Rechazo de la demanda intentada por una jueza a fin de ser resarcida por los daños sufridos como consecuencia de las declaraciones efectuadas en un programa periodístico

DemandaPartes: Kemelmajer de Carlucci Aida c/ Lanata Jorge y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 16-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93097-AR | MJJ93097 | MJJ93097

Rechazo de la demanda intentada por una jueza a fin de ser resarcida por los daños sufridos como consecuencia de las declaraciones efectuadas en un programa periodístico respecto de su persona que habrían vulnerado su honor.

Sumario:

1.-Conforme a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Kemelmajer de Carlucci, Aida c/ Lanata, Jorge y otro s/ daños y perjuicios , corresponde rechazar la demanda por daños que habría sufrido la accionante como consecuencia de lo afirmado por el periodista demandado en su programa respecto a que el Poder Ejecutivo habría desestimado su candidatura para la Corte Suprema en virtud de una serie de denuncias en su contra por tráfico de influencias.

2.-Si bien conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde desestimar la demanda intentada por una jueza a fin de ser resarcida por los daños que sufrió con motivo de las declaraciones vertidas por el periodista demandado en su programa respecto a que su candidatura a la Corte Suprema fue desestimada por tener denuncias en su contra por tráfico de influencias, el Tribunal entiende que resulta totalmente desatinado fundar el rechazo en que la actora no haya logrado demostrar la falsedad de lo afirmado por el emplazado, toda vez que no cabe imaginar cómo habría de producirse la prueba requerida.

3.-La doctrina impuesta en este fallo podría ser plausible al evaluar la conducta de un periodista individual o de un medio poco avezado, pero no puede ser aplicada indiscriminadamente sin profundizar el análisis cuando se trata de prestigiosos equipos periodísticos, organizados en forma de empresa, con notoria capacidad de investigación y disponibilidad de medios técnicos y económicos que les permiten separar el trigo de la cizaña.

Fallo:

Buenos Aires, a los días del mes de abril de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA c/ LANATA JORGE Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS»

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- A. R. K. de C. promueve demanda por daños y perjuicios contra J.L., F. Com. S.A. y América T.V, por la suma de $200.000, con más intereses y se condene al periodista a leer la sentencia que se dicte en el mismo horarios en que fueron propaladas las afirmaciones sobre cuya base se deduce el proceso y la publicación en dos diarios de la mayor circulación nacional.

La sentencia de grado (fs.1039/1084 vta.), hace lugar a la demanda y condena a los nombrados a pagar a la actora la suma peticionada, con más intereses. Al no emitirse el programa al tiempo de su dictado, el pedido en torno a aquél devino abstracto, pero sí, se ordena la publicación íntegra del pronunciamiento en los diarios «La Nación» y «Clarín».

1.2.- Interpuestas apelaciones y agravios, dan sustento a la sentencia que en pleno dicta la Sala «D» de esta Excma. Cámara (fs.1219/1231). Ese pronunciamiento, disminuye el monto de la condena a $100.000, fija pautas para las publicaciones; con imposición de costas en ambas instancias a cargo de los accionados.

Las demandadas interponen recursos extraordinarios a fs. 1258/1269 y fs.1272/1282vta., los cuales fueron contestados por la actora a fs. 1284/1291vta. y fs. 1292/1304vta.

Previo dictamen del Fiscal General (fs.1307/vta.) los integrantes de la Sala «D» resuelven denegar los recursos extraordinarios interpuestos «fundados en la alegada arbitrariedad, y concederlos en razón de la cuestión federal involucrada» (fs. 1308/1309).

2.- El 29 de marzo de 2012 dictamina el Procurador General de la Nación (fs.1318/1323vta.) bajo los siguientes términos, que reproduciré casi textualmente.Así expresa que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -sala D- confIrmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por A. R. K. de C. contra el periodista J. E. L., la productora Flipper Com S.A. y el canal América TV S.A., a raíz de la alegada violación de su honor producida por los siguientes dichos del periodista en dos emisiones televisivas del programa «Día D Clásico» difundidas por aquel canal.

En la emisión del día 13 de julio de 2003, en un segmento del programa dedicado a las mujeres que entonces se nominaban como candidatas a la posición de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el señor L. se refirió a la actora – en ese momento, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza- afirmando que el Poder Ejecutivo había descartado su candidatura en virtud de «una serie de denuncias por tráfico de influencias» que la involucrarían. Las denuncias que el periodista citó en su exposición aludían centralmente al señor N. C., marido de la actora, quien, actuando como abogado de un banco, en un caso, y de un director de otro banco, en el otro, habría aprovechado de algún modo la posición judicial de la actora para lograr ventajas procesales. L. individualizó a los denunciantes de uno de los casos y el número de expediente de uno de los procesos penales iniciados en virtud de una de las denuncias.

En la emisión del mismo programa del 20 de julio de 2003, como consecuencia de una nota enviada por el representante legal de la actora, el periodista afirmó que confirmaba lo dicho en el programa anterior pues, concluyó, «estamos seguros [de] que es cierto» (cf. desgravación de los programas, fs.19-21).

En la demanda a la que la Cámara hizo lugar, la actora se agravió por el daño en su honor que habría sufrido en virtud del carácter falso que atribuyó a la información reportada por el señor L. en esas dos emisiones de su programa.

Además de confirmar la condena dictada en primera instancia, la Cámara redujo a la suma de cien mil pesos la indemnización doscientos mil pesos que había sido dispuesta por el juez civil y ordenó la publicación de un resumen de la sentencia en los dos diarios de mayor circulación nacional.

Disconformes con la decisión de la sala, los demandados interpusieron sendos recursos extraordinarios (fs. 1258/1269 y 1272/1282). L. y FlipperCom S.A. expresan agravios por considerar errónea la aplicación al caso de la doctrina en materia de libertad de expresión. En lo fundamental, sostienen que contraría las doctrinas constitucionales del precedente «Campillay» (Fallos: 308:789) y las referidas a la responsabilidad por la propalación de información inexacta, en especial, la de la sentencia in re «Patitó» (Fallos: Fallos: 331:1530). Afirman que la Cámara habría errado en su interpretación de cuáles fueron las fuentes periodísticas citadas, así como en lo relativo a la prueba del factor subjetivo requerido por la doctrina constitucional aplicable, esto es, el conocimiento de la falsedad de la noticia o la grosera desatención de su probable falsedad.

América TV S.A., además de cuestionar el pronunciamiento apelado por esos mismos fundamentos, reitera el planteo de falta de legitimación pasiva omitido por e! a quo al responsabilizarla solidariamente por los dichos del periodista, sin comprobar que efectivamente éste hubiera actuado con dolo o culpa grave.

En el dictamen son tratados en forma conjunta ambos recursos, circunscriptos a los agravios que centran su impugnación en el modo en que la Cámara ha interpretado y aplicado las doctrinas admitidas por la Corte como adecuada protección de la libertad de expresión (Fallos:331:1530 ).

Es así, que centra la cuestión principal en el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa cuando entra en colisión con otros derechos, en este caso, el derecho al honor. En el conflicto entre derecho a la libertad de prensa y el derecho al honor, aquél adquiere su mayor alcance cuando el honor afectado es el de una persona pública y la lesión proviene de la difusión de información de interés público probadamente falaz o inexacta. Es invocado el antecedente «Patitó» «la investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes.» Y citando a la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia en el célebre caso «New York Times v. Sullivan», agrega «Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir» (Fallos: 331:1530, cons. 8°) (también Fallos: 331:2079, entre muchos otros).

Para proteger un derecho a la libertad de expresión con ese alcance, la doctrina constitucional -sostiene el dictamen- que el Máximo Tribunal ha desarrollado -especialmente en Fallos: 310:508 («Costa») y el citado caso «Patitó»- asegura a quien difunde información de relevancia pública que, en la medida en que la información puede afectar el honor o la estima de una persona pública, ella sólo puede dar lugar a responsabilidad jurídica si el agraviado en su honor prueba la falsedad de la información propalada y el hecho de que fue difundida a sabiendas de su falsedad o con temerario desinterés acerca de su probable carácter falaz.El Procurador General de la Nación, en su opinión esa doctrina es aplicable al caso pues la actora, en su entonces carácter de jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha de ser considerada una persona pública en los términos de los precedentes «Costa» (Fallos: 310:508) y «Dahlgren» (Fallos: 333:2079 ), entre otros; el tema sobre el que versaba la información objetada -el de las consideraciones que el Poder Ejecutivo habría tomado en cuenta para no nominar a la actora como candidata a la posición de jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- era de un innegable interés público; y, finalmente, el agravio de la demandante se deriva del alegado carácter falaz de la información difundida.

El dictamen destaca, que los recurrentes también alegan la violación de un derecho derivado de la doctrina del precedente «Campillay» (Fallos: 308:789), según la cual cuando un órgano periodístico se limita a reportar fielmente, y observando ciertas condiciones, lo dicho por otro, los daños para el honor que puedan derivarse de los dichos reportados no pueden generar responsabilidad jurídica alguna para el medio que los difundió (cf. doctrina de Fallos: 316:2395 y 2416,333:2079 y disidencia de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert en Fallos: 321:2848 ). El Procurador, entiende, que esa doctrina no es pertinente para la decisión de este caso, porque el periodista demandado no se limitó a reportar los dichos de los denunciantes, o los datos obrantes en los documentos sobre los que daba cuenta en su programa, sino que hizo suya la información, ratificándola en la segunda de las emisiones en cuestión y declarándose seguro de su certeza. El estándar derivado de la sentencia dictada en «Campillay», en cambio, protege a quien, al difundir una noticia individualizando su fuente, «no se hace cargo de su veracidad, no la hace propia, ni le agrega fuerza de convicción» (cf. Fallos:326:4123, dictamen del Procurador General al que remite la Corte, y 333:2079, cons. 9°). Por ello, opina, que sólo ha de evaluarse el agravio relacionado con la aplicación errónea de la doctrina de «Patitó».

De acuerdo con esa doctrina, para que una persona pública como la actora -por entonces jueza del tribunal superior de justicia de la provincia de Mendoza y notoria profesora de derecho- pueda pretender una reparación civil por los daños causados por la difusión de información falsa o inexacta sobre asuntos de interés público – en este caso, las razones en virtud de las cuales el Poder Ejecutivo Nacional habría descartado su nominación como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que la conciernen directamente, la demanda ha de acreditar, en primer lugar, el carácter falaz de la información difundida. Pues, como lo ha establecido la CSJN, el estándar constitucional en juego «presupone obviamente la existencia de una información objetivamente falsa» (cf. Fallos: 316:2416, cons. 13 y disidencia de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert en Fallos: 321:2848, cons. 10), requisito al que se aplica la regla general de que cada parte debe probar los presupuestos de su propia pretensión (doctrina de Fallos: 331:1530, cons. 8°).

Continúa, que el a quo consideró cumplido ese requisito al dar por falsos los dichos del demandado sobre la base del hecho de que los procesos penales a los que las denuncias aludidas por el periodista L. hablan dado lugar concluyeron en sobreseimientos; que en ellos no había figurado como imputada la actora -aunque sí aparecía involucrado su marido como testigo o imputado, en esos procesos penales, y como abogado en el proceso comercial también mentado en la emisión televisiva-; y que uno de los denunciantes, el señor C., como consecuencia de una querella promovida por la jueza K.de C., habla sido condenado por la comisión de un delito contra el honor -la sentencia es imprecisa acerca de cuál (menciona un «delito de calumnias» pero cita el artículo 110 del Código Penal)-, aunque no indica si los hechos coinciden con alguna de las denuncias comentadas por el demandado (cf. fs. 1240 vta. a 1241).

El Procurador, entiende, que los hechos sobre la base de los cuales el a quo concluyó que las afirmaciones del demandado eran falaces no permiten arribar a esa conclusión. Así indica, que en el pasaje del programa televisivo que motivó este litigio, el demandado ofrece la información de que el Poder Ejecutivo había desechado la nominación de la actora como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de un conjunto de denuncias de tráfico de influencia que la involucraban directa o indirectamente, a través de su marido, el abogado N. C. El hecho de que esas denuncias corrieron, en los tribunales ante los cuales fueron ventiladas, la suerte de la que da cuenta el a quo en su sentencia, no muestra que ellas no existieron, ni es un elemento idóneo para refutar la proposición de que el Poder Ejecutivo descartó la candidatura de la actora motivándose en parte en el hecho de que existieron tales denuncias.Esta proposición, subraya, bien pudo haber sido falsa; pero los hechos aportados no muestran que lo haya sido y sin una demostración de falsedad de esa naturaleza, la doctrina sobre libertad de expresión aplicable asegura, entiende, el rechazo de la demanda.

La prueba valorada por la Cámara para juzgar la veracidad de los dichos del periodista demandado da cuenta, antes bien, de que el relato impugnado fue incompleto, en el sentido de que dejó de lado datos accesibles -en particular, el desenlace procesal de las denuncias en cuestión y la respuesta judicial respecto de uno de los denunciantes- que habrían servido para contrarrestar un posible juicio negativo que el televidente podía haberse formado acerca de la actora sobre la base de la información sobre la existencia de las denuncias y sospechas y de la decisión del Poder Ejecutivo de no impulsar su candidatura.

Indica el dictamen, que no encierra la intención de negar que un relato informativo parcial, incompleto o sesgado puede ser tan lesivo para el honor de la persona implicada como la emisión de una información llanamente falsa. Sin embargo, como fue sostenido al dictaminar en Fallos: 331: 1530, el alcance del derecho a la libertad de expresión de quien brinda información públicamente relevante que afecta a personas públicas es tan amplio que sólo deja lugar para la atribución de responsabilidad civil en un grupo más bien excepcional de casos, a saber, aquellos en los que la información propalada es probadamente falsa y quien la emite lo hace a sabiendas de su falsedad o exhibiendo un desinterés temerario en relación con su probable carácter falso. Para todos los otros casos en los que la circulación de información inexacta, parcial, o simplemente falsa pueda causar daños al honor de personalidades públicas, la doctrina constitucional aquí en juego establece en cabeza del lesionado un deber de soportar la lesión con el fin de asegurar una de las condiciones fundamentales del gobierno republicano:la circulación libre de información sobre la cosa pública. Al dictaminar en «Patitó» expresa: «Si se quiere, la particularidad de (esta doctrina) puede expresarse de la siguiente manera. Una relación en la que existe un perjuicio pasa a resolverse no meramente con las reglas tradicionales del derecho de daños, que de manera prototípica implican una relación privada entre dos partes, sino que se impone un deber de soportar el daño para proteger algo que en realidad está fuera del conflicto entre esas dos partes. Ese algo es la libertad de expresión no ya del demandado, sino de los futuros informantes; una condena siguiendo los parámetros tradicionales del derecho civil de daños redundaría en una restricción pro futuro de la información y la crítica disponibles, a través de la imposición de autocensura, y ello sería dañoso para la función fundamental que desempeña la comunicación de informaciones. En síntesis: el daño actual al honor debe ser soportado para salvaguardar el derecho futuro de otras a la libertad de expresión» (Fallos: 331:1530, págs. 1547 s.).

Agrega, las omisiones atribuidas al discurso televisivo del demandado no muestran que la información propalada era falsa y, por lo tanto, no pueden dar lugar a responsabilidad civil. Indica, que el a quo yerra, a su vez, en otro aspecto de la doctrina constitucional aplicable al caso, dado, para que las omisiones que la Cámara atribuye a L. – presupuesto que fueran suficientes para establecer el carácter falaz de la información brindada en el sentido requerido por la doctrina aplicable- puedan dar lugar a responsabilidad civil por daños, la actora debería probar que el demandado omitió dar esa información a sabiendas de que al no mencionar esos datos ofrecería una imagen falsa de la actora -la así llamada «real malicia» -, o al menos que las omisiones se debieron a un desinterés temerario por la verdad de la información que brindaba.La Cámara consideró que el factor subjetivo de atribución exigido estaba satisfecho, aduciendo que las manifestaciones vertidas en el programa «no fueron veraces y, sea que fueran erróneas o falsas, no se correspondían con los expedientes judiciales que eran la fuente a las que el periodista consultó para hacerlas. 0, por lo menos, así debió hacerlo, para evitar incurrir en afirmaciones equivocadas o falaces como las que han dado motivo a esta litis» (fs. 1241).

El demandado había alegado, al expresar agravios, que sus fuentes efectivas no habían sido esos expedientes judiciales, sino que al dar la noticia sólo había contado con los documentos que exhibió y sobre los que reportó: «denuncias, carátulas y dichos confiables» (fs. 1159 vta.). El a quo dio por acreditado el factor subjetivo de atribución requerido por la doctrina constitucional sobre libertad de expresión en virtud de su afirmación final de que el periodista tenía un deber de consultar los expedientes judiciales respectivos antes de propalar asertivamente la información deshonrosa en cuestión y no lo hizo.

A criterio del Sr. Procurador, la imposición de ese deber de consultar las actuaciones judiciales completas a las que las denuncias de tráfico de influencia habían dado lugar es excesiva, cuando el foco de la información que el periodista brindaba no era el efectivo uso de la posición influyente de la actora en la justicia de la provincia de Mendoza en beneficio profesional de su marido abogado, sino la decisión de! Poder Ejecutivo de no respaldar su candidatura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la existencia de tales denuncias.

Prosigue, que aun cuando la Cámara estuviera en lo cierto y el periodista tuviera ese deber en el contexto en el que actuó, la atribuida violación a ese deber sólo permitiría concluir que el demandado fue negligente al propalar la información deshonrosa.La acreditación del factor de atribución más exigente de la «real malicia» requiere algo más que la simple atribución de la violación de un deber de cuidado periodístico -exige, vale insistir, la debida acreditación de la consciencia de la falsedad de la noticia o un desinterés temerario con respecto a su probable falsedad-. Por ello, opina que la Cámara no pudo concluir válidamente que el estándar constitucional aplicable para la atribución de responsabilidad civil en el caso estuviera satisfecho en virtud de la violación de ese supuesto deber de cuidado periodístico de consultar las actuaciones judiciales completas a las que habían dado lugar las denuncias aludidas. Esa violación sólo pudo dar fundamento a una atribución de negligencia -factor insuficiente, de acuerdo a la doctrina de V.E., para la imposición de responsabilidad civil por la emisión de noticias falsas sobre temas de relevancia pública que afectan a personalidades públicas como la actora-.

Refiere, que el a quo afirma, que la situación del periodista frente a la noticia difundida varió decisivamente en la segunda de las emisiones en cuestión -la emisión del día 20 de julio-, cuando afirmó que ratificaba sus dichos del programa anterior asegurando creer que eran ciertos, a pesar de haber recibido entre tanto el «acta de notificación» cuya copia obra agregada en fs. 22 a 25. En particular, la Sala anota que «[e]s evidente que en esta segunda oportunidad, [el demandado] ya no obró con negligencia sino con real malicia. Resulta para esta sentenciante -sostiene- realmente inconcebible que ni el periodista, ni la producción, ni el canal, se hayan tomado la molestia de constatar la inexactitud de los infundios lanzados al aire, para rectificar lo que negligentemente, y con notoria despreocupación, sobre su verdad o falsedad – hicieran públicos» (fs.1246 vta.).

La cuestión decisiva, que la cámara resuelve de ese modo, es la de determinar si el haber tomado conocimiento con el «acta de notificación» mencionada agrava la relación del periodista con la falsedad de la noticia tanto como para postular que su comportamiento no ha sido meramente negligente sino que ha exhibido la temeridad requerida por la doctrina constitucional en juego. El Sr. Procurador no cree, que el texto del acta de notificación permita llegar a esa conclusión.

En lo pertinente, el acta de notificación contiene las siguientes afirmaciones del apoderado de la actora: «Primero: Que las denuncias del señor M. C. C., el ‘bodeguero acusador’, concluyeron condenándolo penalmente al máximo de la pena prevista en el Código Penal para el delito de injurias, por sentencia dictada el 28/7/2000 por la Cámara Penal de San Martín, Mendoza, en autos caratulados: ‘K. C., A.R., contra C. , M. C. por Injurias’ (Expediente Número 11.929): esta decisión fue publicada, por mandato judicial, en los diarios ‘Los Andes’ y ‘Uno’ de la Provincia de Mendoza del viernes 25/8/2000. Segundo: Que en la causa ‘Hanon’ no tuvo mi mandante A.R.K. de C. intervención alguna; y tanto la Justicia Penal, la Honorable Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza, se expidieron acerca de la absoluta regularidad de las actuaciones procesales en la totalidad de las instancias judiciales recorridas hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación» (fs. 22 vta. s.).

Continúa el dictamen, que el texto, contiene afirmaciones de una parte interesada sobre hechos que, de ser ciertos, debilitan la verosimilitud que puedan haber tenido para el periodista las informaciones que difundió. Eso puede agravar, ciertamente, su posible negligencia. Pero el requisito de que el demandado haya sido temerariamente desconsiderado acerca de la probable falsedad de la noticia propalada ha de exigir, entiende el Sr. Procurador General, aún más.Una opinión contraria, en efecto, tendría la consecuencia inaceptable de que quedaría en manos de toda personalidad pública implicada en una noticia públicamente relevante la potestad de obligar a quien difundió la información, cuya exactitud se disputa, a negar la información brindada o encarar una investigación exhaustiva a su respecto con sólo enviarle una nota afirmando hechos que, si fueran ciertos, debilitarían de algún modo la verosimilitud de la noticia comunicada. Y esa consecuencia, no se condice con la doctrina de V.E., que responde, en sus palabras, al «fundamento republicano de la libertad de imprenta», de acuerdo con el cual «‘ . no basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o responsabilidad de los poderes públicos. . .’ (discurso del doctor Vélez Sársfield en la sexta sesión ordinaria de la Convención Constituyente del año 1860)», que ha llevado a proteger la circulación de información de los efectos de una posible autocensura o escrúpulo excesivo, bajo la convicción de que «el retraimiento de la prensa en este ámbito causaría efectos más perniciosos que los excesos o abusos de la libertad de informar, incluso por la circulación anónima, clandestina o por la complicidad con irregularidades en la función pública (Fallos: 257:308, voto del juez BoffiBoggero, considerando 7°)» (Fallos: 310: 508, cons. 13).

Opina el Sr. Procurador, que la interpretación de la sala D de la Cámara Civil según la cual el envío de una nota del funcionario agraviado en la que se afirma que una noticia es falsa es capaz por sí de trasmutar la posible negligencia de quien ha propalado la noticia en temerario desinterés o real malicia, implica crear un recurso sencillo en manos del funcionario interesado en que una información deshonrosa no circule para que la actividad informativa se retraiga.Una interpretación así es inconsistente con el fundamento de la doctrina de V.E. sobre libertad de expresión, lo que da fundamento al dictamen, que no puede ser mantenida.

Remarca su opinión el Procurador General de la Nación, que este caso, favorecido por el hecho de que los datos por cuya omisión se agravió la actora tenían un valor secundario con respecto al núcleo de la información sobre la que versaba ese bloque del programa, a saber, la supuesta decisión del Poder Ejecutivo Nacional de descartar la candidatura de la doctora K. de C. para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de alegaciones de tráfico de influencia que la involucraban indirectamente con la labor profesional de su marido, el abogado C. El dictamen no encuentra razón valedera para que una nota de la agraviada pudiera poner al periodista, que había difundido la noticia de la existencia de tales alegaciones como parte de la información de que ellas habían sido tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo para desechar la postulación, en la obligación de esclarecer públicamente la inexactitud de aquello acerca de lo que dichas alegaciones versaban.

Sostiene una vez más, que en la sentencia que se recurre no se interpretó acertadamente, y por ende se aplicó en forma inadecuada, la doctrina de V.E. en materia de libertad de expresión, reconociendo un derecho a reparación civil en condiciones en las que esa doctrina lo impide.Ello basta para revocar el pronunciamiento apelado y hace, por ende, innecesario examinar los restantes argumentos expuestos por los apelantes.

Efectúa una observación final, que tanto en primera como en segunda instancia, en lo que respecta al monto de la indemnización fijada -doscientos mil pesos que el tribunal de apelación redujo a cien mil-. el a quo, después de concluir que la actora había probado la falsedad de la noticia propalada y que el demandado la había difundido con real malicia, entendió que al caso se aplicaba la doctrina civil según la cual «[ . ] en presencia de un supuesto de responsabilidad extracontractual -como el de autos-, no cabe requerir una prueba específica [de la existencia de un perjuicio] y debe tenérselo por configurado por el solo hecho de la acción antijurídica» (fs. 1248). Por ello determinó la suma del resarcimiento presumiendo la existencia de un daño, sin que se hubiera producido evidencia de su ocurrencia o magnitud.

Indica el dictamen que la jurisprudencia de V.E. sobre libertad de expresión no ofrece una declaración explícita sobre la cuestión de la validez constitucional de la aplicación de una doctrina como la aludida a la imposición de responsabilidad civil por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso que ha servido de fuente para esa jurisprudencia -el caso «New York Times v. Sullivan», 376 US 254 (1964)- la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró inconstitucional, por violar la garantía de la libertad de expresión, una regla jurídica del Estado de Alabama que permitía precisamente la atribución de responsabilidad civil sin necesidad de prueba de una lesión indemnizable efectiva y por montos que excedían en muchas veces las multas más altas que podían imponerse en el caso en virtud del derecho penal aplicable.Sostuvo en apoyo de tal conclusión, que «lo que un Estado no puede constitucionalmente realizar por medio de una ley penal está del mismo modo más allá del alcance de su derecho civil de daños por difamación o injurias. El temor a una sentencia civil por daños y perjuicios bajo una ley como la invocada aquí por los tribunales de Alabama puede ser marcadamente más inhibitorio que el temor a una persecución bajo una ley penal» (376 US 254, págs. 277 s.).

Concluye, el recurso a esa doctrina le ha permitido a los jueces del caso fijar una indemnización hasta diez veces mayor a la multa más alta prevista en la legislación penal para el delito de injurias, sin ninguna prueba de que ese monto indemnizatorio era necesario para reparar un daño efectivamente sufrido, y en un caso que la ley penal vigente, tras la reforma de la ley 26.551, declara explícitamente impune.

Por ello, opina que cabe hacer lugar a los recursos extraordinarios interpuestos y revocar la sentencia apelada.

La CSJN comparte las consideraciones expuestas por el Sr. Procurador General de la Nación a las que remite por razones de brevedad. Por ello, declara procedente el recurso extraordinario deducido, deja sin efecto la sentencia apelada y dispone que vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda, «se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)» (conf. fs. 1391).

En virtud del sorteo efectuado (fs. 1398 vta) corresponde a esta Sala el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a las pautas indicadas, en consecuencia, a fs. 1404 es ordenado el llamado de autos para sentencia.

3.- Me detendré en el apartado IV del dictamen del Procurador General de la Nación que precisa la cuestión principal debatida:el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa cuando entra en colisión con otros derechos -en este caso, el derecho al honor– sólo ha de evaluarse el agravio relacionado con la aplicación errónea de la doctrina «Patitó» (la negrita me pertenece).

Incurriré en reiteraciones, porque la doctrina en cuestión fue largamente explicitada por el Sr. Procurador General de la Nación. Del voto de la mayoría extraigo:»-esta Corte – ha dicho desde antiguo que «-entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal-» (Fallos:248:291, 325). Sin embargo, ha reconocido que, bajo ciertas circunstancias, el derech o a expresarse libremente no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de la reputación de terceros (Fallos:308:789; 310:508).» (consid.5°). «Que según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su verdad (doctrina de Fallos:320:1272 ; 327:943 )-El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes-Que el principio de real malicia, a diferencia del teste de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado de que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas.Lo que es materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real malicia -conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico-» (consid.8°).

El apartado VIII del dictamen indica «Las consideraciones efectuadas hasta aquí me conducen a sostener que en la sentencia que se recurre no se interpretó acertadamente, y por ende se aplicó en forma inadecuada, la doctrina de V.E. en materia de libertad de expresión, reconociendo un derecho a reparación civil en condiciones en las que esa doctrina lo impide. Ello basta para revocar el pronunciamiento apelado y hace, por ende, innecesario examinar los restantes argumentos-«. Los componentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acompañan las consideraciones expuestas y ordenan un nuevo pronunciamiento «con arreglo al presente».

Por ello, corresponde, revocar la sentencia de fs. 1039/1084 vta. y por ende, rechazar la demanda impetrada.

4.- Sin perjuicio de la decisión adoptada por la Corte Suprema transitoriamente integrada que el presente pronunciamiento formalmente respeta, me encuentro impelida a volcar mis propias consideraciones, no sin manifestar mi sorpresa de que el Alto Tribunal haya resuelto la causa con reenvío, imponiendo a la suscripta dictar un fallo con fundamentos ajenos que no comparte.

Adopto como punto de partida uno de los enjundiosos conceptos volcados por mi apreciada colega de Sala, Dra. Marta del Rosario Mattera en la señera causa «K, A.P. c/ Yahoo Argentina SRL y otro s/daños y perjuicios» del 31/8/2012: «- los contenidos de la libertad de información y de expresión:»buscar, recibir y difundir información» también tienen las limitaciones que son propias de todos los derechos en razón del carácter relativo de éstos y de su sujeción a reglamentación razonable. Lo único que con seguridad ha de quedar incólume es la prohibición severa de censura previa (conf. Bidart Campos, Germán J., «El periodismo, la publicidad del proceso penal y el acceso al expediente ya cerrado», L.L. Litoral 1999-783, entre muchas otras obras)».

En el programa del 13/7/2003, en un segmento, el periodista se refiere a la actora, en ese momento Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, como candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que el Poder Ejecutivo había descartado su candidatura en virtud de una serie de denuncias por tráfico de influencias, que aludían centralmente a su cónyuge.

El periodista individualiza a los denunciantes e indica el número de expediente de uno de los procesos penales. En el programa del 20/7/2003, como consecuencia de una nota enviada por el representante legal de la actora, el periodista confirma lo dicho «estamos seguros (de) que es cierto».

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que corresponde al Presidente según su criterio nombrar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo el Senado (art. 99 inc. 4° de la Constitución Nacional).

Estos nombramientos son de enorme relevancia jurídica y política, ya que se trata de la designación de los jueces de mayor jerarquía de nuestro país, intérpretes finales de la Constitución Nacional (Recalde, María Cecilia «Nuestra Constitución», págs.127/128, ed. El Derecho) resultando determinante las más de las veces el concepto que el candidato merece en la ciudadanía.Por otra parte sería redundante hacer un desarrollo sobre la importancia de la prensa, la libertad de la que debe impregnarse -destacada por prestigiosa doctrina y relevante jurisprudencia-, así como desarrollar que con su menoscabo, la democracia y la misma República se verían gravemente afectadas. Pero sería contrario a tan determinante rol institucional llevar su tutela a un nivel extraordinario y desmesurado.

La aludida nota, imponía -por el solo resguardo de la buena fe- recabar una información fehaciente sobre el curso de las causas judiciales fenecidas, máxime ante aseveraciones de semejante calibre.

Me permito adoptar los certeros y ajustados conceptos de la Dra. Marcela Pérez Pardo, integrante de la Sala «L» de esta Excma. Cámara en un reciente pronunciamiento, en el que hizo alusión a este proceso y transcribo: «-También creo oportuno señalar que no coincido con la sutileza planteada por el ex Procurador General de la Nación, al cual adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación -integrada mayormente por conjueces- al resolver hace poco el caso «K. de C., A.R. c/L., J. s/daños y perjuicios» (K7, XLVI). En tal sentido considero que si tramitan actuaciones judiciales respecto a un hecho de gravedad institucional, que se haya indicado o no persona/s sospechosas en los medios de comunicación, las consultas sobre su estado se imponen para asegurar el derecho a la información, que -no debe olvidarse- es una actividad de interés público (conf. art.2 ley 26.522)-» (in re «B., C. c/S.A. La Nación y oros s/daños y perjuicios» del 21/10/2014, pub. En La Ley del 29/12/2014, cita on line AR/JUR/50250/2014).

Cuando indico recabar información postulo por lo menos una lectura concienzuda de las causas y la conclusión a la que se arribó en cada una de ellas.

Tengo a la vista, los expedientes indicados en este proceso. Ninguno de ellos se caracteriza por su excesivo volumen.Así, en la causa n°87.757.A, tramitada en la Provincia de Mendoza, M.C.Centarti denunció a O.V.Miranda, D.E., C.A.Ostropolsky, J. Rabinovich, N. Fischer, Samuel Burstein y N. Roiz y concluyó con el sobreseimiento de todos los imputados (fs. 965/1040 y fs. 1078/1080 del 8/5/90). El cónyuge de la actora declaró como testigo (fs, 221/234vta. de ese expte.) y aquélla no tuvo ninguna intervención.

En la causa n°8.742/98 tramitada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n°1, Centarti promovió otra denuncia donde mencionó a la actora y su cónyuge, y terminó con sobreseimiento el 30/12/1998 (fs. 414/441 de esa causa).

En la causa n°101.734, la parte actora no tuvo participación y los honorarios regulados a su esposo están muy lejos de la importante suma indicada por el periodista.

En el expediente n°11.929 la actora querelló a Centarti quien fue condenado por el delito de injurias, conforme la normativa contenida por los arts. 110, 26 y 29 inc.3 del Código Penal y art. 435, 581 y 582 del Código Procesal fs.242/vta. con fecha 28/7/2000).

Es decir, a la fecha del primer programa se conocía perfectamente el curso y la solución alcanzada en las distintas actuaciones judiciales promovidas en relación a los hechos sub lite.Por lo demás no se advierte urgencia alguna en la propalación de tales hechos dubitados, por cuanto se trataba de un rumor sobre la posible propuesta de un candidato al más alto tribunal del país que, en caso de prosperar, hubiera debido ser formalizada, pasar por el filtro del decreto n° 222/2003 que brinda una amplia oportunidad temporal y conceptual para objetar la postulación y luego obtener el acuerdo del Senado ante el cual se hubieran podido efectuar ulteriores fundadas impugnaciones.

Por tanto tengo para mí que fundar el rechazo de la demanda en que la actora no haya logrado demostrar la falsedad de «la proposición de que el Poder Ejecutivo descartó la candidatura de la actora motivándose en parte en el hecho de que existieron tales denuncias» resulta totalmente desatinado, toda vez que no cabe imaginar cómo habría de producirse la prueba requerida.

No debemos olvidar que «Los funcionarios públicos también tienen honra por ser éste un derecho humano; y por lo tanto deben gozar de la protección que el orden jurídico le brinda a tal derecho-La lesión gratuita a la honra de un funcionario público no sólo lesiona al derecho subjetivo del ofendido, sino que repercute directamente lesionando la calidad democrática de una sociedad al sembrar dudas y sospechas de la honorabilidad de un funcionario encargado de la cosa pública» (conf.Montilla Zavalía, Félix Alberto «Honra de los funcionarios y libertad de expresión» La Ley 2013-F, 374 pág.).

Considero, que en este caso, a los $200.000 más intereses reclamados en el escrito postulatorio para enjugar el daño moral, no puede asignárseles otro carácter, que no sea simbólico.

En mi opinión es particularmente desafortunada la analogía que en el aludido dictamen se efectúa entre el monto de la indemnización fijada en el fallo que se revoca, a la sazón l a mitad de la requerida, y la multa prevista en el Código Penal para el delito de injurias.

Fundamentalmente por la recurrente cita del precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos «New York Times vs. Sullivan», cuya invocación de la «real malicia» puede ser orientativa para nuestra jurisprudencia constitucional, pero siempre mediante la necesaria adecuación, a mi juicio no bien lograda, a nuestras instituciones.

En dicho fallo se ponderó una discordancia legal de dudosa analogía para nuestro derecho fondal, sosteniéndose que lo que el Estado no puede lograr por medio de una ley penal está más allá de alcance de la legislación civil relativa a la difamación. Concluyéndose que el temor que suscitaría la indemnización por daños concedida por los tribunales de Alabama en ese caso podría ser mucho más inhibitoria que el de sufrir una persecución penal. A tal efecto ejemplifica que la pena fijada en la legislación penal de dicho estado es de U$S 500 y prisión de seis meses. Y en el caso analizado la indemnización concedida, sin necesidad de probar ningún daño pecuniario, había sido mil veces mayor que la máxima multa aplicable.

Esta argumentación importa borrar de un plumazo la clara y tajante distinción entre la función de la pena y la que cabe a la indemnización por daños. La extrapolación de este argumento llevaría al absurdo de que teniendo a la vista la multa que el art.94 del Código Penal establece para el homicidio culposo, quince mil pesos, resultaría arbitraria toda sentencia que estimara el daño causado por un deceso ocasionado por negligencia, imprudencia o inobservancia de deberes a cargo del imputado en una suma de mayor cuantía.

No cabe duda alguna en el plexo normativo, ni se ha planteado en la doctrina y la jurisprudencia analogar la función de prevención general de la pena con la resarcitoria de la indemnización civil. Tal resolvió mutatis mutandis la Corte Suprema in re «Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 – Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750-002119/96)» al distinguir tajantemente las facultades sancionatorias de los entes reguladores (de imponer multas) de las que denomina «cuestiones de derecho patrimonial privado», las indemnizatorias. Sostiene Zaffaroni (Tratado de Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, t V, pág. 211 ss) que la multa, en tanto pena, no pude tener otro objetivo que el de proveer a la seguridad jurídica como instrumento resocializador del penado aunque advierte que en general en nuestra doctrina es generalizada la opinión de que la multa es intimidatoria.

La indemnización por daños en sus dos vertientes, sea el patrimonial cuya cuantía se requiere acreditar, sea el moral no es punitiva sino resarcitoria. Y respecto a este último, conforme a los principios generales en materia de responsabilidad no se requiere prueba directa, siendo suficiente que quede evidenciado «re ipsa»: es decir por la calidad agraviante de la conducta del responsable, que permite inferir el agravio (conf., Orgaz, ob.cit.; Llambías, ob. cit., T.II, B, pág. 329; Cám.Nac.Civil, Sala F, L.N*287.438, 10/5/1983; idem, id., L.N*251.024, 13/3/1980, etc.).

En un artículo de mi autoría remarqué la delicada misión de un juez:»-Corresponde anteponer la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigir a quienes cumplen la magistratura, porque como destacara la Juez del Tribunal de Justicia de la CABA, Dra. Ana María Conde «ser juez es un honor y no un privilegio» («Misión del Juez y del Abogado en aras de la Seguridad y Justicia», pág.4, pub. en el suplemento del «IJA», julio 2011).

El dictamen comentado expone como síntesis: «el daño actual al honor debe ser soportado para salvaguardar el derecho futuro de otros a la libertad de expresión» (fs.1321).

Entiendo que una adecuada ponderación de los valores en juego debe llevar a que la acepción de personas que se insinúa al administrar justicia en contra de la protección del honor de quien ejerce la función pública sea equilibrada con la ponderación de la calidad del ofensor, particularmente en lo que hace a su organización y disponibilidad de medios que le permitan discernir con la mayor precisión las especies que propala.

Tengo para mí que en estricta justicia la doctrina impuesta en este fallo podría ser plausible al evaluar la conducta de un periodista individual o de un medio poco avezado, pero no puede ser aplicada indiscriminadamente sin profundizar el análisis cuando se trata de prestigiosos equipos periodísticos, organizados en forma de empresa, con notoria capacidad de investigación y disponibilidad de medios técnicos y económicos que les permiten separar el trigo de la cizaña.

No se trata de una lucubración vacua sino de la lisa y llana aplicación del precepto del art. 902 del Código Civil:cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

El exceso tuitivo que se postula con miras a la información y crítica futuras importa en los hechos un menoscabo de la credibilidad de las ideas que se publican y juega en contra de los valores que se pretenden resguardar.

En igual sentido cabría efectuar similar análisis respecto del monto de la indemnización cuya excesividad el dictamen deriva de la ya criticada comparación con la multa prevista para el delito de injurias.

Advirtamos en primer término que en «New York Times vs. Sullivan» la indemnización concedida era de U$S 500.000 del año 1964, hoy estimativamente U$S 3.800.000 sobre la base de una inflación estimada para el período hasta 2015 de precios al consumidor, así como que en el caso el tribunal advierte que no existiendo la limitación de un doble juzgamiento, podrían suscitarse otras causas por la misma publicación.

Tengo para mí que la potencialidad disuasoria de la crítica por el temor de afrontar daños, predicada de la reparación, no puede ser ponderada en abstracto, ni por la mera referencia al fallo foráneo, sino en el caso concreto resultando a todas luces evidente que la suma de $ 100.000 más intereses no pudo jamás en la especie adquirir tal carácter.

Por último no puedo dejar de destacar en «New York Times vs.Sullivan» la Corte Suprema de los Estados Unidos pone de resalto que la indemnización de que se trata, cuya cuantía he destacado más arriba, había sido concedida sin haberse demostrado un daño pecuniario («withouttheneed of actual pecuniaryloss»), en tanto que en el sub lite ambas instancias ponderaron la existencia de un daño moral, que conforme reiterada jurisprudencia dimana in re ipsa del infundio.

Ya Ekmekdjian en el artículo «Jerarquía constitucional de los derechos civiles» con precisa pluma expone el argumento de «-que no se puede subordinar el derecho del pueblo a estar informado, a la dignidad de una sola persona. Para todas las críticas que nos hemos planteado, encontramos una réplica convincente, lo que no significa que no haya otras. Así vgr. la que mencionamos puede responderse diciendo que la dignidad de una sola persona es la dignidad de todo el género humano» ( pub. en La Ley 1985-A, 847).

Siguiendo la reflexión de Zannoni: «El ejercicio de toda libertad exige captar la magnitud de la responsabilidad que es inherente a ella. Se trata de conjugar las relaciones que existen entre la libertad y la responsabilidad. Tema eterno que plantea la cuestión de saber si la responsabilidad es un límite a la libertad, o si lo que se pretende es que la libertad sea la puerta abierta a la irresponsabilidad. Nosotros estamos persuadidos que la libertad se forja a golpes de responsabilidad, y ésta no es un límite para la libertad, sino su guía» («Tutela del honor y difusión de noticias» págs.193/194, en Revista de Derecho Privado y Comunitario-Honor, Imagen e intimidad» 2006-2, ed. Rubinzal-Culzoni).

La libertad, en todas sus formas de manifestación, es esencialmente limitada, en tanto, termina para cada hombre donde empieza la de su semejante (conf. Alberdi, Juan B. «Estudios Políticos-Obras Selectas», t.XVII, cap.II, pág.26, Buenos Aires, 1920).

5.- Por último, como lo he adelantado, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimo la demanda.

En base a las consideraciones efectuadas en el apartado 4., propongo que las costas de primera Instancia y Alzada se impongan en el orden causado por cuanto la actora pudo creerse con razonable derecho a accionar no obstante las sutilezas opinables con que ha impuesto a la Exma. Corte Suprema el rechazo de la demanda (art. 68, 2ª parte del Código Procesal).

En base a lo expuesto, doy mi voto para:

1)Rechazar la demanda. Con imposición de costas conforme lo expresado en el considerando 5.

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

En virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia obrante a fs. 1391, remitiéndose por razones de brevedad al dictamen del Procurador General de la Nación de fs. 1318/1323, tal como detalladamente ha consignado la distinguida colega preopinante, no resulta posible que este Tribunal analice el fondo de la cuestión debatida en autos, sin perjuicio de la diversa valoración de los hechos que a su criterio pudiere corresponder.

En estas condiciones, coincido con lo propuesto en el voto que antecede, y en particular en lo atinente a la imposición de las costas por su orden, por cuanto no cabe duda que la cuestión, que fue resuelta favorablemente para la accionante tanto en primera como en segunda instancia, evidencia que ésta tenía razones fundadas para litigar como lo hizo, debiendo encuadrarse el tema en el segundo párrafo del art. 68 del Código Procesal.

En consecuencia, adhiero íntegramente a la solución propiciada por la Dra. Beatriz A. Verón

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Adhiero a ambos votos precedentes.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mi que doy fe.-

Buenos Aires, abril de 2015.-

Y VISTO S: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Rechazar la demanda. Con imposición de costas conforme lo expresado en el considerando 5;

b) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.-

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: