No hubo responsabilidad de la editorial pues si bien la información acerca del filicidio resultó errónea, al momento de la publicación resultaba verosímil.

RevistasPartes: M. P. E. E. y otro c/ Editorial Sarmiento S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 16-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92771-AR | MJJ92771 | MJJ92771

No existió responsabilidad del medio de comunicación pues si bien la información acerca del filicidio resultó finalmente errónea, la noticia al momento de la publicación resultaba verosímil.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y rechazar la demanda toda vez que con los limitados elementos provenientes de la causa penal, resulta que la noticia publicada por la demandada informando un filicidio era completamente verosímil a la fecha de su publicación, -al día siguiente del deceso de la pequeña-; máxime siendo que no resulta menester que los requisitos establecidos en Campillay deban cumplirse simultáneamente, cuando en realidad se trata de tres reglas alternativas para que el informador quede exonerado de responsabilidad.

2.-No corresponde sostener que haya existido información falsa, producto de un acto consciente y deliberado con el fin de engañar, sino que la información brindada a la postre resultó errónea, por cuanto resulta acreditada fehacientemente la correspondencia entre las afirmaciones vertidas por el diario y la secuencia de la investigación penal.

3.-Toda vez que resulta que el día mismo del fallecimiento de la pequeña la investigación estaba orientada a determinar la violencia física ejercida sobre la niña como causa de muerte, y la imputación específica a sus padres como responsables de la misma, tal como fue publicado por la editorial demandada, con independencia del resultado posterior de la causa, en tales condiciones y conforme los lineamientos de la doctrina Campillay , los agravios de la demandada deben prosperar, por cuanto sólo si el medio periodístico al momento de la difusión de la noticia conocía o desconsideró temerariamente su posible falsedad se genera el deber de reparar.

4.-Puesto que el medio periodístico respaldó sus informaciones de un modo adecuado, -que permite reconocer claramente a la fuente original de los hechos-, cabe descartar que haya actuado de un modo imprudente, y si los detalles consignados en la noticia en cuestión coinciden con lo actuado en la causa penal, se evidencia que la información fue veraz, y seguramente proporcionada ya que difícilmente podría haberse logrado tal precisión sin haber tenido acceso al conjunto de elementos que se ha reseñado, por lo que corresponde rechazar la demanda.

5.-No corresponde admitir que el examen de la calidad de la fuente se vincule con el corazón de la doctrina Campillay toda vez que la carga de la reproducción basta para el cumplimiento de tal doctrina y transfiere al lector el juicio de ponderación acerca de la credibilidad que merece la noticia sin que quepa al medio periodístico investigar la veracidad de la noticia transcripta.

6.-La doctrina de la real malicia sólo cobra sentido cuando se trata del ejercicio del derecho de informar, esto es, cuando existen aseveraciones sobre circunstancias de las que se puede predicar verdad o falsedad; por lo tanto, sólo en ese contexto, puede tener relevancia la actuación con conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia.

Fallo:

Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “M P, E E y otro c/ Editorial Sarmiento S.A. y otro s/ daños y perjuicios”

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I.Vienen las actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y el Defensor de Menores e Incapaces contra la sentencia de fs. 242/250, que hizo lugar a la demanda entablada.

Los escritos conteniendo los agravios respectivos obran a fs. 281/283, 287/288 y 300/302, cuyos respectivos traslados no fueron respondidos. La accionada cuestiona la responsabilidad endilgada, argumentando que ha existido una errónea aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente Campillay y sucesivos pronunciamientos que fueron precisando sus alcances, en tanto que los accionantes y el Ministerio Público se agravian de la falta de discriminación entre el daño psíquico y el moral, y los montos acordados.

A fs. 308 se dicta el llamado de autos a sentencia, providencia que ha quedado firme, encontrándose las actuaciones en estado de resolver las cuestiones propuestas por las partes.

II.Resulta menester atender en primer término a las quejas planteadas por la accionada a fin de establecer su responsabilidad por la publicación efectuada en el diario Crónica del día 17 de noviembre de 2007 que aludió, identificándolos, a los progenitores de la pequeña L D como autores de su homicidio, titulando la nota “Salvaje filicidio en Ezeiza”.

En distintas oportunidades hemos tenido ocasión de reseñar la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad de los medios de prensa (C.N.Civ., esta Sala, 1/3/2010, Expte. Nº 39.999/2005, “H. de B., I. c/Arte Gráfico Editorial S.A.Diario Clarín y otro s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 18/06/2013 Expte. Nº 24.724/2006 “Carmona, Elba Luz c/ Editorial Amfin S.A. d/ daños y perjuicios”) y más recientemente en un caso que la propia actora refiere en sus agravios, bien que en un aspecto diverso al que aquí se trata (id., id., 31/8/2012, “K., A. P. c. Yahoo de Argentina S. R. L. y otro”).

Tradicionalmente la Corte Suprema ha fijado de modo enfático el valor especial que reviste la libertad de expresión en el sistema institucional diseñado por la Constitución Nacional: “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica” (Fallos: 248:291).

En virtud de tal principio, el Tribunal ha formulado la regla según la cual “.si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta delictuosa de los diarios, ella sí debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Fallos:257:308).

La doctrina “Campillay” (Fallos, 308:789), invocada por la recurrente, fue precisada en sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procurando armonizar los diversos valores constitucionales en juego en los casos en que se plantea la responsabilidad civil o penal de los medios periodísticos en la reproducción de noticias inexactas emitidas por otras fuentes, sean falsas o erróneas.

En dicho caso se estableció que “la exigencia de que el desenvolvimiento de la prensa resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propalación de imputaciones falsas o que puedan dañarla injustificadamente, no implica imponer a los responsables el deber de verificar en cada supuesto la veracidad de la información o noticia sino de adecuarla, primeramente, a los datos suministrados por la propia realidad, sobre todo si se trata de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria, y en todo caso, el deber de difundir el informe atribuyendo su contenido a la fuente, utilizando el tiempo potencial o guardando reserva sobre la identidad de los implicados (considerando 7º).” Este criterio fue reiterado con posterioridad hasta el presente en distintos pronunciamientos (confr. Fallos: 310:508; 315:632; 316:2394 y 2416; 317:1448; 319:2965 ; 321:3170 ; 324:2419 y 325:1227, entre otros).

El propio antecedente invocado sostiene que los periodistas y los medios de comunicación deben extremar los recaudos para ejercer regularmente su derecho de trabajar sin agraviar a terceros, y que el derecho a expresarse por los medios de comunicación no es absoluto e impone las responsabilidades ulteriores que puedan generarse “a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”, ya que “no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los cuales se encuentra el de la integridad moral y el honor de las personas” (C. S. J. N., “Campillay, Julio C. c.La Razón, Crónica y Diario Popular” ).

Según se desprende de este fallo y de los subsiguientes” Triacca” y “Espinosa”, los requisitos para que el informador quede exonerado de responsabilidad son:

a) Transcripción sustancialmente fiel de lo expresado por otro que constituye la noticia. Ello no implica necesariamente su transcripción textual.

b) Atribución sincera de la noticia a la fuente informadora, de forma que aquélla deje de ser propia del medio. De esta forma, se transparenta el origen de la información y se permite a los lectores relacionarla no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que la ha generado.

c) Omisión de la identidad de los implicados, puesto que si se deja en reserva la identidad de éstos, no habría honor personal alguno que en concreto se hubiese dañado.

d) Uso de un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el mencionado carácter asertivo.

Paralelamente, la relación directa de la noticia (vgr. el contenido de los dichos del tercero) con un interés público y su trascendencia para la vida social, política o institucional no debe ser desplazada, pues constituye la piedra basal sobre la que se construye la eximición de responsabilidad de la prensa.

Si bien es cierto que incluso prestigiosos autores sostuvieron, al interpretar los primeros fallos de la Corte, que la fuente debía ser identificable, poco a poco se fue perfilando este aspecto con mayor precisión.

En fecha más reciente, en el caso “Martínez Vergara, Jorge” , (C. S. J.N., 19/02/2008, Fallos 331:162) sostuvo que en cuanto concierne a esta última modalidad de indicar la fuente, “este Tribunal ha elaborado mediante distintos precedentes un estándar de protección a los medios de difusión que ha alcanzado, incluso, al supuesto de la fuente anónima”. “En este sentido ha señalado que uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente, contenida en la jurisprudencia de la Corte, consiste en que el informador, al precisar aquélla, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del cual las han recibido, sino a la causa específica que las ha generado (Fallos: 316:2416); y ha precisado que la exigencia de que la información debe atribuirse a una fuente identificable no sufre una real excepción por la circunstancia de que se haya admitido bajo el amparo de esta doctrinaa la reproducción de una manifestación anónima, desde que la aclaración de tal carácter permite a los lectores formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecían las imputaciones publicadas por el medio (Fallos: 319:2965, considerando 10).

La invocación de una fuente y la transcripción sustancialmente fiel de la noticia emanada de ella, priva de antijuridicidad a la conducta, razón por la cual el principio juega tanto en un contexto de responsabilidad civil como penal.

La carga de la reproducción basta para el cumplimiento de Campillay y transfiere al lector el juicio de ponderación acerca de la credibilidad que merece la noticia sin que corresponda al medio periodístico investigar la veracidad de la noticia transcripta.

De todo lo expresado resulta que el examen de la calidad de la fuente no se vincula con el corazón de la doctrina Campillay.

Es con “Acuña” que la Corte da preferencia a un aspecto habitualmente no considerado. Lo importante en estos casos es que el periodista pone de manifiesto que la información tiene otro origen.No resultaría esencial, en cambio, que en ciertas ocasiones pueda identificarse con precisión la real fuente emisora (conf. Racimo, Fernando M. “La doctrina Campillay. Exégesis de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, E.D. 206964).

La veracidad no debe ser entendida en un sentido absoluto, sino en cuanto a información obtenida con diligencia y contrastada, previamente, con datos objetivos y verificables. Porque si el mandato se entendiera en forma absoluta, es decir, que la veracidad únicamente existe cuando hay total correspondencia entre lo difundido y la realidad de lo acontecido, el resultado sería el silencio del medio periodístico ante la posibilidad de difundir una información errónea, siendo evidente que en el debate libre que supone una democracia las afirmaciones erróneas son inevitables. En otras palabras, la preeminencia -y, por tanto, impunidad- que la Constitución otorga a la libertad de prensa está signada por la necesidad de la existencia de una conducta diligente en la obtención de la información, susceptible de ser corroborada con elementos de juicio objetivos, así como por una reproducción fidedigna de la información obtenida en tales condiciones, sin perjuicio de recurrir, llegado el caso de una dificultad práctica en verificar la exactitud de la noticia, a la mención de la fuente de información, a la utilización en tiempo potencial de los verbos, o a la reserva de la identidad de las personas implicadas, tal como lo indicó nuestra Corte Suprema, entre otros casos, en el registrado en Fallos, 308:789, considerando 7º, así como votos del Dr. Vázquez en ‘Gesualdi” y “Ramos”).

Por otra parte, la doctrina de la real malicia sólo cobra sentido cuando se trata del ejercicio del derecho de informar, esto es, cuando existen aseveraciones sobre circunstancias de las que se puede predicar verdad o falsedad.Sólo en ese contexto puede tener relevancia la actuación con conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia.

No sucede lo mismo con la crítica, las opiniones, los juicios de valor y las ideas, por cuanto tales expresiones son producto de una apreciación subjetiva de quien los enuncia (“derecho a opinar”). Podrán o no ser compartidos por el receptor, serán más o menos útiles en cuanto a la solución del problema que plantean, o más o menos convincentes de acuerdo a su fundamentación lógica, pero no podrán ser tildados de verdaderos o falsos. Aun cuando sean pronunciados con mala fe, su contenido no refleja más que una visión subjetiva sobre un tema específico sin pregonar la verdad o falsedad de un hecho determinado.

Distinta es la situación de dar por cierto un acontecimiento del pasado (“derecho a informar”). En este caso, la verificación de la verdad o falsedad de tal afirmación es posible. Este es el ámbito de aplicación de la doctrina de la real malicia, toda vez que pretende describir un hecho concreto del pasado, sin constituir una crítica u opinión producto del intelecto. De allí que el derecho de prensa ampara la crítica, las opiniones, los juicios de valor y las ideas, cuando éstos no incurren en insultos o epítetos denigrantes (Klass, Ricardo J., “Responsabilidad civil y penal de los medios de prensa y los periodistas:La doctrina de la real malicia y la doctrina “Campillay”, La Ley, 2003D, 1398).

III.Yendo entonces a la aplicación concreta de estos principios al caso en análisis, he de adelantar que no coincido con la solución brindada por el sentenciante, ya que con los limitados elementos aportados a esta causa provenientes de la causa penal, que se tiene a la vista, resultaría que la noticia en cuestión era completamente verosímil a la fecha de su publicación, al día siguiente del deceso de la pequeña.

En efecto, como se señalara, no resulta menester que los requisitos establecidos en “Campillay” deban cumplirse simultáneamente, cuando en realidad se trata de tres reglas alternativas para que el informador quede exonerado de responsabilidad, y eso cuando se trata de noticias falsas, lo cual pudo resultar finalmente así a la luz del resultado de la causa penal, pero era lo que efectivamente existía en el proceso penal en ese momento.

A todo evento, no puede en modo alguno sostenerse que haya existido información falsa, producto de un acto conciente y deliberado, con el fin de engañar, sino en todo caso que a la postre resultó errónea, por cuanto de las constancias que se reseñarán resulta acreditada fehacientemente la correspondencia entre las afirmaciones vertidas por el diario y la secuencia de la investigación penal.

En el caso de difusión de noticias inexactas, en que el medio desconoce la falsedad de la afirmación y en el vértigo de la información la reproduce, si se aplicara el régimen común correspondería examinar la presencia de culpa (art. 512, Cod. Civ.). En cambio, si se utiliza Campillay el reproductor queda liberado por falta de antijuridicidad (conf. Racimo, ob.cit).

Adviértase que en el cuerpo de la nota se hace expresa referencia a la fuente, no sólo en forma genérica como suele realizarse en otros casos (“fuentes policiales”, o “personas vinculadas a la investigación” por ej.) sino que se menciona específicamente la seccional de Tristán Suárez

interviniente e incluso el nombre y apellido de quien es referido como comisario (J O), quien en efecto intervino en la causa, tal como resulta por ejemplo de las constancias de fs. 41 y 44 de la causa 10.063 (entre otras, algunas fojas carecen de foliatura), aun cuando se trataba de un capitán cuyo nombre completo era, según resulta de su sello, “J A O).

En la demanda se argumentó que el diario ya sabía a la fecha de publicar la noticia el resultado de la autopsia, que la misma noche los actores fueron sobreseídos con el informe médico forense que aclaró la cuestión, por lo que “antes de la publicación el diario ya contaba con la absoluta certeza de que la noticia era falsa” (fs. 13 vta. y 14 in fine de esta causa).

Estas afirmaciones son erróneas. La muerte y el consecuente inicio de la investigación se produjo el día 17 de noviembre de 2007, y la noticia se publicó al día siguiente, 18 de noviembre del mismo año. La autopsia se efectuó el mismo día de la publicación (ver en expediente penal fecha consignada a fs. 47 protocolo de autopsia Nº 17481) indicándose a fs. 45 que se inició a las 12 hs. y finalizó a las 13,20, cuando obviamente el diario ya se había impreso y estaba en circulación.

Esta fecha (18/11/2007) se ratifica en el acta de necropsia obrante a fs. 50, en la que se consigna que la muerte se debió a un paro cardio respiratorio no traumático, aclarándose que esta conclusión no es definitiva sino ad referéndum de las pericias toxicológicas y anatomopatológicas.Más aún, tal como resulta del sello poco legible e inserto al revés a fs. 50 vta., recién habría sido presentado este informe el día 26, varios días después de publicada la noticia. Esto, en cuanto al supuesto conocimiento de la editorial -o de su cronistaen cuanto al resultado de dicho estudio en forma previa.

Estos estudios complementarios se realizaron tiempo después. Se informó a la Fiscalía que la pericia química se efectuaría el 12 de diciembre siguiente en el laboratorio de la Policía Científica (fs. 51 y 52 causa penal) cuyas conclusiones están fechadas los días 25/3/2008, 19/6/2008, 23/7/2008 (recibidas en la UFi interviniente, conforme constancias no foliadas, con fecha 25/4/2008, 16/5/2008, 23/7/2008 y 8/8/2008).

Es recién entonces, que con fecha 8 de agosto de 2008, el Fiscal actuante dispone el archivo de las actuaciones, prácticamente casi nueve meses después del hecho y su publicación, considerando que éste era producto de la fatalidad.

En cuanto a las razones que -como incluso reconoce la propia actorallevaron en un primer momento a disponer la detención de los padres y su imputación por homicidio agravado calificado por el vínculo, debe señalarse que el mismo día del fallecimiento varios profesionales coincidieron en señalar que la bebita de dos meses presentaba signos compatibles con violencia.

Más aún, fue la propia pediatra quien consideró responsables a los progenitores (ver declaraciones de fs. 1 y fs. 3 de la Dra. A). Afirmó que no se trataba de una muerte súbita, que al examinarla constató que no tenía vida, que presentaba “politraumatismo en la cabeza, cara, frente y barro en la cabeza, cara y su ropita”, y manifiesta que fue golpeada (fs.1) precisando más detalladamente a fs.3 que existía “traumatismo de cráneo cerrado, restos de barro en fosas nasales y traumatismo en la cara”, “tenía hematomas en la espalda, abarcando el mismo zonas laterales” y “quiere dejar constancia que debido a los hematomas que la criatura presenta en el cráneo y en el rostro la dicente refiere que los mismos resultan ser signos de violencia, como de haberse caído al piso y haber sido agredida”.

También a fs. 3 vta. precisa la Dra. A que consultó los archivos de la sala, estableciendo que L “ya presentaba antecedentes de desnutrición, siendo éste un signo de maltrato infantil”, haciendo entrega de una copia de la historia clínica, y señalando que poseía un solo control, y que no fue llevada al turno que se le había asignado con el nutricionista.

A fs. 2 la enfermera M, que fue quien recibió a la niña a su llegada a la guardia sin signos de vida, declara que presentaba barro en su cara y orificios nasales, que la colocó en una camilla “constatando un golpe en su frente”, estando su cuerpo aún tibio en la parte del abdomen, al desvestirla y tratar de reanimarla, le saca el barro y advierte que también presentaba golpes en su espalda y sangrado por la boca, “dando la impresión en forma certera que ha recibido un fuerte golpe”. Que luego observa también barro en las prendas de la beba y en el pantalón de su padre.

En el acta de incautación obrante a fs. 5, suscripta por los tenientes S y C y por M G, Auditora General del Sistema de Emergencias, se detallan las ropas de la niña, las manchas “similares al barro” que tenía en su cuello y frente, indicando con relación a Ludmila que “se observa a simple vista las marcas compatibles con golpe o similar”.

La actuación obrante a fs.9 corresponde al acta de incautación de las prendas de vestir del padre, aquí coactor, interviniendo en el acto el teniente primero V , el sargento D y el testigo P, dejándose constancia de la existencia de rastros de barro en el pantalón de vestir azul marino (en ambas piernas) y en los zapatos, en tanto que la musculosa del mismo color tenía manchas en la parte delantera. En al acta de inspección visual de fs. 10 se indica, además, que los zapatos tipo borceguíes manchados de barro tenían puntera de acero.

A fs. 11 y 12 se notifica a ambos padres en sendas actas que estaban imputados y aprehendidos por el delito de homicidio agravado calificado por el vínculo. En la muy detallada inspección ocular realizada el mismo día en el domicilio familiar, cuya constancia obra a fs. 22, se consigna que no se hallaron “rastros de barros, conchillas o algún otro elemento similar”.

El médico policial consigna a fs. 27 que ha efectuado el examen externo del cuerpo en la unidad sanitaria, quien en su descripción incluye “mancha lineal en región frontal derecha que llega a ceja del mismo lado que podría corresponder a eritema por presión o eventual livideces como así también algunas manchas de similares características en cuero cabelludo a nivel parieto temporal derecho, pequeña mancha rojo vinosa en raíz de nariz que podría corresponder a pequeño hematoma por trauma o decúbito, en dorso se observa distribuida en región periférica coloración rojiza que respeta la zona de contacto compatible con livideces dorsales”, solicitando el traslado a la Morgue Judicial para autopsia y ampliación del informe.

El sargento I declara a fs. 30 que al constituirse en la unidad sanitaria entrevistó a la Dra.A y a la enfermera M, quienes le explicaron lo

sucedido, constatando él personalmente y barro en la nariz, en la boca y en las prendas de vestir de la pequeña fallecida, las marcas que le indicó la médica como politraumatismos en la frente y en el pómulo derecho y los “moretones en la espalda (nuca hasta sus nalgas)”.

La vecina E, que acompañó a la madre a la salita cargando a la bebita, declaró que al observar que la ropa tenía tierra impregnada le preguntó a la mamá si se le había caído, a lo que ésta le respondió que no. Hasta aquí todas las declaraciones y diligencias se efectuaron el mismo 17 de noviembre, día anterior a la nota cuestionada.

También en el examen traumatológico efectuado posteriormente por el médico forense se constató equimosis de 2,2 cm. por 0,5 cm en región frontal derecha.

De todo lo detalladamente expuesto, resulta que el día mismo del fallecimiento de la pequeña la investigación estaba orientada a determinar la violencia física ejercida sobre la niña como causa de muerte, y la imputación específica a sus padres como responsables de la misma, tal como fue publicado por la editorial demandada, con independencia del resultado posterior de la causa.

En tales condiciones, y conforme los lineamientos de la doctrina sentada en la materia por nuestro Máximo Tribunal, estimo que los agravios de la recurrente deben prosperar, por cuanto sólo si el medio periodístico al momento de la difusión de la noticia conocía o desconsideró temerariamente su posible falsedad se genera el deber de reparar.Si el medio periodístico respaldó sus informaciones de un modo adecuado, que permite reconocer claramente a la fuente original de los hechos, cabe descartar que haya actuado de un modo imprudente.

Los detalles consignados en la noticia en cuestión coinciden con lo actuado en la causa penal, lo que evidencia que la información fue veraz, y seguramente proporcionada tal como se indica por el personal policial interviniente, ya que difícilmente podría haberse logrado tal precisión sin haber tenido acceso al conjunto de elementos que se ha reseñado, más allá del estilo periodístico propio de esta publicación.

IV.De conformidad con lo anteriormente expuesto, estableciéndose la falta de responsabilidad civil de la accionada, no cabe ya pronunciamiento alguno sobre los agravios vertidos por los restantes apelantes, vinculados con el resarcimiento fijado por el sentenciante al arribar a una conclusión diversa a la que aquí se propicia.

En cuanto a las costas de ambas instancias, considerando no sólo que no se han configurado las causales que autorizan excepcionalmente a prescindir del criterio objetivo de la derrota sentado en el art. 68 del Código Procesal, sino que en particular existieron aseveraciones en la demanda cuya inexactitud resultaba fácilmente comprobable con el mero cotejo con la causa penal, corresponde su imposición a los actores vencidos.

Finalmente, habiéndose omitido en el decisorio recurrido pronunciamiento alguno en materia de honorarios, por cuanto no fueron regulados ni tampoco se estableció temperamento alguno al respecto, a fin de garantizar la posible revisión en esta instancia, corresponde diferir este aspecto para su oportunidad

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

1)Revocar la sentencia obrante a fs. 242/250, rechazando la demanda incoada.

2)Imponer las costas de ambas instancias a los coactores vencidos (art. 68 del Codigo Procesal).Las Dras. Beatriz A.Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, abril 16 de 2015.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar la sentencia obrante a fs. 242/250, rechazando la demanda incoada.

2) Imponer las costas de ambas instancias a los coactores vencidos (art. 68 del Codigo Procesal)

3)Difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.Regístrese,

notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

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