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La Cámara Nacional Electoral insta a las empresas que realizan mediciones político-electorales a que provean la información de las mediciones que realicen.

cncuestaaaTítulo: ACORDADA N° 89/2015 – Elecciones. Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión. Empresas que realizan mediciones político-electorales. Procedimiento para la inscripción, presentación y publicación de la información que se difunde en su sitio web. Deber de cumplimiento.

Tipo: ACORDADA

Número: 89

Emisor: Cámara Nacional Electoral

Fecha B.O.: N.R: La norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial.

Localización: NACIONAL

Cita: LEG72056

En Buenos Aires, a los treinta días del mes de julio del año dos mil quince, celebran el presente acuerdo extraordinario los doctores Santiago Hernán Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Via y Rodolfo Emilio Munné, actuando los Secretarios de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente doctor Santiago Hernán Corcuera,

CONSIDERARON:

1°) Que en virtud de las previsiones del artículo 44 ter de la ley 26.215, la Cámara Nacional Electoral dispuso la creación del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión y estableció ?mediante la Acordada N° 117/10- las pautas de inscripción, presentación y publicación de los informes técnicos de los trabajos realizados por «aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros» (cf. art. 44 ter, ley 26.215) a efectos de posibilitar el acceso de dicha información a la ciudadanía.

En este sentido, las empresas que hagan públicos sus trabajos deben inscribirse previamente en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión del Tribunal y, por cada estudio que realicen, presentar la correspondiente ficha técnica que contenga un informe individualizado del trabajo efectuado, el detalle sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta, el tamaño y características de la muestra, el procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable, la fecha del trabajo de campo y el nivel de confianza bajo el que fue realizado el trabajo.

Además, se deben establecer los datos sobre quién realizó la contratación y el monto facturado (cf. art. 44 ter, ley 26.215).

Por otra parte, la ley 26.215 expresamente prohíbe a «[a]quellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, [.] difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral» (cf. art.

cit.) y, consecuentemente, establece que «(s)erán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplieran en dos (2) oportunidades consecutivas con lo dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley» (cf. art. 67 bis).

Así como también, prevé que «[d]entro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado» (art. 44 quáter in fine, ley 26.215).

2°) Que, más allá del debate en torno a la capacidad que pueden tener las publicaciones de las mediciones sobre preferencias electorales para influir en las decisiones individuales de los votantes, y por lo tanto en la libre formación de la voluntad política del cuerpo electoral, lo cierto es que la regulación de dicha actividad es una clara opción de política legislativa cuya oportunidad, mérito y conveniencia no le corresponde a un tribunal de justicia evaluar.

Por el contrario, la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquél en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos 304:1007; 305:538; 308:1745; 321:2010, entre muchos otros).

En esa inteligencia, a los fines de dar operatividad a las disposiciones vigentes, esta Cámara ha establecido ?como se dijo- el procedimiento para la inscripción, presentación y publicación de la información, los modelos de fichas técnicas y un apartado específico en el sitio web del Tribunal para el fácil acceso a la ciudadanía de los datos allí contenidos (cf. Ac.

CNE 117/10). Por su parte, atendiendo a la finalidad de la norma, se ha permitido la inscripción en el registro de otras entidades que, sin ser necesariamente empresas, también se dedican a realizar mediciones políticoelectorales.

Asimismo, ha promovido acciones tendientes a facilitar las condiciones para que las empresas cumplan con la normativa vigente. En este sentido, dispuso que las empresas inscriptas mantengan su registración bajo la sola condición de presentar las fichas técnicas de conformidad con las pautas establecidas en la Acordada N° 117/10 y, que la presentación de dichas fichas técnicas permite a la empresa realizadora invocar esa circunstancia mediante la leyenda «encuesta/sondeo registrado/a ante la Cámara Nacional Electoral (www.pjn.gov.ar)» (cf. Ac. CNE cit.).

Además, ha realizado diferentes encuentros con las empresas de encuestas y sondeos de opinión, con la colaboración de WAPOR Latinoamérica, a efectos de informar la utilidad que representa, en un sistema democrático, la existencia de recursos para que los interesados publiquen los informes respaldatorios de sus trabajos y para que ellos puedan ser consultados por la ciudadanía.

3°) Que pese a las acciones impulsadas, la evidencia de la realidad actual demuestra que la cantidad de encuestas difundidas por distintos medios a la opinión pública no se condice con el exiguo número de informes técnicos presentados ante este Tribunal, privando así a la ciudadanía de la información sobre la metodología utilizada en la elaboración de las mediciones ya publicadas.

Así pues, de los datos contenidos en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara, que son de acceso público, surge que de la totalidad de empresas dedicadas a la realización de encuestas y sondeos de opinión en el país, se han inscripto, desde su creación, treinta y cinco (35) entidades, de las cuales solo ocho (8) ?Julio Aurelio ARESCO, Ricardo Rouvier & Asociados, Radio Bahía Blanca S.A., Hugo Haime & Asociados, Fundación para la Dignificación del Hombre en el Trabajo (Observatorio de Política y Democracia), OPINAIA S.A., Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata y Carlos Fara & Asociados- han presentado fichas técnicas correspondientes a mediciones efectuadas en torno el proceso electoral en curso.

En este contexto, cabe recordar que para las elecciones del año 2011, de las veinticuatro (24) empresas inscriptas solo siete (7) presentaron informes técnicos de los trabajos realizados. Por su parte, en el año 2013 fueron diez (10) ?sobre treinta (30) registradaslas que enviaron los anexos que contienen las especificaciones técnicas.

4°) Que no escapa al conocimiento del Tribunal la insuficiente regulación sobre las mediciones político-electorales puestas a disposición de la opinión pública durante el desarrollo de los procesos electorales.

Por ello -y tal como se hizo con motivo de la publicidad oficial (cf. Fallos CNE 5053/13) y la limitación temporal de las campañas electorales (Expte. N° CNE 1000184/2013/CA1, sentencia del 31 de marzo de 2015, y Expte. N° CNE 5277/2014/CA1, sentencia del 9 de junio de 2015)- corresponde dirigirse al Congreso de la Nación a los fines de que se evalúe la posibilidad de revisión del régimen vigente, para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos tendientes a su correcta observancia. Sin perjuicio de ello, es necesario exhortar a las empresas de encuestas y sondeos de opinión a que den cumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 44 ter de la ley 26.215, así como recordar la absoluta prohibición contenida en el artículo 44 quáter de dicha norma.

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Instar a las empresas que realizan mediciones político-electorales a que den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 ter y 44 quáter de la ley 26.215 con arreglo a las pautas establecidas en la Acordada CNE N° 117/10.

2°) Comunicar la presente al Congreso de la Nación, con arreglo a lo señalado en el considerando 4°, 1° párrafo, de la presente.

Regístrese; notifíquese; hágase saber a los señores jueces federales con competencia electoral en todo el país, y por su intermedio a las agrupaciones políticas de su jurisdicción del contenido de la presente; comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y publíquese en el sitio de Internet de la Cámara Nacional Electoral. Con lo que se dio por terminado el acto.

Fdo.: Santiago Hernán Corcuera, Presidente.- Alberto Ricardo Dalla Via, Vicepresidente.- Rodolfo Emilio Munné, Juez de Cámara.- Hernán Gonçalves Figueiredo, Secretario.- Sebastián Schimmel, Secretario.

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