Indemnización para el peatón por los daños ocasionados al pisar un hierro sobresaliente de la vereda. Cuadro de rubros indemnizatorios.

shutterstock_150100595Partes: C. O. F. c/ Municipalidad de Rosario s/ daños y perjuicios acum.

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 2da nom.

Fecha: 21-may-2015

Cita: MJ-JU-M-92752-AR | MJJ92752 | MJJ92752

La saliente metálica emplazada en la acera resultó ser una cosa riesgosa, siendo ello suficiente para atribuir responsabilidad al consorcio y municipio demandados. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Cuadro.

Sumario:

1.-Deben responder el consorcio de propietarios y el municipio demandado por los perjuicios que sufrió el peatón, quien circulando por la vereda pisó una saliente metálica, emplazada en la acera lo que le causó severas lesiones, por resultar ser una cosa riesgosa, y dado que el fundamento de la responsabilidad es objetivo -riesgo de la cosa- no tiene incidencia la culpa del dañador.

2.-Resultando aplicable la responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo , CCiv, no incumbe a la actora la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo

3.-La cosa inanimada no es causa del accidente si, inerte o en movimiento, ha ocupado su lugar normal y ha funcionado normalmente, es decir las cosas inertes no son causas si no presentan alguna anomalía y en el caso, resultó acreditado que en la vereda por la que circulaba el actor existía al momento del hecho dañoso una saliente metálica con reborde, perteneciente a una estructura que fue derribada a causa de un siniestro vial, y que luego del hecho aquí ventilado fuera cortada al ras del suelo.

4.-Si bien el consorcio codemandado adujo que el siniestro se habría producido por la falta de atención del actor, lo cierto es que los peatones tienen el derecho y la obligación de transitar por la acera, lugar que por ley está destinado a tal circulación, por lo que no pueden considerarse obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares que han de suponerse apropiados a tal efecto.

5.-Caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad; lo que conduce a entender que no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, ni hay vestigio alguno de culpa del actor por el solo hecho de caminar por la vía pública.

6.-Encontrándose la pieza de metal -que pisó el actor cuando circulaba causándose lesiones- incrustada en la acera, propiedad del ente municipal, la citada codemandada no puede invocar la falta de dominio sobre aquélla.

7.-Es responsable por el perjuicio que sufrió el actor al pisar una piza de metal que sobresalía en la vereda el consorcio de copropietarios conjuntamente con el municipio codemandado, desde que resulta aplicable la Ordenanza municipal Nro. 5.078/1990, texto según Ordenanza municipal Nro. 6.868/1999, por cuanto expresamente dispone que la obligación del frentista a la mantención del bien en buen estado de higiene, conservación, seguridad, salubridad y presentación, y abarca desde el cordón de la vereda hasta su contrafrente.

8.-La indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado, y para su cuantificación, deben tenerse presentes las características personales de la víctima y ponderarse el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

9.-La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador.

10.-Debe indemnizarse el rubro gastos médicos, intervenciones, farmacéuticos y movilidad, aun cuando no obra debida prueba de las erogaciones invocadas, pues no es menos cierto que las lesiones producidas conllevan la presunción de la materialización de diversos gastos cuya cuantía bien puede ser estimada por este órgano jurisdiccional, en uso de sus facultades legalmente estatuídas.

Fallo:

VISTOS: Los presentes caratulados “C., O. F. c. Municipalidad de Rosario s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 3339/2008, y su acumulado “C., O. F. c. Municipalidad de Rosario s. Declaratoria de pobreza”, Expte. Nro. 1012/2006, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 396 de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 6 y ss., O. F. C. promueve demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Rosario y el consorcio de propietarios del edificio sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente; daño moral; y gastos médicos, intervenciones, farmacéuticos y movilidad.

Relata que en fecha 15.02.2005, siendo aproximadamente las 13 horas, caminaba por la acera este de Bv. Oroño, en dirección al sur. En tales circunstancias, previo a arribar al cruce de calle Mendoza, tropezó con una prolongación de hierro que servía de base a un cantero fijado a la vereda, arrancado a causa de un accidente de tránsito acontecido con anterioridad.

Atribuye responsabilidad en función de lo previsto en el art. 1113, CC, y por el incumplimiento del deber de policía.

Funda su derecho y ofrece pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 23), a fs. 30 y ss. comparece y responde demanda la codemandada Municipalidad de Rosario, efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

Arguye que no es propietaria del perfil de hierro en cuestión, y que el responsable de la conservación de la vereda es el frentista.

Ofrece pruebas.

3. A fs. 56 y ss. comparece y contesta demanda el coaccionado Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario, efectivizando negativa de estilo.

A fs. 60 vta.deduce excepción de prescripción, invocando que el hecho dañoso data de fecha 15.02.2005, y que la demanda fue interpuesta en fecha 15.12.2008, transcurrido con exceso el plazo de dos años.

Invoca culpa de la víctima, toda vez que el siniestro se habría producido por su falta de atención. Refiere que el actor habría sufrido una lesión anterior.

Ofrece pruebas.

4. Corrido traslado de la excepción de prescripción (fs. 63), es respondido por la actora a fs. 64 y ss., solicitando su rechazo.

Esgrime que inició el incidente tendente a la obtención del beneficio de litigar sin gastos (Expte. Nro. 1012/2006, por cuerda) en fecha 06.06.2006, individualizando al excepcionante como sujeto pasivo en fecha 09.04.2007, notificándolo en fecha 03.05.2007, con comparendo a fs. 90 y ss., por lo cual la prescripción se hallaba interrumpida.

5. Proveídas las pruebas (fs. 67) constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Mesa de Entradas Única de los Tribunales de Rosario (fs. 77 y ss.), Sanatorio Plaza (fs. 96), Instituto de ayuda financiera para pago de retiros y pensiones militares (fs. 155 y ss.), Dirección de Personal Militar del Ejército Argentino (fs. 163 y ss.), Municipalidad de Rosario (fs. 283 y ss.), y Archivo Tribunales de Rosario (fs. 329 y ss.); b) periciales: médica (fs. 93 y ss., ampliada a fs. 277), y técnica (fs. 116 y ss.); c) testimoniales: Eduardo Carlos Becares (fs. 382 y ss.), y Edgardo Rubén Barreca (fs. 395 y vta.); y e) instrumental: “C., O. F. s. Sus lesiones”, Sumario Nro. 1144/2005, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Quinta Nominación de Rosario (en copia certificada, a fs. 300 y ss.).

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 379 y 385), habida la misma (según dan cuenta las actas de fs. 382 y ss. y fs. 395 y ss.), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1.Liminarmente ha de tenerse presente que el accionante reclamó su pretensión ante la Administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1° de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (Nro. 7.234, texto según Ley Nro. 9.040), pretendiendo se lo indemnice por los daños causados que aquí reclama (fs. 284 y ss.).

La demandada Municipalidad de Rosario rechazó la articulación del actor a través de la Resolución Nro. 958, de fecha 05.12.2006, cuya copia certificada luce a fs. 297 y vta., con notificación por cédula de fs. 298, con lo que queda expedita la vía judicial (arg. art. 1° citado).

2. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por el actor, que en el proceso penal (Sumario Nro. 1144/2005) se ha dispuesto el archivo de las actuaciones, en función de lo previsto por el art. 200 del Código Procesal Penal (Resolución Nro. 1108, de fecha 28.04.2005, en copia certificada a fs. 311).

Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de los hoy demandados en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1103, CC.

3. A fs. 60 vta., el codemandado Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario, dedujo excepción de prescripción, invocando que el hecho dañoso data de fecha 15.02.2005, y que la demanda fue interpuesta en fecha 15.12.2008, transcurrido con exceso el plazo de dos años.

De una compulsa con las actuaciones, surge que invocado el acaecimiento del hecho dañoso en fecha 15.02.2005 (fs. 7), se inició el trámite tendente a obtener el beneficio de litigar sin gastos en fecha 06.06.2006 (fs. 1, Expte. Nro. 1012/2006, por cuerda), pendiente aun el curso de la prescripción liberatoria.

Sobre el particular estatuye el art.3986, CC, que “La prescripción se interrumpe por demanda contra el (.) deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio (.)”. Ello implica que, en autos, el 06.06.2006 se interrumpió el curso de la prescripción.

Sentado lo antedicho, cabe interrogarse sobre el momento en que se inició el nuevo cómputo del plazo prescriptivo. Al respecto, se explica que “La prescripción deja de correr mientras esté pendiente el juicio con el que se la interrumpiera, cualquiera fuese el tiempo que hubiesen estado paralizadas las actuaciones” (Cám. 2a. Civ. y Com. de La Plata, 08.03.1968, en LL 132-785; cit. por KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; KIPER, Claudio; TRIGO REPRESAS, Félix A.; “Código Civil Comentado. Doctrina – Jurisprudencia – Bibliografía”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, Artículos 3875 a 4051, pág. 441), en tanto no se resuelva la caducidad o la perención de la instancia (arg. art. 3987, CC).

En la especie, se dictó Sentencia concediendo el beneficio de litigar sin gastos en fecha 04.08.2008 (Nro. 3107, a fs. 87 y vta., Expte. Nro. 1012/2006), notificándose al Fiscal actuante en fecha 10.02.2009 (fs. 87 vta.).

De ello no puede sino concluirse que la prescripción liberatoria habría de acontecer no antes del 10.02.2011, con lo que, promovida la demanda principal en fecha 15.12.2008 (cf. fs. 2, Expte. Nro. 3339/2008), el derecho aun no se encontraba prescripto.

Lo expresado sella la suerte adversa de la excepción de prescripción promovida por la referida codemandada.

4. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC; cf. C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “MEDINA, Santa Teresa c. Techint S.A. -Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad”, en A. y S., tomo 105, págs.207/212), surge lo siguiente.

Denunció el actor ante la preventora que “el día 15 de febrero, como a las 13 horas, iba caminando por Bv. Oroño, de norte a sur, por la vereda este, y al llegar al cordón para cruzar calle Mendoza pisé un hierro que sobresalía unos 10 a 15 centímetros de la vereda con la punta del pie derecho, y esto me produjo la rotura del tendón de Aquiles, por lo cual me operaron el día 24 de febrero y actualmente me encuentro con una férula y en tratamiento, siendo esto todo lo que puedo declarar al respecto. Quiero hacer constar que no puedo trabajar ya que soy electricista de obra y trabajo en forma particular. No hubo intervención de terceros. Este hierro en este momento no se encuentra, lo emparejaron después del 17 de febrero (.)” (fs. 302).

El testigo Eduardo Carlos Becares avala tal versión fáctica, toda vez que, al ser interrogado sobre la ocurrencia del accidente peatonal de fecha 15.02.2005 en la acera de Bv. Oroño esquina Mendoza, narró que “Soy habitué de allí porque vivo a veinte metros, soy habitué del bar Nino, que tenía una especie de canteros con una protección para los autos que vienen circulando por Mendoza y cruzan Oroño. Hacía unos días que un cantero estaba roto, y quedó una base, un caño que sobresalía, este hombre se lo llevó por delante y se lastimó la parte trasera del talón del pie. Empezó a los gritos del dolor, quienes estábamos sentados allí acudimos a socorrerlo, lo sostuvimos, hizo llamar al hijo, vino el hijo y se lo llevó a que lo curen. Eso fue lo que ocurrió. (.) El señor pasaba caminando y se llevó por delante el caño que sobresalía. (.) No sé desde cuándo estaba roto, no lo puedo precisar, calculo que un par de meses aproximadamente.Al voltear un auto el cantero, que se lo llevó por delante, dejó la base de uno de los caños que sobresalía, unos diez o quince centímetros, era un peligro que alguien tropezara dada la cantidad de gente que pasa por el lugar. Mucha gente se cayó, pero sin consecuencias mayores, pero este señor tuvo el problema de la lesión (.) casi ipso facto, inmediatamente al hecho [la saliente en la acera fue reparada] (.). Fue removido todo, el cantero con todo, lo sacaron. La estructura metálica que fue arrancada por el auto es igual. Aclara que son formaciones de hierro. Recuerdo que est aba en dirección a donde estaba la senda peatonal (.) el testigo observando la foja 3, en la foto, sostiene que es la parte reparada, y la ausencia del cantero que estaba justamente delante de la senda peatonal. El declarante manifiesta que actualmente son de hierro macizo. (.) Cuando fui a vivir allí, hace dieciseis años, ya estaban (.). Hay unos que son de hierro macizo, que han rodeado la esquina, me imagino que lo dispuso el dueño del bar para evitar responsabilidades con el Consorcio del edificio K. (.) Yo acudí por los gritos, estaba sentado en la vereda. Se quejaba bastante. (.) Acudí ante los gritos, el hombre tenía el pie no sé si metido adentro, o lo llevó por delante, estaba lastimado, como el caño tenía rebarba lo cortó (.) hay semáforo pero justamente hubo [un accidente de tránsito] que dejó un cantero tirado por Mendoza (.)” (fs.382 y ss.).

Practicada inspección ocular recién en fecha 09.06.2005, se evidenció la existencia de “(.) dos tozos de caño de forma circular de 4 centímetros de diámetro cortados al ras del piso, tapada con cemento en la vereda donde no posee baldosas (.). Asimismo en dicha ochava y a 30 centímetros del cordón y a 1,80 metros del semáforo ubicado en dicha intersección sobre calle Mendoza, se ubica un trozo de caño cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros (.) cortado al ras del piso, notándose una refacción tapado con cemento sobre la mencionada vereda donde no posee baldosas (.)” (fs. 317 y ss.).

El perito técnico actuante en esta sede concluyó que “Se aprecia un inserto metálico, a nivel de piso de vereda, y una reparación de la misma (.). En proximidad con el cordón de calle Mendoza, a nivel de la vereda, también se aprecian otros insertos similares (.) La presencia del inserto indicado y la reparación de la vereda distante de él una longitud similar a la medida de las vallas, al menos puede hacer pensar que anteriormente haya existido una valla que fuera removida. Se destaca que en fotos obrantes en autos a fs. 3, 4 y 5, se encuentra que los parantes de las vallas anteriormente eran de tipología y dimensiones similares al inserto hallado en la vereda. Es decir, el caño que actualmente hace de parante de la valla no es original, anteriormente el parante era de las mismas características que la del inserto ya descripto (.)” (punto 1.6.1, fs. 116 vta. y ss.), que “En caso de que ningún saliente metálico de la vereda hubiera estado, el transitar por ella no hubiera podido desencadenar el mencionado accidente peatonal” (punto 1.6.2, fs.117), que en la “descripción policial, y designado con letra J, “trozo de caño en forma cuadrangular” hace referencia al inserto metálico que también se observó durante la pericial y que según este perito, este caño a ras del piso, aparenta haber formado parte del parante de vallado (.). Respecto a los dos trozos de caños de forma circular de 4 centímetros de diámetro cortado al ras del piso, ubicados sobre el cardinal sur de la plazoleta, durante la pericial se encontraron tres trozos de caños cortados al ras del piso” (punto 1.6.3, fs. 117 y vta.).

5. Por la confirmación de la mecánica del accidente, conforme los términos indicados en los puntos que anteceden, debe examinarse la responsabilidad siniestral.

Ingresando al análisis normativo de la cuestión, cabe destacar que el art. 1113, CC (texto según ley 17.711), prescribe que “(.) si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, [el dueño o guardián] sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (.)”.

5.1. En torno al ámbito de su aplicación se generó un apasionado debate, puntualmente en lo que respecta al papel de la cosa en la producción del daño (cf. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “¿Daño causado con la cosa o por la cosa?”, en LL 1989-A, págs. 506 y ss.), indagándose las particularidades según la intervención activa o meramente pasiva, discurriéndose inclusive la cuestión de la llamada actividad riesgosa con independencia de las cosas (tema tratado en las VI Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal; presente en el Proyecto de Unificación del año 1991; cf. al respecto PIZARRO, Ramón Daniel, “Responsabilidad civil por actividades riesgosas”, en LL 1989-C, pág. 941; C.S.J.P.S.Fe, 07.09.1994, in re “GÓMEZ, Irene c. PETRUS, Valentín”, en A. y S., tomo 110, págs.336 y ss.; 15.11.1995, in re “PEGER, Melitón c. Sancor Coop. Unidas Ltda. y/u Otra”, en A. y S., tomo 122, pág. 356; siguiendo la línea prefigurada oportunamente por la C.S.J.N., 30.08.1988, in re “NOBRIEGA, Horacio Julio c. Y.P.F.”).

Adicionalmente, se ha explicado que el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para apreciar la existencia y entidad del riesgo de la cosa, a través de las circunstancias de su operatividad (criterio de la C.S.J.N., 11.05.1993, in re “CHOQUE SUNAHUA, Antonio c. Emegé S.A. y Otro”).

Pretérita y hoy desacreditada doctrina (LALOU, Henri, “Las cosas inertes y el artículo 1384, parágrafo 1° del Código Civil”, París, Dalloz Hebdomadaire, 1933, págs. 93 y ss.) sostuvo que resultaba menester distinguir aquellos supuestos en los cuales el daño había sido causado por una cosa en movimiento por acción de una fuerza cualquiera (v. gr., ley de gravedad, vapor, electricidad), de otros en donde la misma se encontraba en estado de reposo, siempre constatado tal circunstancia al momento de la producción del daño.

En el primer supuesto, entendió esta posición que habría actividad de la cosa, siendo por ende aplicable el régimen de responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas. En el segundo caso, en cambio, al no configurarse tal circunstancia, se asumió que adquiriría virtualidad el principio general de la culpa.

Las fundadas críticas no se hicieron esperar (cf. MAZEAUD, Henri y León, TUNC, André, “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual”, traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, 5° ed., tomo II, vol. I, págs. 227 y ss.), por considerarse insuficientes los argumentos vertidos.

Es que, claramente, no resulta posible sostener que el riesgo se encuentra necesariamente ligado al movimiento o dinamismo de la cosa, descartándose en los casos en que la misma se encuentre en estado de inercia.Ello no implica desconocer que por lo general, y sólo desde un punto de vista meramente cuantitativo, existiría una mayor probabilidad de intervención causal en el supuesto de la cosa en movimiento.

Así, la responsabilidad objetiva por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, remite tanto a aquellas que lo son por su propia naturaleza (inertes o no) cuanto a aquellas que, sin serlo en sí mismas, lo generan en determinadas circunstancias (situación o condición anómala).

5.2. En estos términos, sobre el riesgo creado por las cosas estáticas pueden distinguirse dos supuestos: “a) Cuando la cosa inerte interviene activamente en la producción del resultado, con suficiente relevancia causal, escapando al control del dueño o guardián y con prescindencia de aspectos circunstanciales de persona, tiempo o lugar (v. gr., el piso anormalmente resbaladizo o deteriorado, que provoca la caída de un peatón; el pavimento de una ruta en mal estado de conservación, que causa daños en un vehículo que circula, etc.). b) Cuando el riesgo de la cosa inerte deviene (o se potencia) de circunstancias de persona, tiempo y lugar. En tal supuesto, la cosa riesgosa inerte constituye un eslabón con suficiente relevancia causal de una actividad riesgosa, por su naturaleza o por las circunstancias de realización, hipótesis en la cual la aplicación de la responsabilidad por riesgo creado es indudable. Dentro de este supuesto, cobra especial relieve el elemento circunstancial relativo al lugar de ubicación o emplazamiento de la cosa inerte” (PIZARRO, Ramón Daniel; “Responsabilidad civil derivada de cosas inertes ubicadas riesgosamente”, en “La Responsabilidad. Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldenberg”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995, pág. 420; del mismo autor, p. v. “Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”, Buenos Aires, La Ley, 2006, tomo II, págs. 115 y ss.; y también “Cosas inertes, riesgo creado y arbitrariedad judicial”, en RCyS 1999, págs.305 y ss.).

En la segunda hipótesis referida “una cosa inerte (mecánicamente pasiva) adquiere activa intervención en la producción del daño cuando su irregular o extraordinaria ubicación, su situación, crea la probabilidad y consecuente previsibilidad de un suceso perjudicial” (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “Responsabilidad por riesgo”, Buenos Aires, Hammurabi, 1987, nro. 9, pág. 57; en análogo sentido vide la jurisprudencia de la Corte de Casación en Francia, reseñada por SÉRIAUX, Alain, “Droit des obligations”, París, Presses Universitaires de France, 1992, pág. 345), estableciéndose el riesgo frente al caso concreto tal como se analizan las características de una conducta acorde con el art. 512, CC.

Todo ello cuenta también con el aval del máximo Tribunal nacional que ha tenido oportunidad de expedirse sobre el particular (cf. C.S.J.N., 01.12.1992, in re “POSSE, José D. c. Provincia de Chubut”, en JA del 11.04.1994, nro. 5880, pág. 15, con nota de LORENZETTI, Ricardo, “El riesgo y el daño a la persona en la Corte Suprema”).

Es que cuando se trata de cosas inertes, “la probabilidad de intervención causal de la cosa es menor que si se tratase de cosas en movimiento. Cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno y otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando, cuando se trata de cosas inertes, la posición o el comportamiento anormal de la cosa o su vicio” (C.S.J.N., 19.11.1991, in re “O’MILL, Allan E. c. Provincia de Neuquén”, en Fallos 314:1505).

Esto conduce a atribuir a la víctima “la carga de acreditar la posición o el comportamiento anormales de la cosa inerte.Consecuentemente no rige en la especie de los daños cuya causación se atribuye a una cosa inerte la presunción de causalidad a nivel de autoría, que acreditados el título y la causa física resulta del régimen del artículo 1113 del Código Civil” (MAYO, Jorge A., “Responsabilidad civil por los daños causados por cosas inertes”, en ED 170, pág. 998; cf. también ALTERINI, Atilio Aníbal; LÓPEZ CABANA, Roberto M., “Presunciones de causalidad y de responsabilidad”, en LL 1986-E, pág. 985; y VINEY, Geneviève, JOURDAIN, Patrice, “Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin. Les Obligations. La responsabilité: conditions”, París, L.G.D.J., 1982, tomo IV, pág. 782).

Va de suyo, todo lo expresado no resulta óbice para que el comportamiento o posición anormales (en relación a las circunstancias de persona, tiempo y lugar) pueda resultar de los mismos hechos (pues res ipsa loquitur).

En síntesis, la cosa inanimada no es causa del accidente si, inerte o en movimiento, ha ocupado su lugar normal y ha funcionado normalmente. Ello significa que las cosas inertes no son causas si no presentan alguna anomalía.

5.3. En la especie se ha acreditado, a través de las probanzas merituadas precedentemente, que en la vereda situada en la esquina de Bv. Oroño y Mendoza, existía al momento del hecho dañoso una saliente metálica con reborde, perteneciente a una estructura que fue derribada a causa de un siniestro vial, y que luego del hecho aquí ventilado fuera cortada al ras del suelo.

Claramente entonces, ello bien puede encuadrar en el concepto de “vicio de la cosa”, entendido éste como “una falta o defecto de fabricación o conservación de la cosa que hace a ésta susceptible de dañar” (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, 8° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993, pág. 405), tornando aplicable también por este sendero el segundo párrafo del art.1113, CC.

Es por ello que entiende este Tribunal que la saliente metálica en cuestión emplazada en la acera resultó ser una cosa riesgosa, siendo ello suficiente para atribuir responsabilidad, pues ha de memorarse que el fundamento de la responsabilidad es objetivo -riesgo de la cosa-, no teniendo incidencia la culpa del dañador.

Resultando aplicable entonces la responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo, CC, no incumbe a la actora la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo (C.S.J.N., 11.05.1993, in re “FERNÁNDEZ, Alba Ofelia c. BALLEJO, Julio A. y Otra”, en LL 1993-E, págs. 472 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “ESPÍNDOLA, Juan Lorenzo c. SANCHO, Miguel A. y Otros”, en A. y S., tomo 105, págs. 198 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “LEVY, Daniel”, en A. y S., tomo 105, págs. 192 y ss.), lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado (C.S.J.P.S.Fe, 05.08.1998, in re “LÁZZARI de MILANESI, Nora c. MESSULAM, Miguel Ángel y Otros”, en A. y S., tomo 148, págs. 240 y ss.).

5.4.Sentado lo antedicho, debe destacarse que no se ha acreditado culpa de la víctima con gravitación causal.

Es que si bien el consorcio codemandado adujo que el siniestro se habría producido por la falta de atención del actor, lo cierto es que los peatones tienen el derecho y la obligación de transitar por la acera, lugar que por ley está destinado a tal circulación, por lo que no pueden considerarse obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares que han de suponerse apropiados a tal efecto (LL 1997-C-750, de aplicación analógica; CNAC, 17.10.1996, in re “DE FORTUNY, Nuria c. Kohal S.R.L. s. Daños y Perjuicios”).

Huelga decirlo, caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad; lo que conduce a entender que no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, ni hay vestigio alguno de culpa del actor por el solo hecho de caminar por la vía pública.

5.5 Seguidamente, ha de indagarse sobre la legitimación pasiva de las codemandadas para responder en el caso.

5.5.1. En lo que respecta a la codemandada Municipalidad de Rosario, ha de atenderse lo siguiente.

Por disposición legal expresa, las calles forman parte de los bienes de dominio público (art. 2340, inc. 7°, CC), siendo la Municipalidad de Rosario, por ende, titular del dominio de las aceras que se encuentran dentro del ejido urbano, quedando a salvo la facultad de los particulares para utilizarlas (art. 2341, CC).

Así lo expresa también el art. 43 de la Ley provincial Nro.2.756, en tanto estatuye que “Decláranse bienes públicos de las Municipalidades, las calles, veredas, paseos, parques, plazas, caminos, canales, puentes, cementerios, y cualquier obra pública construida por las Municipalidades o por su orden para utilidad o comodidad común (.)”.

Y encontrándose la pieza de metal incrustada en la acera, propiedad del ente municipal, la citada codemandada no puede invocar la falta de dominio sobre aquélla (arg. art. 2518, CC).

Sobre el particular, ha de atenderse que el art. 43, CC, dispone que “Las personas jurídicas responden (.) por los daños que causen (.) las cosas, en las condiciones establecidas en el título: “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos””.

Bajo tal título, encontramos el art. 1113, CC, que prescribe la responsabilidad del dueño o guardián por el vicio de la cosa, factor atributivo que se encuentra materializado en los presentes.

Así lo ha decidido la jurisprudencia en multiplicidad de casos análogos, imputando los daños causados por las cosas del dominio público del Estado, específicamente en relación al estado de las calzadas, al ente al que se le atribuye tal dominio o guarda (cf. C.S.J.N., 02.07.1991, in re “LANATI, Marta N. y otros c. Dirección Nacional de Vialidad”, en LL 1992-A, pág. 201; y C.N.A.C., Sala B, 01.03.1988, in re “OBERLANDER, Gualterio y otros c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en LL 1990-A, págs. 227 y ss.; entre muchos otros).

Más aun, ostenta el Municipio el poder de policía para controlar la seguridad de los habitantes, ordenando a quien corresponda la señalización o reparación de los obstáculos presentes, lo que no consta que hiciera, comprometiendo también su responsabilidad por deficiente prestación del servicio (arg. art. 1112, CC; al respecto, p. v. C.S.J.N., 18.12.1984, in re “VADELL, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires”, en LL 1985-B, pág.3).

Por lo expresado, ya sea que se razone por una u otra vía, se encuentra responsabilidad en cabeza de la codemandada Municipalidad de Rosario, quien no ha invocado ni probado la ruptura del nexo causal que podría exonerarla.

Nótese que, si bien aduce el ente municipal que existe responsabilidad del frentista quien tiene a su cargo la conservación y mantenimiento de las aceras en buenas condiciones, ello no implica el supuesto fáctico de hecho de tercero por quien no debe responder con aptitud para interrumpir el nexo causal.

Es que lo que en la especie se esgrime, con independencia del nomen juris utilizado, es que existe otro responsable ajeno y excluyente (es decir, falta de legitimación pasiva sustancial), por entender que la guarda de la vereda se encuentra desplazada.

Mas dado que el art. 1113, CC, permite la condena conjunta al propietario y al guardián, la defensa articulada pierde todo sustento, toda vez que, aun existiendo otro corresponsable (el guardián), ello no basta para eximir de responsabilidad al dueño.

Así se ha expresado la doctrina en télesis que los suscriptos comparten, explicando que “el entendimiento que, en nuestro parecer, mejor se compadece con la nueva redacción del art. 1113 del Cód. Civil, es el de la responsabilidad indistinta frente a la víctima del dueño o del guardián; lo cual posibilita a aquélla dirigir su acción por el todo contra cualquiera de éstos. En efecto, la separación de los vocablos “dueño” y “guardián” mediante la conjunción disyuntiva “o”, gramaticalmente sirve para denotar la existencia de juicios u oraciones de valor independiente, que entre sí se rechazan, estableciendo la alternatividad.A mayor abundamiento puede señalarse, en refuerzo de esta interpretación, que si la víctima queda facultada para peticionar la totalidad de la indemnización indistintamente del dueño o del guardián, la responsabilidad de éstos resulta ser plena o in totum, de manera similar a lo que ocurre con la solidaridad; siendo este tipo de obligaciones “concurrentes” o in solidum, el que parece haberse introducido con la reforma de la ley 17.711 en punto a responsabilidad civil extracontractual, cuando existe pluralidad de obligados” (CAZEAUX, Pedro N., TRIGO REPRESAS, Félix A., “Compendio de Derecho de las Obligaciones”, 2a. edición actualizada, Buenos Aires, Librería Editora Platense S.R.L., 1994, tomo 2, págs. 588 y ss.).

5.5.2. En lo atinente al codemandado Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario, ha de puntualizarse su carácter de guardián de la acera frentista (cf. criterio de la Excma. C.S.J.P.S.Fe, 07.09.1994, in re “GÓMEZ, Irene c. PETRUS, Valentín y Rosario”, en A. y S., tomo 110, págs. 336/341).

En adición, le resulta aplicable la Ordenanza municipal Nro. 5.078/1990, texto según Ordenanza municipal Nro. 6.868/1999, por cuanto expresamente dispone que la obligación del frentista a la mantención del bien “(.) en buen estado de higiene, conservación, seguridad, salubridad y presentación (.) abarca desde el cordón de la vereda hasta su contr afrente” (art. 1°).

5.6. Por todo lo merituado, entiende este órgano jurisdiccional que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida a los codemandados Municipalidad de Rosario (arts. 1112 y 1113, CC), y Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario (art. 1113, CC).

6. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

6.1.En cuanto al rubro incapacidad sobreviniente doctrinariamente considerada, es la falta de salud derivada de un hecho ilícito.

La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (cf. LORENZETTI, Ricardo Luis, “La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1992, Nro. 1, pág. 101). Se configura cuando el ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución -total o parcial- permanente.

Es la línea básica del resarcimiento y, pese a la falta de mención en el art. 1086, CC, se le considera incluida en el art. 1068, CC. De ahí que se haya ponderado que el evidente menoscabo anatómico y funcional, justifica por sí solo la indemnización del daño que tiene su fuente en el art. 1068, CC.La norma ha sido interpretada en el sentido de comprensiva de todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, inclusive daños a la salud y a la integridad física.

Por ende, de acreditarse que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas, porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad.

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado.

Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe”, en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

En cuanto a las condiciones personales, ha de considerarse que el actor, que contaba con 56 años de edad al momento del accidente (fs. 302), declaró ser de estado civil divorciado (ídem), porta un 13 % de incapacidad (pericial médica, punto c, a fs.95).

En relación a la situación médica del actor, el consorcio codemandado cuestionó el nexo de causalidad respecto del hecho dañoso, denunciando la existencia de una incapacidad preexistente (cf. fs. 119 y vta.).

Sobre el particular, es de destacar que “Probado el nexo causal por quien lo invoca, se presume que entre las diversas condiciones que concurrieron a producir ese resultado aquélla ha sido su causa adecuada” (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, op. cit., pág. 269).

En autos no se desbarató tal presunción, sino que por el contrario, se produjo prueba respecto de la lesión previa (cf. informativa a la Dirección de Personal Militar del Ejército Argentino, a fs. 163 y ss.), concluyendo el perito médico que “no tiene ningún tipo de relación con el hecho de autos (.). Todo el % considerado corresponde al hecho de autos” (fs. 277).

En cuanto al desempeño laboral del actor, el testigo Carlos Javier Hurtado refirió que “conoce al actor porque le hizo arreglos de electricidad, desde hace aproximadamente 5 o 6 años (.)” (fs. 65, Expte. Nro. 1012/2006).

El testigo Edgardo Rubén Barreca, por su parte, indicó que “el actor realizaba trabajos de electricidad, y se cruzaban en las obras (.) era contratista de electricidad (.). Hace dos años y medio el actor hacía changas de electricidad, no sé con qué frecuencia, tenía dos empleados, no sé cuánto ganaba (.) él hacía changas (.)” (fs. 395 y vta.). Y si bien el citado deponente refiere que “no sé cuánto ganaba, calculo unos diez o quince mil pesos porque tenía dos empleados. Es una conjetura mía, no puedo dar precisión” (ídem), tal simple inferencia no puede ser tenida como basamento a los fines de la cuantificación de la indemnización, toda vez que existen modos fehacientes de acreditar los ingresos de una persona (v.gr., informativas a los organismos recaudadores, a co-contratantes, etc.) que, en autos, han sido preteridos.

En adición, el Instituto de ayuda financiera para pago de retiros y pensiones militares informó que el actor percibía un haber previsional que, al mes de diciembre de 2004, ascendía a $ 857,06.- (fs. 155).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de la víctima a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 90.000.-

6.2. En lo que atañe al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, se define al mismo como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; “Daños a las personas”, tomo 2, pág. 49).

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, “los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia” (“The nature of the judicial process”, U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional.Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin” (C.S.J.N., in re “SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, en ED, tomo 120, pág. 652).

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.

Es así que se ha entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste” (C.S.J.N., 09.12.1993, in re “GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires”, JA 1997-II, síntesis).

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: “De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)”; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia”, lo cual “sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo:no debe ser irrisoria”. Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que “Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts. 522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación”; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas “que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la dete rminación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales” (C.S.J.N., 01.04.1997, in re “LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios”, en ED 1997, tomo 174, pág. 259).

También sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re “DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en JA 20.05.1998, págs.48 y ss.). En idéntico sentido, “La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re “CENTURIÓN de MORENO, Elvira c. RASTELLI, Favio V. y Otro”, en LL 1993-B, índice por materia, 26).

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número al daño patrimonial y moral (GOZAÍNI, O. ; “La legitimación en el proceso civil”, Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 416; entre otros), posición en que se ha manifestado la Alzada (CCCRos, Sala IV, Ac. No. 371, 12.08.2005, in re “MORENO, Zulema del C. y Ot. c. PIATTI, Héctor s. Daños y Perjuicios”), agregándose que la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto, siguiendo la opinión de la doctrina en la materia (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto; “La legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral”, Rev. Jca. Delta, Nos. 9/10, pág. 78).

Es por todo lo expresado, atento a todas estas circunstancias, enfrentados a la difícil tarea de justipreciar el dolor humano, teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art.245, CPCC, y las condiciones particulares de la víctima a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 27.000.-

6.3. En cuanto al rubro gastos médicos, intervenciones, farmacéuticos y movilidad, aun cuando no obra debida prueba de las erogaciones invocadas, no es menos cierto que las lesiones producidas conllevan la presunción de la materialización de diversos gastos cuya cuantía bien puede ser estimada por este órgano jurisdiccional, en uso de sus facultades legalmente estatuídas, en la reclamada (fs. 15 vta.) suma de $ 551.- que no luce excesiva.

Por ello, teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 551.-

7. En relación a las costas, atento el resultado arribado y por imperio del principio normativo del vencimiento objetivo, se imponen en su totalidad a la parte demandada perdidosa (art. 251, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, integrado, RESUELVE: I) Rechazar la excepción de prescripción articulada a fs. 60 vta. por el codemandado Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario. II) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a los codemandados Municipalidad de Rosario y Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario, a pagar al actor O. F. C. la suma de $ 117.551.- III) Imponer las costas a las demandadas. IV) Regular, por su actuación en autos, los honorarios profesionales de los Dres. Aníbal Diego Porri (dejando sin efecto la regulación provisoria practicada en Auto Nro. 2597, de fecha 12.11.2013, obrante a fs. 363) y Fabián Horacio López, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de ($.)- ((.) unidades jus); los de las Dras. Maureen Cravero Kehoe y Andrea Paola Ambrogio, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de ($.)- ((.) unidades jus); los del Dr.Eduardo Giovannoni en la suma de $ .- (. unidades jus); y los de los peritos Dr. Horacio Eladio Oviedo e Ing. Rodolfo Carlos Arino, en la suma de ($.)- ((.) unidades jus) para cada uno de ellos. Difiérase el prorrateo previsto en el art. 505, CC, al momento de la práctica de la liquidación correspondiente. V) Las sumas aquí consignadas devengarán un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas. Para la codemandada Municipalidad de Rosario: a) desde el día del hecho y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley Nro. 7.234, texto según ley 12.036; art. 13, Decreto 953/2011), se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde la fecha de la presente Sentencia y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable precedentemente citada otorga para el pago, se aplicará sobre los honorarios profesionales idéntica tasa; c) en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (arg. art. 12, Decreto 953/2011). Para el codemandado Consorcio de Propietarios del Edificio “.”, sito en Bv. Oroño Nro. . de Rosario: a) desde el día del hecho y hasta el vencimiento del plazo de diez (10) días que se otorga para el pago, se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada. VI) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: “C., O. F. c. Municipalidad de Rosario s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 3339/2008, y su acumulado “C., O. F. c. Municipalidad de Rosario s. Declaratoria de pobreza”, Expte. Nro. 1012/2006.-

Viviana CINGOLANI

Juan José BENTOLILA

Edgardo BONOMELLI

CESCATO

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