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Corresponde desestimar el reclamo formulado por la agencia de viajes contra la demandada a fin de percibir los contracargos que le fueron descontados si asumió el riesgo de vender pasajes con ausencia del titular de la tarjeta en cuestión.

Tajeta1Partes: Ricale Viajes S.R.L. c/ Visa Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 3-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92430-AR | MJJ92430 | MJJ92430

Si la agencia de viaje no cumple todas las medidas de seguridad para realizar ventas de pasajes con tarjeta de crédito y decide suscribir pasajes con ausencia del titular de la tarjeta, no puede luego reclamar los contracargos generados por el rechazo de las compras por parte de los titulares.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el reclamo formulado por la agencia de viajes contra la demandada a fin de percibir los contracargos que le fueron descontados al producirse el rechazo de las compras de los pasajes aéreos por parte de los titulares de las tarjetas de crédito, toda vez que el actor no cumplió con todas las medidas de seguridad requeridas, asumiendo el riesgo de vender pasajes con ausencia del titular de la tarjeta en cuestión.

2.-Corresponde desestimar el planteo del actor pues los rechazos de la venta de los pasajes aéreos no se produjeron por no estar el titular de la tarjeta presente al momento de la compra, sino por verificar la falta de cumplimiento de los recaudos exigidos por la normativa ante el desconocimiento del titular de la tarjeta de crédito de la compra de los pasajes.

3.-No corresponde admitir que la empresa de tarjetas de crédito era ajean a la relación contractual, ya que su autorización era necesaria para perfeccionar la venta del pasaje, y su papel importaba una supervisión y control constante del funcionamiento del sistema de ventas. 4. Al producirse las ventas en ausencia del titular de la tarjeta de crédito, no pudo comprobarse su identidad con la exhibición del documento, ni tampoco pudo el titular suscribir el voucher correspondiente, razón por la cual no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos para mayor seguridad.

Fallo:

En Buenos Aires a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: «RICALE VIAJES S.R.L. contra VISA ARGENTINA S.A. sobre ORDINARIO» (COM 16335/2008; Com. 16 Sec. 32) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1045/1057?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I.- El relato del conflicto

1. Se presentó, a fs. 138/148, por intermedio de su apoderado, RICALE VIAJES S.R.L. («RICALE») promoviendo demanda contra VISA ARGENTINA S.A. («VISA») por el cobro de la suma de pesos sesenta y siete mil novecientos veintisiete con diecinueve centavos ($67.927,19) con más intereses, daño moral y costas.

Precisó que su parte es una empresa líder en el mercado de ventas de pasajes aéreos a clientes directos así como a más de 400 agencias del país. Indicó que, por su calidad de agencia IATA (International Air Travel Administration), está autorizada por las líneas aéreas que la integran a emitir pasajes. Destacó que primero se realiza la reserva del vuelo y que luego se procede a la confección de tales pasajes con indicación, entre otros, de los datos de la forma de pago.

Afirmó que IATA ha encargado el clearing y pago de estas operaciones al BSP (Bank Settlement Plan), quien a su vez deriva la implementación del sistema en alguna entidad bancaria de cada país; aquí, el Banco Río. Esas operaciones de clearing son realizadas semanalmente y arrojan la existencia de créditos y débitos entre las aerolíneas y las agencias.El saldo que debe pagar la agencia cancela a través de la entrega de «vouchers» de tarjeta de crédito con más dinero en efectivo. Tal liquidación incluye, también, los débitos correspondientes al rechazo o falta de pago de las administradoras de los vouchers de tarjetas de crédito entregados con anterioridad, que son afrontados por la propia agencia.

Indicó que se emplea universalmente un formulario preimpreso o CCCF o UATP para la concreción de las ventas de los pasajes abonados con tarjetas de crédito y que ello constituye una modalidad exclusiva. Adujo que como su parte no se encuentra adherida al sistema de tarjeta de crédito, utiliza para tales ventas el número de comercio de las aerolíneas -con la respectiva autorización de aquellas últimas-. Dijo que «es una costumbre en la actividad, colocando la agencia de viajes su nombre en el UATP a los fines identificatorios con su número IATA». Afirmó que su parte es una intermediaria en la operación conforme el artículo 1, inciso a), de la ley 18.829.

Se explayó en orden a la aceptación habitual por parte de las administradoras de las tarjetas de crédito de esta modalidad operativa.

Manifestó que cuando una agencia de viajes no IATA realiza una venta cuyo pago se realiza con tarjeta de crédito, le entrega el UATP con la firma del titular de la tarjeta. Luego se solicita la autorización telefónica y, si es concedida, se completan los demás datos en ese formulario UATP, que después se recibe en pago de los billetes emitidos. Dichos pasajes también exhiben los datos del pago con el plástico.

Relató que, no obstante, en el caso las ventas fueron realizadas mediante la modalidad de «signature on file» -según dijo, también aceptada por las organizadoras del sistema de tarjeta de crédito-; supuesto en el que no se cuenta con la firma del comprador y se trata de viajes adquiridos, generalmente, por personas que no están en el país.También se procede al pedido de autorización con los datos de la tarjeta de crédito y luego se emite el pasaje.

Dijo que, a continuación, se activa el procedimiento acordado para el cobro de los billetes vendidos y que si el débito puede realizarse del plástico del comprador sin problemas, la operación queda cerrada. Ello con la intervención de la agencia IATA en una relación de mandato con la línea aérea pero extracontractual con el sistema de tarjeta de crédito.

Empero, señaló que pueden verificarse problemas en la percepción del precio de los pasajes vendidos pues los cargos son desconocidos por los titulares de la tarjeta en tanto se ha realizado una operación fraudulenta. Sostuvo que en esos casos las líneas aéreas proceden a descontarle a su parte las sumas de dinero involucradas en las compras impugnadas. Expresó que ello la perjudica ya que, aún con la autorización debida, la compra es rechazada.

Puso de relieve el constante empleo del mecanismo de venta con el titular ausente o «signature on file». Y afirmó que el rechazo de algunos consumos realizados de esta forma encuentran origen en el mero desconocimiento de los titulares de la tarjeta y no porque no se pueda operar de ese modo. Destacó en ese sentido que la contraria nunca rechaza la presentación de los formularios de ventas mediante «signature on file» y que ello pone en evidencia que la venta ha sido correctamente efectuada.

Adujo, además, que el sistema de autorización telefónica era el único posible a la fecha de las operaciones y reprochó a la administradora la inexistencia de un sistema de control inmediato y válido. Consideró, entonces, que en tanto los rechazos de los consumos obedecieron al desconocimiento por el titular y no a cuestiones formales, la operación quedó conformada con la concesión de la respectiva autorización.Así, calificó de improcedente, arbitraria e ilegítima la conducta de la demandada en los términos del artículo 1109 del Código Civil y brindó abundantes fundamentos y citas jurisprudenciales sobre este aspecto.

Fundó en derecho. Dio cuenta del cumplimiento de la mediación previa obligatoria. Ofreció prueba.

2. Se imprimió a las actuaciones el trámite de juicio ordinario.

3. Corrido el traslado de ley, a fs. 123/245 se presentó Visa Argentina S.A., por intermedio de su apoderado, y requirió la desestimación de la demanda con costas.

En primer lugar negó genérica y específicamente todos los hechos de su contraria en los términos y alcances allí vertidos, a los que cabe remitir brevitatis causae.

Luego refirió que la actora emitía billetes de avión de forma directa para sus clientes y también lo hacía de modo indirecto para subagencias que requerían de sus servicios. Afirmó que las operaciones concernidas en el pleito -según se advierte en las propias planillas- serían todas, justamente, del tipo indirecto.

A continuación, precisó la improcedencia del reclamo relativo a las operaciones identificadas con los números 5 y 22 pues pertenecen a plásticos de la marca Mastercard.

En orden a las operaciones número 14, 17, 18, 19, 20 y 23, indicó la demandada que también debían desestimarse por carecer todas ellas de la respectiva autorización -en tanto los números de autorización brindados en las planillas no estaban registrados en su sistema-.

Respecto de las demás operaciones involucradas en el reclamo indicó:

1) Que su parte era ajena a los débitos sufridos por Ricale ya que, en todo caso, los contracargos a las aerolíneas fueron efectuados por los bancos involucrados y el posterior descuento a la actora fue realizado por las propias líneas aéreas.2) Que según las normas IATA (Resolución 890) Ricale no podía tercerizar la operatoria en agencias no IATA (esto es, las subagencias) y, si realizaba operaciones sin tarjeta presente, aquellas eran concretadas bajo su riesgo y responsabilidad (conforme el artículo 2.1). Destacó que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos propios para la venta «signature on file» y que las autorizaciones recibidas no convalidaron ventas desconocidas por los titulares.

3) Que resulta improcedente la subrogación ya que los cargos no fueron cuestionados por las aerolíneas.

4) Que los cargos fueron desconocidos por los titulares de las tarjetas y que, por tanto, son oponibles al proveedor (art. 34 LTC).

5) Que los códigos otorgados a las aerolíneas son para operar con tarjeta presente y que medió un incumplimiento de los requisitos exigidos para ese tipo de ventas, a saber: recalcar el relieve de la tarjeta en el voucher, identificar al usuario y que luzca su firma.

6) Que la jurisprudencia invocada no resulta aplicable en tanto allí se refiere a tarjetas nacionales adulteradas y aquí a plásticos internacionales por transacciones «signature on file».

7) Que las autorizaciones, además de que resultan revisables, fueron concedidas por los bancos extranjeros y que su parte se limitó a comunicarlas. Alegó que no tiene por qué responder por la intervención de terceros (subagencias).

8) Que Ricale pudo haber recobrado las sumas descontadas a través de la derivación del reclamo a las citadas subagencias.

Ofreció prueba.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante el pronunciamiento que obra a fs. 1045/1057, dictado el día 16 de diciembre de 2013, el juez admitió parcialmente el reclamo pecuniario formulado por Ricale Viajes SRL contra Visa Argentina SA, con más intereses, en los términos que se precisarán seguidamente.En primer lugar el magistrado desestimó la pretensión inherente a las operaciones N° 5 ($3.597,50) y 22 ($3.153,50) por juzgar, con base en las pericias contables y en sistemas informáticos, que habían sido realizadas con una tarjeta de otra administradora (Mastercard).

Luego, en orden a los cargos de tarjetas de crédito «Visa» emitidas por entidades nacionales, desechó las operaciones identificadas bajo los números 14, 17, 18, 19, 20 y 23 ya que consideró procedente la defensa de la demandada en cuanto explicó que aquéllas carecían de la autorización correspondiente.

Finalmente se refirió a los cargos de tarjeta de crédito «Visa» emitidas por entidades en el exterior. Sobre el punto, primeramente ponderó qu e la demandada era responsable y no un tercero ajeno al negocio, por ser necesaria su intervención en el proceso de sistematización de las operaciones.

De seguido, abordó el análisis de los demás cuestionamientos formuladas por Visa. Expresó que en la regulación de IATA no se hallaba prohibida la delegación de operatorias en otras agencias no IATA y que ello, de todos modos, había sido consentido por la propia reclamada.

A su vez, expresó que lo estipulado para los supuestos de operaciones sin presencia física de la tarjeta en el art. 2.1 («-deberán realizarse bajo la única responsabilidad y riesgo del agente»), se vincularía con el supuesto de desconocimiento o rechazo del cargo pero no impediría una pretensión de repetición. Sumó a lo dicho que la ley 25.065, en su artículo 46, sanciona con la nulidad las cláusulas que eximen de responsabilidad a alguna de las partes y que por tanto no sería procedente la defensa ensayada en este sentido por la administradora del sistema de tarjeta de crédito.Manifestó, a continuación, que le correspondió a la demandada, aunque no lo hizo, demostrar el incumplimiento por parte de su contendiente de los requisitos establecidos en el artículo 37 de la citada ley sobre tarjeta de crédito, más puntualmente en orden a la falta de comprobación de la identidad del comprador y del pedido de autorización. Destacó que la pericia contable daba cuenta del otorgamiento de las autorizaciones respectivas.

Agregó que el empleo de la modalidad «tarjeta presente», utilizada por los establecimientos en cuestión, según precisó la perito en informática, no excluía de por sí la alternativa del uso de la operatoria con «tarjeta ausente». Asimismo, juzgó el magistrado que la contraria no había acreditado los incumplimientos en los controles imputados a la pretensora.

El sentenciante también afirmó que los contra-cargos no habían tenido justificación legal más allá del desconocimiento de los consumos que habrían alegado los usuarios.

En ese contexto, ponderó que la actora había cumplido con los requisitos correspondientes así como con la autorización respectiva y que, por tanto, la administradora del sistema o, su caso, la entidad bancaria, eran los responsables por las transacciones desconocidas o no abonadas por el titular.

También el magistrado estimó procedente la subrogación de la actora en los términos del artículo 727 del Código Civil y resaltó que no obstaba a ello la ausencia de impugnación u observación de los débitos ya que no correspondía el reconocimiento de asientos sin causa.

De otro lado, el juez indicó que el reclamo cursado por Ricale Viajes SRL a las sub-agencias tampoco impedía la repetición aquí procurada pues no había sido acreditado por la demandada -según la carga que le impuso conforme el Cpr.377- que la actora hubiese quedado desinteresada.

Por todo ello, admitió el reintegro de las operaciones individualizadas con los números 1 ($3.597,50), 2 ($3.598), 3 ($5.983,80), 4 ($3.493), 6 ($3.599,80), 7 ($1.320,66), 9 ($3.110), 15 ($595,68), 16 ($595,68) y 21 ($2.745). Ello, con más los intereses devengados a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, desde la fecha en que fueron efectuados los contra-cargos por las aerolíneas a la demandante.

A su vez, de acuerdo a lo informado por el perito contador, desestimó el reclamo fundado en las operaciones número 8 ($313,70), 11 (278,70), 12 ($627,25) y 13 ($594,80) por no haberse acompañado el comprobante de respaldo y la número 10 ($1.320,66) ya que constituye la dúplica de la número 5.

En último lugar distribuyó las costas en el orden causado teniendo en consideración la existencia de vencimientos parciales y mutuos y las particularidades de la causa.

III.- El recurso

1) De esa sentencia apelaron ambas partes.

a) La actora lo hizo a fs. 1058 y fue concedido libremente a fs. 1074. Mediante la providencia de fs. 1090, punto 1, este Tribunal declaró desierta la apelación.

b) La demanda lo hizo a fs. 1064. Su recurso fue concedido de forma libre en la providencia de fs. 1065.

La expresión de agravios luce agregada a fs. 1081/1089. Allí el apelante formuló los siguientes cuestionamientos:a) el magistrado omitió valorar cuestiones relevantes tales como que su parte no otorgó la autorización de las operaciones -solo las comunicó- y que los contra-cargos los realizaron las entidades bancarias; b) tampoco se consideró que sí medió un incumplimiento de la contraria pues la realización de operaciones «signature on file» suponen la ausencia del comprador y por ende la imposibilidad de comprobar su identidad; c) finalmente, resultó erróneo que el juez presumiera la existencia de autorización para operar con tarjeta ausente pues de la prueba informativa se desprende que los contratos solo permitían a las líneas aéreas celebrar las operaciones bajo la modalidad tarjeta presente.

Agregó en sus conclusiones que: a) no puede dejar de considerarse la inexistencia de impugnación tempestiva de los débitos y que, por su calidad de subrogado, la actora no puede encontrarse en mejores condiciones que las líneas aéreas; b) los débitos se ajustaron a las normas IATA y, por tratarse de operaciones de venta de pasajes en ausencia de sus compradores, el riesgo por las posteriores impugnaciones fue asumido por la vendedora -en este caso, por Ricale, ya que operaba como intermediaria de las líneas aéreas-; y c) tampoco se acreditó que se cumplieran con los requisitos contractuales para la confección de los vouchers: recalco del relieve de la tarjeta, identificación del usuario y su firma.

La respuesta de la demandante se encuentra glosada a fs. 1091/1092.

2) También se articularon apelaciones a fs. 1060, 1064 y 1070 contra la regulación de los honorarios decidida en la sentencia dictada en la anterior instancia; todas ellas concedidas en los términos del Cpr. 244 a fs. 1074, 1065 y 1071, respectivamente.

IV.- La solución propuesta

a) Con el objeto facilitar el análisis de la cuestión litigiosa -aquí materia de apelación- resulta útil liminarmente describir, en apretada síntesis, el sistema de venta de pasajes que involucró a los contendientes.Ello así pues es a partir del diseño de dicha modalidad vincular que puede comprenderse cabalmente el alcance de la relación finalmente hilvanada entre actora y demandada.

La demandante, RICALE, es una agencia de viajes que, en su calidad de agente IATA (International Air Transport Association), está autorizada a emitir boletos de las líneas aéreas que integran dicha organización. En su caso, cobra dichos pasajes mediante tarjeta de crédito con empleo de un formulario especialmente diseñado (UATP) y coloca el número de proveedor o comercio adherido de cada aerolínea; número con el cual, asimismo, gestiona la correspondiente autorización de la administradora del sistema de tarjeta de crédito (aquí, VISA).

El procesamiento y posterior pago de todas esas operaciones es encargado por IATA al BSP (Bank Settlement Plan) y en cada país ello es derivado, a su vez, a una entidad bancaria que en Argentina es el Banco Río. Ese clearing permite establecer la existencia de créditos y débitos entre las líneas aéreas y las agencias: a) los créditos de las aerolíneas son cancelados por las agencias a través de las entrega de los comprobantes de venta con tarjeta de crédito más efectivo; y b) si mediara el rechazo de pago de algún voucher de pago con tarjeta de crédito emitido por las agencias, el importe les será descontado a aquellas últimas.

Es en ese marco que la actora reclama a la demandada ciertos descuentos efectuados por aquella última a las aerolíneas puesto que ello derivó a su vez en débitos efectuados a su parte.

b) En su primera queja la demandada aduce que resulta errónea la responsabilidad que le fue endilgada por el a quo en tanto su parte solo exhibe la calidad de tercero ajeno al reproche aquí formulado. Indica en ese sentido que no fue ella quien otorgó las autorizaciones ni efectuó los contracargos en cuestión.Pues bien, a mi modo de ver, VISA no puede adjudicarse la calidad de sujeto extraño a la operatoria involucrada en la contienda, aún cuando no se ignora que pudiera no haber sido ella quien materialmente realizó las operaciones de autorización y descuento señaladas por la actora.

Es que la demandada soslaya su necesaria y directa intervención en las relaciones jurídicas que se generan en torno de la emisión y uso de la tarjeta, tal como señaló el magistrado de grado. Ello amplía los márgenes de su responsabilidad por las falencias del sistema e impiden colocarla, como pretende, en el papel de «simple» comunicadora de las autorizaciones pertinentes. Véase que la notificación de esa autorización, en definitiva, es la que permite el funcionamiento de la operatoria de pago con tarjeta de crédito.

Ya he sostenido al respecto que su rol como «administradora del sistema» implica sin duda arbitrar una estrategia común o uniforme para la distribución de la tarjeta y prestación del servicio, unificando modelos de contratación, regulando la publicidad y el uso de la marca y emblemas, e instituyendo un mecanismo interrelacionado de liquidación de débitos y créditos entre los diversos operadores del sistema. En suma, su predominante papel importa una supervisión y control constante del funcionamiento de aquél (CNCom., Sala C, mi voto, «Lenzi Gerardo Héctor Contra Visa Argentina S.A. y otro s/ ordinario», del 15/4/2008).

Además, si bien RICALE no estaba adherida por sí misma al sistema de financiamiento de la administradora de la tarjeta de crédito Visa, lo cierto es que la demandada no pudo desconocer que la agencia operaba a través del número de identificación de diversas aerolíneas toda vez que dicha mecánica aparece como una práctica habitual (conf. CNCom., Sala C, «Ricale Viajes SRL c American Express Argentina SA s/ ordinario», del 18/6/2013) y al canalizar la comunicación de las autorizaciones no puede al egar ignorancia (en sentido similar, CNCom., Sala F, «Ricale Viajes S.A.c/ Visa Argentina S.A. s/ ordinario», del 10/3/2011). Por lo demás, esta modalidad u operatoria beneficiaba a la defendida, sin dudas, en tanto amplió razonablemente el ámbito de utilización de las tarjetas de crédito (conf. CNCom., Sala C, «Ricale Viajes SRL c/ Diners Club SA y otro s/ ordinario», del 25/9/2007 -voto al que adherí como juez subrogante de la Vocalía N°8-).

Desde esta perspectiva, no cabe suponer que Visa pueda equipararse a un mero fabricante o distribuidor de los plásticos, procurando situarse cual un espectador ajeno a los hechos que se ventilan en autos (CNCom., Sala C, voto del Dr. Monti, «Jaraguionis Nefi c/ Banco de Boston y otros» , del 21/5/1998, publicado en LL 1998-F, 168; en igual sentido, CNCom., Sala C, mi voto, «Lenzi Gerardo Héctor Contra Visa Argentina S.A. y otro s/ ordinario», del 15/4/2008).

Por ello no resulta atendible el argumento basado en la ausencia de vinculación contractual directa que esgrime la demandada a fin de eximirse de responsabilidad. En realidad, las relaciones entre los diversos sujetos que intervinieron en las operaciones objeto de autos no han excedido la órbita contractual, pues es allí donde cabe situar el conjunto complejo y sistematizado de contratos, conexos entre sí, que caracterizan tales relaciones, hoy regidas por la ley 25.065 (ver artículos 1 y 2) (conf. CNCom., Sala C, «Ricale Viajes SRL c/ Diners Club SA «, ya citado supra). Asimismo, este Tribunal ya ha asumido idéntica postura en un caso de similares características y entablado entre las mismas partes (CNCom., Sala F, «Ricale Viajes S.A. c/ Visa Argentina S.A. s/ ordinario», del 10/3/2011).

Consecuentemente, ha de desestimarse la queja articulada sobre el punto.c) Tampoco puede ser aquí admitida la alegada improcedencia de la subrogación de RICALE en los derechos de las aerolíneas, por ausencia de impugnación tempestiva de los contracargos efectuados.

Así pues este Tribunal ya ha precisado que, probada la existencia de los descuentos realizados por las aerolíneas a la actora en función de rechazos derivados de Visa, ello habilita a la agencia de viajes, como tercero que pagó, a subrogarse en los derechos del acreedor a fin de peticionar la repetición de lo abonado, conforme lo previsto en el artículo 727 del CCiv. (CNCom., Sala F, «Ricale Viajes S.A. c/ Visa Argentina S.A. s/ ordinario», ya citado precedentemente; en igual sentido: CNCom., Sala C, «Ricale Viajes SRL c/ Diners Club SA «, también ya citado).

Finalmente cabe aclarar que esta solución de modo alguno descarta -como erróneamente sostiene la quejosa- la circunstancia de que la pretensora deba cumplir con las obligaciones asumidas en el marco de los relaciones comerciales verificadas en la litis.

Agréguese que, ante la falta de crítica sobre el punto, ha quedado incólume la afirmación del magistrado de grado en punto a que la falta de observación de los débitos no obsta la procedencia del reclamo pues ello no puede conducir a reconocer asientos sin causa (arg. CCiv. 953).

d) Pues bien, el agravio central articulado por VISA con el objeto de conseguir el rechazo íntegro de la demanda, consiste en imputar a RICALE el incumplimiento de ciertos requisitos al concretar las transacciones con tarjeta de crédito que son requeridos para las operaciones con tarjeta presente según el artículo 37 de la Ley 25.065. Arguye que incumplió con la verificación de la identidad del usuario y el recalco de la superficie de la tarjeta y firma del titular en el comprobante respectivo.En primer término creo necesario precisar que la cuestión debe ser aquí analizada a través del prisma de las pautas contractuales acordadas, por un lado, entre Visa y las aerolíneas, y, de otro, entre las líneas aéreas y las agencias IATA. No desconozco que podría argüirse la invalidez de la aplicabilidad de lo pactado entre la demandada y las aerolíneas por virtud del los efectos relativos de los contratos. Pero la actuación de Ricale, en tanto concretó las operatorias cuestionadas en nombre de las aerolíneas y con empleo del número de proveedor de aquéllas, no puede sustraerse de los límites impuestos en el contrato madre bajo el que operó. La ingeniería propia de este vínculo y la finalidad económica compartida condujo, en mi opinión, a una modulación de ese principio que refiere a la relatividad de los contratos.

Resulta esclarecedor, entonces, transcribir en lo pertinente las normas que principalmente establecen la modalidad para la venta de pasajes con tarjeta de crédito.

Las normas para las ventas con tarjeta de crédito están establecidas en la Resolución IATA 890. Se determina en esa resolución que: «RECONOCIENDO que los Miembros/Compañías Aéreas y los Agentes desean establecer una serie de procedimientos definidos para eliminar o reducir de manera sustancial su exposición a fraudes, SE RESUELVE que se aplicarán las siguientes condiciones, y que deberán observarse los siguientes procedimientos-«. Luego, puntualmente en orden a la operatoria que nos ocupa, se precisa que: «2.2.2 Transacciones no cara a cara.El agente puede, por su propia cuenta y riesgo, y sujeto a las disposiciones de este Apartado 2.2.2- decidir aceptar transacciones de Tarjeta no cara a cara- 2.2.2(c) El agente reconoce que la recepción de un código de aprobación de la Compañía de la Tarjeta no garantiza la transacción, y que tal código de aprobación o cualquier otra autorización no (y no debe interpretarse como que) garantiza que el cargo no será discutido» (v. fs. 317/319).

A su vez se determina en el Manual de Agentes del BSP – Procedimientos Locales (capítulo 14) que para la emisión de billete en ventas con tarjeta de crédito debe: «Obtener el código de autorización de la Administradora de la tarjeta de crédito- llamando a la administradora correspondiente- Solicitar la firma del titular de la tarjeta ante personal de la agencia que verificará que es la misma que figura en la tarjeta» (v. fs. 456). Luego, en orden a las operaciones no presenciales, establece en el apartado 14.11.4: «En este tipo de operaciones, el titular de la tarjeta no está presente en el momento de la emisión. La operatoria «Signature on File» se rige por las disposiciones de la Resolución 890 de IATA y normalmente ampara estrictamente tráfico corporativo. Para utilizar este procedimiento la agencia debe contactarse con la Línea Aérea quien deberá autorizar al agente» (v. fs. 457).

En ese contexto regulatorio la conducta de RICALE se presenta cuanto menos negligente y desaprensiva. Nótese que frente a las propias advertencias claramente precisadas por la normativa IATA igualmente la agencia asumió el riesgo de concretar operaciones de venta de pasajes con tarjeta de crédito en ausencia de sus titulares; mas sin la autorización que le exigía el dispositivo de reglas IATA.De modo que estimo que la pretensora asumió cabalmente el riesgo de una operatoria que no presentaba las garantías o mayor seguridad que se advierten en las ventas que cuentan con la presencia del comprador y permiten la verificación de su identidad y la obtención de su firma. Tal procedimiento hubiera permitido, en principio, evitar a la actora las contingencias aquí sucedidas puesto que, en caso de haber cumplido con los requisitos preestablecidos, hubiera podido excusarse del reproche ante la impugnación del titular del plástico.

No desconozco la previsión invocada por el juez con relación a la imposibilidad de establecer cláusulas que eximan de responsabilidad a una de las partes intervinientes en el sistema de tarjetas de crédito (art. 46, Ley 25065). Sin embargo creo que en el caso no se trata de una limitación de responsabilidad genérica que habilite a la declaración de nulidad legalmente establecida sino que resulta ser una suerte de limitación -por la asunción del riesgo por el propio comerciante- para una operatoria en particular que requería de una autorización especial que no poseía o al menos no demostró poseer. Es desde ese marco que pondero que es la propia agencia la que debe responsabilizarse por la frustración de operaciones luego desconocidas: para operar con mínimos riesgos le hubiera bastado, conforme expuse, con la concertación de ventas de pasajes bajo la modalidad tarjeta presente y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley 25065 en su artículo 37.

Ciertamente, como dijo el a quo, la asunción del riesgo no impide la repetición aquí procurada. Pero ha quedado consentido por la propia actora que existieron las impugnaciones a los consumos por parte de los propios tarjetahabientes en la audiencia prevista en el Cpr. 360; reza a fs. 264 que:»Las partes manifiestan que respecto de la causa de los contracargos vinculados a transacciones realizadas con tarjeta de crédito Visa, no se encuentran controvertidas en cuanto a la existencia de las mismas». Entonces el contracargo encontró fundamento en ese rechazo del consumo efectuado por el titular y del único oficio remitido «a modo de muestreo» surge que el usuario habría desconocido la compra por fraude (v. fs. 894).

De allí se desprende que no se trata del rechazo de la operación por la simple cuestión de haber sido concretada bajo la modalidad «signature on file» -como mal sostiene el actor en su demanda- si no de la evaluación del cumplimiento de los recaudos acordados para la venta de pasajes ante el desconocimiento articulado por el titular de la tarjeta de crédito. No es más que la configuración del riesgo asumido y de la consecuente responsabilidad que le ocupa por utilizar un sistema de venta para el que no estaba autorizado.

Súmase a ello que aquí no se han colectado elementos que permitan considerar seriamente la configuración de un adulteración o duplicación de las tarjetas; circunstancia que, en su caso, permitiría pensar una solución distinta -tal como la asumida por este tribunal en el citado antecedente «Ricale c/ Visa»-.

Y, en definitiv a, ante el propio reconocimiento de RICALE, la negligencia en el cumplimiento de los presupuestos propios de la operatoria con tarjeta presente, para la que estaba autorizado, decanta por sí sola del reconocimiento del pretensor en orden a que las ventas se habían concretado en ausencia del titular del plástico. Dicha ausencia trae como presupuesto lógico que no pudo comprobarse su identidad mediante la exhibición del documento y que tampoco el titular pudo suscribir el voucher correspondiente.Al hilo de lo expuesto estimo que no puede juzgarse aquí que la operación quedase totalmente convalidada con el otorgamiento de la autorización pues ello presuponía la observancia de las demás formalidades exigidas al proveedor -como medidas complementarias de seguridad-.

De modo que, contrariamente a lo sostenido por el magistrado de grado, no creo que la demandada hubiera tenido que acreditar con mayores precisiones los déficits enrostrados a la agencia en la confección de los comprobantes de las operaciones luego rechazados por los usuarios.

Finalmente, la apuntada existencia de las impugnaciones de los clientes bancarios impide soslayar las transgresiones en la confección de los comprobantes ya apuntadas y beneficiar al proveedor en los términos del artículo 34 LTC.

En conclusión, estimo procedentes los agravios de la demandada y considero que debe ser rechazada la pretensión de la actora.

e) Las consideraciones hasta aquí vertidas resultan suficientes para concluir sobre la procedencia parcial del recurso proferido por la demandada. Recuérdese al respecto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

V.- La conclusión

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo que se celebra admitir parcialmente el recurso de la demandada y revocar parcialmente la decisión de grado, desestimando íntegramente el reclamo formulado por RICALE contra VISA.

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, habida cuenta que, aun cuando se desestimó la pretensión central, la demandada no llevó razón al argumentar su ajenidad con la operatoria concernida en autos (Cpr. 68 in fine y 279).

Por análogas razones los doctores Rafael Barreiro y Alejandra N. Tevez adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F.Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: admitir parcialmente el recurso de la demandada y revocar parcialmente la decisión de grado, desestimando íntegramente el reclamo formulado por RICALE contra VISA.

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, habida cuenta que, aun cuando se desestimó la pretensión central, la demandada no llevó razón al argumentar su ajenidad con la operatoria concernida en autos (Cpr. 68 in fine y 279).

II. Honorarios.

Toda vez que la sentencia dictada supra ha sido moficatoria del pronunciamiento de la instancia anterior, corresponde, teniendo en cuenta el art. 279 del CPCC, determinar en esta Alzada los honorarios relativos a los trabajos realizados en autos, de acuerdo al resultado ahora obtenido en la prosecución del proceso.

Por tanto, se fijan los estipendios de los profesionales de la siguiente manera:

Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto comprometido en la demanda (conf. esta Sala «Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario», del 01/04/14), se fijan en veinticinco mil pesos ($ 25.000) los honorarios regulados a favor del letrado apoderado de la parte actora, doctor Oscar Lopez Serrot (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 40).

Asimismo, se regulan en veintisiete mil seiscientos pesos ($ 27.600) los emolumentos del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Eduardo J. Guemes; en siete mil doscientos pesos ($ 7.200) los de su letrada patrocinante, doctora Ludmila Ondarcuhu y en un mil pesos ($ 1.000) los del letrado apoderado de la misma parte, doctor Ignacio Flores (ley 21.839, t.o. ley 24.432:6, 7, 9, 19, 37 y 40). De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se fijan en seis mil cuatrocientos pesos ($ 6.400) los honorarios de la perito en sistemas Erica Victoria Bodnar y en seis mil cuatrocientos pesos ($ 6.400) los de la perito contadora Verónica Paola Spirito (Dec. Ley 16.638/57: art. 3 y ccdtes./ Cpr.: 478, 1er. párr.; introducido por ley 24.432).

Por las actuaciones de Alzada que motivaron la sentencia que antecede se fijan en ocho mil setecientos setenta pesos ($ 8.770) los honorarios del doctor Oscar Lopez Serrot, en cinco mil pesos ($ 5000) los del doctor Eduardo Guemes y en siete mil quinientos ($7.500) los del doctor Francisco A. Ruda (art.14 ley 21.839).

En cuanto a los estipendios de la mediadora, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 26.589, la fecha en que recayó la sentencia, la trascendencia económica de la materia y lo establecido en el art. 1, inc g) del Anexo III del decreto 1467/11 (conf. esta Sala «Ammaturo Francisco Horacio y otros C/Darex SA y otro S/ Ordinario»; «All Music S.R.L. C/ Supermercados Ekono S.A. S/ Ordinario» ambos del 29/3/2012), se fijan en tres mil ciento noventa y ocho pesos ($ 3.198) los honorarios de la doctora Graciela B. Curuchelar.

III. Notifíquese y devuélvase a la instancia anterior. Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

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