Al no denunciar los actores la muerte de su padre en tiempo y forma ante la compañía aseguradora, se rechaza el pedido de cobro del seguro solicitado, al haberse cumplido el plazo de prescripción aplicable al caso.

clases-de-remuneracion-300x225Partes: Azar José Gustavo y otro c/ Orbis Cía. Argentina de Seguros y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 19-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92586-AR | MJJ92586 | MJJ92586

Al no denunciar los actores la muerte de su padre en tiempo y forma ante la compañía aseguradora, se rechaza el pedido de cobro del seguro solicitado, al haberse cumplido el plazo de prescripción aplicable al caso.

Sumario:

1.-La denuncia del siniestro es una de las cargas principales impuestas sobre el asegurado.

2.-La denuncia del acaecimiento del siniestro tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo, para establecer si realmente condice con la garantía comprometida; para tomar medidas conservatorias urgentes, desbaratar posibles fraudes, etc. De ahí que lo esencial sea que el asegurador conozca por medio de cualquier persona, incluso por terceros ajenos a la relación. Están obligados a denunciarlo el tomador, y el asegurado cuando es por cuenta ajena, o los derechohabientes en su caso (art. 46 ).

3.-La denuncia del siniestro se puede dirigir al asegurador, a sus representantes, pero no al mero agente intermediario (arts. 53 y 54 ), excepto que por la práctica en las relaciones entre las partes o por su actuación, el asegurador lo acepte (art. 218, inc. 4 , CCom., y las reglas del mandato aparente). Es necesario enviar el informe en el término de 3 días de conocerlo (art. 46).

4.-En el seguro sobre la vida, el plazo para la denuncia del siniestro se cuenta desde que el beneficiario tiene conocimiento de la póliza y su designación, pero se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 58,4° párr. , acerca de la prescripción. Es libre de formas, salvo que el contrato fije una, la cual deberá observarse.

5.-El incumplimiento de la carga de la denuncia del siniestro, sea por omisión o por simple retardo, se sanciona con la caducidad del derecho a la indemnización (art. 47 ). El asegurador puede renunciar a la sanción expresa o tácitamente: habrá renuncia tácita cuando, pese a la violación de la carga, el asegurador designa perito para fijar el daño o cumple en alguna forma cualquiera de sus obligaciones (art. 79 ), o acepta que el asegurado cumpla las suyas.

6.-La concreción de la carga de los beneficiarios del seguro de informar la configuración del siniestro en el caso no puede ser suplida por aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas.

7.-Corresponde condenar a la compañía de seguros cuando a pesar de su reiterada posición de no pagar argumentando la supuesta inexistencia de denuncia de siniestro, lo cierto es que, sorpresivamente y contradiciendo su discurso anterior, la aseguradora depositó en el juicio sucesorio el monto de la indemnización correspondiente. En tales condiciones, no procede rechazar la acción y antes bien, debe juzgarse que dado el carácter profesional de la compañía aseguradora, especialista en la materia (conf. arg. art. 902 del CCiv.), su negativa a abonar la indemnización correspondiente al seguro colectivo de vida que cubría al causante -alegando, como señalé, que no tenía asentada en sus registros ninguna denuncia del siniestro siendo que a través de los oficios librados desde la sucesión del asegurado se indicaba el nombre, número de documento y fecha de fallecimiento- resultó antijurídica y contraria a la buena fe que debe regir las relaciones con su asegurado. De allí que debe responder por las consecuencias derivadas de su obrar ( del voto en disidencia de la Dra. Alejandra Tévez ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: «AZAR JOSE GUSTAVO Y OTROS contra ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS Y OTRO sobre ORDINARIO» EXPTE.

COM N° 49041/2008 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 414/427?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice: I.- El relato del conflicto

1.- Se presentaron a fs. 2/10, por su propio derecho, José Gustavo Azar y Deborah Yael Azar y promovieron demanda por daños y perjuicios contra Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. y Sandra Dean Pla de Souza solicitando que se los condene al pago de las sumas individualizadas en el escrito inicial, con más sus intereses y costas.

Indicaron que son sucesores del Sr. Jacobo Azar Vega y fundaron la legitimación pasiva de las accionadas: Orbis por ser el ente contratado por la empleadora para emitir la póliza de Seguro de Vida N°11507 y Sandra Dean Pla de Souza en su carácter de empleadora y contratante de la cobertura en favor del causante.

Relataron que su padre se encontraba asegurado por la referida póliza y que el 11/11/2006 falleció a raíz de un infarto de miocardio ocurrido mientras se dirigía a su casa al salir del trabajo el 1/11/2006. Precisaron que, como consecuencia de este deceso, se inició la sucesión el 9/2/2007 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia n°103.

Mencionaron que el Sr.Gustavo Azar se presentó en la compañía aseguradora reclamando el pago de la póliza y que en dicha oportunidad lo atendió el Sr. José Luis Morán y le solicitó que acompañara una serie de documentos detallados en el ANEXO I HOJA 8/29 -entre los que habría instrumentos en poder de la empleadora-.

Dijeron que según los dichos del causante en la póliza no se había designado beneficiario del seguro y que no contaban con una copia de la póliza para verificar esta cuestión. Por ello aguardaron a la declaratoria de herederos que se dictó el 9/10/2007 a fin de establecer quienes podían reclamar el pago de la indemnización. Agregaron que intimaron a la aseguradora al cumplimiento de su obligación mediante los oficios dirigidos por el juzgado donde tramitó la sucesión, los días 30/10/2007, 24/4/2008 y 23/6/2008. Expusieron que a esas intimaciones contestó la accionada manifestando que no podían cumplir con lo requerido pues no se le había formulado denuncia alguna.

Aclararon que, además de los referidos oficios, el 28/8/2008 enviaron a la aseguradora una intimación mediante la carta documento 94636244 2 y que le remitieron por fax el día 23/7/2008 la partida de defunción y las copias de sus documentos.

Adujeron comunicarse en varias ocasiones con personal de la demandada y que nunca cumplieron con la promesa de pago efectuada. Destacaron que el abono de la indemnización debió concretarse en noviembre del año 2007, ante la primera intimación cursada desde la sucesión.

Dijeron desconocer si la empleadora había entregado a la compañía de seguros la documentación correspondiente y se refirieron al rol de los intermediarios.

Reclamaron el pago de los intereses conforme lo previsto en el CCiv. 565.

Señalaron que por la muerte de su padre debieron asumir los gastos de entierro y lápida y que contaban con el dinero de la póliza para afrontarlos.Adujeron que por eso debieron solicitar pequeños préstamos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Refirieron a la responsabilidad de la accionada e indicaron que se encuadra en lo que dispone la ley de Seguros (arts. 56 y ss.) y el Código Civil (arts. 919, 1109, etc).

Ofrecieron prueba y fundaron en derecho.

Solicitaron la interrupción de la prescripción en los términos del art. 3986 del Código Civil.

2.- Mediante la presentación de fs. 40/46 denunciaron primeramente, como hecho nuevo, que el monto de la póliza fue depositado en el Banco de la Nacion Argentina, sucursal Tribunales, a nombre de la sucesión. Aclararon que tomaron conocimiento de dicho extremo mediante la intervención de su letrada, porque la accionada no le comunicó que hubiera cumplido.

Adujeron que la mediación data del 9/9/2008, que el juicio se inició el 24/10/2008 y que recién tomó conocimiento del depósito el 24/11/2008.

Luego aclararon que, no obstante el hecho nuevo referido, no renunciaban a la acción y ampliaron la demanda por la demora en que incurriera la reclamada en el pago del seguro adeudado.

Reiteraron la pretendida reparación integral de los perjuicios sufridos. El daño material lo identificaron con los préstamos solicitados a las entidades bancarias apuntadas ($21.965,92) más la capitalización mensual de los réditos. Agregaron gastos en concepto de viáticos y/o movilidad ($1.528) y daño moral ($20.000).

3.- Se imprimió a las actuaciones el trámite de juicio ordinario (v. fs. 59).

4.- Corrido el traslado de la demanda, a fs. 107/112 se presentó por intermedio de su apoderado Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. contestándola y solicitando su rechazo con costas.

Negó genérica y específicamente los hechos y la documentación de su contraria, con excepción de los que fueron de su especial reconocimiento.

Admitió la existencia de la cobertura contratada a nombre del Sr. Jacobo Azar Vega, a través de la tomadora Sra.Sandra Dean Pla de Souza, según la póliza N° 11.507.

Afirmó que pesaba sobre los actores la carga de denunciar el siniestro y que nunca lo hicieron. Indicó que recién desde esa denuncia puede computarse el transcurso del plazo previsto en el artículo 56 LS. Afirmó que cumplió con la obligación a su cargo cuando fue intimada por vía epistolar el 28/8/2008 a liquidar el siniestro y con la remisión de la documentación necesaria a tal fin.

De seguido impugnó los daños y consideró su improcedencia pues el alcance de la reparación en materia contractual debía ajustarse a las consecuencias inmediatas y necesarias. Ofreció prueba.

5.- A fs. 134/140 se presentó, en los términos del Cpr. 48, el Sr. Diego Alejandro Schneider en representación de la Sandra Dean Pla de Souza. Respondió el libelo de inicio y requirió su desestimación con costas. La presentación se tuvo por ratificada a fs. 143.

En primer lugar interpuso excepción de falta de legitimación pasiva como de especial y previo pronunciamiento. Adujo que solo actuó como tomadora del seguro pero que la obligada al pago es la aseguradora.

Luego formuló una negativa de modo genérico y también particular; con salvedad de los hechos y documentos que reconoció.

En los demás aspectos expuso su defensa en términos idénticos a los propuestos por la compañía de seguros codemandada.

Ofreció prueba.

6.- La excepción de falta de legitimación pasiva, previa respuesta de los actores a fs. 144/148, fue diferida para la oportunidad del dictado del pronunciamiento conclusivo mediante la resolución de fs. 170/171.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante el pronunciamiento de fs. 414/427 el juez a quo rechazó liminarmente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Sandra Dean Pla de Souza, con costas a la vencida (Cpr. 68 y 69) y luego desestimó la demanda incoada por José Gustavo Azar y Deborah Yael Azar contra Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.y Sandra Dean Pla de Souza. Impuso las costas a los derrotados (Cpr. 68).

En primer término consideró improcedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada, Sandra Dean Pla de Souza, pues, contrariamente a lo manifestado por la accionada, resultó incuestionable su participación en la relación asegurativa. Impuso las costas a la excepcionante vencida (Cpr. 68 y 69).

De seguido, abordó el análisis del tema de fondo. Destacó que no mediaba discusión con relación a que el Sr. Jacobo Azar Vega -padre de quienes iniciaron la acción- se encontraba amparado por un seguro de vida colectivo, que el siniestro aconteció el 11/11/06 y que estaba al día en el pago de las primas.

Resumió la postura de los accionantes en cuanto persiguen el resarcimiento de los daños y perjuicios que invocaron padecidos como consecuencia del silencio de la aseguradora luego de haber operado la aceptación tácita del siniestro, más aquellos derivados del incumplimiento de la empleadora de denunciar el siniestro.

Indicó que, de su lado, la aseguradora se defendió invocando que jamás recibió la denuncia del siniestro y que los accionantes no cumplieron con la carga de acompañar la información necesaria para verificar la denuncia, por lo que no comenzó a operar el plazo previsto por el artículo 56 de la Ley de Seguros. Y agregó a ello que se notificó de lo acontecido mediante la carta documento del 25/8/2008.

A partir de allí el magistrado de grado juzgó que los reclamantes no acreditaron que pesara sobre la Sra.Dean Pla de Souza la obligación de denunciar el siniestro; extremo que fue negado por los demandados y cuya carga probatoria pesaba sobre los demandantes.

Seguidamente transcribió las normas del Reglamento del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio aplicables a la relación asegurativa base de la litis, de las cuales se desprende la facultad de la aseguradora de requerir a la tomadora que se acredite haber notificado a los beneficiarios la existencia del beneficio y, asimismo, contar con cierta información que enumeró para poder liquidar el siniestro.

Respecto a la aludida notificación a los beneficiarios el juez a quo manifestó que cuando se inició la sucesión los actores ya tenían pleno conocimiento de la existencia del seguro, por donde ningún agravio podía derivarse del incumplimiento de esa carga.

Por otro lado , en cuanto a la documentación necesaria para proceder a la liquidación del siniestro, el anterior sentenciante señaló que los reclamantes no ofrecieron ni menos aún produjeron prueba tendiente a demostrar que cumplieron con esa carga de acompañar los instrumentos requeridos ni que hubieran intimado a la Sra. Dean Pla de Souza a fin de que presentara el alta temprana de la A.F.I.P.y la copia certificada del último recibo de haberes suscripto por el trabajador que, según afirmaron los demandantes, aquélla tenía en su poder.

En función de todo ello estimó que no se había configurado la pretendida aceptación tácita del siniestro ya que aquélla solo pudo operar una vez transcurrido el plazo que determina el artículo 56 LS desde que la aseguradora tuviera toda la documentación necesaria para liquidar el siniestro y conocer la extensión de la prestación a su cargo; circunstancia que aquí no se acreditó.

Destacó que en la causa tampoco había sido demostrada la existencia de la correspondiente denuncia del siniestro y que, según dichos de los propios actores, recién habrían remitido la documentación por fax el 27/7/2008, tan solo un mes antes de que la demandada depositara la indemnización a cuenta de la sucesión.

Señaló que por virtud de lo dispuesto en el decreto 1567/74 -base del presente reclamo- la contratación del seguro de vida obligatorio es un deber que la ley le impone al empleador pero que una vez concertado se genera una relación de carácter comercial entre las partes directamente vinculadas que es ajena al empleador.

Luego enumeró los sucesos y constancias que surgen de la sucesión e indicó que de allí se desprendía que la compañía demandada había cumplido con los requerimientos efectuados en cuanto al seguro de vida y que pudo practicar la liquidación cuando tuvo en su poder la documentación necesaria para hacerlo.Agregó que la hermana de los accionantes solicitó que se librara giro por la parte proporcional que le correspondía y el depósito de la indemnización se le efectuó a los 3 días de recibida la intimación cursada por carta documento.

Finalmente señaló que los actores debían saber que el cobro del seguro no operaba de manera automática una vez producida la muerte del asegurado por lo que no correspondía imputar a la aseguradora los perjuicios que en la economía familiar pudiera ocasionar el pago de los gastos de entierro.

III.- Los recursos

1.- Apelaron los actores, José Gustavo Azar y Deborah Yael Azar, a fs. 428 y su recurso fue concedido libremente en fs. 429. Expresaron agravios a fs. 454/493 que fueron respondidos por la aseguradora a fs. 498/502.

2.- También articuló recurso la demandada Sandra Dean Pla de Souza contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y la imposición de las costas del juicio. La queja, a fs. 433, se desestimó en punto a la excepción al considerar que no le causaba gravamen y fue concedida en relación respecto de las costas (Cpr. 243). Luego se declaró desierta la apelación mediante el decreto de fs. 441.

IV.- La solución propuesta

Viene apelada la sentencia mediante la cual el juez de primera instancia desestimó la pretensión de los actores de percibir de las contrarias una indemnización por los daños y perjuicios acusados por la demora en el pago de la indemnización correspondiente al seguro de marras.

En una extensa y repetitiva expresión de agravios, que ha dificultado determinar con precisión el alcance de cada una de las quejas de los recurrentes, se pretende la íntegra revocación de esa decisión.Los agraviados consideran sustancialmente que el magistrado ha valorado errónamente la prueba producida en la litis -incluso con errores en las fechas precisadas-, ha introducido argumentos no empleados por las defendidas perjudicando el ejercicio del derecho de defensa en juicio y ha fallado arbitrariamente.

La arbitrariedad acusada

El planteo de los apelantes relativo a la alegada arbitrariedad de la sentencia de grado será desestimado. Ello así, puesto que el fallo es coherente y concreto, está adecuadamente fundado y expone suficientemente las razones y las circunstancias que lo sustentan, carece sustancialmente de contradicciones y el criterio de análisis empleado se ajusta a las premisas que sirven de antecedente a sus conclusiones.

Recuérdese en este sentido que una sentencia adolece de tal vicio cuando omite el examen o resolución sobre alguna cuestión oportunamente propuesta y cuya valoración resulta inexcusable para las circunstancias probadas en la causa y para la posterior aplicación del derecho vigente, o cuando se prescinde del claro e imperioso mandato de la ley; siempre que afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Conf. CSJN, in re, Villarruel, Jorge c/ CNA y S s/ Sumario, del 17/11/94); o cuando se falla sobre la base de una mera aserción dogmática. Mas nada de ello ocurre en la especie.

La tacha de arbitrariedad requiere la invocación y demostración de vicios graves en el pronunciamiento, razonamientos ilógicos, contradictorios o aparentes; apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, ya que lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la constitución y las leyes (Conf. CSJN, 7/4/92, «De Renzis, Enrique A c/ Aerolíneas Argentinas», 1993-III, Síntesis, JA).

Tales consideraciones, por lo demás, armonizan con el temperamento ya asumido por este tribunal para desestimar planteos insustanciales como el que se encuentra bajo estudio (esta Sala, en autos:»Bamarsa Ciffima SACIFFIMA c/ Espinosa Milton Carlos s/ ordinario» , del 31/5/2011; íd.,»Cavallone Nidia E. u otro c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ ordinario», del 24/5/2011; íd., «Carbone Catalina c/ Berkley Internacional Seguros s/ ordinario», del 3/11/2011; íd., «Caiquen SA c/ Danone Aguas de Argentina SA s/ ordinario» , del 6/12/2011).

Desde ese marco de análisis no se aprecia en la litis la verificación relevante de ninguna de las causales señaladas precedentemente -más allá de algunos errores en la consignación de ciertas fechas que serán tratados a continuación-. Por ello corresponde no hacer lugar a la arbitrariedad invocada por los actores.

La cuestión de fondo

Insisten los quejosos en la procedencia del reclamo. Arguyen, en su apoyo, la existencia de una demora en el pago de la indemnización de la cobertura asegurativa contratada por su padre -de la que son herederos- que les acarreó los numerosos daños y perjuicios señalados en los escritos que describen la demanda.

El magistrado a quo desestimó tal pretensión por juzgar, a grandes rasgos, que no había mediado denuncia del siniestro y que la aseguradora había finalmente depositado la indemnización luego de recibida cierta documentación y la intimación cursada por carta documento el 28/8/2008.

Ahora bien, si nos remitimos al escrito inaugural de la instancia, los demandantes consideran que la suma reclamada debió ser abonada a más tardar en noviembre de 2007 (v. fs. 6 vta.). Se presenta como primer interrogante, entonces, si era posible que la aseguradora procediera en aquel entonces a la liquidación del siniestro.

A tal fin resulta útil traer aquí el detalle de lo acontecido en la causa «Azar Vega Jacobo s/ sucesión ab intestato» requerida por este Tribunal según constancia de fs. 506 y nota de recepción obrante a fs. 508.De allí se desprende que:

El 8/2/2007 inició el trámite de la sucesión ab-intestato en donde se denunció la existencia de un seguro de vida por accidente de trabajo contratado con la demandada por la suma aproximada de $6.800 (v. fs. 19);

El 9/10/2007 se dictó la declaratoria de herederos (v. fs. 53);

El 30/10/2007 la aseguradora recibió un oficio «a fin de que deposite a nombre de estos autos la totalidad de la suma de dinero perteneciente a la Póliza sobre seguro de vida que estuviera en cabeza del Sr. JACOBO AZAR VEGA con DNI 92.204.352, y que falleciera el 11/11/2006» (v. fs. 63);

Orbis Compañía de Seguros S.A. respondió mediante la nota fechada el 14/11/2007 y recibida por el Juzgado el 12/12/2007 que «no se encuentra en los registros de esta aseguradora ninguna denuncia referida al hecho que nos ocupa, razón por la que nos vemos imposibilitados de cumplir con el requerimiento planteado» (v. fs. 68).

Los sucesores solicitaron una nueva intimación a la aseguradora bajo apercibimiento de aplicar astreintes (v. fs. 69) mas el tribunal requirió previamente con fecha 6/2/2008: «…acreditarse en legal forma la titularidad del causante respecto del seguro de vida por accidentes de trabajo denunciado» (v. fs. 70).

El 25/3/2008 se peticionó el libramiento de un oficio a la compañía aseguradora a fin de que informe si poseía una póliza de seguros a nombre de Jacobo Azar Vega y, en caso afirmativo, sus beneficiarios y cualquier otro dato de interés (v. fs. 80); lo que fue concedido en la foja siguiente.

Tal requerimiento (recibido el 24/4/2008; v. fs. 92) fue respondido por Orbis con fecha 25/4/2008 y recepcionado en la causa el 5/5/2008 (v. fs.88/91). Se acompañó en esa oportunidad la información requerida y se reiteró que «…no se encuentra en los registros de esta aseguradora ninguna denuncia referida al hecho que nos ocupa».

A petición de una de las aquí actoras, se ordenó el libramiento de un nuevo oficio «a ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a fin de que transfiera a nombre y cuenta de autos y a la orden del Juzgado en el Banco de la Nación Argentina -sucursal Tribunales-, la totalidad de los fondos correspondientes al causante en la Póliza N° 11507. Debiendo dar cuenta en autos del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente en el plazo de cinco días» (v. providencia de fs. 97).

El 4/7/2008 -contestación recibida en la causa el 25/7/2008- nuevamente la aseguradora respondió que carecía de anotación respecto de la denuncia respectiva y que ello impedía el cumplimiento de lo peticionado (v. fs. 103).

El 7/11/2008 la coheredera Sandra Vivianne Azar requirió el libramiento de un giro por el proporcional que le correspondía sobre la suma del seguro depositada por Orbis en la cuenta abierta a nombre de la sucesión y acompañó el saldo de la cuenta que acreditaba la existencia de los fondos (v. fs. 120/121).

Al hilo de la secuencia delineada precedentemente es posible considerar que asistió razón a la aseguradora para no depositar a la fecha del primer oficio (a fines del año 2007) las sumas de dinero correspondientes a la póliza contratada a nombre del Sr. Azar. Ello puesto que, como sostuvo en cada oportunidad, no registraba denuncia de siniestro alguno en el marco de aquella relación asegurativa.

Y la denuncia del siniestro es una de las cargas principales impuestas sobre el asegurado. La denuncia del acaecimiento del siniestro tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo, para establecer si realmente condice con la garantía comprometida; para tomar medidas conservatorias urgentes, desbaratar posibles fraudes, etc.De ahí que lo esencial sea que el asegurador conozca por medio de cualquier persona, incluso por terceros ajenos a la relación. Están obligados a denunciarlo el tomador, y el asegurado cuando es por cuenta ajena, o los derechohabientes en su caso (art. 46). Se puede dirigir al asegurador, a sus representantes, pero no al mero agente intermediario (arts. 53 y 54), excepto que por la práctica en las relaciones entre las partes o por su actuación, el asegurador lo acepte (art. 218, inc. 4, CCom., y las reglas del mandato aparente). Es necesario enviar el informe en el término de 3 días de conocerlo (art. 46). En el seguro sobre la vida, el plazo se cuenta desde que el beneficiario tiene conocimiento de la póliza y su designación, pero se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 58,4° párr., acerca de la prescripción. Es libre de formas, salvo que el contrato fije una, la cual deberá observarse. El incumplimiento de esta carga, sea por omisión o por simple retardo, se sanciona con la caducidad del derecho a la indemnización (art. 47). El asegurador puede renunciar a la sanción expresa o tácitamente: habrá renuncia tácita cuando, pese a la violación de la carga, el asegurador designa perito para fijar el daño o cumple en alguna forma cualquiera de sus obligaciones (art. 79), o acepta que el asegurado cumpla las suyas (conf. HALPERIN, Isaac-BARBATO, Nicolás H, «Seguros», 3° ed., Bs. As.: Depalma, 2003, págs. 494/505).

En el sub exámine no hubo denuncia anterior o, como bien precisó el juez de grado, en todo caso no se demostró su existencia.Tampoco ha sido controvertido adecuadamente que dicha carga no se hallara en cabeza de los beneficiarios y resulta a todas luces improcedente que aquellos pretendieran que la denuncia la efectuara la empleadora a partir del conocimiento del fallecimiento de su empleado o que la configuración del siniestro fuera presumida por la realización de trámites tales como la baja del asegurado de la cobertura o de las obligaciones fiscales.

Ciertamente podría compartirse la tesitura de los demandantes en orden a la inexistencia de formalidades para la realización de la denuncia pero ello no descarta la necesidad de que efectivamente aquélla sea realizada.

Por lo demás, la concreción de la carga de los beneficiarios del seguro de informar la configuración del siniestro en el caso no puede ser suplida por aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Es que, sin perjuicio de la confusión exhibida en el relato ya que allí se alude a la realización de cierta denuncia ante la aseguradora, los actores insistieron a lo largo del juicio acerca de la virtualidad que a tal fin exhibió recién la remisión de un oficio desde el juicio sucesorio a finales del año 2007.

En aquella oportunidad y, como ya se indicó, la aseguradora afirmó no tener ninguna denuncia sobre el siniestro cuyo pago se solicitaba. Luego, a petición una de las propias herederas y aquí litigante, se libró nuevo oficio con el objeto de determinar la titularidad del beneficio reclamado. Finalmente, respondido el requerimiento por la compañía de seguros, se libró otro oficio por orden del tribunal requiriendo el depósito de la suma asegurada en una cuenta bancaria a nombre de la sucesión y a ello respondió la aquí demandada, en julio de 2008, que no podía cumplir la petición por ausencia de denuncia.

Pues bien, ya fue concluido con anterioridad que la aseguradora no fue informada sobre el acaecimiento del siniestro que habilitaría al pago de la indemnización contratada.Y que, al ser intimada de pago, anunció siempre en su defensa tal omisión de los beneficiarios (v. fs. 68, 91 y 103).

Mas de la pericia contable se desprende que, a pesar de la imposibilidad anunciada, la compañía de seguros de todos modos procedió a la liquidación del siniestro. El 5/8/2008 emitió la orden de pago n° 299291, el 14/8/2008 se confeccionó el cheque n° 42934308 y el 8/9/2008 se realizó un depósito por $6.750 en la cuenta a nombre de la sucesión en el Banco de la Nación Argentina (v. fs. 371).

En tales condiciones estimo que no se ha configurado el presupuesto legal invocado por los pretensores en sustento de su demanda – esto es, el transcurso del plazo del artículo 56 LS y la consecuente mora en el pago de la indemnización- ya que se verificaba en el sub lite un óbice normativo insoslayable que a ellos les ocupaba: la ausencia de denuncia (LS 46). En razón de tal omisión la conducta de la aseguradora se observa prima facie ajustada a derecho.

No soslayo que la aseguradora finalmente procedió a la liquidación del siniestro luego de la contestación del último oficio recibido desde la sucesión (conforme orden de pago del 5/5/2008) y que en esa oportunidad también había alegado la imposibilidad de pago de la cobertura por falta de denuncia (v. fs. 103). Sin embargo, aquella conducta no puede encuadrar sino dentro de la facultad o posibilidad que tiene la compañía de seguros de renunciar a la sanción de caducidad del derecho indemnizatorio que impone el art.47 LS; en el caso, a través de actos que tácitamente convaliden la existencia del siniestro y su conocimiento.

Nada de ello se ve alterado por el error en el que podría haber incurrido el magistrado de grado al ponderar que la liquidación del siniestro obedeció a una carta documento recibida luego de emitida la orden de pago mencionada o a lo manifestado en este sentido por la demandada.

De modo que, más allá de la confusión o perplejidad que pudiera generar el viraje en la conducta de la aseguradora, no resulta posible estimar configurado algún comportamiento antijurídico imputable a la demandada que permita atribuirle responsabilidad por los daños y perjuicios invocados en la demanda.

Consecuentemente, por las razones hasta aquí esgrimidas, corresponde desestimar los agravios formulados por los demandantes. Recuérdese, por fin, que el sentenciante puede inclinarse por aquellas pruebas que merezcan mayor certidumbre en concordancia con las demás obrantes en la causa, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (CNCom. Sala C, in re: «Belloni Omar Marcelo c. Mazza Turismo- Mazza Hnos. S.A.C.» del 27.05.02; in re: «Abaceta Héctor Luis c. Tonel Antonio A.», del 18.06.96; en igual sentido, in re, «Milicix Próspero c/ C.I.M.A.D. Centro Integral Médico a Domicilio S.A.», del 28/12/90) y que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

La imposición de costas

A pesar de la confirmación de la decisión de grado aquí propuesta, creo que existen razones suficientes para apartarse del criterio de la derrota impuesto por el Cpr. 68. En efecto, al tiempo de la promoción de la litis (29/10/2008; v. cargo inserto a fs.10), la aquí reclamada ya había procedido al depósito de las sumas demandadas en concepto de indemnización por el seguro de vida contratado a favor del causante -padre de los actores- (el 8/9/2009). No obstante nada informó en el marco de la sucesión y ese proceder se observa reñido con lo que había manifestado tan solo un mes y medio atrás en orden a que no podía liquidar el siniestro por falta de denuncia.

Un conducta ajustada al estándar de buena fe que rige todo pacto por virtud del artículo 1198 del Código Civil -y en grado «ubérrimo» para el contrato de seguro por las especiales características que lo distinguen- requería, cuanto menos, que la demandada hiciera saber en el juicio sucesorio la circunstancia del pago. Máxime si su comportamiento se analiza desde el prisma del artículo 902 del Código Civil que le impone mayor diligencia en razón de la profesionalidad que exhibe.

Es a raíz de tales consideraciones que juzgo equilibrado distribuir en el orden causado, en ambas instancias, las costas devengadas por el trámite de la litis (Cpr. 68 in fine).

V.- La conclusión

Por los fundamentos precedentemente expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas en el Acuerdo que se celebra, propongo desestimar los agravios y confirmar sustancialmente la decisión de grado, modificándola únicamente en punto a las costas que serán distribuidas, en ambas instancias, en igual proporción entre las partes litigantes.

Así voto.

Por análogas razones el Señor juez de Cámara doctor Rafael F. Barreiro adhiere al voto que antecede.

La Dra. Tevez dice:

Disiento respetuosamente con la solución adoptada por mis distinguidos colegas. En efecto, en mi parecer no cabe rechazar esta acción de daños derivados de la mora de la aseguradora en liquidar el siniestro, sobre la base de considerar -tal lo argumentado principalmente por los D res.Ojea Quintana y Barreiro- que nunca fue hecha la correspondiente denuncia.

Juzgo, sobre el punto, que en el caso, Orbis S.A. se notificó de la ocurrencia del infortunio al momento de recibir, el día 30 de octubre de 2007, el primer oficio remitido por el Juez del sucesorio a fin de obtener el depósito de la suma de dinero correspondiente a la póliza sobre el seguro de vida que cubría al causante.

Me explico.

Tal como relató el Dr. Ojea Quintana, de la sucesión «ab intestato» surge que desde allí se remitieron varias comunicaciones a Orbis S.A. Por la virtualidad jurídica que ostentan esas piezas para sustentar mi decisión, en ellas me detendré.

La primera notificación que recibió Orbis S.A. data del 30/10/2007. Allí se le solicitaba que «…deposite a nombre de estos autos la totalidad de la suma de dinero perteneciente a la Póliza sobre seguro de vida que estuviera en cabeza del Sr. JACOBO AZAR VEGA con DNI 92.204.352, y que falleciera el 11/11/2006» (v. fs. 63).

La aquí accionada contestó el 12/12/2007 y argumentó que no podía cumplir con el requerimiento porque carecía en sus registros de la denuncia del siniestro (v. fs. 68).

Posteriormente, y en lo que interesa, los aquí accionantes requirieron el libramiento de cierto oficio para que informara si poseía una póliza de seguros a nombre de Jacobo Azar Vega y, en caso afirmativo, aportara la nómina de sus beneficiarios y cualquier otro dato de interés (v. fs. 80).

La demandada recibió el oficio el 24/04/08 (v. fs. 92) y en su respuesta del 5/5/2008 (v. fs. 88/91), acompañó la póliza de seguro colectivo de vida obligatorio nro. 11507 a nombre de De Souza Sandra Dean y una nómina de asegurados. Destaco que en esa nómina estaba incluido el causante, Jacobo Azar Vega, con el detalle de su número de documento y CUIL (v. fs. 88/90).

En la referida pieza Orbis S.A. reiteró que:»…no se encuentra en los registros de esta aseguradora ninguna denuncia referida al hecho que nos ocupa» (v. fs. 91).

Se dispuso luego el libramiento de un nuevo oficio a fin de que la aseguradora transfiriera al sucesorio los fondos correspondientes al causante en la póliza N° 11507 (v. fs. 97).

No obstante la orden impartida por el magistrado del juicio universal, el 25/7/2008 Orbis S.A. insistió en que no existía denuncia del siniestro y que, en consecuencia, no podía cumplir con lo pedido (v. fs. 103).

Ahora bien. A pesar de su reiterada posición de no pagar argumentando la supuesta inexistencia de denuncia de siniestro, lo cierto es que, sorpresivamente y contradiciendo su discurso anterior, la aseguradora depositó en el juicio sucesorio el monto de la indemnización correspondiente (el 09/09/08; v. fs. 120).

Entiendo que, en tales condiciones, no procede rechazar la acción. Antes bien, juzgo que dado el carácter profesional de la compañía aseguradora, especialista en la materia (conf. arg. art. 902 del CCiv.), su negativa a abonar la indemnización correspondiente al seguro colectivo de vida que cubría al causante -alegando, como señalé, que no tenía asentada en sus registros ninguna denuncia del siniestro siendo que a través de los oficios librados desde la sucesión del asegurado se indicaba el nombre, número de documento y fecha de fallecimiento- resultó antijurídica y contraria a la buena fe que debe regir las relaciones con su asegurado. De allí que debe responder por las consecuencias derivadas de su obrar.

Sentada la responsabilidad de Orbis S.A., correspondería, a continuación, ponderar el alcance de los daños sufridos por los demandantes. No obstante, a fin de no alongar innecesariamente este voto y en tanto que ya ha sido conformada la mayoría, no me expediré sobre el particular pues la determinación de los perjuicios deviene abstracta.

He concluido.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena – Secretaria

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015.

Y Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: desestimar los agravios y confirmar sustancialmente la decisión de grado, modificándola únicamente en punto a las costas que serán distribuidas, en ambas instancias, en igual proporción entre las partes litigantes.

Notifíquese y devuélvase a la instancia anterior. Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).

Alejandra N. Tevez (en disidencia)

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena – Secretaria

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