Se deja sin efecto la multa aplicada a la empresa de internet móvil por la supuesta violación al deber de información y el mal funcionamiento del servicio.

tarifas-internet-movilPartes: AMX Argentina S.A. – Claro s/ apelación (Ley Pcial. Nº 1480)

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa

Fecha: 23-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93031-AR | MJJ93031 | MJJ93031

Se deja sin efecto la multa aplicada a la empresa de internet móvil denunciada por la supuesta violación al deber de información y mal funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta la condición de estudiante de derecho y usuario asiduo de tecnología del denunciante, como así también la actitud conciliadora en cada etapa del proceso de la demandada.

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la Resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario por la cual se aplica una multa a la empresa demandada por el mal funcionamiento de internet móvil contratado por el denunciante, toda vez que no se configuran violaciones a los arts. 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que el denunciante era estudiante de derecho, asiduo usuario de tecnología y suscribió los formularios de contratación de servicios de donde surgían de forma clara las condiciones de contratación.

2.-No corresponde aplicar una multa a la empresa demandada por demostrar ésta una actitud de pronta respuesta a los reclamos del denunciante, evidenciando en todas las etapas una conducta conciliadora a pesar de los rechazos del consumidor.

3.-Resulta arbitraria la aplicación de una multa teniendo en cuenta únicamente los límites de la denuncia, especialmente cuando de las constancias de autos surge que la información fue presentada de una manera clara, que no dejaba lugar para confusiones.

Fallo:

FORMOSA, Veintitrés de abril de dos mil quince.

VISTOS: Estos autos caratulados: «AMX ARGENTINA S.A. – CLARO S/ APELACION (LEY PCIAL. Nº 1480)», Expte. Nº 142 Fº Nº 86 Año 2014, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia; venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 182, y

CONSIDERANDO:

Que a fs.138/153 la firma AMX ARGENTINA S.A.- CLARO, en la persona de su apoderado letrado, interpone recurso de apelación en los términos del art. 11 de la Ley Provincial 1480 contra la Resolución Nº 82/14 de fecha 09-09-14 dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario.- Apela la Resolución argumentando que su representada no ha incurrido en las infracciones que se le endilgan. Así, en relación a las infracciones a los arts. 4 y 19 de la Ley N° 24.240, que se le atribuyen a esta parte, niega que se hayan verificado. Que luego de relatar los antecedentes del reclamo incoado en autos, afirma que el Organismo actuante se ha limitado a enunciar los artículos que se encontrarían vulnerados, fundado únicamente en las alegaciones del reclamante, con prescindencia total de las manifestaciones presentadas por esta parte. Seguidamente explica, como funciona el servicio de Internet ofrecido por CLARO, el que fue debidamente puesto -dice- en conocimiento del denunciante; asimismo, destaca todas las propuestas conciliatorias realizadas en la etapa administrativa pertinente, con sustento en constancias documentales, las que fueron rechazadas por el adquirente del servicio. Expone sus agravios, afirmando la inexistencia de infracción al art. 4º de la Ley 24.240, porque manifiesta que no existe una sola constancia del expediente en la que esta parte haya incumplido con el deber de información. Acompaña a su presentación la solicitud de servicio debidamente suscripta por el denunciante y en la que dice que se pueden apreciar los términos y condiciones de la prestación del servicio, constando las características del abono contratado, la forma y costos para poder cancelar la línea de referencia.También adjunta el formulario de aceptación de las condiciones de la red 3G, que fue firmada por el contratante y en la que se le informa que el servicio que adquiere no cuenta con cobertura a nivel nacional, con lo cual, pone de manifiesto que el reclamante, Sr. González, contrató el servicio en base a la información que le fue suministrada al momento de la contratación.-

También en lo que hace a la infracción del art. 19, niega su existencia, explicando que conforme surge de las constancias de la causa, se dio cabal cumplimiento a las previsiones legales y contractuales, solicitando se deje sin efecto la misma. Critica el art. 40º bis de la citada normativa, no solo por la falta de competencia de la Autoridad de Aplicación para juzgar cuestiones de responsabilidad civil entre particulares, sino también, por no verificarse en el caso, las infracciones endilgadas a esa parte que hagan procedente la indemnización prevista en dicho articulado.- Seguidamente, se aboca a cuestionar el acto administrativo, afirmando que contiene importantes defectos en su motivación que agravan y perjudican ilegítimamente la situación de su parte. Solicita su nulidad absoluta por carecer de motivación y porque sus aseveraciones no se basaron en elementos concretos que sustenten la base fáctica necesaria para tener por acreditados los incumplimientos que se le atribuyen a la firma denunciada. Sostiene que los hechos de la denuncia deben encontrarse suficientemente demostrados con pruebas de cargo contundentes, lo que no se da en autos, porque solo existen meras alegaciones infundadas por parte del denunciante. Destaca que el acto administrativo en pugna, es atacado por falta de motivación, siendo esta la razón de ser de la decisión administrativa y que al faltar ese requisito, torna inexistente el mismo.-

A continuación, analiza la multa concluyendo que la misma no respeta un mínimo de proporcionalidad entre el pretendido ilícito administrativo y la sanción impuesta en este caso.Refiere que el monto de la multa se aplicó de forma arbitraria, pues sólo consideró como pauta que, CLARO registra antecedentes sin tener en cuenta las demás pautas que establece dicha norma, tal cuestión -expresa- no es discrecional, sino que hace a la legalidad, pues sirven para guiar al Organismo al momento de graduar las sanciones y no de manera antojadiza determinar cuáles considera y cuáles desecha, pues este proceder afecta la legalidad de la decisión. Concluye finalmente sosteniendo que, la conducta que se le imputa a CLARO, encuadraría más bien en lo que la doctrina ha denominado «principio de insignificancia» y que en virtud de ello, debía adecuar la sanción aplicada a la real entidad que esos supuestos incumplimientos tienen. Hace reserva del caso Federal.-

Se inician las actuaciones administrativas con la denuncia del Sr. Marcelo Fabián González, manifestando que contrató el servicio de Internet de CLARO, seducido por la publicidad del producto en cuestión -Internet con módem móvil-; que, a las pocas semanas de uso, efectuó su primer reclamo porque el servicio no funcionaba en buenas condiciones, recibiendo como respuesta que, el mal funcionamiento era pasajero y debido a una falta de cobertura en el área donde reside el citado. Que, después de esa queja, debió formular varias más -al menos diez más-, detallando los números de trámites de cada uno; también remitió carta documento solicitando la baja del servicio, sin recibir respuesta de la empresa CLARO, razón por la que concurrió nuevamente al agente oficial de la firma en esta ciudad, reiterando el pedido de la baja porque la prestación no funcionaba y porque le seguían llegando las boletas todos los meses, debiendo abonar por algo que no recibe. Le contestaron que, si le daban de baja, debía pagar la suma aproximada de Pesos ochocientos ($800), siendo el fundamento la suscripción del contrato en el que estaba estipulado eso, lo cual considera un abuso del derecho, pues el servicio jamás fue brindado en las condiciones contratadas.Que al día de la fecha, afirma que sigue abonando por un beneficio que no recibió, razón por la que denuncia tal situación, solicitando daños y perjuicios ocasionados.- A fs. 14 y vta. y 16 se constata la realización de audiencias, con la presencia de las partes y en ambas, la empresa sumariada efectúa propuestas conciliadoras, las que fueron rechazadas por el reclamante. A fs. 17/18 y fs. 21/22, obran informes acompañados por la firma denunciada, detallando y explicando que se atendió los reclamos del consumidor y cuáles fueron las soluciones que la empresa otorgó en esos casos. A fs. 31 y vta. el Organismo intima al Sr. González a que acompañe copia del Contrato de Prestación de Servicio suscripto con la empresa denunciada, que es cumplimentado a fs.39/44 vta. A fs. 50/52 la firma CLARO, vuelve a presentar una propuesta conciliadora a la parte denunciante, la que a fs.53 es nuevamente rechazada por éste.-

Seguidamente, se procede a imputar a la empresa CLARO por presuntas infracciones a los arts. 4º, 8º bis y 19º de la Ley 24.240. Que a fs. 62/87 obra descargo de la sumariada, rechazando las imputaciones con apoyo en las constancias documentales como sustento probatorio de su posición.- Que previo Dictamen de Legalidad a fs.130/131, se dicta Resolución Nº 82/14 (fs.132/136 y vta.) en la que luego de analizarse las infracciones que se le imputan a la empresa denunciada y tenerlas por configuradas, se resuelve imponerle sanción de multa de Pesos ochenta mil ($80.000).-

Que entrando a resolver el recurso de apelación planteado, resulta procedente el mismo, por considerar que no se encuentran configuradas las infracciones que la Autoridad de Aplicación imputó a la denunciada. Y se dice esto porque, en relación a la infracción al art.4º, conforme las constancias documentales obrantes en la causa, el consumidor, al momento de adquirir el servicio de Internet móvil de CLARO, tenía cabal conocimiento de lo que estaba contratando y en las condiciones que lo acordaba. Tal es lo que surge de los formularios de aceptación de las condiciones de compra del equipo, que fue oportunamente suscripto por el Sr. Marcelo Fabián González y cuya documentación el mismo acompaña a fs. 39/44vta. También de la documental que firma esta parte, se evidencia que tenía pleno conocimiento y aceptación que el servicio de Internet 3G que adquiría, no contaba con cobertura a nivel nacional, pese a lo cual, suscribió y aceptó estas condiciones de contratación. Y en este punto, toma particular significación la condición de estudiante de derecho del contratante del servicio, quien además, reconoce que tiene familiaridad con la tecnología, por las clases satelitales que tomó, como así, por utilizar con frecuencia el sistema de Internet, tal como él mismo lo reconoce en su denuncia a fs.3.- Que tales circunstancias, denotan, el total conocimiento que tenía el Sr. González del servicio que estaba contratando y si bien la prestación del sistema no funcionó, él estaba informado al momento de contratar que no había cobertura a nivel nacional, con lo cual debió considerar la posibilidad de que el servicio podía presentar fallas, más aún, siendo que con frecuencia usaba la informática y esto es común que ocurra, cuando no hay total cobertura.-

A igual conclusión se arriba, respecto a la infracción que se le atribuye por incumplimiento al art.19, pues conforme las constancias de autos, la firma CLARO acompañó documental acreditando su ánimo de cumplir con las modalidades y condiciones de lo pactado con el contratante, en las etapas procesales pertinentes, demostrando en todo momento que atendió el reclamo de la parte y su intención de arreglar la situación, ofreciendo al consumidor distintas soluciones, las cuales, no fueron aceptadas por éste.- Cabe resaltar, asimismo, que la Autoridad de Aplicación, no tuvo en cuenta, ni consideró en ningún moment o, la conducta conciliadora y de colaboración que tuvo la sumariada en todas las etapas del conflicto, presentando los formularios, informes, notas y requerimientos con intención de dar solución al problema suscitado, constatándose también que el adquirente del servicio, estuvo en todo momento asesorado de las distintas formas en que podían resolver el tema, insistiendo la firma CLARO, que él había suscripto el contrato donde estaban establecidas las modalidades de la contratación, las sumas que correspondían abonar en caso de cese del servicio y, en su caso, los montos reembolsables. También demostró su pretensión conciliatoria, detallando las formas del arreglo al que podían llegar, pese a lo cual, el denunciante las rechazó a todas, con el argumento de que las propuestas no eran suficientes, pero sin dar mayores razones. Tampoco, estos hechos fueron considerados en la Resolución recurrida, ni en el Dictamen de Legalidad que le precede, aplicándole la sanción sustentándose solo en los fundamentos de la denuncia, lo que la hace arbitraria y no acorde a las constancias de la causa. Que lo precedentemente analizado, permite concluir que la Resolución no se ajusta a derecho, menos aún, la sanción de multa aplicada, deviniendo procedente hacer lugar a la apelación interpuesta y dejar sin efecto la Resolución Nº 82/14. Que en atención a las costas del presente proceso, debe tenerse presente lo decidido por este Superior Tribunal de Justicia dictado en el Fallo Nº 10.694/14 y en consecuencia imponer las costas al recurrente.Asimismo y atento al estado de las presentes actuaciones, procede regular los honorarios profesionales del Dr. Sergio López Beuter en su carácter de apoderado de AMX ARGENTINA S.A. – CLARO en (.) JUS, equivalente a ($.), toda vez que la actividad profesional no se presume gratuita y, en ambos casos, los emolumentos deben ser afrontados por quien contrató los servicios del letrado interviniente, de conformidad a lo normado por los artículos, 2º, 8º, 9º y 41º inc. b) de la Ley 512.-

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Guillermo Horacio Alucín, Eduardo Manuel Hang, Ricardo Alberto Cabrera, Ariel Gustavo Coll -sin emitir opinión personal- y Marcos Bruno Quinteros, que forman la mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el Página 3/4 Departamento de Informática Jurisprudencial – Area Técnica EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1.- Hacer lugar al recurso de apelación planteado por AMX Argentina S.A.- CLARO, dejando sin efecto la Resolución Nº 82/14 dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario.-

2.- Imponer las costas al recurrente. (Fallo Nº 10.694/14 del S.T.J. Fsa.).-

3.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Sergio López Beuter en su carácter de apoderado letrado de AMX ARGENTINA S.A. – CLARO en (.) JUS, equivalente a ($.), de conformidad a lo normado por los artículos 2º, 8º, 9º y 41º inc. b) de la Ley 512.-

4.- Regístrese. Notifíquese a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, al apelante y al denunciante.-

GUILLERMO HORACIO ALUCIN –

EDUARDO MANUEL HANG

RICARDO ALBERTO CABRERA

ARIEL GUSTAVO COLL

MARCOS BRUNO QUINTEROS

ANTE MI: MARIA CELESTE CÓRDOBA

Abogadda Secretaria Superior Tribunal de Justicia

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