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Responsabilidad de la concesionaria en el accidente de tránsito ante el factor de riesgo constituido por la cosa inerte ubicada sobre el asfalto

accidente choque autoPartes: Aranda Francisco c/ Autopistas del Sol S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 8-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93011-AR | MJJ93011 | MJJ93011

Responsabilidad de la concesionaria ante el factor de riesgo constituido por la cosa inerte ubicada sobre el asfalto, no removida oportunamente por omisión imputable a la empresa, que se constituyó en causa eficiente y desencadenante del accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la atribución de responsabilidad que recae sobre la concesionaria vial demandada puesto que el factor de riesgo constituido por la cosa inerte ubicada riesgosamente sobre la carpeta asfáltica, no removida oportunamente por omisión imputable a la empresa concesionaria vial demandada, constituyó en causa eficiente y desencadenante del accidente protagonizado por el actor.

2.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la concesionaria vial toda vez que si bien la relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionados con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva, existieron fallas en el servicio brindado por la empresa al no mantener la vía concesionada expedita y en adecuadas condiciones de transitabilidad removiendo en tiempo prudencial eventuales obstáculos que puedan constituirse en un factor de riesgo a quienes por ella transitan.

3.-Puesto que la concesionaria vial no ha logrado acreditar la culpa de la víctima conforme a la carga que sobre ella pesaba en los términos del art. 377 del rito, y si fue acredita la ocurrencia del incidente, se encuentra justificada la atribución de responsabilidad en cabeza de la demandada.

4.-Siendo que la demandada no ha acreditado que el incidente se hubiera producido a consecuencia de una imperita maniobra del conductor del automóvil por la pérdida de dominio debido al exceso de velocidad, y tampoco demostró haber cumplido específicamente con el servicio de control del estado de la calzada en un tiempo razonable previo a la ocurrencia del siniestro, la atribución de responsabilidad debe confirmarse.

5.-Ante la vaguedad de los comentarios expuestos por las partes y la incerteza acerca de la justicia o injusticia de lo que se da, contando con el valladar de la única objeción de la parte demandada, el monto fijado en concepto de daño moral resulta ajustado a los antecedentes y por lo tanto deben confirmarse.

6.-Al carecer de datos objetivos para establecer la cuantía del perjuicio causado al actor por la indisponibilidad de su vehículo, se impone la confirmación de la cuantía del rubro privación de uso.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de mayo de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados «ARANDA, Francisco c/ AUTOPISTAS DEL SOL S.A. s/ daños y perjuicios», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Víctor Fernando Liberman, Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri. El señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman integra la Sala por Res. 1315/14 de esta Cámara.

A la cuestión propuesta el señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman, dijo:

I.- Fallo y agravios

Por sentencia obrante a fs. 713/722 se hizo lugar a la demanda promovida por Francisco Aranda condenando a Autopistas del Sol S.A. y a la citada en garantía «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.» -esta última en la medida del seguro contratado- a abonar al actor la suma de $ 62.000, más sus intereses y las costas.

Apelaron en presentación conjunta la demandada y su aseguradora, quienes expresaron sus agravios a fojas 743/751, cuestionando el encuadre jurídico de la relación entre el concesionario y el usuario vial realizada por el ‘a-quo’, la consecuente atribución de responsabilidad, y la procedencia y montos de los rubros cuyo resarcimiento se dispuso en el fallo de grado. El traslado fue respondido por el actor a fs. 753/756.

II.- Responsabilidad

La demandada cuestiona la atribución resuelta en el fallo de grado calificando de errónea la apreciación que allí se efectúa de la relación existente entre el usuario y el concesionario vial.Entre otras consideraciones, sostiene que el pago del peaje es de carácter tributario o contributivo, y que por ende la responsabilidad emergente es de carácter extracontractual y sometida a la reglamentación propia del instituto en los términos del art. 1109 del Código Civil. Arguye también que la ley 24.240 no es aplicable al caso, destacando la improcedencia de la obligación de seguridad y garantía de indemnidad frente al usuario pregonada por el magistrado de primera instancia. Remite a extensa jurisprudencia que refuerza su estructura argumental. En síntesis, se agravian los apelantes del encuadre realizado por el anterior magistrado y sostienen que para atribuir la responsabilidad debió haberse demostrado la culpa de la concesionaria vial. Estos argumentos son decididamente anacrónicos. Y la demandada lo sabe.

Pero debo señalar, ‘ab initio’, que considero innecesario profundizar en la naturaleza jurídica de la responsabilidad de la concesionaria vial, como contractual o extracontractual, porque esta cuestión, a mi juicio, no ha de incidir en el resultado al que en definitiva se arribe.

Es que, a mi entender, la relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionados con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva. Discrepo en esto con el sentenciante. En algunos supuestos fácticos, el plano de análisis será el de la responsabilidad subjetiva. Así lo he sostenido como juez de primera instancia con mayor estudio de la cuestión en autos «Serrano c. Concesionaria.» (Juzgado N° 31, 10-2-04). Dicho en palabras de Lorenzetti, «no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado» (consid. 7º de su voto en «Ferreyra c. VICOV»).

Pero afirmo que, como dijera Ameal, todos somos consumidores. No sólo las personas individuales; en determinadas áreas de su operación una gran empresa -quizás transnacional- es consumidora.El actor es consumidor del servicio de concesión vial; también lo es cuando compra el vehículo, contrata seguros o realiza operaciones bancarias.

El argumento de la «naturaleza tributaria del peaje» es propia del siglo pasado y está perimida. No voy a detenerme, porque la Corte Suprema en su actual composición ha establecido que hay una relación de consumo (si no desde «Ferreyra», al menos desde «Bianchi c. Provincia»).

En la especie, aun cuando por hipótesis se desechara la obligación de seguridad inherente a la relación de consumo, los hechos que motivaran el pleito denotan fallas en el servicio brindado por la empresa al no mantener la vía concesionada expedita y en adecuadas condiciones de transitabilidad removiendo en tiempo prudencial eventuales obstáculos que puedan constituirse en un factor de riesgo a quienes por ella transitan.

En ese orden de cosas cabe señalar que, independientemente del desconocimiento fáctico y documental ensayado por la demandada, la ocurrencia misma del hecho en las circunstancias de tiempo y lugar descriptos en la demanda se desprende del análisis del material probatorio realizado por el magistrado de grado. Con el que concuerdo haciéndolo propio y remitiendo a su lectura por razones de brevedad. Allí quedan expuestos los recaudos que justifican la atribución de responsabilidad en cabeza de la demandada; no ha logrado acreditar el extremo defensivo alegado en autos -culpa de la víctima- conforme a la carga que sobre ella pesaba en los términos del art. 377 del rito.

En efecto. No ha probado la demandada su afirmación de que el incidente se hubiera producido a consecuencia de una imperita maniobra del conductor del automóvil, cuya pérdida de dominio debido al exceso de velocidad impreso a la máquina le enrostra.Tampoco demostró haber cumplido específicamente y en el caso concreto de autos, con el servicio de control del estado de la calzada en un tiempo razonable previo a la ocurrencia del siniestro, resultando inatendible a esos efectos la testimonial prestada por sus empleados, pues, como acertadamente los señalara el colega de primera instancia, éstos solamente se han referido en forma genérica a las medidas de seguridad adoptadas en la autopista.

Entiendo entonces que el factor de riesgo constituido por la cosa inerte ubicada riesgosamente sobre la carpeta asfáltica, no removida oportunamente por omisión imputable a la empresa concesionaria vial demandada, se constituyó en causa eficiente y desencadenante del accidente protagonizado por el actor.

En consecuencia, en mérito a las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí analizadas es que propicio -aún sin compartir en su totalidad los fundamentos esgrimidos por el juez de grado- la confirmación de este aspecto del decisorio en crisis.

III.- Incapacidad sobreviniente

Cuestionan la demandada y su aseguradora el monto fijado en concepto de incapacidad física ($30.000), por considerarlo desmedido y determinante de un enriquecimiento incausado del actor por no resultar acorde con las circunstancias del caso.

Es sabido que la indemnización por incapacidad sobreviniente debe valorar la disminución de aptitudes o facultades, aunque ésta no se traduzca en una disminución de ingresos, ya que aún la limitación para realizar en plenitud actividades domésticas o una actividad de relación social o familiar constituye un daño indemnizable por importar una lesión patrimonial indirecta.

También es conocido que los porcentuales de discapacidad no tienen tanta relevancia como cuando se trata de acciones fundadas en leyes de indemnización tarifada. Por tanto las objeciones a los dictámenes periciales no son fundamentales, en tanto no lo son los cálculos numéricos insertos por los peritos.

El juzgador no debe seguir inevitablemente los porcentajes de incapacidad porque, aunque elemento importante a tomar en cuenta, no conforman pautas estrictas en esta clase de procesos (conf. CSJN en E.D.152-209 y citas de Fallos 310:1826).

Es que, a mayor abundamiento, como dijera este tribunal de alzada, por su Sala C, no se trata de lo que podía percibir por su actividad lucrativa y lo que la merma de sus condiciones físicas representó en ese sentido; el punto de vista es mucho más amplio ya que comprende la idea de que la vida disminuida abarca muchas otras cosas, por las energías vitales menoscabadas, que sobrepasan la mera relación de empleo y ganancia concreta en una labor durante el tiempo de vida útil. El organismo psicofísico reducido por causa del accidente se revela en un sinnúmero de situaciones de vida que tienen medida económica más allá de una tarea específica laboral, tareas fuera y dentro del hogar, posibilidades de su aprovechamiento aun en días no laborables (para el arreglo de cosas propias o ajenas, p. ej.), todo lo cual se ve disminuido y debe ser compensado porque de lo contrario aparece el gasto necesario para su reemplazo (CNCiv., Sala C, 21-2-90; «De Andrea c. Capral», E.D. 139-712).

En la pericia médica obrante a fojas 519/523 se consignó que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 10% de la total obrera como consecuencia de padecer secuela de traumatismo de hombro y cervicalgia postraumática; patología esta a la que reconoce relación causal con el accidente de marras.

La impugnación a la pericia formulada por la citada en garantía a fs. 526 carece, a mi entender, de suficiente mérito para apartarme de las conclusiones del experto, ratificadas en su totalidad al responder satisfactoriamente a fs.549/552 el traslado conferido sobre el particular, en la medida que sólo constituye una apreciación retórica realizada sin apoyo en dictamen de consultor técnico de la especialidad, ni mediar la pertinente evaluación personal del damnificado.

En ese orden de cosas, a la luz de los antecedentes evaluados por el colega de primera instancia, y sin perder de vista que la cuantía de la compensación del rubro solamente ha sido objetada por la parte condenada a su pago por considerarla elevada, considero que el monto fijado en la instancia de grado debe ser confirmado.

IV.- Daño moral

También cuestionan los apelantes el monto fijado ($10.000) en concepto de daño moral, solicitando su reducción.

Es difí cil para el actor demostrar cuánto merece por daño moral; es difícil para la demandada rebatirlo; y lo es para un juez explicar cuánto concede por daño moral. «Cuánto por daño moral» es, incluso, el título de una importante obra de Zavala de González. Ghersi también se ocupó del tema («Valuación económica del daño moral y psicológico», Astrea, Buenos Aires, 2000) y no puedo olvidar a Iribarne («De los daños a la persona», Sección VI) ni a Zannoni («El daño en la responsabilidad civil»), que le dedican capítulos especiales. Pero, a más de algunos parámetros sobre cuestiones puntuales, no hay baremos ni pautas precisas para fijarlo.

Por la propia naturaleza y particularidades de este capítulo indemnizatorio, su inherente intangibilidad, la posición del juez es importante desde que la subjetividad del afectado parece ser aprehendida por el juzgador, se coloca en su estado existencial, pero con pautas accesibles al común (conf. Zavala de González, Matilde: «Resarcimiento de daños, 5a – Cuánto por daño moral», Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 106).

Así como el juez no puede dar explicaciones «objetivas» o numéricas acerca de la cantidad que asigna, el litigante no puede criticar razonada y concretamente la decisión.¿En qué consisten los fundamentos del escrito de agravios sino generalidades y citas parecidas a las que se leen en infinidad de sentencias, y aún en las obras de los prestigiosos autores que he citado, bien que sistematizadas? Sin embargo lejos estaría de proponer declarar la deserción de los recursos; la actora y la demandada no se limitan a «apelar por bajo o por alto», fundan como pueden. Las partes hacen el esfuerzo que pueden, reconozcamos que el juez no puede mucho más.

He de contemplar pues la repercusión que debió generar en los sentimientos del actor la propia ocurrencia del accidente en las circunstancias ya descriptas, vivenciada como una agresión a su integridad física con los consiguientes dolores padecidos a causa de las lesiones y secuelas ya ponderadas, como así también la incertidumbre acerca de su evolución futura con amplia extensión a su ámbito espiritual.

Con la vaguedad de estos comentarios y la incerteza acerca de la justicia o injusticia de lo que se da, contando con el valladar de la única objeción de la parte demandada, considero que el monto fijado por el señor juez de grado resulta ajustado a tales antecedentes y más bien escaso. Por lo tanto propongo su confirmación.

V.- Daños al rodado

La compensación de este concepto fue admitida por el ‘a-quo’ por la suma de $20.000. De ello se agravian la demandada y la citada en garantía. La sola mención de sentirse agraviado sin exponer fundamento alguno en apoyatura de la crítica, en tanto huérfana de contenido no merece siquiera mayores comentarios para concluir en su desestimación. Por lo tanto, propongo la confirmación de lo decidido sobre el particular.

VI.- Privación de uso

En la sentencia, el ‘a-quo’ destacó que en ausencia de prueba sobre el tiempo que demandaron o habrían de demandar los trabajos en el rodado, corresponde establecer la cuantificación del rubro en base a los daños materiales probados conforme se desprende de las constancias de la causa valoradas a esos efectos.Así entonces, recurriendo a las facultades emergentes del art. 165 del CPCC dispuso una indemnización de $2.000 para cubrir el aspecto que se trata.

La sola privación del uso de un vehículo ha sido reconocida por doctrina y jurisprudencia como productora de daños y en esa condición, fuente de resarcimiento para el usuario del rodado, puesto que- probado el perjuicio- el damnificado se verá obligado a sustituir su uso por otros vehículos similares que exigen la erogación de una suma de dinero.

Sentado lo expuesto, para fijar y cuantificar este daño corresponde, pues, acreditar el tiempo de indisponibilidad del vehículo necesario para efectuar el arreglo de los desperfectos. Pero además, las modalidades laborales del usuario, el emplazamiento del lugar de trabajo y del domicilio u otras circunstancias que individualicen la intensidad de la utilización que se daba al vehículo, tienen relevancia para determinar la medida exacta (más amplia en su caso) del daño resarcible. En defecto de esta prueba, la indemnización debe establecerse suponiendo un uso estándar o medio; es decir previendo un cierto número de traslados mínimos que no deja de llevar a cabo todo usuario. (cfr. Zavala de González, Resarcimiento de daños. Daños a los automotores, T. 1, 3ª. reimpresión, Ed. Hammurabi, págs 130 y 131).

En el caso, el perito no ha realizado estimación alguna porque no fue requerido sobre el particular. Por ello, al carecer de otros datos objetivos para establecer la cuantía del perjuicio causado al actor por la indisponibilidad de su vehículo, recurriendo a las variables que se desprenden de los elementos probatorios citados por el magistrado de grado, a cuya lectura remito por razones de brevedad, considero que la compensación ha sido convenientemente establecida en la esfera de las facultades del art. 165 del CPCC, imponiéndose por ende la confirmación de la decisión recaída sobre el concepto analizado, y así lo propongo al acuerdo.

VII.Resumen, costas

Por lo expuesto postulo desestimar los agravios de los apelantes, y confirmar la sentencia de grado, imponiéndoles las costas de alzada por haber resultado vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Así lo voto.

Las señoras jueces de Cámara doctoras Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

VICTOR F. LIBERMAN.

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT.

PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala «D», de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2015.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Desestimar los agravios de los apelantes, y confirmar la sentencia de grado, imponiéndoles las costas de alzada por haber resultado vencidos.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. El señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman integra la Sala por Res. 1315/14 de esta Cámara.

Víctor Fernando Liberman

Ana María Brilla de Serrat

Patricia Barbieri

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