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Obligación de la empresa que suministra energía eléctrica de reparar el resarcimiento de los daños y perjuicios que sufrió el establecimiento comercial a raíz de desperfectos en el sistema de provisión de energía. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Torre energíaPartes: Rivera S. A. c/ Empresa Provincial de la Energía s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 13-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92955-AR | MJJ92955 | MJJ92955

Obligación de la empresa que suministra energía eléctrica de reparar el resarcimiento de los daños y perjuicios que sufrió el establecimiento comercial a raíz de desperfectos en el sistema de provisión de energía.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la responsabilidad de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica por los perjuicios que sufrió el actor debido a que la falta de neutro en la caja de la demandada, destinada a la alimentación eléctrica del edificio de la actora fue lo que causó el incidente y provocó los deterioros de los bienes de propiedad de aquélla, atento lo normado en el art. 1113 del CCiv.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 13días del mes de Febrero de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores María Mercedes Serra, Ariel Carlos Ariza y Ricardo A. Silvestri, para dictar sentencia en los autos caratulados «RIVERA S.A. contra EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA sobre ORDINARIO» (Expte. N° 115/2014), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación de Rosario, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 1.551 de fecha 8 de junio de 2012.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Sobre la primera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

El recurso de nulidad deducido por la demandada a foja 197 no ha sido sustentado autónomamente en esta instancia y las críticas que enuncia la recurrente pueden obtener adecuada respuesta al tratarse el recurso de apelación. Por ello y no advirtiéndose la existencia de irregularidades procedimentales que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, el señora vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra, y vota en el mismo sentido.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Silvestri, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la segunda cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

1.La sentencia de primera instancia.

Mediante la sentencia número 1.551 de fecha 8 de junio de 2012 (fs.185/194), la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a la Empresa Provincial de la Energía a abonar a la actora Rivera S.A., en un plazo de cinco días, el capital y los intereses que resultaren de la liquidación a practicarse de acuerdo con las pautas establecidas en las consideraciones del fallo. Impuso las costas a cargo de la accionada vencida.

Reseñó la magistrada que Rivera S.A. promovió demanda ordinaria contra la Empresa Provincial de la Energía, persiguiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido en su establecimiento comercial a raíz de desperfectos en el sistema de provisión de energía ocurridos en fecha 5 de febrero de 2005, que habrían originado un incendio en el tablero de distribución de electricidad del segundo piso del local y excesos de tensión, afectando durante varios días el equipamiento de la empresa.

Continuó exponiendo la judicante que la demandada, después de negar los hechos narrados en la demanda, adujo la inexistencia de constancias que acreditaran fehacientemente el acaecimiento del siniestro denunciado, la responsabilidad de su parte y los perjuicios reclamados, negando que éstos pudieran encontrar origen en el desperfecto hallado en la conexión del servicio eléctrico y atribuyéndolos a desperfectos propios de las instalaciones internas del local, cuyo mantenimiento incumbía a la actora.

En sustento de su decisión, la jueza de grado juzgó probados los hechos denunciados así como la responsabilidad objetiva de la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica. Tuvo en consideración un acta de constatación notarial así como la prueba documental, testimonial y pericial producidas en la causa, determinando que la falta de neutro en la caja de la E.P.E. destinada a la alimentación eléctrica del edificio de la actora fue lo que causó el incidente y provocó los deterioros de los bienes de propiedad de aquélla.Fundó la responsabilidad de la demandada en lo dispuesto por el artículo 1.113, 2° párrafo, del Código Civil, en consideración a su calidad de dueña de la cosa riesgosa. Remarcó que, en orden a eximirse de responsabilidad, era la demandada quien cargaba con la prueba de la culpa de la víctima invocada e indicó que en la causa no se produjeron probanzas en tal sentido.

También señaló, desde otra perspectiva, que entre las partes existía un vínculo contractual y que el incumplimiento de la obligación de suministrar energía eléctrica daba origen a la responsabilidad contractual de la E.P.E., pues el mero incumplimiento hacía presumir su culpa, quedando en cabeza de la deudora la prueba del caso fortuito o culpa de la víctima o de un tercero. Destacó que el debido cumplimiento de la obligación de suministrar energía eléctrica implicaba, por parte de la empresa prestataria del servicio, la adopción de todas las medidas necesarias para su adecuada materialización, medidas que -señaló- la deudora omitió adoptar.

En cuanto a los rubros resarcitorios reclamados, tuvo por acreditados los perjuicios invocados por la demandante en concepto de daño emergente, comprensivo del importe de las facturas abonadas para la compra de materiales necesarios para reparar los daños y así como los referidos a los honorarios de la mano de obra, por el total de $ 8.944, siguiendo en este punto el dictamen del perito ingeniero electricista; más los gastos derivados de las interpelaciones cursadas y del acta notarial, por $ 153.

A su vez, desestimó la procedencia los rubros postulados en la demanda en concepto de pérdida de ventas de repuestos y pago de sueldos durante los días en que persistieron las deficiencias en el suministro de energía eléctrica y la avería de los artefactos, a los que calificó como lucro cesante, en el entendimiento de que no se hallaba satisfecha la carga de la prueba sobre el particular.

Indicó que las sumas reconocidas devengarían intereses conforme a la tasa activa promediomensual sumada del Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta el cobro total de la acreencia.

2. Los recursos de apelación.

Contra el pronunciamiento interpusieron recurso de apelación la actora (a fs.195, concedido a fs.196 y vta.) y la demandada (a fs.197, concedido a fs.201).

Elevados los autos y radicados en esta Sala, expresó agravios en primer lugar la parte actora (a fs.210/211), los que fueron contestados por la demandada, quien a su vez expresó los propios (a fs.213/215). Contestados los agravios de la demandada (a fs.217/218) y consentido el llamamiento de autos (fs.220/221), quedó la causa en estado de dictar resolución.

No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes del caso que ha reseñado el fallo, por lo que en este aspecto corresponde remitirse a la sentencia de grado por razones de brevedad.

2.1. Los agravios de la actora.

2.1.1. Se queja, en primer término, con respecto a lo que considera una deficiencia atinente al rubro admitido en concepto de daño emergente. En tal sentido recuerda que la jueza hizo lugar al reclamo por las facturas abonadas, pero indica que se omitieron en el listado dos facturas, obrantes a fojas 103 y 105 de autos. Entiende que ello obedeció a que tales facturas no fueron mencionadas en el informe del perito ingeniero, por una omisión involuntaria de éste.

Sostiene que la judicante no tuvo en cuenta que la factura de foja 103 refería al costo de mano de obra pagado para el arreglo de parte de los desperfectos. Añade que el análisis de tal documentación incumbía a la pericial contable más que al perito ingeniero seguido en el fallo. Destaca que de la pericial contable surge que ambas facturas se encuentran asentadas contablemente en sus libros de comercio.

Expresa que el emitente de la factura de foja 103 es quien trabajó en el arreglo de los desperfectos.Añade que ambas facturas guardan correlación, pues los trabajos que se describen en la de foja 104 se corresponden con los materiales detallados en la factura de foja 105.

Concluye que la omisión involuntaria del perito ingeniero queda subsanada con las restantes probanzas producidas en la causa y solicita que los importes respectivos se incorporen como parte del daño emergente reconocido.

2.1.2. Cuestiona, asimismo, el rechazo de la pretensión relativa al lucro cesante.

Afirma que la jueza erró al considerar que no se probó que las averías hubiesen impedido absolutamente el desarrollo de su actividad comercial. Sostiene que ello no fue lo esgrimido por su parte, como surge de confrontar la pretensión numérica expuesta en la demanda, donde se limitó al cincuenta por ciento (50%) el concepto de pérdida de ganancia por mano de obra.

Resalta que tal rubro fue exactamente igual al determinado por el perito contador en su informe y que, con relación al concepto de ganancia no obtenida por venta de repuestos, el perito determinó procedente una suma aún mayor a la reclamada.

Concluye que del análisis reseñado surge el error de la juzgadora, en cuanto aseveró la ausencia de prueba del daño sufrido. Postula, por tanto, el acogimiento del rubro en cuestión.

2.2. Los agravios de la demandada.

2.2.1. Cuestiona en primer término la imputación de responsabilidad establecida en la sentencia de grado, en el entendimiento de que la conclusión del magistrado acerca de una defectuosa prestación del servicio eléctrico se basó en elementos carentes de fuerza de convicción. En tal sentido sostiene que el informe confeccionado por quien dijo ser técnico electricista (fs.13) contiene la descripción de una situación que el informante no presenció, como asimismo teorías sin fundamentos técnicos y aseveraciones que no comprueban en modo alguno lo sucedido; mientras que el dictamen pericial del ingeniero mecánico y electricista (fs.141/142) carecería de certeza técnica por cuanto haría referencia a meros entendimientos y supuestos.Sostiene que no es suficiente la opinión o conje tura realizada por un idóneo, sobre todo cuando -afirma- el aporte de la pericial técnica es nulo y existen informes técnicos oficiales que contradicen lo aseverado en la demanda.

2.2.2. Se queja también por lo que considera una omisión del fallo, en orden a considerar la incidencia en el caso de la culpa o causa de la víctima. En tal sentido señala que resulta injusto y arbitrario el parecer de la judicante acerca del carácter excesivo adjudicado a la pretensión de la demandada, relativa a la adopción por parte de los destinatarios del servicio eléctrico de medidas atinentes a las conexiones internas. Sobre el particular destaca que mediante el contrato de suministro celebrado con los usuarios, la E.P.E. exige medidas razonables y habituales -tales como colocación de fusibles, llaves térmicas o disyuntores- a fin de proteger los bienes de aquéllos ante posibles desperfectos que suelen ocurrir en todo servicio eléctrico domiciliario. Sostiene que el incumplimiento contractual del usuario en tal sentido debe acarrearle algún grado de responsabilidad y que le resulta agraviante que la a quo no hubiese atribuido a la actora porcentaje alguno de responsabilidad en el evento como consecuencia de su incumplimiento contractual.

En el mismo sentido señala que no fue tenido en consideración en la sentencia el informe emitido por el sector de Operación y Control de Redes de la E.P.E., de fecha 14 de julio de 2005, el cual concluyó que los daños reclamados por la actora no podían ser atribuidos a algún inconveniente derivado de la prestación del servicio eléctrico, en tanto había quedado demostrado que los desperfectos y daños ocurridos el 7 de febrero de 2005 fueron consecuencia de desperfectos en las instalaciones internas de la usuaria, siendo a su exclusivo cargo y responsabilidad el control y mantenimiento de aquéllas.Entiende que tal situación configuró una inexcusable culpa de la víctima omitida por la a quo; que la falta de un adecuado mantenimiento de las instalaciones internas fue lo que causó el accidente; que la actora debe asumir las consecuencias de su propio accionar conforme al artículo 1.111 del Código Civil; que la no aplicación de esa norma en la sentencia en recurso le causa agravio.

3. Sobre la apelación de la demandada.

Por razones de orden lógico corresponde tratar en primer término el recurso de apelación de la demandada, dado que pretende el rechazo total de la demanda.

3.1. Con referencia al cuestionamiento relativo a la imputación de responsabilidad a su cargo por defectos del servicio eléctrico, se aprecia que las protestas de la demandada, mediante las cuales le endilga al fallo de primera instancia una serie de errores u omisiones en la valoración de la prueba e intenta imponer su propia interpretación sobre el particular, configuran en rigor una mera discrepancia con la ponderación efectuada por la jueza anterior, sin entidad de agravio en los términos del artículo 365 del Código Procesal, pues no trasuntan un enjuiciamiento crítico, concreto y fundado del razonamiento expresado en la sentencia.

A todo evento, del texto de la sentencia impugnada surge que la a quo valoró la totalidad de las probanzas de la causa -constatación notarial, informe técnico, dictamen de ingeniero, testimoniales, reconocimiento de documental, expediente administrativo proporcionado por la E.P.E., entre otras- y tuvo por acreditado el defecto en la red de distribución del servicio eléctrico, la existencia de daños invocados por la demandante y la relación de causalidad adecuada entre tales extremos.

Con relación al informe de foja 13 cuyo valor desprecia la apelante, hay que decir que el documento se enmarca en lo que comúnmente se conoce como dictámenes extraprocesales emitidos por encargo privado de una de las partes y por profesionales escogidos por ésta.Se ha señalado que éstos por sí solos carecen, en principio, de mérito probatorio con relación a los hechos verificados extraprocesalmente por los expertos en el desempeño de dicho encargo privado, a menos que -como ocurrió en el sub iudice- el informe sea ratificado con las formalidades legales del testimonio judicial, en el curso del proceso y con control de ambas partes, con posibilidad de formular preguntas aclaratorias y ampliatorias, en cuyo caso tendrá el valor de testimonio técnico una vez cumplida esta formalidad procesal indispensable para el debido resguardo del derecho de defensa (cfr. DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, 2da. ed., Zavalía, 1972, T.II, p.356/358; vid. CCCRos, Sala I: Acuerdo N° 746 del 19.12.2006, causa «Ríos c. Hospital Roque Sáenz Peña»; Acuerdo N° 322 del 19.08.2010, causa «Rodino c. Paesani»; Acuerdo N° 249 del 17.09.2013, causa «Juan Pedro Bonavita S.R.L. c. C.V.C. Covencar S.R.L.», entre otros).

En autos, el referido informe aparece suscripto por Carlos Alberto Méndez, quien en la audiencia instrumentada en autos (a fs.48 vta.) reconoció el referido documento y asimismo brindó su testimonio. Del informe y del testimonio se desprende que el deponente afirmó haber concurrido al local comercial de la actora el día 8 de febrero de 2005, verificando allí una falla en el servicio eléctrico consistente en el faltante del neutro en la conexión subterránea externa que alimentaba al establecimiento, exponiendo que tal problema trae como consecuencia el desequilibrio de las tensiones de fase, lo que generalmente puede provocar el deterioro de los artefactos eléctricos conectados dependiendo de su sensibilidad. Declaró también que le constaba que una cuadrilla de la E.P.E.acudió a solucionar el desperfecto.

El testigo no fue blanco de tachas (art.222, C.P.C.C.), dio suficiente razón de sus dichos en los términos del artículo 209 del Código Procesal, incluso fue sometido a una ampliación del pliego de preguntas sin incurrir en contradicciones o sospechas, por lo que no se advierten razones de peso para poner en duda su credibilidad (art.224, C.P.C.C.). Por el contrario, su testimonio se halla corroborado por el informe emitido por el sector de Operación y Control de Redes de la propia empresa demandada (fs.118/119), de donde surge que «… El martes 08 de febrero de 2005 a las 11:34 se registra el reclamo n° 0226034, del mismo presentante, en el que se verifica un defecto (neutro de conexión quemado) y se deriva la reparación a Red Subterránea. La tarea definitiva se concretó el viernes 11 de febrero de 2005. (…) Para la atención del reclamo n° 0226034 cabe el Informe Técnico siguiente: ‘El problema que aduce haber tenido el reclamante se produjo como consecuencia de la obsolescencia de los materiales componentes de la red de distribución de baja tensión en la zona'».

Por otro lado, con relación al dictamen pericial del ingeniero mecánico y electricista obrante a fojas 141/142, también cuestionado en su valor por la recurrente, se advierte que si bien el experto no pudo brindar precisiones con relación a los daños producidos, sí pudo determinar certeramente, con base en el informe del sector de Operación y Control de Redes de la propia E.P.E., que «la falta de neutro en la caja de la E.P.E.de alimentación al edificio de calle Sala 1351, fue la que provocó los deterioros mencionados».

Queda claro entonces que las objeciones de la recurrente referidas al mérito de la prueba pericial no trasuntan más que un mero disgusto con el resultado del informe, sobre la base de apreciaciones subjetivas provenientes de la propia parte y sin apoyo alguno en datos de índole técnica o científica ni en la opinión de expertos que demuestren que el dictamen pericial se halle reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia especializada, ni en pruebas provistas de mayor eficacia convictiva acerca de la verdad de los hechos controvertidos (arg. art.199, C.P.C.C.).

De modo que resulta de aplicación al caso la reiterada doctrina, receptada por esta Sala, que sostiene que «habida cuenta de que se trata de la opinión de un técnico supuestamente dotado de los conocimientos científicos necesarios de su profesión, frente al simple disentir de la parte que no aportó los elementos de juicio suficientes para concluir en el error o en el uso inadecuado de esos conocimientos por parte del experto, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponerle elementos de juicio de mayor peso, decidir en base a las conclusiones de la pericial» (v. de esta Sala: Acuerdo N° 321 del 16.10.2012, «Castello c. Frontini», Acuerdo N° 298 del 26.09.2012, «Ibanchi c. Di.P.O.S.»; Acuerdo N° 152 del 29.05.2012, «Giosue c. Bini»; Acuerdo N° 407 del 11.11.2011, causa «Fernández c. Wulfson», entre otros; v. tb. CNCiv, Sala F, 05.10.2004, La Ley 2005-A-773; CCCSF, Sala III, Juris 87-356; cfr.PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1972, T.IV, p.720).

En suma, la conclusión de la judicante acerca de la existencia de un defecto en la red de distribución eléctrica se sustenta en pruebas concordantes que no han sido desvirtuadas por otros elementos obrantes en la causa y las protestas de la recurrente sobre el particular no logran en modo alguno persuadir que el criterio de la jueza anterior resulte equivocado. Corresponde, pues, el rechazo del agravio.

3.2. Tampoco es atendible el agravio de la demandada relativo a una supuesta omisión del fallo en relación a la alegada culpa o causa de la víctima.

En este punto corresponde señalar que han quedado firmes y consentidas, por ausencia de agravio sobre el particular, las consideraciones de la jueza de grado referentes a la carga de la prueba de las eximentes de responsabilidad invocadas, carga que hizo pesar sobre la demandada tanto desde la óptica de la responsabilidad extracontractual fundada en el artículo 1.113 del Código Civil como desde la perspectiva de la responsabilidad contractual por falta de un adecuado cumplimiento de la obligación de suministro de energía eléctrica.

Desde tales coordenadas, no se detectan en autos elementos que demuestren la incidencia, siqui era parcial, de la alegada culpa o causa puesta por la propia víctima. En efecto, no hay en autos elemento alguno que permita aseverar la presencia de desperfectos en las instalaciones eléctricas internas del local comercial de la actora.Cabe destacar, con relación al informe del sector de Operación y Control de Redes que invoca la apelante (fs.118/119), que allí sólo se indica que parte de los daños reclamados por la actora no podrían ser atribuidos al defecto hallado en el servicio eléctrico (se recuerda que en esta instancia la demandada no ha expresado agravios relativos a la existencia y cuantía de los daños considerados por la jueza de grado). Dicho informe, más allá de tratarse de una opinión formada en las dependencias de la propia demandada, no menciona en modo alguno la eventual falta de un adecuado mantenimiento de las instalaciones internas, como tampoco la ausencia de adopción de medidas -a las que la apelante califica como razonablemente exigibles- tales como colocación de fusibles, llaves térmicas o disyuntores, que hubieran corrido del eje causal al desperfecto hallado en la red eléctrica externa, o que al menos hubiesen concurrido causalmente con él en la producción del siniestro.

En definitiva, la recurrente no persuade acerca del error in iudicando endilgado al fallo, toda vez que no logra refutar las consideraciones de la jueza de grado relativas a la ausencia de pruebas sobre la eximente de responsabilidad invocada, por lo que corresponde rechazar el agravio.

4. Sobre la apelación de la actora.

4.1.Se estima en primer lugar que asiste razón a la apelante en su queja relacionada con la no admisión de parte del daño emergente reclamado, con referencia a las dos facturas obrantes a fojas 103 y 105 de autos, pues es evidente que ello obedeció a una omisión material del informe del perito ingeniero de fojas 141/142, reiterado en la sentencia que siguió al dictamen.

Ello es así porque, en punto a la acreditación del daño, la jueza de grado otorgó especial relevancia al dictamen del perito ingeniero, en cuanto informó que los daños podían determinarse en función de las facturas de gastos presentadas oportunamente ante la E.P.E., que listó a continuación, expresando que aunque los elementos dañados no pudieron ser corroborados porque aparentemente ya habían sido reparados, cabía suponer que la compra de repuestos fue efectuada en su oportunidad con ese objetivo.

Sin embargo, en el referido listado, tomado de la pericial, el perito ingeniero había omitido incluir las facturas de fojas 103 y 105, pese a que efectivamente habían sido presentadas por la actora en oportunidad de formular su reclamo extrajudicial ante la demandada, conforme surge de las constancias administrativas acompañadas por esta última, agregadas en copia a fojas 71/129.

Por otro lado, en el fallo también se señaló que de la pericial contable obrante a fojas 150/151 se desprendía que todos los comprobantes de gastos ocasionados por el siniestro se hallaban registrados en la contabilidad de la empresa, cabiendo destacar aquí que las facturas en cuestión fueron expresamente mencionadas por el perito contador.

Lo expuesto permite concluir, con toda lógica jurídica, que sólo ha mediado una omisión material en la sentencia, cuyo sentido conduce a considerar que los conceptos omitidos debieron estar comprendidos entre los rubros acogidos.

Por lo demás, las fechas y los gastos consignados en las facturas de referencia (fs.105: compra de adaptadores, llaves térmicas, conectores, cajas, gabinetes y cables, por $ 173,85; fs.103 y descripción adjunta de fs.104:pago de trabajos eléctricos consistentes en la desinstalación de un tablero eléctrico incendiado, armado de un nuevo tablero y reemplazo de cañería con cableado y tomacorrientes, por $ 1.016,40) guardan razonable vinculación con la clase de menoscabos que verosímilmente pudo producir el hecho, según el curso normal y ordinario de las cosas (arg. arts.901 a 906, Cód. Civ.).

Corresponde, pues, hacer lugar al agravio.

4.2. Distinta suerte correrá el agravio de la actora relativo al rechazo de la pretensión calificada como lucro cesante.

La quejosa ensaya aquí una mera discrepancia sin fundamentos con respecto a la valoración probatoria efectuada por la jueza anterior, sin confutar eficazmente con sustento en argumentos jurídicos y en las probanzas de la causa, en los términos del artículo 365 del Código Procesal, la conclusión expresada en la sentencia en el sentido de que la actora no acreditó, en modo alguno, que los desperfectos en el suministro del servicio de energía eléctrica acaecidos en febrero de 2005 y la consecuente avería de diversos aparatos eléctricos tales como computadoras y controladores fiscales, le hubiesen impedido absolutamente el desarrollo de su actividad comercial, es decir que ello hubiese sido causa eficiente de recursos humanos ociosos y ventas frustradas.

A todo evento, es obvio que aun estando acreditados los problemas del servicio eléctrico, el peticionante de la indemnización no se ve relevado de la carga de probar suficientemente su actividad productiva, la interrupción de ésta a raíz del incumplimiento o hecho dañoso y la consiguiente pérdida de ingresos, en adecuada conexión causal (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las personas. Integridad sicofísica, T.2a, 2da. ed., Hammurabi, 1990, p.315 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, dir. Augusto C. BELLUSCIO, coord. Eduardo A.ZANNONI, T.5, Astrea, 1994, p.217).

Y si bien ello no podría probarse de manera directa pues justamente el hecho dañoso ha detenido el desenvolvimiento de los acontecimientos haciendo cesar la supuesta causa de los beneficios frustrados, es imprescindible que se pongan de relieve elementos objetivos indubitables que autoricen a inferir la frustración de ganancias con un cierto grado de aproximación a la certeza (esta Sala, Acuerdo N° 207 del 17.06.2011, causa «Reinoso c. Comuna de Chabás» y Acuerdo N° 98 del 26.04.2012, causa «Clemente c. Kucinskas»).

En autos se observa que el informe contable obrante a fojas 150/151 y su ampliación de foja 162, invocados por la apelante en sustento de su protesta, no contienen una constatación efectiva del perito, con apoyo en elementos de su ciencia, acerca de la alegada merma en actividad comercial de la demandante, más allá de las meras manifestaciones unilaterales de la interesada, de las que la profesional tomó nota sin corroborar su veracidad.

Corresponde, pues, el rechazo del agravio.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con lo propuesto por la señora vocal doctora Serra y vota de la misma manera.

Sobre esta misma cuestión, el señor vocal doctor Silvestri dijo:Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la tercera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde desestimar los recursos de nulidad y de apelación deducidos por la demandada y declarar parcialmente procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora; en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto no admitió el daño emergente fundado en gastos documentados por un total $ 1.190,25 y, en su lugar, declarar procedente la demanda por tales conceptos ampliando el monto de condena en tal sentido.

Las costas de esta segunda instancia se impondrán en un veinte por ciento (20%) a cargo de la actora y en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada, en función de los recíprocos vencimientos obtenidos en esta sede, de dispar entidad, ponderados prudencialmente y con criterio jurídico (art.252, C.P.C.C.).

Los honorarios profesionales de alzada se fijan en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia (art.19, ley 6.767).

Así me expido.

Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en igual forma.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Silvestri, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar los recursos de nulidad y de apelación deducidos por la demandada. 2) Declarar parcialmente procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto no admitió el daño emergente fundado en gastos documentados por un total $ 1.190,25 y, en su lugar, declarar procedente la demanda por tales conceptos ampliando el monto de condena en tal sentido. 3) Imponer las costas de esta segunda instancia en un veinte por ciento (20%) a cargo de la actora y en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada. 4) Regular los honorarios profesionales de alzada en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia. Insértese, hágase saber, bajen y tómese nota marginal en el protocolo del juzgado de origen. (Expte. N° 115/2014).

SERRA

ARIZA SILVESTRI

-art.26 Ley 10.160-

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