fbpx

Legitimidad de la asociación civil actora para llevar adelante la acción colectiva contra la aseguradora por incluir una cláusula abusiva en los contratos de seguro automotor celebrados con sus clientes.

seguro accidentePartes: Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 2-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93212-AR | MJJ93212 | MJJ93212

Legitimidad de la asociación civil actora para llevar adelante la acción colectiva contra la aseguradora por incluir una cláusula abusiva en los contratos de seguro automotor celebrados con sus clientes.

Sumario:

1.-A los efectos de evaluar la legitimación de quien deduce una pretensión procesal, debe determinarse: (i) la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura, (ii) quiénes son los habilitados para articularla, (iii) bajo qué condiciones puede resultar admisible y, (iv) cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte.

2.-Para evaluar la legitimación activa debe tenerse presente que en nuestro sistema constitucional existen tres categorías de derechos: 1. los individuales, los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y, 3. los de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; y que, con relación a estos últimos, puede no haber un bien colectivo involucrado, pero sí un hecho (único o continuado) que provoca la lesión a todos los intereses comprendidos, por lo cual es identificable una causa fáctica homogénea que resulta relevante en tanto la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos ellos (excepto en lo que concierne al daño padecido individualmente).

3.-La procedencia de las acciones colectivas requiere también la constatación de que el ejercicio individual de la acción no aparece plenamente justificado, habida cuenta lo antieconómico que resultaría la sustanciación de las actuaciones judiciales.

4.-Corresponde revocar la decisión del juez de primera instancia que rechazó la legitimación activa de la asociación civil actora en el ejercicio de una acción colectiva, cuando existe un hecho único y continuado (la inclusión de una cláusula que se reputa abusiva en los contratos de seguro automotor celebrados por la demandada), susceptible de afectar los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, cuya defensa invoca la actora (quien, por lo demás, se halla habilitada estatutariamente para demandar y está inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

5.-Ante la procedencia de la promoción de una acción colectiva por parte de una asociación civil de defensa de consumidores, el magistrado interviniente debe, en cumplimiento de la previsión del art. 54 de la Ley 24.240: (a) se identifique en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, (b) se supervise que la representación de la actora se mantenga a lo largo del proceso, (c) se arbitre un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer como parte o contraparte, y (d) se implementen medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto al presente cumpliendo, en ese sentido, las disposiciones de la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 2 de junio de 2015.

La jueza de primera instancia admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Provincia Seguros S.A. (fs. 185/191).

La parte actora apeló esa decisión (fs. 193) y se agravió en fs. 199/209 por considerarla dogmática y arbitraria.

La Sala C de este Tribunal confirmó el pronunciamiento recurrido (fs. 226/230) y ello motivó la interposición de un recurso extraordinario por parte de la actora, que al ser denegado, ocasionó que ésta dedujera una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, el Máximo Tribunal -tras admitir la queja aludida supra- dejó sin efecto la resolución dictada por la colega Sala C y mandó a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho (fs. 342).

De conformidad con tales antecedentes, corresponde que este Tribunal se pronuncie de acuerdo a lo encomendado por la Corte Suprema (esta Sala, 4.11.14, «Adecua c/Rombo Compañía Financiera S.A. y otros s/ordinario»).

La demandada se presentó a fs. 102/139 y opuso, entre otras defensas, la excepción de falta de legitimación activa.

Cabe señalar entonces que, a los efectos de evaluar la legitimación de quien deduce una pretensión procesal, debe determinarse: (i) la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura, (ii) quiénes son los habilitados para articularla, (iii) bajo qué condiciones puede resultar admisible y, (iv) cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte (CSJN, 21.8.13, «Padec c/Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas contractuales» ).

Asimismo, para efectuar tal tarea debe tenerse presente que en nuestro

sistema constitucional existen tres categorías de derechos: 1. los individuales,

los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y, 3. los de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (conf. CSJN, 24.2.09, «Halabi, Ernesto c/P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/amparo ley 16.986» , publ. en Fallos: 332:111); y que, con relación a estos últimos, puede no haber un bien colectivo involucrado, pero sí un hecho (único o continuado) que provoca la lesión a todos los intereses comprendidos, por lo cual es identificable una causa fáctica homogénea que resulta relevante en tanto la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos ellos (excepto en lo que concierne al daño padecido individualmente). En ese contexto, no debe soslayarse que la procedencia de este tipo de reclamos requiere también la constatación de que el ejercicio individual de la acción no aparece plenamente justificado, habida cuenta lo antieconómico que resultaría la sustanciación de las actuaciones judiciales (esta Sala, 4.11.14, «Adecua c/Rombo Compañía Financiera S.A. y otros s/ordinario»; y sus citas).

Bajo tales parámetros, estima la Sala que corresponde revocar la decisión del juez de primera instancia. Ello pues, en un primer acercamiento a los tópicos controvertidos y al único efecto de resolver la excepción sub examine, existe un hecho único y continuado (la inclusión de una cláusula que se reputa abusiva en los contratos de seguro automotor celebrados por la demandada), susceptible de afectar los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, cuya defensa invoca la actora (quien, por lo demás, se halla habilitada estatutariamente para demandar y está inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores; conf. CSJN, 1.6.00, «Asociación Benghalensis c/Estado Nacional» ; esta Sala, 4.11.14, «Adecua c/Rombo Compañía Financiera S.A. y otros s/ordinario»).

No obstante lo anterior, se encomendará a la jueza de primera instancia la adopción de medidas tendientes a hacer efectiva la previsión del art. 54 de la ley 24.240, de manera tal que:(a) se identifique en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, (b) se supervise que la representación de la actora se mantenga a lo largo del proceso, (c) se arbitre un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer como parte o contraparte, y (d) se implementen medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto al presente cumpliendo, en ese sentido, las disposiciones de la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema (CSJN, 24.6.14, «Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ordinario»; 24.6.14, «Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ordinario»).

Por los fundamentos que anteceden, y oída la Fiscal General ante la Cámara, se RESUELVE:

Revocar la decisión apelada en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa.

Encomendar a la magistrada de la instancia anterior que proceda de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3° de este decisorio.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, notifíquese a la Fiscal en su despacho y devuélvase la causa al Juzgado de origen, confiándose a su titular las diligencias ulteriores y las restantes notificaciones (art. 36, Cpr.).

Es copia fiel de fs. 353/354.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Pablo D. Frick

Prosecretario Letrado

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: