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No existió mala praxis medica en caso de mujer embarazada sometida a una «ligadura de trompas», pues su embarazo fue anterior a la intervención

CirugiaPartes: B. K. A. y otros c/ M. J. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 6-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92594-AR | MJJ92594 | MJJ92594

Rechazo de la demanda contra médico obstetra que realizó una ligadura de trompas y no obstante ello la actora resultó embarazada, por probarse que tal embarazo fue previo a la intervención.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda de mala praxis, toda vez que si bien se contrató al médico ginecólogo obstetra, para que le efectuase una tripsia tubaria bilateral a los fines de evitar un posible embarazo, resultó luego que la actora ya se encontraba embarazada a la fecha de la tripsia tubaria efectuada atendiendo a la edad gestacional.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 219.288/50.844 caratulados «B., K. A. y Ots. c/ M., J. p/ D. y P.», originarios del Vigésimo Juzgado Civil, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 567 por la parte actora, en contra de la resolución de fs. 547/555.

Practicado a fs. 603 el sorteo establecido por el art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Sar Sar, Leiva y Ábalos.

En razón de encontrarse en uso de licencia la señora Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos, Juez titular de esta Excma. Cuarta Cámara Civil de Apelaciones, de conformidad al agregado introducido por el art. 2º de la Ley 3800 al inc. II del art. 141 del CPC, la sentencia a que se refiere este acuerdo, será suscripta únicamente por los dos jueces restantes, Dres. Mirta Sar Sar y Claudio F. Leiva.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo:

I. Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 547/555, por la cual el señor Juez «a quo» rechazó la demanda entablada, con costas.

A fs. 577 la actora expresa agravios y solicita la revocatoria de la sentencia.

A fs. 584 y 592 la citada en garantía y codemandado Hogar Salud S.A. contestan y solicitan el rechazo de la apelación, quedando la causa a fs. en estado de resolver.

II.PLATAFORMA FACTICA.

Los hechos relevantes para la causa son los siguientes:

A fs. 41/49 de los presentes autos se presenta el Dr. Mauricio Moyano en nombre y representación de los Sres. K. A. B. y M. A. A. y promueve demanda de daños y perjuicios contra el Sr. J. M. y la clínica Pelegrina (Hogar Salud S.A.) por la suma de $ 227.500 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más los intereses legales y costas.

Relata, que la Sra. B. contrato al Dr. M. -en su calidad de ginecólogo obstetra-, para que le efectuase una tripsia tubaria bilateral a los fines de evitar un posible embarazo, práctica que se realizó el 11 de diciembre del 2007 en la Clínica Pelegrina (Hogar Salud S.A.).

Sin embargo, cuatro meses después de la operación y debido a un retraso menstrual, la actora se efectuó una ecografía donde pudo comprobar que estaba embarazada de 15 semanas aproximadamente, embarazo del que nació S. el 10/9/2008 mediante operación de cesárea.

Que al practicarse la cesárea la médica que realizó la práctica Dra. Valles consignó en el protocolo quirúrgico: «Se observan ambas trompas de Falopio indemnes, se procede a pinzar, ligar y cortar, con lino en forma bilateral. Se extraen ambas trompas que son enviadas a anatomía patológica. Se realiza Tripsia Tubaria con técnica Pomeroy».

Concluye así, que el demandado nunca realizó la operación para la cuál había sido contratado. Alude a los daños sufridos por su parte y por parte de su esposo.

Corrido el traslado al Dr. J. A. M., el mismo se hace parte y cita en garantía a Triunfo Seguros Cooperativa Limitada, tal como surge de fs. 61.

A fs. 68/69 se hace parte el Dr.Barochovich en nombre y representación de Hogar Salud y cita en garantía a Triunfo Seguros Cooperativa Limitada.

La citada niega los hechos expuestos por la actora sosteniendo que no existe en el caso mala praxis alguna, en razón de que la actora ya se encontraba embarazada a la fecha de la tripsia tubaria efectuada el día 11/12/2007 por el Dr. M.

Niega luego la existencia de los daños que refieren los actores e impugna los montos de los distintos rubros por los que reclaman. Finalmente ofrece prueba.

A fs. 136/151 se presenta el Dr. Sergio Damián Barochovich por Hogar Salud S.A. y contesta demanda.

Rechaza la responsabilidad que le pretende endilgar la actora a su representada. Sostiene que la clínica cumplió acabadamente con las obligaciones que se encontraban a su cargo, en tanto puso a su disposición la infraestructura necesaria para la realización de la intervención en cuestión tales como quirófano, sala para reposo y la aparatología necesaria para tal fin. Aclara además que el Dr. M. percibió sus honorarios directamente de la paciente sin intervención alguna por parte de la Clínica, quién sólo cobro por los servicios de hotelería prestados.

Concluye así que su mandante en modo alguno puede ser responsabilizado por un acto médico en el que no participó y cuando no tiene relación jurídica alguna con el médico tratante ya que no es su dependiente ni locador de servicios.

Admitida y sustanciada la prueba ofrecida, a fs. 546 queda la causa en estado de resolver.

III. LA SENTENCIA RECURRIDA.

La Sra. Juez «a quo» analiza la prueba rendida y llega a la conclusión de la inexistencia de la mala praxis alegada por la actora, en función de las siguientes consideraciones:

A fs. 11 obra Protocolo de cirugía de la Clínica Pellegrina que refiere realización de tripsia tubaria.

A fs. 17 se agrega copia de informe de la Dra.Valles, quien refiere a la realización de tripsia tubaria bilateral con técnica Pomeroy.

La testimonial de la Dra. Valles, quien manifiesta no recordar si las trompas se encontraban ligadas con anterioridad a la cesárea y ligadura realizada por su parte, manifestando «a posteriori» que creía que las mismas ya se encontraban ligadas.

Por lo demás, la testigo en la cuarta sustitución explica que existe en medicina la posibilidad de «recanalización», lo que sumado a la otra respuesta, llevan a la Sra. Juez «a quo» a la conclusión que es posible realizar una ligadura de trompas más de una vez a una misma paciente.

Descarta la prueba pericial de la Dra. Ganun por cuanto su especialidad no es la ginecología.

Respecto a la prueba de fs. 17, sostiene que se trata de una copia simple del protocolo quirúrgico de la cesárea y cirugía efectuada por la Dra. Valles el día 11/09/08, que por lo demás resulta muy poco legible. Que en tal protocolo aparecen agregados con letra diferente al resto del documento.

Finalmente, tiene en cuenta que del hecho de que anatomía patológica haya analizado 1 cm y 0,9 cm del material remitido por la Dra. Valles y haya informado que se trataba de la trompa de Falopio derecha y trompa de Falopio izquierda, no puede extraerse como conclusión que lo que se remitieron fueron ambas trompas completas de la actora en razón de que como es sabido, las trompas miden mucho más que eso es decir entre 10 y 12 centímetros aproximadamente.

Concluye, que el Dr. M. le efectuó a la actora una tripsia tubaria bilateral en la intervención quirúrgica que le practicó el día 11/12/07.

Acerca de la corrección de la operación practicada, el perito informa que la tripsia tubaria no es efectiva en un 100 %. Es decir, que luego de practicada la intervención en forma correcta, existe la posibilidad de embarazo.Esta posibilidad que es de un 0,5 % en el primer año y que aumenta luego del año a un 1,8 % refiriendo además el perito que estos porcentajes son menores en aquellos casos donde la intervención se practica cuando se hace una cesárea (fs. 326), por lo que el alumbramiento posterior de la actora no hace presumir por sí solo mal praxis profesional.

En cuanto a la edad gestacional conforme el método Capurro, llega a la conclusión que la actora se encontraba embarazada al momento de efectuarse la primer ligadura de trompas, por lo que rechaza la demanda. La misma conclusión da respecto a la clínica Hogar Salud S.A., aunque sostiene su legitimación sustancial pasiva por cuanto no sólo otorgó el servicio de hotelería sino también el de enfermería, el de anestesiología y quizá algunos más y además existió una relación contractual con la actora por cuanto ésta le otorgó expreso consentimiento para llevar a cabo la intervención.

Por falta de prueba de la culpa médica, rechaza la demanda con costas.

IV. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SU CONTESTACIÓN.

A fs. 577 expresa agravios la parte actora. Indica que la Juez «a quo» toma en cuenta el protocolo quirúrgico de fs. 10, cuando de las constancias de la causa surge que existen dos protocolos, el del demandado y el de la Dra. Valles. Que la pericia del perito ginecólogo alude a tres momentos de la gestación de S., conforme a los sistemas que se utilicen. Uno da como fecha probable un tiempo anterior la operación y dos la fijarían con posterioridad a la misma.

Acerca de la ligadura de las trompas, entiende que de conformidad a la declaración de la Dra. Valles, el demandado solo ligó las mismas pero no las cortó y que lo que hizo fue cortar el ligamento redondo.

Sobre el posible embarazo de la actora, es el demandado quien debía cerciorarse de que la misma no se encontrara embarazada.Realiza una serie de cómputos para concluir junto al perito Ochipinti que el embarazo fue posterior a la intervenión del demandado.

Que la pericia de la Dra. Moreno da cuenta que a la actora se le seccionó el ligamento redondo, quedando indemnes las trompas de Falopio.

Que el protocolo quirúrgico de la Dra. Valles establece en forma contundente que las trompas no se encontraban ligadas. Alude al examen de anatomía patológica, del que surge que luego de la cesárea se ligaron y seccionaron ambas trompas uterinas. Que para tal análisis se envió una muestra. Por último solicita se tenga en cuenta el nacimiento de su hija y la falta de solicitud de estudios previos por parte del accionado, por lo que peticiona se revoque la sentencia.

A fs. 554 contesta Triunfo Seguros. Alude a la inexistencia de prueba acerca del embarazo posterior a la intervención quirúrgica y menos aún que el mismo hubiera incurrido en mala praxis médica.

Que la pericia médica es categórica en el sentido de que la Tripsia Tubaria no es efectiva en un 100 %. Que no se puede aseverar que la actora no se encontrara embarazada con anterioridad a la intervención del demandado. Que de la declaración de la Dra. Valles surge que existen posibilidades de recanalización. Que el hallazgo de granuloma denota la existencia de una sutura con anterioridad a la actuación de la Dra. Valles en las trompas, lo que demuestra que el accionado actuó sobre las trompas y no sobre el ligamento redondo. Que por tratarse de una obligación de medios el accionado no resulta responsable. Que incluso, el perito médico ginecólogo manifiesta que el demandado realizó a la actora una ligadura y una sección de las trompas de Falopio. Que tampoco existe certeza sobre el momento gestacional de la hija de los actores. Que si la operación se realizó el 11 de diciembre de 2007 y recién luego de 7 días se le quitaron los puntos de sutura, resulta correcta la conclusión de la Sra.Juez «a quo» en suponer que al momento de la intervención la actora se encontraba embarazada. Que resulta correcta la falta de valoración del protocolo quirúrgico de la Dra. Valles por ser una copia ilegible desconocida por su parte y por presentar sobre escrituras. Que la falta de estudios previos por parte del accionado no ha sido tema de debate en la primera instancia por lo que peticiona la confirmación de la sentencia.

A fs. 592 contesta Hogar Salud S.A., insiste en la falta de legitimación de la clínica demandada. Que la clínica solo prestó servicios sanatoriales los que no fueron cuestionados. Insiste en la falta de relación del Dr. M. con la clínica cuestionada, por lo que pide el rechazo de la demanda. A fs. 602 queda la causa en estado de sentencia.

V. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Atento a que en la causa estamos frente a una situación de acumulación subjetiva de acciones por haberse demandado tanto a un médico individual en función de la culpa a él atribuida, como al establecimiento hospitalario conforme el deber tácito de seguridad, como paso previo al análisis del caso de autos, se estima conveniente realizar algunas consideraciones relativas a la responsabilidad médica, para luego y a la luz de las pruebas aportadas determinar el accionar del profesional demandado verificando la existencia del daño injusto y la relación de causalidad entre el accionar médico y el daño sufrido por la paciente necesaria para la procedencia de la responsabilidad civil.

A posteriori, cabe el análisis de la responsabilidad del establecimiento hospitalario tanto por el hecho de sus dependientes, como por la responsabilidad objetiva de la prestación de un servicio, para concluir finalmente en la procedencia y cuantía de los rubros reclamados.

VI. CARACTERES DEL CONTRATO MEDICO.PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD.

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha impuesto el concepto de calificar la responsabilidad como de carácter contractual cuando el damnificado actor es el paciente que contrató el servicio, ya sea por la vía de un contrato escrito o de un acuerdo de tipo verbal.

Esta idea de la responsabilidad contractual que alcanza a los médicos y que tiene su centro en el art. 512 del Código Civil ha sido seguida por la doctrina más acreditada (Confr. Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil del Médico, Bs As. 1979 pag. 97 y 96; Bueres Alberto, Responsabilidad Civil de los Médicos Pag. 42).

La jurisprudencia reciente se enrola en esta postura al sostener: «Las obligaciones nacidas de la relación médico paciente, son de naturaleza contractual y regidas por tanto por los arts. 499, 512, 519, 520, 521 y 902 CC resultando en consecuencia presupuesto de la responsabilidad médica la existencia de daño, la relación de causalidad, la conducta imputada y el carácter antijurídico de la conducta consistente en el incumplimiento de las obligaciones asumidas a título de dolo o culpa» (Cámara de Apelaciones Primera en lo Civil y Comercial, Sala II, San Isidro, Basabilbaso María c/ Prata Ernesto p/ D. y P., 1/6/90).

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha señalado: «Cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512 del CC)» (López Celevidad y otro c/ Sanatorio Beltrán y otros, s/ D. y P., citado en «La praxis médica en la actualidad», Ricardo M. Zuccherino, pag. 9).

Respecto a la culpa, se considera que no existe un concepto de culpa profesional diferente a la que describe el art.512 del CC sin perjuicio de que el patrón comparativo no sea cualquier persona sino por el contrario el de un «buen médico».

Al tratar el tema en cuestión, el Dr. Carlos Ghersi señala que no hay una culpa médica distinta de la culpa del hombre común, pero debe establecerse un juzgamiento más riguroso en base al art. 902 del CCivil.

En efecto, este último artículo exige una mayor diligencia, prudencia o pericia en relación con la importancia del deber. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Coinciden también la doctrina y jurisprudencia nacional en afirmar que la obligación de los médicos debe ser conceptuada como de medios a excepción del caso de los cirujanos plásticos, ejemplo de obligación de resultado. En la mayoría de los casos, el médico sólo promete atender al paciente con prudencia y cuidado y poner su ciencia y diligencia con vista a la curación de enfermo. Aunque no esté comprometido a curar al mismo, sí lo está a practicar una conducta diligente que normal y ordinariamente pueda alcanzar la curación.

Se advierte en este tema una evolución hacia considerar la obligación siempre de medios pero de medios adecuados, que deben ser aplicados de conformidad con reglas técnicas y éticas. («Ultimas tendencias jurisprudenciales en materia de responsabilidad médica», Aida Kemelmajer de Carlucci, J.A. 1992-II pag. 815).

Es en base a estos principios que analizaremos el accionar del Dr. M., en función de los agravios expuestos por la actora apelante.

VII.ANÁLISIS DEL CASO DE AUTOS.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esterilización tubárica sigue siendo el medio más utilizado en el mundo para controlar la fecundidad.

Los diferentes métodos de esterilización se diferencian por la vía de acceso y el método empleado para ocluir las trompas, siendo conteste la bibliografía medica en el sentido que los riesgos propios de la cirugía de ligadura de trompas son: el fallo en el cierre completo de las trompas y la posible continuación de la fertilidad, la posibilidad de embarazos ectópicos y los daños que se puedan producir en los órganos o estructuras adyacentes.

De lo expuesto, surge que el mismo no resulta un método que tenga una efectividad del 100 % oscilando la tasa de embarazo luego de la ligadura de trompas según las estadísticas en 1 cada 200 casos.

En la causa, ha quedado acreditado que la Sra. B. contrató al Dr. M. -en su calidad de ginecólogo obstetra-, para que le efectuase una tripsia tubaria bilateral a los fines de evitar un posible embarazo.Que tal practica se realizó el 11 de diciembre del 2007 en la Clínica Pellegrina (Hogar Salud S.A.).

Es también un hecho probado que con posterioridad a tal intervención la actora dio a luz a una hija, la que nación el día 10 de setiembre de 2008.

De estos antecedentes la actora infiere que tal práctica no fue realizada o que, en su defecto, existió negligencia en la intervención, por lo que responsabiliza al medico interviniente.

Los temas en discusión resultan ser los siguientes:

a) Si la practica médica prometida por el demandado fue efectivamente realizada.

b) Si la misma tiene el 100 % de efectividad respecto a futuros embarazos.

c) Si la actora se encontraba embarazada al momento de la práctica médica que diera origen a estos autos.

a) La realización de la practica medica por parte del demandado:

El primer tema en discusión esta dado por el hecho de si el demandado efectuó la práctica médica prometida en el contrato celebrado entre las partes, y que da cuenta el consentimiento informado agregado a la causa.

Del protocolo quirúrgico que obra a fs. 11 y que fuera acompañado como prueba por la propia actora, surge que el demandado efectuó a la actora en fecha 11 de diciembre de 2007 una tripsia tubaria.

A fs. 17 se acompaña una copia de protocolo quirúrgico de la Dra. Valles que refiere asimismo tripsia tubaria con técnica de Pomeroy.

El demandado al absolver posiciones, a fs. 273 sostiene que ligó y cortó ambas trompas de Falopio sin seccionar ligamento alguno, que no solicitó estudios de embarazo, informándole la paciente que había menstruado como correspondía.

El informe de patología de fs. 293 da cuenta de un fragmento tubario de 0.9 cm de longitud y otro de 1 cm correspondientes trompa derecha e izquierda respectivamente. El diagnóstico consigna: proceso inflamatorio crónico granualomatoso a cuerpo extraño.

La pericia médica ginecológica de fs.328 da cuenta que de la historia clínica practicada por el demandado no puede inferirse cuales fueron los estudios de rutina que fueron realizados. Que la tripsia tubaria no es efectiva en un 100 %. Que en el primer año hay un 0,5 % y en los siguientes un 1,8 % de embarazo. Que no puede descartarse que al momento de practicarse la tripsia tubarica por el demandado la actora estuviera embarazada. Al responder sobre la edad gestacional de la hija de los actores, indica que de conformidad a la ecografía la gestación es posterior, pero por el examen físico del recién nacido puede haber sido antes o después de la cirugía. Que en la operación realizada por la Dra. Valles en el año 2008 se realizó ligadura de trompas y sección de trompas.

La pericia médica de la Dra. Moreno da cuenta que el demandado no realizó ligadura o sección de trompas y sí seccionó el ligamento redondo. Al contestar a fs. 459 las observaciones realizadas por la demandada y citada en Garantía manifiesta que para su dictamen aplicó los principios universales de la anamnesis y el examen físico.

A fs. 429 declara la Dra. Valles. Señala que realizó una tripsia bilateral tubaica según la técnica Pomeroy. Al preguntársele en la tercera sustitución si las trompas de la Sra. B. se encontraban ligadas con anterioridad a la cirugía a la que la testigo hizo referencia, manifiesta que cree que sí, que no lo recuerda. Que existen posibilidades de recanalización, que encontró el ligamento redondo ligado y granuloma en las trompas, que eso es lo que recuerda.

A la séptima sustitución y preguntada si las trompas de la actora se encontraban pinzadas, ligadas y seccionadas con anterioridad, responde que la testigo recuerde «no» sí había un granuloma que es una reacción de cuerpo extraño.

Entendemos, concordando con la conclusión a la que arriba la Sra.Juez «a quo», que en el caso no se ha acreditado la existencia de culpa médica que sirva de causa al pedido de reparación.

La prueba de la práctica médica por parte del demandado, surge no solo del protocolo quirúrgico, sino también de la propia declaración de la Dra. Valles.

Adviértase, que existe discordancia en sus contestaciones, pues en primer lugar manifiesta que creía que las trompas de la Sra. B. se encontraban ligadas con anterioridad a la cirugía, y luego señala no recordar si las mismas se encontraban pinzadas ligadas y seccionadas.

Si bien señala que el ligamento redondo se encontraba ligado, también hace referencia a un granuloma en las trompas, lo que es indicativo de la existencia de un cuerpo extraño y que se trabajó sobre las mismas. Por otra parte, si no hubiera existido tal ligamento, la respuesta de la profesional que «a posteriori» efectuó la cesárea y el ligamento hubiera sido tajante en cuanto a su negativa.

La queja del apelante se centra sobre la falta de valoración de la historia clínica de fs. 17, entendiendo en tal sentido tal como se concluye en la sentencia, que se trata de una copia y donde la palabra «indemne» que continúa a la expresión Trompa de Falopio parece sobre agregada.

Cabe asimismo descartar la pericia médica de la Dra. Moreno, que sin estudios complementarios y basado solo en la anamnesis de la paciente y el estudio clínico, llega a la conclusión de que el demandado no realizó la práctica. Debe ponderarse que la Dra. Moreno carece de la especialidad de obstetricia y que su dictamen no se encuentra avalado con estudio complementario alguno.

En síntesis, debemos concluir que la práctica fue realizada por el Dr. M.

b) La efectividad del tratamiento.

Al respecto, la literatura médica es conteste en que la ligadura de trompas, no constituye un método infalible para evitar el embarazo. La misma Dra.Valles en su declaración alude a la posibilidad de recanalización, y en idéntico sentido se expide la pericial ginecológica; vale decir, que el solo hecho de que la actora haya cursado otro embarazo con posterioridad a la actuación de M., no es indicativo de que la práctica no se realizó o que la misma estuvo mal ejecutada.

Conforme lo establece la propia Ley N° 26130 en su artículo 4, es deber de informar por parte del profesional que realice una ligadura tubaria o una vasectomía las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión sus riesgos y consecuencia. En el caso, tal deber de información ha sido cumplido por parte de M., conforme surge del consentimiento informado de fs. 127.

Ha sido reiterado el criterio de la C.S.J.N., al afirmar que cuando se trata de casos en los que se analiza la mala praxis médica «. la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del profesional que demuestren una actividad negligente, imprudente, o la falta de la pericia necesaria, y no sólo sobre el resultado negativo del tratamiento o de la intervención quirúrgica, pues no queda comprometida la responsabilidad si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente» (Schauman de Scaiola, Martha S. c/Provincia de Santa Cruz y otro).

c) La edad gestacional de la hija de los actores.

A lo expuesto precedentemente, cabe agregar las dudas existentes sobre el momento de la concepción de S.

Recurriendo a la pericia del Dr.Ochipinti, advertimos un importante margen de dudas sobre el exacto momento de la concepción, ya que de conformidad a la ecografía, la gestación es posterior, pero por el examen físico del recién nacido, puede haber sido antes o después de la cirugía, por lo que tampoco existe certeza a cerca de si la actora se encontrara embrazada al momento de la intervención del demandado.

Se sostiene que el demandado no adoptó los recaudos para verificar tal circunstancia, no obstante lo cual también cabe la posibilidad de que si hubiera requerido el test correspondiente el resultado hubiera sido negativo atento lo incipiente del embarazo.

Pero aun admitiendo la hipótesis de un embarazo posterior, ello no es acreditativo de mala praxis, atento la no infalibilidad del método de infertilidad.

Por tanto, considero al igual que la Sentenciante de grado, que el médico interviniente en la ligadura de trompas de Falopio cumplió con su obligación de medios y no se constató en forma inequívoca responsabilidad que le pueda ser reprochable. Es decir, no se ha demostrado negligencia o impericia en el marco de la operación que se analiza y, por tanto, no puede endilgársele responsabilidad a la parte accionada, por lo que se rechaza la apelación y se confirma la sentencia. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijo:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhiere al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por los actores apelantes que resultan vencidos en esta instancia impugnativa (arts. 35 y 36 del CPC). ASÍ VOTO.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F.Leiva, dijo:

Que por las mismas razones adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 567 por la parte actora en contra de la sentencia obrante a fs. 547/555, la que se confirma en todos sus términos.

2º) Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos (arts. 35 y 36 del CPC).

3º) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente forma: Dres. María del Pilar Varas, Ezequiel Ibáñez, Silvia Cristina Martínez, Mauricio Moyano y Verónica Sotelo, en las sumas de PESOS, respectivamente (arts. 3, 15 y 31 de la Ley Arancelaria). Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen.

Dra. Mirta Sar Sar

Dr. Claudio F. Leiva.

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