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No procede la extradición por un delito simple cuya pena no alcanza para aplicar el Tratado de Extradición con la República del Paraguay.

carcel 5Partes: V. S. N. s/ extradición

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 21-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92402-AR | MJJ92402 | MJJ92402

Es improcedente la extradición por un delito simple cuya pena no alcanza el mínimo para aplicar el Tratado de Extradición con la República del Paraguay.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que declaró improcedente el pedido de extradición a la República del Paraguay de la madre de los menores, por violación a la patria potestad, dado que del análisis de lo expresado en aquél, cabe concluir que el delito imputado encuadra en la figura simple, y no la agravada, también ofrecida por el país requirente, para la cual el Código Penal de la República del Paraguay contempla una pena privativa de la libertad de hasta un año , monto que no se ajusta al art. 2.1. del Tratado de Extradición con la República del Paraguay, aprobado por Ley 25.304 , que exige que el delito sea pasible de una pena intermedia mínima de dos años de prisión, conforme a la legislación del Estado requirente.

2.-Cabe agregar que lo decidido lo es sin perjuicio de las medidas que la Defensoría General de la Nación considere pertinente impulsar, en el marco de las competencias que le asigna la Ley Orgánica del Ministerio Público n° 24.946 , con el fin de preservar el interés superior de los tres niños menores de edad, actualmente en jurisdicción argentina, dado el impacto que en su relación paterno filial pudo tener su ingreso y permanencia en la República Argentina -art. 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño-.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Contra la sentencia dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Posadas, que denegó la extradición de Silvia Noemí V , requerida por las autoridades de la República del Paraguay, por los delitos de violación a la patria potestad, falsa denuncia y falseamiento de estado civil, el fiscal interpuso recurso ordinario de apelación, concedido a fojas 167.

-II-

En un incidente de falta de acción, previo a la celebración de la audiencia de debate, el a quo de conformidad con lo postulado tanto por la defensa como por el representante de la vindicta pública, consideró que habría operado la prescripción del ius puniendi respecto de los delitos de falsa denuncia y falseamiento de estado civil, por lo que no podría acordarse la entrega reclamada a su respecto.

Más allá de señalar que el análisis de la extinción de la acción penal en los trámites de extradición debe ser efectuado durante la sustanciación de la audiencia de debate (artículo 30 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal; 24.767), en tanto no se advierte perjuicio alguno para las partes, entiendo que puede ser aplicable la doctrina expuesta por el Tribunal en «Bongiovannf’ (Fallos 322:486).

-III-

Planteada así la cuestión, subsiste en esta instancia la necesidad de determinar si de acuerdo con nuestra legislación se verifica el requisito de la doble subsunción, respecto del delito de violación de la patria potestad conminado por la normativa extrartiera.

En lo relativo a este aspecto creo conveniente recordar que la configuración de aquel principio no exige identidad normativa entre los tipos penales en que las partes contratantes subsumieron los hechos que motivan la entrega reclamada, sino que lo relevante es que las normas penales de los países requirente y requerido prevean y castiguen en sustancia la misma infracción (Fallos 329:4891, entre muchos otros) y para esta constatación el juez de la extradición no está limitado por el nomen iuris del delito (Fallos 284:459y 315:575). Lo decisivo es, entonces, la coincidencia en la «sustancia de la infracción» (Fallos 326:4415).

Por otra parte, la tarea de subsunción en la legislación nacional presenta ciertas características peculiares, específicas a la naturaleza del proceso de extradición. En efecto, la doble subsunción del hecho no se realiza en un mismo plano, pues mientras que el examen de la adecuación a un tipo legal del país requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que ese país pretende probar, el examen de la adecuación del mismo hecho a un tipo legal del país requerido se efectúa sobre la base _ de que ese hecho, hipotéticamente, ‘cayese bajo su ley (Fallos 317: 1725). Es decir, «mientras que para el país requirente la existencia del hecho es hipotética, para el país requerido lo hipotético es que el hecho caiga bajo su jurisdicción» (Fallos 315:575, del considerando 5°).

Surge de la solicitud formal de extradición que Silvia Noemí V se separó en julio de 2008 de su concubino, Obdulio César C , y que en diciembre de ese año, con aprobación de las autoridades judiciales competentes de Encarnación, viajó al exterior con los tres hijos menores de edad fruto de esa relación, pero cumplido el tiempo permitido, ninguno regresó a dicha ciudad.

Por esta conducta, en el país requirente se le imputó el delito de violación de la patria potestad, en el cual se establece que:

«1º) El que sin tener la patria potestad sustrajera un menor de la patria potestad de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año-con multa. Cuando, además, el autor condujera al menor a un paradero desconocido por tiempo prolongado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.2°) El que mediante fuerza, amenaza o engaño grave ind1{jera a un menor de dieciséis años alejarse de la tutela del titular de la patria potestad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año con multa» (artículo 228 Código Penal del Paraguay).

El a qua concluyó que no se cumplía el requisito de doble incriminación en la normativa nacional, con el delito de impedimento de contacto previsto por la ley 24.270.

Para así resolver, ciñó la comparación entre los tipos penales a un somero análisis gramatical y luego, tras considerar que tanto la condición de la imputada -en cuanto a la falta de patria potestad- como su conducta -en cuanto al verbo típico sustraer- no se ven reflejadas en el delito foráneo, entendió que las normas «refieren a conductas diferentes realizadas por sujetos activos que pueden ser diferentes» (fojas 163 vta.).

A poco de repasar la sentencia se advierte que lejos de comprobar si se verificaba d requisito esencial de la doble incriminación, esto es, si el hecho por el cual se requiere la entrega se encuentra conminado en la normativa represiva nacional, el juez de la extradición efectuó una valoración sobre las circunstancias fácticas del caso, que implicó, incluso, revisar la tipificación elegida por los jueces paraguayos, circunstancia vedada de acuerdo a inveterada doctrina de la Corte (Fallos 324:1557 ).

En este sentido, cabe recordar las especiales características de este tipo de asistencia judicial internacional, que no constituye un juicio en sentido propio (Fallos 331:608), por lo que no caben en él otras discusiones que las referidas a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y, en su caso, los tratados aplicables (Fallos 333:1205), quedando el análisis de las cuestiones de fondo y la decisión sobre la culpabilidad o inculpabilidad del requerido a cargo de las autoridades judiciales extranjeras (Fallos 330:4314).

En función de lo mencionado, resta entonces determinar si el hecho imputado a la requerida puede ser subsumido en el delito previsto por la ley 24.270.

En ella se estipula que: «Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión» (artículo 1°). Y que:

«En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo» (artículo 2°).

Como puede apreciarse sin mayores dificultades de la normativa nacional, se castiga a aquel padre -en el caso, la madre- que impide el contacto de los hijos con su otro progenitor, e incluso, contempla la situación de que se valga, para ello, de un exceso de los límites de una autorización judicial, que es precisamente lo que se le reprocha a la extraditurus en el requerimiento internacional.

Por consiguiente, en atención a que el hecho objeto de imputación en el país solicitante se encuentra tipificado tanto en el ordenamiento jurídico extranjero como en el nacional, estimo que se verifica la exigencia convencional de la doble subsunción.

-IV-

En mérito a lo expuesto, entiendo que corresponde revocar ‘la sentencia apelada y conceder la extradición.

BuenosAires, 3 de Junio de 2014

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de abril de2015.

Vistos los autos: «V., S. N. s/ extradición».

Considerando:

l°) Que el señor juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Provincia de Misiones, declaró improcedente la extradición de S. N. V. a la República del Paraguay para someterla a proceso -en lo que aquí interesa- por el delito de violación a la patria potestad previsto y reprimido por el inciso 1° del articulo 228 del Código Penal de ese país(fs. 159/164, punto dispositivo II).

2°) Que, contra esa resolución, interpuso recurso ordinario de apelación el representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 165/166) que, concedido (fs. 167), fue fundado por el señor Procurador Fiscal ante este Tribunal (fs. 173/174). A su turno, el señor Defensor Oficial que interviene mejoró los fundamentos del auto apelado (fs. 177/185)

3°) Que la apelación fiscal pone en tela de juicio el fundamento brindado por el a quo para resolver como lo hizo sobre la base de la ausencia de «doble incriminación» entre el delito imputado en sede extranjera y el ordenamiento jurídico argentino.

4°) Que el «breve resumen de los hechos» de que da cuenta el pedido de extradición obrante a fs. 113/117, sólo permite relacionar la imputación a la requerida con el delito contemplado en la primer parte del inciso 1° del artículo 228 del Código Penal de la República del Paraguay según el cual «El que sin tener la patria potestad sustrajera un menor de la patria potestad del otro, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta un año o con multa (conf. transcripción acompañada según surge de fs. 114 vta.).

5°) Que en ningún momento el país requirente hizo referencia a que, además, S. N. V.habría conducido a los menores a «un paradero desconocido por tiempo prolongado» según exige el segundo supuesto contemplado por el citado inciso 1° del artículo 228 al consagrar, como modalidad agravada de violación a la patria potestad, «Cuando, además, el autor condujera al menor a un paradero desconocido por tiempo prolongado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años» (conf. transcripción, fs. cit.).

6°) Que tampoco ello surge de los antecedentes acompañados los que, por lo demás, dan cuenta de que el país requirente conocía que el último domicilio de la requerida era «Posadas- Misiones Argentina calle 58 n° 7068 Chacra 139 Villa Cabello (domicilio de la madre quien le da refugio)» (fs. 117), lugar en cuyas inmediaciones fue detenida, el 19 de octubre de 2 011, en la vía pública, a los fines de este procedimiento de extradición, constándose que vivía en las inmediaciones junto con sus tres hijos menores de edad (fs. 3 y 31/36).

7°) Que, en tales condiciones, cabe examinar la solución del sub lite sobre la base de que el delito imputado a V. en jurisdicción extranjera es el de la figura simple de violación a la patria potestad contemplada en la primera parte del inciso 1° del artículo 228 del Código Penal de la República del Paraguay.

8°) Que lo expuesto lejos está de constituir una revisión de los aspectos probatorios valorados por el juez extranjero que justificaron la orden de detención y posterior pedido de extradición, aspecto sobre el cual este Tribunal ya ha fijado limitaciones en este tipo de trámite (Fallos: 315:575), ninguna de las cuales se constata en el sub lite.Por el contrario, se trata de esclarecer debidamente el alcance del pedido de extradición frente a supuestos como el de autos en que el encuadre legal seleccionado por el país requirente ofrece dos figuras típicas -una simple y otra agravada- y la «reseña de los hechos» brindada sólo encuentra correlato con la primera de ellas.

9°) Que sentado ello, surge del caso que la primera parte del inciso 1° del artículo 228 del Código Penal de la República del Paraguay contempla una pena privativa de la libertad de «hasta un año».

10) Que ese monto no se ajusta al artículo 2.1. del Tratado de Extradición con la República del Paraguay, aprobado por ley 25.304 que exige que el delito sea «pasible de una pena intermedia mínima de dos años de prisión, conforme a la legislación del Estado requirente».

11) Que, por ello, corresponde declarar improcedente este pedido de extradición, siendo abstracto un pronunciamiento respecto de las demás cuestiones planteadas en el sub lite, sin que ello suponga un pronunciamiento a su respecto.

12) Que lo expuesto sin perjuicio de las medidas que la Defensoría General de la Nación considere pertinente impulsar, en el marco de las competencias que le asigna la Ley Orgánica del Ministerio Público n° 24.946, con el fin de preservar el «interés superior» de los tres niños menores de edad actualmente en jurisdicción argentina dado el impacto que en su relación paterno filial pudo tener su ingreso y permanencia en la República Argentina (artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Por lo expuesto, oído el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve: Rechazar el recurso de apelación ordinario interpuesto y confirmar la resolución de fs. 159/164 en cuanto declaró improcedente el pedido de extradición dé S. N. V. a la República del Paraguay por violación a la patria potestad.

Notifíquese, tómese razón y devuélvase a sus efectos.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA

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