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Responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por los daños sufridos por un peatón al caer en una rampa en mal estado

peaton_g_0Partes: P. M. H. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 8-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93237-AR | MJJ93237 | MJJ93237

Se establece la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por los daños sufridos por un peatón al caer en una rampa en mal estado ubicada en la vía pública. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe responder en los términos del art. 1109 del CCiv., por los daños que sufrió el accionante al caer en la vía pública al tropezar en una rampa colocada en la vereda, en tanto se acreditó que ésta se encontraba en mal estado de conservación y los materiales que la conformaban no eran los adecuados, y todos los testigos coincidieron en el modo en que se produjo la caída así como en el material plástico y resbaladizo de la rampa, la cual estaba rota y presentaba partes sueltas.

2.-En el marco de un proceso de daños derivados de la caída de un peatón en la vía pública al tropezar en una rampa en mal estado, no resulta lícito exigirle a la víctima una mayor diligencia que la que demandaban las circunstancias, en tanto se probó que el incidente ocurrió a la salida de un teatro con gran cantidad de público, en altas horas de la noche, que la vereda era angosta, que tenía andamios por la reparación de la fachada del edificio y que la calzada se encontraba en pésimo estado .

3.-Corresponde elevar el monto indemnizatorio en concepto de daño moral a favor de quien sufrió una caída en la vía pública debido al mal estado de una rampa, toda vez que se acreditó que al momento del accidente era una persona activa que asistía a varios cursos, por lo que no caben dudas que los daños físicos que padeció repercutieron en su espíritu y estado psíquico.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «P.M.H. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La señora M.H.P. demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires («el Gobierno») y al Estado Nacional – Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación («el Estado Nacional») por los daños sufridos como consecuencia de la caída en la vía pública experimentada el 29 de septiembre de 2007 al salir del Teatro Nacional Cervantes -Av. Córdoba esquina Libertad-, momento en el que tropezó con una rampa -según ella- en mal estado. Estimó el perjuicio en la suma total de $75.000 con más sus accesorios y las costas del juicio (ver fs. 1/43vta. y ampliación de fs. 68/69). El Gobierno contestó la demanda a fs. 79/86 pidiendo su rechazo. Cuestionó la relación causal entre los daños y el accidente, y planteó la culpa de la víctima como eximente de su responsabilidad. A todo evento, impugnó los montos reclamados por la actora. A su turno, el Estado Nacional opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, que fue contestada a fs. 105/106. El magistrado difirió su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia definitiva (fs. 134/134vta.).

II.El Juez de primera instancia resolvió: 1º) admitir la falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional y rechazar la demanda a su respecto, con costas; y 2º) hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pago de $39.000, con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el día del hecho hasta el efectivo pago (fs. 285/289vta.). Apelaron el Gobierno y la actora (fs. 293 y 295, concesiones de fs. 294 y 296). El primero expresó agravios a fs. 307/317, los que fueron contestados a fs. 323/325vta.; la segunda lo hizo a fs. 319/320, sin recibir respuesta.

III. El Gobierno pide la revocación de la condena y el consiguiente rechazo de la demanda. Sostiene que no se cumplen en autos dos de los presupuestos de la teoría de la responsabilidad civil, a saber, la «autoría» y la existencia de un daño resarcible (fs. 308vta./309). También cuestiona la valoración que se hizo de la prueba y, en subsidio, los montos indemnizatorios y el interés fijado por el a quo (fs. 315/316vta.). La actora se queja de la entidad de los perjuicios por considerar insuficiente la suma que le fuera reconocida en la sentencia (fs. 319, pto. II, y 319vta./320). IV. Los hechos de la causa fueron adecuadamente detallados en el pronunciamiento apelado (ver cons. I), por lo que a ellos me remito por razón de brevedad. Cabe señalar que tales hechos están fuera de controversia, sea por indiscutidos o por haber quedado acreditados (ver informativa de fs. 58/64, 199/200; testimoniales de fs. 169/170 y 182; expresión de agravios del Gobierno, en particular, fs. 308vta., anteúltimo párrafo).

V. Responsabilidad Dos son las normas que hay que considerar: la que rige la responsabilidad del Gobierno por el estado de conservación de la vereda (art. 1.109 del Código Civil) y aquélla vinculada con la eximente alegada -culpa de la víctima- (art.1.111 del Código Civil).

V.1. Responsabilidad de la demandada La fuente de imputación jurídica es el art. 1.109 del Código Civil en virtud de la obligación de la demandada de mantener el buen estado de la rampa colocada en la vereda correspondiente al edificio del Teatro Nacional Cervantes. El medio probatorio apto para determinar dicho estado es la pericia técnica llevada a cabo por un especialista en la materia (arts. 364 y 378 del Código Procesal). Con tal objetivo fue designada la perito Ingeniera Civil Natalia Verónica Leiva, quien relevó en su informe lo siguiente: «En función de las fotografías que acompañan como prueba en el expediente se puede apreciar que la rampa se encuentra en estado deplorable y que los materiales que la conforman no son los adecuados debiendo ser de hormigón armado colado in situ o de hormigo (sic) prefabricado mientras que claramente se observa que es de plástico. Sus lados se encuentran levantados posibilitando accidentes y sus caras no son antideslizantes aumentando el riesgo de los mismos. La advertencia de dicha rampa no sería un problema si estuviera en buenas condiciones … Pero en el estado que se evidencia en el material fotográfico y de la mecánica del accidente queda claro que al no poder advertirse su estado puso en riesgo la situación de los peatones … por todo lo expuesto anteriormente en la mecánica del accidente (sic) es consecuencia clara del mal estado de conservación de la rampa y de la incorrecta construcción de la misma.» (fs.207vta./208, el subrayado no es del original). Se explayó también sobre las normas de edificación urbana y las características constructivas que deben cumplir las rampas y concluyó que la ubicada en la esquina de la Avenida Córdoba y la calle Libertad estaba -al momento del accidente- fuera de lo reglamentario en cuanto a su forma y material por violar el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley 962 publicado en el BOCBA Nº 1616 del 24/02/2003, Anexo I, pto. 9 (fs. 206vta./207). La impugnación del informe presentada por la demandada (fs. 218/219) no contiene argumentos que permitan desvirtuarlo, sobre todo, considerando el resultado de los restantes medios de prueba. En efecto, los numerosos pedidos de reparación de la acera presentados por el Teatro Nacional Cervantes dan cuenta de la mala conservación del lugar (ver fs. 58/64). Cabe destacar, además, que todos los testigos coincidieron en el modo en que se produjo la caída así como en el material plástico y resbaladizo de la rampa, la cual estaba rota y presentaba partes sueltas (ver declaraciones de fs. 169, resp. a la sexta pregunta, fs. 170, resp. a la séptima pregunta, y fs. 182, resp. a la quinta pregunta). Si bien es cierto, como sostiene el apelante a fs. 310, primer y segundo párrafo, que las personas que declararon son allegadas a la actora por compartir con ella cursos de teatro y comedia musical, también lo es que dos de aquéllos son testigos presenciales del hecho pues habían concurrido ese día a la función del Teatro Nacional Cervantes (art. 456 del Código Procesal). De la prueba analizada se desprende, entonces, la falta de diligencia del Gobierno al no haber adoptado las medidas de seguridad propias del caso -v.gr., reparación del sector y/o su señalización adecuada-, lo que hace nacer su responsabilidad a la luz del art. 1.109 del Código Civil.

V.2.Culpa de la víctima En lo concerniente a la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, es sabido que quien la invoca debe probarla (art. 377 del Código Procesal y art. 512 del Código Civil). Pues bien, quedó probado que el día 29 de septiembre de 2007 se presentó en el Teatro Nacional Cervantes la obra «El jorobado de París», con libro y letras de Pepe Cibrián Campoy y música original de Ángel Malher. Era una función a beneficio de La Casa del Teatro y las entradas se canjearon en Canal 7 por un alimento no perecedero. El musical empezó a las 21:30 hs. y tuvo una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos. Gran cantidad de público asistió al espectáculo y la salida del teatro -en altas horas de la noche- fue por la calle Libertad, de vereda angosta y que a la fecha tenía colocados los andamios propios de la reparación de la fachada del edificio. Tal cuadro de situación, sumado al pésimo estado de la calzada y a la edad de la actora al momento de la caída -62 años, fs. 212-, anulan los efectos de cualquier diligencia que un individuo pueda guardar al caminar. Por el contrario, tornaban previsible para el dueño o guardián, la ocurrencia de hechos como el que se debate en autos. En la medida en que el vicio de la cosa aparece con claridad, su relación de causalidad con el daño surge como una presunción basada en la lógica de lo probable (Goldenberg, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Buenos Aires, La Ley, segunda edición ampliada, 2000, págs. 171 y 172). No es lícito exigirle a la víctima una mayor diligencia que la que demandaban las circunstancias, para compensar la desidia del dueño de la cosa viciosa. Corresponde, pues, rechazar este planteo.

VI.Extensión de la reparación Definida la responsabilidad del Gobierno, corresponde tratar los cuestionamientos de ambas partes a los montos reconocidos por el a quo, la actora por considerarlos insuficientes y, la demandada, por estimarlos excesivos (fs. 315vta., pto. 2.1.3. y fs. 319/320).

VI.1. Incapacidad física La actora pidió por este rubro $35.000 y el Juez le reconoció $30.000 (fs. 41/41vta. y fs. 288vta./289). Está probado que a raíz del hecho la actora sufrió la fractura del trapecio y traumatismos en su muñeca izquierda y en la base de la columna. Los especialistas le colocaron un yeso en el brazo izquierdo que debió llevar durante dos meses y le indicaron sesiones de kinesiología y controles periódicos de la lesión (ver informativa cursada al Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, fs. 180/181, y a la Fundación Dr. J.J. Avanzi, fs. 233/234). Los traumatismos experimentados coinciden con la abrupta caída descripta por los testigos presentes en el lugar (ver fs. 169/170). El perito médico, doctor Jorge Nicolás Salguero, se explayó sobre las secuelas que padece la actora: «rizartrosis» en la base del pulgar, que provoca dolores en la articulación, y un traumatismo en el coxis que dificulta el sentarse (fs. 213/214vta.). Según el experto, ambas patologías son compatibles con accidentes del tipo padecido por la señora P., es decir, «caídas hacia atrás sobre una superficie dura, como un piso resbaloso o hielo.» (fs. 214 y 215/215vta., resp. al pto. 3 de la actora). El doctor Salguero concluyó que la a ctora tenía una incapacidad parcial y permanente equivalente al 27% de la Total Obrera con una «gran alteración de su estado de salud práctica laboral» sin poder realizar algunas de las tareas que realizaba anteriormente (fs. 215, in fine, y 215vta., resp. al pto. 8 de la demandada). Frente a lo expuesto, la suma pretendida por la actora no aparece como irrazonable sino que guarda relación con los padecimientos descriptos.En consecuencia, considero que debe admitirse el recurso en este aspecto elevando el monto de la incapacidad física a la cantidad solicitada en la demanda -$35.000-.

VI.2. Daño moral Se demandaron $40.000 por este ítem y en la sentencia se lo admitió por $9.000 (fs. 41/41vta. y fs. 288vta./289). Se ha dicho que este tipo de daño surge in re ipsa, sin que se requiera una prueba acabada del mismo sino que se lo ha admitido dándolo por sentado (conf. Sala II, causa nº 4132/97 del 5/3/02; nº 4413/02 del 9/2/07 y nº 4093/02 del 27/11/07; esta Sala causa nº 4606/02 del 7/12/06). Pero ello no significa abstraerlo de las circunstancias adjetivas de la causa que servirán para valorar la entidad del perjuicio. El carácter predominantemente resarcitorio del rubro lleva a focalizar la atención en la víctima y en las particularidades del caso. M.H.P. tiene hoy 70 años de edad, al momento del accidente era una persona activa que asistía a varios cursos, como ser, comedia musical y teatro en el Teatro del Globo. No cabe duda que los daños físicos que padeció repercutieron en su espíritu y estado psíquico, no solamente por la incertidumbre sobre la recuperación de la función motora de su muñeca izquierda, sino también por la imposibilidad de cumplir normalmente con el esfuerzo físico que requerían las clases a las que atendía -v.gr. actuar y bailar- (ver testificales de fs. 169, resp. a la octava pregunta, fs. 170, resp. a la octava preg., y fs. 182, resp. a la sexta preg.). Teniendo en cuenta lo apuntado así como que no hay parámetros rígidos a la hora de justipreciar este tipo de daño, considero que cabe elevarlo prudencialmente a la suma de $20.000 (arg. art. 165 del Código Procesal).

VII.Intereses El Juez fijó los accesorios desde el día del hecho hasta el efectivo pago a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (fs. 289). El condenado pretende que se modifique la tasa por la pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina (fs. 316vta./317). No hay nada en la expresión de agravios que permita apartarme de lo decidido al respecto en la instancia de grado que, por lo demás, coincide con el tipo de interés vigente en el fuero (art. 265 del Código Procesal y esta Sala, causas n° 6370/92 del 6/4/95, nº 8778/93 del 8/9/95, nº 2592/00 del 2/8/05 y nº 978/03 del 10/6/08; Sala I, causa nº 6595/95 del 26/5/94; Sala II, causas 6378/92 del 8/8/95, nº 10.377/96 del 11/3/99). Por ello, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada y elevar las sumas reconocidas por el daño físico y el moral a $35.000 y $20.000, respectivamente. Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. Los Dres. Medina y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, de mayo de 2015. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada elevando las sumas reconocidas por el daño físico y el moral a $35.000 y $20.000, respectivamente. Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Una vez firme la liquidación del crédito, el Tribunal procederá a regular los honorarios de los profesionales por su actuación en ambas instancias.

Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MEDINA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Graciela Medina

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