Empresa de energía eléctrica debe pagar daño punitivo como consecuencia del extenso corte de suministro

Torre energíaPartes: Coelli María Carolina y otro c/ EDESUR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 16-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-93296-AR | MJJ93296 | MJJ93296

Procede una indemnización por daño punitivo contra la empresa de energía eléctrica, como consecuencia del extenso corte de suministro, toda vez que incumplió su obligación de resultado consistente en prestar el servicio de modo eficiente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la empresa demandada por los daños materiales y morales originados a los actores, como consecuencia de la prestación defectuosa del servicio eléctrico que se prolongó en forma efectiva durante varios días, en distintos períodos del año, provocando la pérdida de alimentos perecederos, falta de provisión de agua, alterando la calidad de vida, como consecuencia de las averías en conexiones y cables de la red de baja tensión, pues ha quedado demostrado que la obligación de la empresa de proveer en forma correcta el servicio eléctrico constituye una obligación de resultado, de la cual deriva su responsabilidad de naturaleza objetiva.

2.-Estando demostradas las molestias e incomodidades que la interrupción del suministro eléctrico ocasionó a los actores para su vida, con el agravante de que debieron acceder a su hogar por escalera varias veces por día (vivían en el piso 4°), ello sumado a que los cortes más extensos se produjeron en los meses de diciembre y enero, con calores sofocantes propios de la época, sin poder acceder a ningún sistema de refrigeración, procede el resarcimiento por daño moral.

3.-Resulta procedente la pretensión indemnizatoria por daño punitivo atento el incumplimiento en el que incurrió la demandada y la duración del corte del servicio que, por otra parte, se reiteró en diversas oportunidades en el transcurso de dos años, toda vez que le asiste razón a la actora en cuanto afirma que en la medida que a las prestatarias le resulte más económico cancelar exiguas indemnizaciones, en lugar de realizar las inversiones necesarias para brindar un servicio eficiente, los apagones continuarán, como de hecho, es público y notorio.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice:

I.- María Carolina COELLI y Jorge ANSEDE interpusieron demanda contra EDESUR S.A. con el objeto de obtener una indemnización de los daños y perjuicios originados por los cortes de suministro de energía eléctrica que se produjeron en los meses de enero, junio y julio de 2009, diciembre de 2010 y enero de 2011. Alegan que la interrupción del servicio, que se prolongó por varios días (fs. 1/3), les provocó la pérdida de alimentos perecederos, falta de provisión de agua, etc.; como así también alteración en la calidad de vida. Hace una reseña de los daños, perjuicios e inconvenientes padecidos durante la falta de energía eléctrica.

II.- El Magistrado de primera instancia, en la sentencia de fs. 215/219, hizo lugar a la demanda promovida por la parte actora. Para así decidir, el señor Juez tuvo en cuenta que se encontraba acreditado que los actores vivían en el domicilio ubicado en la calle Boulogne Sur Mer 279, piso 4°, departamento “F” de la Capital Federal, como así también que dicho inmueble sufrió varios cortes en el suministro eléctrico entre los días 9/1/09, 17/6/09, 25/6/09, 30/6/09, 13/7/09, 15/7/09, 21/12/10, 27/12/10, 1/1/11, 4/1/11 y 7/1/11, como consecuencia de las averías en conexiones y cables de la red de baja tensión. Por otra parte, entendió que la obligación de la empresa demandada de proveer en forma correcta el servicio eléctrico, constituye una obligación de resultado, de la cual deriva su responsabilidad de naturaleza objetiva.Sobre esta base, consideró que la responsabilidad de Edesur resulta inexcusable, en la medida en que ha incumplido su obligación de prestar el servicio en el modo convenido, sin que se hubiera probado en autos causal alguna que lo exonere del deber de reparar. En consecuencia, admitió la procedencia de la acción deducida por ambos actores por la suma total de $19.000, en concepto de daño material y moral. Por otra parte, desestimó la pretensión relativa a la aplicación del instituto del daño punitivo. Para ello, consideró que la pena prevista en el artículo 52 bis de la Ley N°24.240, reviste un carácter de excepción dentro del ámbito del derecho de daños, no encontrándose en el actuar de Edesur la entidad suficiente para justificar la aplicación de aquella multa. Por último, impuso las costas a la accionada vencida.

III. La sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 221, quien expresó agravios a fs. 239/242, escrito que no fue replicado por la demandada.

La recurrente se agravia por considerar reducida la indemnización reconocida en concepto de daño material y daño moral, arguyendo que resulta exigua en atención a la extensión del corte de suministro eléctrico que, en total, abarcan veintiocho días de interrupción. Asimismo, se queja por el rechazo del monto correspondiente al daño punitivo, pese a la conducta ilícita de la concesionaria del servicio público.

IV.- En autos ha quedado firme la atribución de responsabilidad derivada de la interrupción del servicio público, como así también la extensión de los sucesivos cortes y la indemnización reconocida en la anterior instancia. Ello pues, a tenor de lo que surge de las constancias de la causa el recurso de apelación interpuesto por la representación letrada de la parte demandada lo fue en modo extemporáneo, motivando ello el dictado de la resolución obrante a fs.227.

Por tal motivo, comenzaré por analizar si las cifras reconocidas en la sentencia, que han sido objeto de impugnación por los actores, pueden ser consideradas una indemnización adecuada para los Sres. COELLI y ANSEDE.

En punto al “daño material”, el Juez fijó como indemnización la cantidad de $ 3.000 (confr. fs. 218vta./219, punto B).

Sobre el particular, debe tenerse presente que al margen de las expresiones vertidas por los recurrentes al punto II de la pieza de fs. 239, de las constancias de autos surge que no se produjo prueba alguna que amerite modificar el monto otorgado por el señor Juez. En ese sentido, y aun cuando la efectiva existencia de erogaciones materiales derivadas del incumplimiento de la demandada se encuentran probadas mediante las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 209/210, lo cierto es que la cuantía de aquél daño debe ser estimado con la herramienta que me suministra el artículo 165 del Código Procesal.

En tales condiciones, ponderando la extensión del corte de suministro de la energía eléctrica reconocida en la anterior instancia que no ha merecido agravio alguno, como así mismo que aquel incumplimiento fue reiterado en distintas oportunidades en el transcurso de los años 2009 a 2011, estimo que la suma fijada en la decisión apelada, constituye un monto razonable que guarda relación con la situación personal de los actores y los gastos que presumiblemente debieron realizar. Nótese que, de la declaración brindada por la Sra. TERUEL (fs.210), la testigo advirtió que “en el invierno de 2009 pasamos varios días sin luz… después en febrero de 2010 pasamos como diez días sin luz”. En ese sentido, agregó que “ese mismo año 2010 tuvimos cortes de luz en las fiestas de navidad y año nuevo, también unos cuantos días que siguieron durante enero de 2011”. Siendo esto el único sustento probatorio para estimar los daños efectivamente padecidos, debo concluir que el monto reconocido por el “a quo” resulta suficiente para hacer frente a las erogaciones derivadas del corte del suministro, máxime cuando no se ha acreditado ninguna circunstancia excepcional que permita inferir la insuficiencia de la suma que se reconoce.

En consecuencia, juzgo que el rubro aquí analizado debe quedar limitado al monto otorgado por el “a quo”, no debiendo modificarse la sentencia de grado.

V.- Respecto de la reparación al daño moral, es dable recordar que esta indemnización reviste carácter resarcitorio (conf. causas 5643 del 8.8.00, 3540 del 21.12.00, 5348 del 17. 12.00, 2784 del 19.7.03) y el caso se rige por el art. 522 del Código Civil, aplicable a supuestos de inejecución contractual, lo cual exige apreciar las circunstancias que rodearon el incumplimiento (Sala I, causas 5162 del 17/5/88 y 7568/92 del 3/10/95; y Sala II, causa 11.701/95 del 9/9/97).

En este punto, debe tenerse en cuenta que la prestación defectuosa del servicio eléctrico se prolongó en forma efectiva durante varios días, en distintos períodos del año.Frente a estas pautas, las molestias e incomodidades que la interrupción del suministro eléctrico ocasionó a los actores para su vida, con el agravante de que vivían en el piso 4° -por lo que debieron acceder a su hogar por escalera varias veces por día-, sumado a que los cortes más extensos se produjeron en los meses de diciembre y enero, con calores sofocantes propios de la época, sin poder acceder a ningún sistema de refrigeración; estimo reducida la suma otorgada por el señor Juez y propicio elevarla a la cantidad de $ 12.000 (doce mil) para cada actor.

Además, tengo en cuenta para postular el incremento de la cantidad asignada en la instancia anterior, que los testigos han acreditado la situación anímica de los accionantes como consecuencia de la interrupción del servicio (ver. fs. 209/210, declaraciones no observadas por la concesionaria Edesur). Por otra parte, es indudable que la especial época en que se produjeron algunos cortes, aproximándose las festividades navideñas y de fin de año, con la incertidumbre propia de no poder planear posibles reuniones y encuentros sociales y familiares, tuvo entidad suficiente para potenciar la afectación espiritual.

VI.- Los accionantes también se agravian de que no se les haya admitido una indemnización en concepto de daño punitivo.Se ha sostenido respecto de esa novedosa categoría jurídica que, en tanto no tiende a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de sanción y de prevención general, tiene la naturaleza de pena (PICASSO, Sebastián “Sobre los denominados “Daños Punitivos” LL 2007-F, 1154). Con motivo de ello, cuando de daño punitivo se trata, el juzgador no puede desatender la posición del autor del daño, pues será en este incumplimiento donde finque la verdadera causa de la procedencia del rubro.

Por otra parte, debemos considerar que este tipo de daños se proyecta en sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se adicionan a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado y que están destinados a punir graves inconductas del demandado.

En consonancia con ello, la naturaleza de pena que reviste el instituto en cuestión, implica una evaluación más exhaustiva por parte del Juez al momento de aplicar el instituto, atendiendo la gravedad del hecho generador, pues no cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de este tipo de pena que condena al incumplidor a reparar más allá del daño producido (conf. COLOMBRES, Fernando Matías, “Los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor”, La Ley, publicado el 16/09/2008).

Ahora bien, más allá de la criticada técnica legislativa utilizada en la redacción del artículo 52 bis de la Ley N°24.240, no puede desconocerse que la incorporación del daño punitivo, se revela como un instituto necesario a la hora de poner coto a las conductas desaprensivas por parte de los proveedores que generen perjuicios a los usuarios de los servicios que prestan. Y es esta actitud de excesiva displicencia, la que justifica la admisión de un rubro que no deja de revestir un carácter excepcional en el ámbito civil.Reitero, la procedencia de este rubro no se relaciona con los daños efectivamente sufridos, sino con la conducta gravosa de quien los ha causado.

Sentados así los lineamientos generales en lo relativo al instituto del daño punitivo, re sulta procedente la pretensión indemnizatoria por dicho rubro atento el incumplimiento incurrido por la demandada y la duración del corte del servicio que, por otra parte, se reiteró en diversas oportunidades en el transcurso de dos años.

Asiste razón a la actora cuando afirma que en la medida que a las prestatarias le resulte más económico cancelar exiguas indemnizaciones, en lugar de realizar las inversiones necesarias para brindar un servicio eficiente, los apagones continuarán, como de hecho, es público y notorio se han reiterado en 2012, 2013 y verano de 2014.

Por ello, ponderando la gravedad del incumplimiento y sus efectos, y conforme lo estipulado por el artículo 47 inciso b) de la Ley N°24.240 (incorporado por el artículo 21 de la Ley N°26.361), propicio reconocer la suma pretendida por los actores en concepto de daño punitivo ($25.000, veinticinco mil pesos) para cada demandante, monto que se fija a valores actuales.

VII.- Voto, pues, porque se haga lugar al recurso de la actora y se modifique la sentencia de fs. 215/219 en cuanto a la indemnización del daño moral, elevándola para cada demandante a la suma de doce mil pesos ($ 12.000) y la admisión del rubro daño punitivo, el que se reconoce en la suma de veinticinco mil pesos ($25.000), suma que se establece a valores de la fecha de esta sentencia y para cada uno de los actores. Asimismo, propongo imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68, primera parte, Código Procesal).

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: hacer lugar al recurso de la actora y se modificar la sentencia de fs. 215/219 en cuanto a la indemnización del daño moral, elevándola para cada demandante a la suma de doce mil pesos ($ 12.000) y la admisión del rubro daño punitivo, el que se reconoce en la suma de veinticinco mil pesos ($25.000), suma que se establece a valores de la fecha de esta sentencia y para cada uno de los actores. Asimismo, imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68, primera parte, Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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