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No se concede la excarcelación de quienes fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y allanamiento ilegal, mientras se desempeñaban como oficiales del comando eléctrico de la policía de la provincia y oficiales de la comisaría provincial.

Carcel (2)Partes: R. A. A. s/ homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegal de la libertad

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Fecha: 30-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-92717-AR | MJJ92717 | MJJ92717

Rechazo del pedido de excarcelación debido a las connotaciones de las conductas supuestamente delictivas que se le endilgaron a los procesados, no sólo por sus penalidades sino concretamente por su modalidad de supuesta comisión, si los delitos fueron cometidos en oportunidad de desempeñarse como oficiales del comando eléctrico de la policía de la provincia y oficiales de la comisaría provincial.

Sumario:

1.-No cabe conceder la excarcelación pretendida respecto de los procesados por considerarlos posibles coautores de los delitos de homicidio doblemente agravado y allanamiento ilegal (art 151Ver Documento CP), en concurso real; calificaciones a las que hay que atenerse, sin perjuicio de señalar que dicho auto se encuentra recurrido por lo que podría verse modificada la situación de los imputados pudiendo corresponderle la pena prevista para el homicidio calificado, es decir prisión perpetua, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 316Ver Documento y 317Ver Documento del CPPN., en principio, no corresponde conceder las excarcelaciones solicitadas.

Fallo:

Rosario, 30 de diciembre de 2014.-

Visto, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones, en pleno, el expediente n° FRO 54000005/2009/7/CA3 caratulado «Legajo de Apelación de R., A. A. en autos: R., A. A. por Homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegal de la libertad (art. 144 bis inc. 1 CP)» y acumulados, del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe, de los que resulta que:

1.- Vienen los autos a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las Defensoras Oficiales Ad Hoc Dras. Yanina García -por sus defendidos A. A. R., Luis Alberto Carmelo Bellini y Juan Carlos Báez- y Vilma Adriana Gastaldi -en defensa de Carlos Héctor Albornoz-, y el Dr. Gerardo Ibáñez -defensor de Roque Ángel Martello- contra las resoluciones que rechazaron las excarcelaciones solicitadas por los imputados.

Radicados los autos ante esta Alzada, se dispuso hacer saber a las partes que intervendría esta Cámara Federal en pleno (fs. 38).

A fs. 39 la vocal Dra. Liliana Arribillaga solicitó su inhibición, que fue rechazada por Acuerdo nº 129/14-DH (fs. 44).

Se designó audiencia para informar (Art. 454 CPPN), optándose por la modalidad escrita que prevé el punto III de la Acordada Nº 166/11, la defensa solicitó a fs. 40 que se tengan por reproducidos los motivos expuestos en el recurso de apelación.

A fs. 41 se decidió acumular los incidentes excarcelatorios de R., Bellini, Báez y Albornoz.

A fs. 42/44 se agregó el memorial correspondiente al Ministerio Público Fiscal; quedando la causa en estado de resolver.

Finalmente, a fs.54 del expediente nº FRO 54000005/2009/10/CA8 se ordenó acumular a los presentes el incidente excarcelatorio correspondiente a Roque Ángel Martello.

2.- Al apelar, las defensas oficiales recurrentes sostuvieron que las resoluciones en crisis no sólo carecen de la debida fundamentación sino que además son arbitrarias ya que no se indican los motivos en los cuales se sustenta la alegada peligrosidad procesal.

Señalaron que las resoluciones no se hicieron cargo de examinar los argumentos y documental vertidas en cada caso al pedir la excarcelación, soslayando todas las condiciones personales de los defendidos y las circunstancias de hecho que fueron resaltadas en punto a la inexistencia de peligros procesales.

3.- El Dr. Ibáñez indicó como motivos de agravio la falta de fundamentación de la resolución, ya que se basó exclusivamente en la seriedad de los delitos atribuidos y su pena en expectativa.

Sostiene que no se ha respetado el principio de inocencia, y se configuró un apartamiento arbitrario de la doctrina del plenario nº 13 «Díaz Bessone». A su vez, cuestiona los argumentos dados por los procuradores generales y a los cuales remitió la CSJN en diversas oportunidades para revocar excarcelaciones.

Por último, señala que el fallo adoptado es contrario a las normas contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En el memorial sustitutivo reiteró los argumentos del recurso de apelación.

4.- Por su parte, la Fiscalía General, mediante memorial obrante a fs. 36/37, solicitó la confirmación de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho y no afectar ningún principio, derecho ni garantía constitucional, en cuanto a su motivación se refiere.

Y Considerando:

Los vocales Dres.Elida Vidal, Fernando Lorenzo Barbará, José Guillermo Toledo y Edgardo Bello dijeron:

1°) Avocados al concreto tratamiento de los agravios formulados por las defensas, razones de lógica obligan a abordar en primer lugar el cuestionamiento de la arbitrariedad que endilga al auto apelado.

Como se sabe, la declaración de nulidad de un acto jurisdiccional sólo corresponde cuando no hay otro remedio para sanear el vicio, ya que las deficiencias de fundamentación son factibles de ser subsanadas en esta instancia por vía del recurso de apelación en trato.

En el caso las sentencias de que se trata expresan los motivos sobre los que se decide denegar la soltura por la peligrosidad procesal de los imputados.

Analizando su contenido, se observa que los fallos se ajustan formalmente a las exigencias de los arts. 123, 317, 318 y 319 del CPPN, en tanto expresan el razonamiento seguido por el juez para dar sostén a la decisión a la que arriba al rechazar las excarcelaciones solicitadas por las defensas de los imputados con mención del derecho que aplicó y las circunstancias de hecho, por lo que resultan plenamente válidos sin perjuicio de lo que pueda decirse en cuanto al acierto del juicio que instrumentan, lo que seguidamente será materia de tratamiento por este Tribunal de alzada, con base en los motivos esgrimidos en los recursos interpuestos por los apelantes.

2º) Sentado ello, cabe recordar que la Cámara Nacional de Casación Penal dictó el Acuerdo Nº 1/08 -Plenario N° 13- en autos «Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley», en el que resolvió «.declarar como doctrina plenaria que no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el Art.319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal».

En síntesis, dicho Tribunal sostuvo que la improcedencia de la excarcelación o eximición de prisión en función de los criterios objetivos y subjetivos previstos en los artículos 316 y 317 del CPPN para su otorgamiento -el monto de la pena, la posibilidad de la condena de ejecución condicional y la duración del encierro preventivo- no implican iuris et de jure la inviabilidad de la libertad provisional, ya que puede admitirse prueba en contrario, es decir la ausencia de peligrosidad procesal.

A partir del Plenario de marras la presunción del artículo 316 del CPPN, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada, debe ser considerada como juris tantum, de tal suerte entonces que sus previsiones conservan su operatividad en los límites que aquella categoría conlleva.

La doctrina ha sostenido que, aun cuando las reglas establecidas en el artículo 316 del código de rito atinentes a la gravedad del hecho -medida por su penalidad- constituyen una presunción flexible de fuga o entorpecimiento, debe admitirse que se trata de una presunción fuerte y el Estado puede hacerla valer previo efectuar una verificación de ciertos indicadores de riesgo procesal (ver Sandro, Jorge A., «Condiciones de la prisión procesal. Caso ‘Cromagnon'», publicado en LL 2005-C-638 del 2/6/2005, pág. 1).

En favor de esta opinión, es imprescindible mencionar que la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo fue especialmente reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que «.la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia.» -según Informe N° 2/1997 del 11/03/1997-.

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo «.Que en este contexto, el legislador nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 75, inc.30 CN., estableció un régimen general que regula la libertad durante el proceso y que, en lo que aquí concierne, contempla como supuestos de excarcelación aquéllos en los que pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los 8 años de pena privativa de la libertad y también en los que, no obstante ello, el juez estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional (Art. 317, inc. 1 CPPN.). La restricción de la libertad se funda en ambos casos en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación.» (ver en tal sentido Fallos 321:3630, considerandos 7 y 8).

Los antecedentes citados de doctrina y jurisprudencia -incluido el fallo plenario- coinciden en remarcar la importancia de la amenaza de pena que se cierne sobre los imputados como pauta válida y objetiva para evaluar la posibilidad de que eludan el accionar de la justicia. Se trata de una presunción que fija la ley y de la que debe partirse para juzgar igualitariamente todos los casos.

Cabe precisar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad, pues obviamente, lo que aquí se evalúa es la eventualidad fundada de que el cautelado se fugue o entorpezca la investigación.

Analizada la cuestión conforme a lo expuesto en los puntos precedentes, y atendiendo a las previsiones de los artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. corresponde señalar que el Juez procesó a A. A. R., Luis Alberto Bellini y Carlos Héctor Albornoz por considerarlos coautores de los delitos de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Luis Alberto Fadil, Alicia Beatriz Ramírez y Mario Oreste Galuppo (art. 80, inc. 2 y 6 CP) y allanamiento ilegal (art 151 CP), en concurso real; a su vez, procesó a Juan Carlos Báez por considerarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado en perjuicio de Nilda Graciela Peters (art. 80, inc. 2 y 6 CP) (v. resolución del 27-10-2014, obrante a fs.3039/3094 de los principales). Por último, el a quo procesó a Roque Ángel Martelo por considerarlo partícipe necesario de los delitos de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Nora Gladys Meurzet y Antonoi Martín Mendicute (art. 80, inc. 2 y 6 CP) y asociación ilícita (art. 210 CP), en concurso real (v. resolución del 06-11-2014 obrante a fs. 3215/3234). A esas calificaciones corresponde atenerse (art. 318 in fine C.P.P.N.) -sin perjuicio de señalar que dicho auto se encuentra recurrido por lo que podría verse modificada la situación de estos imputados- pudiendo corresponderle, la pena prevista para el homicidio cal ificado, es decir prisión perpetua, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 316 y 317 del C.P.P.N., en principio, no corresponde conceder las excarcelaciones solicitadas.

Ante esta fuerte presunción de riesgo procesal cabe examinar el caso a la luz de lo dispuesto por el artículo 319 del C.P.P.N. para determinar, conforme el plenario «Díaz Bessone» si dicha presunción resulta desvirtuada.

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características de las imputaciones delictivas atribuidas a los encartados indica que se trata de la presunta comisión de hechos constitutivos de delitos graves y de naturaleza violenta, concretamente crímenes de lesa humanidad.

Corresponde asimismo considerar, en el caso en estudio, que «la objetiva y provisional valoración de las características del hecho» (art. 319 del C.P.P.N.), en una interpretación armónica con los artículos 316 y 317 del C.P.P.N.hace que deba concluirse que, atento la naturaleza y gravedad de los hechos concretos del proceso (por sus modalidades), se presenta como posible que los imputados, intenten evadir la acción de la justicia, ante el pronóstico de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento o que pudieren intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando los fines del proceso.

Respecto del argumento de las defensas acerca de que el juez no habría valorado las pruebas aportadas, es dable resaltar que si bien los imputados se encuentran razonablemente arraigados, con domicilios comprobados y estables, no puede dejarse de lado que los hechos endilgados deben calificarse como especialmente graves en razón de las modalidades y circunstancias de su comisión, por lo que se advierten cuestiones objetivas que permiten presumir que podrían llegar a intentar entorpecer o eludir la acción de la justicia.

En tal sentido, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha dicho, en oportunidad de confirmar una resolución dictada por esta Cámara Federal, en la cual -por mayoría de votos- se dispusiera confirmar la denegatoria de un pedido de excarcelación, en autos «Martínez Dorr, Roberto José s/ recurso de casación», N° 10.486, en fallo N° 11.690.4 de fecha 28 de abril de 2009, que: «.En esta tarea, es menester tener en consideración las consecuencias jurídicas particulares que tienen los delitos aquí imputados, y que los diferencian del común de los delitos, ya que es indudable que el criterio judicial vigente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha evolucionado en la interpretación y alcance conferido a este tipo de relatos. Así las cosas, es doctrina consolidada por el Alto Tribunal que los delitos contra la humanidad: son imprescriptibles (Fallos: 327:3312), no son susceptibles de ser amnistiados (Fallo: 328:2056), generan un derecho hacia las víctimas al conocimiento de la verdad (Fallos:321:2767) y han generado una revisión del alcance conferido al instituto de la cosa juzgada (Fallos: 326:2805, Fallos:330:3248). Las características antes apuntadas y las consecuencias resultantes, se presentan como elementos que pueden en cada caso ser computadas negativamente respecto del riesgo de sustracción del accionar de la justicia. En otras palabras, en la ponderación sobre la existencia de riesgos procesales no puede desconocerse la situación antes apuntada, la cual lleva a concluir en este caso que la decisión del ‘a quo’ se encuentra debidamente fundada y debe ser confirmada. Por todo ello, considero que la presunción fundada de que el encausado intentará eludir el accionar de la justicia en caso de ser puesto en libertad encuentra suficiente sustento en las disposiciones contenidas en el código de rito, teniendo en cuenta además: a) que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de instrucción, b) la voluminosidad y complejidad del expediente y, c) la gravedad de los delitos imputados, entiendo que la resolución adoptada por el ‘a quo’ se presente ajustada a las pautas establecidas en el código de forma.» (voto del Dr. Gustavo M. Hornos).

También, se sostuvo en el mismo fallo que: «.los jueces que suscribieron el voto mayoritario.han ponderado, ceñidos a las reglas que gobiernan la lógica, la psicología y la experiencia común el cúmulo de circunstancias que influyen en la viabilidad o no del beneficio solicitado, a saber: la pena en expectativa prevista para los delitos imputados al enjuiciado y la gravedad de los hechos a él atribuídos ., y fue, sin duda, de la valoración de esas circunstancias que se hicieron de la convicción de que el nombrado, de ser excarcelado, podría tanto burlar la acción de la justicia como obstruir el avance de las investigaciones.Por tanto, el fallo atacado.hace suyo lo resuelto en el Plenario N° 13 de esta Cámara «Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación», desde que para decidir el rechazo de la soltura caucionada.a la escala penal en abstracto prevista para la conducta que se reprocha al acusado, que desde luego se conecta con la entidad del delito pesquisado, se la vinculó con los parámetros establecidos en el art. 319 del código adjetivo, motivación en ese sentido, que la defensa no ha podido desvirtuar, entendido ello como que no ha logrado demostrar la inexistencia de los peligros procesales de que da cuenta la norma ut supra citada. Y no debe sopesarse que la cuestión así decidida se ajusta a lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 2/97, en tanto fue tajante en cuanto a que ‘.la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia.’, confiriéndoles así, a dichas particularidades, un incuestionable valor para la dilucidación de la cuestión planteada (confr., en igual sentido, Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, ‘Código Procesal Penal de la Nación’, ed. Hamurabi, Bs. As., 2004, Tomo 2, pág. 871).Por lo demás, he de señalar que también es correcta la denegación de la soltura provisoria del inocente a partir del razonamiento de que aquél, en libertad, podría comprometer el esclarecimiento del caso, pues aún transitando la causa la etapa de recolección de elementos probatorios, bien podría Martínez Dorr, si es que supusiese de la existencia de nuevos elementos probatorios que podrían agravar su situación procesal, lanzarse a procurar su destrucción u ocultación, tal cual lo viene resolviendo este Estrado reiteradamente.» (voto del Dr.Mariano González Palazzo).

3°) Debe tenerse presente que -según surge del auto de procesamiento- los delitos que se le atribuyen a Luis Bellini habrían sido cometidos en oportunidad de desempeñarse como Oficial Principal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe; a su vez los ilícitos imputados a Juan Carlos Báez habrían sido cometidos en oportunidad de desempeñarse como Oficial Auxiliar de la Comisaría 5ta de la Policía de la Provincia de Santa Fe; los delitos enrostrados a Carlos Albornoz y A. R. habrían sido cometidos en oportunidad de desempeñarse ambos como Cabos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe; finalmente los delitos por los que se procesó a Roque Martello habrían sido perpetrados cuando el imputado se desempeñaba -con el grado de capitán y proveniente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército- como Jefe del Departamento de Información «D-2» de la Policía de la provincia de Santa Fe.

Esas circunstancias, así como las características particulares que ofrece la investigación de los delitos que estamos ponderando -en casos que guardan analogía con el presente y por tanto obligan a tenerlos en cuenta- fueron especialmente analizadas a los fines que nos ocupan por nuestro máximo Tribunal, con remisión a los respectivos dictámenes del Procurador General de la Nación, y decidió en su mérito revocar las excarcelaciones concedidas por la Cámara Nacional de Casación Penal. Entre dichos fallos se cuenta con los antecedentes «Jabour, Yamil» (J. 35, L. XLV), «Machuca, Raúl Orlando s/recurso de casación» (M. 306, XLV) y «Morales, Domingo s/ causa 11.964» (M.384, XLVI), donde de acuerdo a la descripción incluida en los dictámenes del Procurador General (que la Corte hizo suyos), resultan análogos en lo sustancial a los presentes por tratarse de funcionarios policiales y en el caso de «MORALES», militar, a los que se responsabiliza por múltiples delitos graves. En dichos fallos la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de Casación que los excarceló, para lo que se remitió al dictamen del Procurador General quien había afirmado que el contexto permitía inferir peligrosidad procesal en grado tal que desvirtuaba otras circunstancias favorables a la pretensión de los imputados que resultaban indicativas de arraigo.

4°) Además de lo expuesto, resulta oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades ha expresado que los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio (Fallos 310:1945), tesitura que no se ve descalificada en modo alguno por el hecho de que aquellos derechos se encuentren enunciados en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos receptados por la Constitución Nacional, por el contrario, éstos la reafirman, véase a modo de ejemplo el art. 2°, inc. 2, P.I.D.E.S.C., art. 2°, inc. 2°, P.I.D.C. y P. y art. 26, C.A.D.H.).

Fue al amparo de esos conceptos, que el Máximo Tribunal afirmó la legitimidad constitucional de la privación de la libertad durante el trámite del juicio penal y con anterioridad a la sentencia condenatoria (Fallos 310:1835 y 314:791).

5º) Cabe citar además algunos decisorios en los que esta Cámara ha examinado la situación procesal de personal policial, que sirven como antec edentes para rechazar la pretensión esgrimida en este incidente: Acuerdo n° 072/11-D.H. dictado en los autos «Ferreyra, Ricardo Silvio R. s/ excarcelación (ppal.664/07 «Colombini»)», N° 4077-P, que confirmó la denegatoria de la excarcelación de Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, y en el que la Sala III de la CNCP rechazó por mayoría el recurso de casación intentado por la defensa por resolución N° 1581/11 en el expediente Nº 14.456; Acuerdo n° 89/12-DH dispuesto en el expediente «López, Enrique Andrés s/ excarcelación (Ppal. Nº 21/06) «Díaz Bessone», Nº 4793-P, en el cual se confirmó la denegatoria de la excarcelación de Enrique Andrés López y la Sala III de la CFCP declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial por resolución Nº 1932/12 en expediente Nº 16.873 y por resolución Nº 282/13 no se hizo lugar al recurso extraordinario; y Acuerdo n° 104/12-DH dictado en la causa «Coronel, Luis Paulino s/ excarcelación (Ppal. Nº 21/06) «Díaz Bessone», N° 4985-P, mediante el cual se confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada por Coronel, asimismo por resolución Nº 442/13, la Sala III de la CFCP en expediente Nº 78/2013 declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado y por resolución Nº 975/13 no se hizo lugar al recurso extraordinario.

Los vocales Dres. Carlos Federico Carrillo y Liliana Arribillaga dijeron:

1º) En relación a la nulidad del auto recurrido, adherimos a los fundamentos del voto precedente.

2º) Dado que, en el marco del expediente caratulado «GONZÁLEZ, José María y otros s/ privación ilegal de libertad (art.144 bis inc. 1), homicidio agravado con ensañamiento – alevosía, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, allanamiento ilegal y robo. Víctima:ELÍAS, Nilda Noemí y otros» a R., Albornoz, Bellini se les imputan tres hechos de homicidio agravado y allanamiento ilegal mientras prestaban servicios como Oficial Principal y Cabos, respectivamente, del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe; a Báez se le endilgó un hecho de homicidio agravado mientras prestaba servicios como Oficial Auxiliar de la Comisaría 5ta de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe; y a Martello se lo procesó por dos hechos de homicidio doblemente agravado y asociación ilícita mientras se desempeñaba -con el grado de capitán y proveniente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército- como Jefe del Departamento de Información «D-2» de la Policía de la provincia de Santa Fe, y las penas de prisión previstas para ese concurso de delitos, sus situaciones deben examinarse conforme a la doctrina obligatoria que resultó del plenario «Diaz Bessone» de la CFCP, que se resume en que las pautas previstas en los arts. 316 y 317 del CPPN basadas en los márgenes de pena posibles no bastan para rechazar la excarcelación de un imputado, sino que debe examinarse si se presenta algún supuesto de peligrosidad procesal, por ejemplo acudiendo a las pautas del art. 319 CPPN.

En los legajos constan datos que además fueron destacados por los defensores, que justificarían arraigo por parte de los imputados.

Sin embargo, las connotaciones de las conductas supuestamente delictivas que se le endilgaron, no sólo por sus penalidades sino concretamente por su modalidad de supuesta comisión, determinaron a la Corte Suprema a revocar excarcelaciones concedidas en casos análogos a sujetos que tenían notas que también podían valorarse como demostrativas de sujeción a las necesidades del proceso -«Jabour, Yamil» (J. 35, L. XLV), «Machuca, Raúl Orlando s/recurso de casación» (M. 306, XLV) y «Morales, Domingo s/ causa 11.964» (M. 384, XLVI)-.

En consecuencia, votamos por convalidar el auto apelado.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

Confirmar las resoluciones recurridas que rechazaron las excarcelaciones de A. A. R., Luis Alberto Carmelo Bellini, Juan Carlos Báez, Carlos Héctor Albornoz y Roque Ángel Martello. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 54000005/2009/7/CA3 y acumulados).- FDO. ARRIBILLAGA – BARBARÁ – BELLO – CARRILLO – TOLEDO – VIDAL – JUECES DE CAMARA – JUAN BOTTAZZI – SECRETARIO DE CÁMARA.

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