Se exime de responsabilidad a la accionada por la mercadería supuestamente defectuosa pues fueron las condiciones de colocación las que produjeron las consecuencias dañosas.

depositoPartes: Lirhe S.A c/ Cencosud S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 27-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93047-AR | MJJ93047 | MJJ93047

Se exime de responsabilidad a la accionada por la mercadería supuestamente defectuosa vendida al actor, pues no fue el material sino las condiciones de su colocación las que produjeron las consecuencias dañosas denunciadas al demandar.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda de daños y perjuicios, pues se ha demostrado que la conducta del propio adquirente, quien pese a estar debidamente asesorado al momento de la compra eligió un material que no era idóneo para el destino que pretendió darle, fue la que aportó las condiciones necesarias para que se produjeran los perjuicios alegados, correspondiendo eximir a la demandada de la responsabilidad que se le imputa.

2.-No es factible imputar a la demandada la alegada infracción al deber de información, pues de haber existido alguna yerro en la información suministrada en orden a las características técnicas de la mercadería, ello debió ser advertido por el techista, quien en su deposición reconoció que fue con el dueño de casa a comprar el fenólico y que estuvo de acuerdo con la compra del material, que según su criterio, a simple vista no presentaba defectos y que al momento de la colocación no advirtió falla alguna.

3.-Dado que la mercadería que resultó defectuosa se destinó a la construcción de la vivienda particular del presidente de la sociedad que aparece como adquirente en la documentación contable y que aquella no fue utilizada en proceso de producción o de comercialización alguno, el plexo protectorio del consumidor deviene aplicable al caso.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Abril de dos mil quince, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores MARIA FERNANDA NUEVO y JORGE LUIS ZUNINO, para dictar sentencia en el juicio: «LIRHE S.A. C/ CENCOSUD S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» causa nº SI-11681-2010; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Nuevo y Zunino, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACION

A la cuestión planteada la señora Jueza doctora Nuevo, dijo:

1. La sentencia de fs. 210/215 rechazó la excepción de falta de legitimación activa y la demanda resarcitoria promovida por Lirhe S.A. contra Cencosud S.A. con costas a la vencida.

Para así decidir la señora Jueza a quo encuadró la hipótesis fáctica descripta en la causa en las previsiones del art. 10 bis de la Ley 24.240.

Tras analizar los elementos probatorios incorporados, (sustancialmente la pericia arquitectónica -v. fs. 180/183- y el testimonio del señor Abel Rubén Guerra -v. fs. 130-), concluyó que no resultaba factible atribuir a la mercadería enajenada por la demandada, defecto o vicio generador de los daños que se reclaman (v. fs. 213/214 vta.).

Dicho pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 218) quien expresó agravios a fs. 228/230. Corrido el pertinente traslado, el mismo no fue evacuado (v. fs. 231/232).

2. Los agravios.

Esencialmente cuestiona la recurrente el rechazo de la pretensión resarcitoria esgrimida. Aduce que:

i.En el caso corresponde aplicar la legislación protectoria del consumidor -aun cuando la reclamante sea una empresa- en tanto adquirió un material destinado a la construcción de una vivienda, objeto éste totalmente extraño a su actividad comercial.

ii. Oportunamente intimó a la contraparte reclamando la reparación de los daños ocasionados, habiendo aquella respondido en forma genérica y extemporáneamente.

iii. La sentenciante no apreció la prueba en su conjunto a través de la sana crítica, pues conforme surge de las respuestas brindadas por el perito arquitecto, el material comprado a Cencosud S.A., mediando asesoramiento de personal de dicha firma, no era el idóneo para la colocación del techo de tejas.

3. La solución.

3.a. Legislación aplicable.

Es dable señalar que antes del año 2008 en el que se sancionó la ley 26.361 no existía, según el texto vigente de la ley de defensa del consumidor, ningún resquicio que permitiera las personas jurídicas o a quienes desarrollaban alguna de las actividades comprendidas por el concepto de «proveedor», esgrimir su condición de consumidores frente a determinadas transacciones. «La rigidez de la exclusión transcripta implicaba que cualquier operación comercial que realizara un proveedor, siempre, aun cuando lo fuera de manera indirecta o «genérica», estaría relacionada con su actividad principal» (cf. Rusconi, Dante D., «Concepto de «consumidor-empresario»; Publicado en: LA LEY 04/04/2014, 04/04/2014, 5 – LA LEY2014-B, 338; Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, «Altieri, Osvaldo Antonio c. Juntas Ciccarelli Srl s/ ordinario», sent. del 2013-10-07, Cita Online: AR/DOC/838/2014).

En lo pertinente el nuevo art. 1 (cf. texto Ley 26.631) brinda la noción de usuarios y consumidores, entendiéndose por tal a «toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social» (cf. en relación al tema: Farina, «Defensa del Consumidor y del Usuario», ed.Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, págs. 64/66).

No podrá considerarse al adquirente como consumidor tutelado por la ley, cuando lo adquirido sea utilizado para procesos de producción o de comercialización. «No debe perderse de vista tampoco que el Decreto Reglamentario 1798/94 al reglamentar el art. 2° de la ley 24.240 estableció que «se entiende que los bienes o servicios son integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros cuando se relacionan con dichos procesos, sea de manera genérica o específica» (cf. Farina, cit.).

Otro elemento esencial a considerar es «-la concreta existencia de una situación de vulnerabilidad que puede obedecer a diversos factores. Para no desvirtuar la esencia del sistema legal de protección de consumidores y usuarios, cuando quien invoca las normas protectivas es una persona que desarrolla habitualmente actividades comprendidas por el concepto de proveedor, deberá analizarse su situación de vulnerabilidad en el caso concreto. Este análisis implica juzgar el equilibrio de la relación atendiendo a los factores condicionantes de índole subjetiva, tales como las características de las partes, fundamentalmente la importancia económica de la actividad desarrollada por cada una de ellas, el manejo de la información y la complejidad de la operación; como también los elementos objetivos: el destino del bien involucrado en la operación, y las circunstancias en las que se desarrolla el vínculo» (cf. RUSCONI, Dante D., artículo cit.).

De las constancias obrantes en el expediente se desprende: a) que compradora de los fenólicos que se deformaron fue la firma Lirhe S.A. (v. tique factura fs. 34); b) que dicha mercadería se entregó en calle Italia 5043, Barrio San Isidro Labrador, Ruta 27 e Italia, Lote 314 (v. fs. 35); c) que aquel lote es de propiedad de los señores Vicente Salvador Impieri y su esposa, Silvina Sandra Gambardelli (v. cesión de contrato fs. 36/38); d) que el mencionado es el presidente de la sociedad Lirhe S.A. y su cónyuge, una de las directoras (v. pericia contable, fs.155 vta.); e) que allí -al momento de la compra que vinculó a las partes- se construía una vivienda unifamiliar propiedad del señor Vicente Salvador Impieri (v. fotos; fs. 14/28; plano de obra nueva aprobado, fs. 138 e informe fs. 137); f) que la mercadería comprada fue utilizada en la construcción de la vivienda, habiendo intervenido en la operatoria, el techista, contratado por el Sr. Impieri (v. testimonio Sr. Guerra, fs. 130).

De los elementos aquí ponderados se infiere que la mercadería que resultó defectuosa, se destinó a la construcción de la vivienda particular del presidente de la sociedad que aparece como adquirente en la documentación contable y que aquella no fue utilizada en proceso de producción o de comercialización alguno, derivándose de ello que el plexo protectorio del consumidor deviene aplicable al caso.

3.b. Relación causal. Carga de la prueba.

No obstante ello, para tener derecho al resarcimiento por daños y perjuicios, deben darse necesariamente los siguientes elementos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre la actuación antijurídica y el daño, y existencia de un factor subjetivo u objetivo de atribución (culpa, dolo, riesgo, garantía, etc.) de parte de quien se pretende responsable (arts. 499, 512, 901, 902, 903, 1066, 1067, 1077, 1109 y ccs. del Código Civil).

En este punto corresponde aclarar que encontrándonos ante una empresa organizada de las características de la demandada, mayor es su obligación de previsión y cuidado (art. 902, C.C.; arts. 13, 40, 40 bis, L.D.C.) pesando sobre aquella la carga de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización (cf. art. 4, L.D.C.).

Se ha sostenido que cuando las personas sufren daños en el ámbito de una relación de consumo, rige una presunción de responsabilidad respecto del proveedor de bienes o servicios, derivada de la obligación de seguridad establecida por el art.42 de la Constitución de la Nación y por los arts. 5, 40 y concordantes de la ley 24.240 (y mod.).

El citado art. 42 establece que «Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección yo condiciones de trato equitativo y digno».

El deber de seguridad asimismo se encuentra consagrado en los artículos 5° y 6° de la Ley de Defensa al Consumidor, en tanto que una ‘obligación tácita de garantía’ surge implícitamente de la regla de la buena fe, establecida en el art. 1198 del Código Civil. (conf. C. N. Com., Sala A, 30/08/2011, in re: «Rodríguez Marcelo Alejandro c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otro s/ Ordinario».», remite a Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales.», T° II, pág. 283).

En distintos precedentes la Corte nacional ha postulado que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución nacional (C.S.J.N., causas C.745.XXXVII., in re «Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.», sent. del 21-III-2006, «Fallos» 329:695, voto del doctor Zaffaroni; F.331.XLII; REX, «Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA c/ DNCI – DISP 1270/03», sent. del 18-XI-2008, «Fallos» 331:2614, disidencia del doctor Maqueda; cit. en C. 115.486, sent. del 30-IX-2014).

Dicho Tribunal ha establecido que el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales». (C.S.J.N.in re «Mosca Hugo C/ Provincia de Buenos Aires y otros, Pub. E.D.-222-135).

Del mencionado principio protectorio se deduce que las empresas deberían tener un mayor c onocimiento que los consumidores del producto que venden (art. 42, Const. nacional; por ejemplo detectar a priori el origen de la fallas) y, en base a ese conocimiento y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (acudir al fabricante o vendedor varias veces, privarse de tener el bien cuando se repara, acudir a un abogado para la defensa) para obtener una cosa en óptimas condiciones (cf. en similar sentido, S.C.B.A., C. 115.486, cit.; esta Sala II, causa 47326-0, sent. 18/12/14, rs 184).

En relación al punto la Corte provincial ha advertido que «-la referencia que se formula en el art. 5 a la utilización del producto en condiciones previsibles o normales de uso no significa que se prevea un «parámetro normal de diligencia», con lo cual se entraría en la órbita de los factores subjetivos de atribución, sino que se vincula más bien con el aspecto causal del fenómeno resarcitorio. Se quiere decir que el daño será indemnizable siempre que resulte de un uso previsible o normal del producto, y no lo será en cambio, si es consecuencia del hecho de la víctima, que le ha dado un uso imprevisible o anormal (Mosset Iturraspe y Wajntraub, «Ley de defensa del consumidor», p. 78). Es decir que es el prestador quien debe probar que el servicio fue utilizado por el consumidor o usuario en condiciones no previsibles y anormales (culpa de la víctima) si pretende desligarse de la responsabilidad objetiva. Como explica Gonzalo Sozzo («El estado actual de la problemática de los riesgos derivados del consumo», en Revista de Derecho privado y comunitario, 2009-1, pág.367 y sgtes.), se ha consolidado en la jurisprudencia el reconocimiento de la responsabilidad objetiva, solidaria y unificada de la cadena de proveedores de bienes y servicios, habiéndose puesto fin a las discusiones anteriormente existentes acerca de si el factor de atribución debía ser objetivo o subjetivo. -» (el resalto me pertenece, cf. S.C.B.A., C. 117.760, «G. , A. C. contra ‘Pasema S.A.’ y otros. Daños y perjuicios, sent. del 1-IV-2015).

En la faz probatoria -y con singular gravitación en la materia bajo análisis-, adquiere progresiva consolidación la concepción de las llamadas cargas probatorias dinámicas, que pone el peso de la prueba, según las circunstancias, también en cabeza de la parte que esté en mejores condiciones de aportar elementos de convicción cuando su situación es, en principio, de superioridad técnica con respecto al adversario. Por lo tanto, en ciertos supuestos el profesional demandado tiene la carga exclusiva o concurrente de demostrar que obró diligentemente, o que la causa del daño no responde a su actuación (arts. 499, 512, 514, 902, 903, 904, 906, 909 y concds. del C.C.; causa 56.153 del 19-11-91 de la Sala 1ª de este Tribunal; Causa nº 108.891 del 27.5.10 rsd. 49/10 «Orlando c/Mobrici»; esta Sala II, causa D108/06 del 30/5/2014 rsd. 72/2014 «Alfonso, Ángela Teresa c/Cencosud SA s/daños y perjuicios»).

Esclarecidas las mencionadas peculiaridades del tipo de responsabilidad esgrimida advierto en los actuados que la demandada debió probar técnicamente las características de las mercaderías y las contingencias de su uso y conservación, especialmente las que conforme su versión de los hechos, hubieran coadyuvado a la generación de los defectos que el adquirente denuncia (arts. 375 del C.P.C.C.y 499 del Código Civil).

Partiendo de tales preceptos y tras analizar pormenorizadamente las constancias obrantes en la causa, encuentro que la señora Jueza a quo concluyó que correspondía eximir de responsabilidad de la accionada, en la medida que -consignó- no fue el material sino las condiciones de su colocación las que produjeron las consecuencias dañosas denunciadas al demandar (v. fs. 214 vta./215).

Dicha senda argumental fue rebatida por la actora, quien alega que la sentenciante efectuó un análisis parcializado de la pericia arquitectónica, pues -asevera- aun cuando ella hace referencia a la exposición de la madera a la humedad, no atribuye a dicha circunstancia la generación de los perjuicios esgrimidos (v. fs. 228/230).

Ahora bien, el citado profesional fue contundente al afirmar «no es cierto que el material fuera defectuoso al momento de su colocación – lo que determiné en función del resultado es que el material usado no era apto para el uso pretendido por no ser impermeable, no estar totalmente encolado y prensado» (v. repuesta a la impugnación, fs. 199 vta./200).

No encuentro razón para apartarse de dicho dictamen, que cuenta con el aval del conocimiento del experto en la materia que es de su incumbencia específica (arts. 375, 384, 462, 474 del CPCC.; causa nº D 1447-6 de esta Sala 2).

Tales consideraciones si bien no fueron referenciadas por la magistrada de inferior instancia -y en dicho aspecto asiste razón a la recurrente- resultaban relevantes a efectos de sustentar la eximición de responsabilidad de la demandada. Luego, no puedo coincidir con la apelante respecto de las conclusiones que deriva de su argumentación.

Deviene evidente en los presentes que frente a la necesidad de adquirir material para colocar el techo de su vivienda, el señor Vicente Salvador Impieri debió consultar con los profesionales a cargo de la obra, a tal punto que concurrió al local del proveedor acompañado de un idóneo (v. testimonio del techista, Sr. Guerra, fs.130) surgiendo indubitado que aquél intervino en la compra y estuvo de acuerdo con el producto adquirido (cf. art. 902, C.C.).

Frente a tales circunstancias no es factible imputar a la demandada la alegada infracción al deber de información (cf. art. 4, L.D.C.) pues de haber existido alguna yerro en la información suministrada en orden a las características técnicas de la mercadería, ello debió ser advertido por el señor Guerra (techista), quien en su deposición reconoció que fue con el dueño de casa a comprar el fenólico y que estuvo de acuerdo con la compra del material, que según su criterio, a simple vista no presentaba defectos y que al momento de la colocación no advirtió falla alguna (v. fs. 130 vta.).

Considero que en el expediente se ha demostrado que la conducta del propio adquirente, quien pese a estar debidamente asesorado al momento de la compra eligió un material que no era idóneo para el destino que pretendió darle, el que aportó las condiciones necesarias para que se produjeran los perjuicios alegados, correspondiendo -dadas las especiales características del caso- eximir a la demandada de la responsabilidad que se le imputa (arts. 499, 901, 902, 903, 904, 1113, in fine, C.C.; art. 384, C.P.C.C.).

De lo expuesto se colige la impertinencia de las críticas que enarbola la apelante en relación a la valoración de la prueba técnica como a la denunciada arbitrariedad, argumentos que representan apenas su personal visión de la controversia, mas no logran evidenciar respecto del fallo impugnado un apartamiento inequívoco de la solución normativa que lo descalifique como acto jurisdiccional válido (erg. art. 18, C.N.). Consecuentemente, propongo rechazar la via intentada.

4. Las costas de Alzada.

Dada la forma en la que aconsejo resolver la apelación, propongo que las costas de esta Instancia corran a cargo de la recurrente (arts. 68, del C.P.C.C.).

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos, el Señor juez Doctor Zunino votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma el pronunciamiento en todo lo que ha sido materia de agravio, rechazando el recurso interpuesto.

Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida (art. 68, del C.P.C.C.).

Se difiere la regulación de los honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Fernanda Nuevo

Juez

Jorge Luis Zunino

Juez

Gillermo Daniel Ottaviano

Secretario

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