modo en que se trató argumentalmente por el sentenciante, sino que se quejó la supuesta agraviada de que no los trató, refiriendo a:

“., resulta de vital importancia tomar en consideración los siguientes argumentos que fueron alguno de ellos tomados en cuenta para sentenciar y otros ignorados:

– Que el actor Sr. Horacio López M.estableció con mi mandante una relación comercial solicitando la tarjeta CMR Falabella S.A N° 52.100.293/11 y con dicha tarjeta obtuvo el financiamiento de compras varias.

– Que a la fecha existe un saldo deudor vencido e impago.

– Que solo se han realizado pagos parciales, tal como lo expresa en el escrito de interposición de demanda a fa 33 vta de autos “pagando lo que consideraba justo”.

Concretamente la sentencia recurrida, en sus considerandos omite mencionar circunstancias que por su importancia son merecedoras de especial atención, como las que ut-supra se detallaran”.

Basta para ello tomar, casi al azar, algunos párrafos de la sentencia recurrida.

Así, puede leerse que el a-quo dijo textualmente:

“Es cierto que la primera impugnación fue breve, pero la voluntad claramente expresada, tendente a “cuestionar” la “legitimidad” de los rubros que indicó en su nota, era suficiente como para colocar a la demandada en el deber de tratar la misma y brindarle respuesta, según lo dispone el art. 27 de la citada Ley. Esto es, dentro de los quince (15) días siguientes, debía corregir el error -si consideraba que se había incurrido en alguno- o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación.

La demandada mantuvo un silencio huraño, injustificable a tenor del citado art. 27, que requiere del emisor de la tarjeta un obrar concreto, que aporte los “fundamentos que avalen la situación”, es decir, su postura. Ese tramo de la norma fue observado por art. 8° del Decreto N° 15/99 (B.O. 14/01/1999), pero luego confirmado por Mensaje del Senado de fecha 01/09/99 (B.O. 24/9/1999), por el que finalmente se lo incorporó como derecho positivo.

Los efectos se la impugnación se hallan previstos en los arts. 28, 29 y 30, y desde allí la jurisprudencia ha considerado que hallándose impugnados cargos de la cuenta de una tarjeta de crédito, constituye un obrar antijurídico del emisor informar al B.C.R.A.que el accionante se encontraba en una “situación irregular”, sin que previamente se expida respecto de los rubros cuestionados dentro del plazo correspondiente según lo establecido en el art. 27 de la Ley de Tarjeta de Crédito. Vale decir, abierto el período de impugnación, el emisor debe abstenerse de remitir los antecedentes del usuario al Banco de Central de la República Argentina, por lo menos hasta tanto realice la investigación respectiva y resuelva la cuestión en el ámbito extrajudicial, con estricto apego a los citados arts. 27, 28 y 29″.

Se está refiriendo a la relación establecida, afirmada por la recurrente, y manifiesta que de esa relación surgieron diferencias y que el actor “impugnó” ¿qué pudo haber impugnado sino un saldo en su contra nacido de la única relación vinculante entre partes mencionada como existente previa a la judicialización de las diferencias? Obviamente a ninguna otra.

El a-quo hizo referencia a la relación, a los resultados, al actuar del actor y de la demandada frente a la impugnación, encuadró las conductas en derecho y falló. No hay agravios al respecto que puedan ser tomados en consideración.

Debe destacarse que la única materia de agravio que señala la recurrente es la condena a abonar daño moral, consintiendo el resto de la sentencia de anterior instancia.

Dice agraviarse de la afirmación del a-quo: “El daño moral es incontrastable”.

El sentenciante se ha basado para tal aseveración en doctrina y jurisprudencia que cita abundantemente por lo que no puede decirse que su conclusión sea una derivación de su sola voluntad, con lo que se descarta la posibilidad de arbitrariedad con ese fundamento o el de carencia del mismo o su insuficiencia.Tampoco, como se verá hay dogmatismo.

El sentenciante anterior citó: A la Sala 1ª en casos similares, cabe, a tenor de su jurisprudencia, “al igual que otras Salas de la Cámara, como de otras jurisdicciones, señalar que la situación de aparecer en una base de datos de deudores morosos del sistema financiero, sin haber dado motivo alguno y con las implicancias sociales que ello acarrea, sin duda alguna constituye una lesión al equilibrio emocional que en toda persona presume la ley o con entidad suficiente como para justificar una reparación (CCCRos, Sala I, Acuerdo N° 28/03, “Martínez c. Banco de Crédito Argentino”; CCCRos, Sala IV, integrada, “Multimarca S.A. c. Banco del Suquía”, RCyS, Año IV, N° VI, Noviembre-Diciembre de 2002, p. 164 a 171; en el mismo sentido: CNCom, Sala B, LL 2000-C-374; de la misma Sala, LL 2002-A-586; LL 2002-E-404; CNCiv, Sala I, LL 2001-E-725; y otros antecedentes de la Cámara Comercial de la Capital Federal, LL 2000-F-657). En otros términos, el obrar antijurídico del banco seguramente repercutió en el ánimo de la reclamante y sus legítimas expectativas, todo lo cual importa una mortificación, pues haber sido erróneamente calificada en situación de deudora de difícil o imposible cobro.

Implica un estado de sufrimiento e impotencia frente a la entidad (CNCom, Sala B, J.A 2001-111-528, causa “Delgiovannino c. Banco del Buen Ayre S.A.”, con nota de CROVI, Luis D.; la misma doctrina sentada: CNCom, Sala C, “Carvallo c. Banco Rio de la Plata”, RSC, N° 35, Año 2005; CNCom, Sala A, “Bendersky c. Banco Itau Buen Ayre”, en la misma revista, p.102 a 103; CNCom, Sala C, “Britos c. Citibank”, RCS, N° 33-2005, p. 195; CNCom, Sala E, “Mazzola c. Citibank”, en la misma revista, p.193; CNCom, Sala E, “Oberti c. Citibank”, en la misma revista, p.201 a 202; CNCom, Sala D, “Maresca c. Bank Boston”, RSC, N° 32-05, p.104; CNCom, Sala C, “Rodríguez c.Banco de la Provincia de Buenos Aires”, en la misma revista, p.106; CNCom, Sala E, “Navarro c. Banca Nazionale de Lavoro S.A.”, en la misma revista, p.109; CNCom, Sala A, “Zuffinnetti c. Banco de la Provincia de Buenos Aires”, RSC, N° 31-04, p.165, entre otros muchos antecedentes).

“Concluyendo, en la jurisprudencia se ha reconocido que respecto de la procedencia del daño moral en el marco de la relación contractual que vincula a un cliente con una institución financiera, motivado por la publicación errónea de una información, como en autos, se debe considerar que, apartándose de lo que generalmente ocurre en materia contractual, conductas como las que aquí se juzgan -que socavan la hono rabilidad de una persona, al difundir su condición de deudora morosa del sistema financiero, sin serlo- generan per se el daño moral invocado: existe una relación constante y frecuente, aunque no automática, entre la conducta lesiva juzgada en el sub lite y la alteración disvaliosa del ánimo que ella produce (CCCR, Sala I, Acuerdo n° 74/05, causa “Giorgis G. c. Banco Francés S.A. s. Daños y Perjuicios”; íd, Acuerdo N° 28/03, “Martínez c. Banco de Crédito Argentino”; íd, Acuerdo N° 235/06, “Tamagno c. Banca Nazionale del Lavoro S.A.”; íd., Acuerdo N° 78/06, “Ciotta c. Banco Bansud S.A.”). Por lo demás, ya ha sido indicado por esta Sala, antes de ahora, que en situaciones como la analizada, cuando la actora es la propia afectada por la información errónea, pesaría sobre la demandada la carga de demostrar que, por las particularidades del caso, esa relación no se entabló:

Por ejemplo porque el buen nombre de la actora ya estaba afectado por otras circunstancias, circunstancia no ocurrida en el sub lite (CCCR, Sala I, Acuerdo N° 35/06, “Borraz c. Citibank S.A.”; Acuerdo N° 235/06, “Tamagno c. Banca Nazionale del Lavoro S.A.”, entre otros).” (Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala P, 09/03/2010, “Kleiner, Diana Sara c/ Banco Macro S.A.s/ Daños y perjuicios”, acuerdo N° 54).

En dicho precedente declaró procedente el reclamo resarcitorio del daño moral invocado y, para determinar el quantum de la reparación, consideró que “deben tenerse en cuenta aspectos tales como las circunstancias personales de la actora, el lapso que duró la información indebida en los bancos de datos, la premura de la entidad responsable en informar el error, la diligencia puesta en obtener la rectificación, etc., tomando como parámetro cuantitativo lo resuelto en casos similares; ello, con la finalidad de lograr que las decisiones judiciales que establecen indemnizaciones de este tipo sean predecibles o previsibles, con beneficio para la seguridad jurídica (causa “Tamagno, Silvia H. c. Banca Nazionale del Lavoro”, cit.; “Utrera, Jorge c. Banco Francés S.A.”, Ac. N° 127/04; “Borraz c. Citibank N.A.”, Ac. N° 35/06; “D’Alleva c. Citibank”, Ac. N° 196 del 19.05.2009, entre otros; v. tb. HIGHTON, Elena, GREGORIO, Carlos, ÁLVAREZ, Gladys, Predictibilidad de las indemnizaciones por daños personales por la vía de la publicidad de los precedentes, en Revista de Derecho de Daños. Determinación judicial del daño, T.I, 2004-3, p.9)”.

Ninguno de estos fundamentos de derecho basados en doctrina y jurisprudencia fueron atacados como inaplicables al caso o referenciado alguno siquiera de ellos, como antecedente “desinterpretado” por el a-quo.

Se ha consentido la fundamentación de derecho y su aplicación al caso.

No se ha señalado con precisión en qué argumentos se encuentra el dogmatismo que se menciona, pero haciendo un esfuerzo por garantizar la defensa de la apelante vemos que la cuestión fáctica está centrada en su segundo agravio (“Está acreditado que el actor es autor de libros y artículos de doctrina jurídica, abogado en ejercicio de la profesión de larga trayectoria (en Argentina y en EE.UU.) y que fue docente universitario durante 15 años”), lo que podría relacionarse con el dogmatismo de referenciar las calidades personales del actor con su emotividad y consecuente afectación de sus íntimas y precipuas valoraciones sobre el desarrollo de sus etapas vitales.

De ninguna manera parece desacertado pensar que quien efectivamente goza de esas calidades personales y profesionales tiene motivos para enorgullecerse y ver su personalidad investida de cierta respetabilidad propia y ajena.

Además no se ha refutado ni las calidades referenciadas, ni la afirmación sentencial que por las mismas se está en autos ante quien “.indudablemente es una persona conocida en los ámbitos en que se desempeña, circunstancias éstas que la jurisprudencia ha entendido indiciarias del grado de propagación que pudo razonablemente tener la publicación de información desprestigiante y de su consecuente impacto aflictivo sobre el perjudicado.”

Tampoco se expresó agravio concreto sobre lo afirmado en el sentido de que:”. es dable inferir de la prueba acompañada que el actor estuvo registrado como deudor de categoría “3” (“riesgo medio”), luego elevado a la categoría “4” (“riesgo alto”) y finalmente a la categoría “5”, esto es “irrecuperable”, durante un tiempo considerable” y ello, cuando no resulta respaldado o legitimado por el ejercicio regular de un derecho constituye, evidente y notorio hecho lesivo de la imagen personal y afecta la autoestima de cualquier persona en general, sin necesidad de que goce de prestigio personal en ámbitos universitarios, editoriales, foros abogadiles o de cualquier otra profesión.

No basta entonces con recurrir a la carga probatoria en materia contractual respecto al daño moral para eximirse de responsabilidad frente a lo que el derecho de rito considera hecho de prueba innecesaria por ser notorio.

Las calidades a las que he venido aludiendo no han sido materia de litigio en instancia anterior y por tanto se encuentran fuera del ámbito de pronunciamiento posible para esta alzada. Las mismas no pueden ser sino tomadas en consideración tal como lo hiciera el a-quo al momento de cuantificar la reparación. Al respecto no hubo negativa expresa en la forma y modo que exige el art. 142 del C.P.C.C.S.F. y por tanto corresponde a su respecto aplicar lo normado por el art. 143 del mismo código y tener por implícitamente reconocido que el contrincante en este pleito:

Es abogado desde 1975, con título revalidado en los Estados Unidos, donde ejerció la profesión durante 13 años y fue abogado asesor del Consulado Argentino de Los Ángeles.

Desde 1994 se ha dedicado a especializarse en el área del derecho de daños, específicamente en responsabilidad civil médica. Es titular de un Estudio Jurídico en esta ciudad, socio en otro en Buenos Aires, y socio también de otro en la ciudad de Córdoba. Su currículum personal, completo, puede estudiarse en la página web:malapraxisvictima.com.ar.

Además es autor de cinco (5) libros de Derecho, con un sexto, para ser publicado por la editorial Astrea, Febrero de 2013.

Es redactor titular de la publicación informática nacional denominada “Microjuris”, con artículos mensuales: colaborador de la colección “Jurisprudencia Santafesina”, que dirige el Dr. Jorge W. Peyrano, y escritor de “Zeus”, con frecuencia bimensual.

En total, el accionante ha escrito y publicado más de cien (100) artículos, en Microjuris, La Ley, La Ley Litoral, Juris, Zeus, Doctrina Judicial, Jurisprudencia Santafesina y la Revista Judicial de Abeledo-Perrot Buenos Aires.

El actor ha sido profesor universitario durante 15 años, en la Cátedra de Derecho Procesal Civil y Comercial, cuyo titular era el Dr. Adolfo Alvarado Velloso. Fue designado Director del Instituto de Derecho Comparado de la Fundación Juris, cuando estaba bajo la dirección del referido jurista Dr. Alvarado Velloso.

Ha dictado cursos y conferencias, sobre responsabilidad médica, en las ciudades de Rosario, Bell Ville (Pcia. de Córdoba), San Lorenzo y Comodoro Rivadavia.

Afirmó ser una persona reconocida de pública trayectoria en el foro local, como así también en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, donde también ejerce la profesión, y afirmó haber sufrido un importante daño moral, debido a la inconducta de Falabella atento a su prestigio y reputación, personal y profesional, todo lo que dijo fue afectado grandemente.

Nada de esto fue refutado puntualmente por la demandada, ni se produjo prueba conducente a desestimar las afirmaciones de la demanda ante el a-quo.

Ergo, al sentenciante no puede achacársele no aplicar la legislación correspondiente en materia de implícito reconocimiento de los mismos y tenerlos como pauta válida al determinar el quantum a resarcir en materia contractual por el rubro daño moral.

Lo que se ha reconocido puede tenerse por probado y por tanto, no puede decirse que el daño afirmado y no negado como existente pueda ser discutido en una instancia revisora como es esta alzada.

Es por ello que la sentencia resulta adecuada a derecho.La respuesta al segundo interrogante es entonces positiva.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: De compartirse la argumentación precedente estimo que debería dictarse el siguiente pronunciamiento: 1. Rechazar los recursos interpuestos, 2. Imponer las costas a la recurrente vencida (Art. 251 CPCC). 3. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en la instancia anterior.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Peyrano: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE: 1. Rechazar los recursos interpuestos, 2. Imponer las costas a la recurrente vencida (Art. 251 CPCC). 3. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en la instancia anterior.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“L. M. , HORACIO c/ FALABELLA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 373/14) CÚNEO

CHAUMET

PEYRANO

(ART. 26, LOPJ)

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