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Alerta en empresas: el Congreso analizará proyectos para limitar la tercerización

TercerizaciónLas empresas recurren a «tercerizar» parte de sus actividades, dentro del marco legal, para así poder cumplir con sus objetivos sin tener que pagar cuantiosas cargas sociales, en un país que presenta una presión tributaria difícil de soportar, más aun en un contexto recesivo.

Al subcontratar, las compañías apuntan a reducir el staff interno y el número de procesos, lo que les permite -a priori- hacerse de un mayor control de costos, optimizar el desempeño y la calidad, lo que les facilita la gestión de la producción. Apunta también a achicar erogaciones administrativas.
La tercerización en las empresas locales creció casi 40% durante 2013 y 2014, según da cuenta un relevamiento de la consultora BDO Argentina realizado junto con la consultora Ceop .
Los servicios más «derivados» a terceros bajo esta modalidad son:

– Los de personal eventual, como limpieza y vigilancia (64%)
– Administrativos de áreas contabilidad, impuestos y liquidación de nóminas (50%)
– Servicios tecnológicos (35%)
– Logística y distribución (35%)

El informe da cuenta de que ocho de cada diez compañías terceriza parte de sus tareas o procesos pese a que, en muchos casos, las quejas de los empleados estén a la orden del día.

El reclamo más habitual es la falta de equidad entre quienes desarrollan estas tareas respecto del personal permanente.

Es que, en muchos casos, cumplen con iguales tareas y desarrollan la misma carga horaria pero no son retribuidos ni tampoco reconocidos de idéntica forma.
Esto se presenta como un arma de doble filo para las firmas. Es decir, como una solución para hoy y un gran problema para mañana, ante un posible incumplimiento de la firma contratante para con su empleado.

En estos casos, la compañía principal (la que contrató) termina respondiendo ante juicios laborales efectuados a la secundaria (la que fue contratada para desarrollar la actividad).
Los empresarios consideran que la conflictividad laboral derivada de la tercerización es un problema creciente y cuestionan la cantidad de sentencias adversas que están padeciendo.
Argumentan que «esa falta de equidad se plasma en los crecientes fallos en favor de la parte trabajadora, que a su vez incentivan el crecimiento en la presentación de demandas».
«La cantidad de juicios se ha incrementado de tal manera que las empresas (a las que les resulta mejor pactar que llegar a un litigio) han tenido que llegar a acuerdos monetarios hasta en causas inventadas», afirmó la experta Claudia Kalinec.
Los ejecutivos están preocupados. Más aun en un contexto en el que la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se apresta a tratar modificaciones al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Límites a la subcontratación
Este miércoles, se debatirán dos propuestas. Una fue presentada por el diputado Facundo Moyano y otra por el titular de dicho cuerpo, Héctor Recalde.
El proyecto de Moyano consta de dos artículos que dicen lo siguiente

De acuerdo al hijo del titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) opositora, su propuesta tiene por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador que, a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas, se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales.
Además, señaló que se busca dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales, ya que la situación actual ha dado lugar a lecturas y aplicaciones divergentes.
Es decir, se propone que la solidaridad de la empresa principal por los incumplimientos de contratistas o subcontratistas tenga un alcance amplio, comprendiendo a todos los supuestos en que aquellos trabajos correspondan sea a su actividad principal como accesoria.
Por otro lado, se deslinda del artículo 30 e incorpora como artículo 30 bis al segundo, tercero y cuarto parráfo, pero se les otorga un sentido claramente diferente.
“La obligación del principal de exigir tales datos o instrumentos formales se elimina del artículo 30, a fin de que no pueda sostenerse que solo a ello se limita la obligación de control de la empresa principal”, explicó Moyano.
De esta forma, la responsabilidad solidaria del principal nacerá frente a cualquier tipo de incumplimiento del contratista o subcontratista.
En tanto, se mantiene la obligación de la empresa principal de exigir a sus contratistas y subcontratistas el CUIL de cada trabajador, la constancia de cobro de remuneraciones, la copia de los comprobantes de pagos mensuales al sistema de Seguridad Social, una cuenta corriente bancaria y cobertura por riesgos de trabajo, previendo que el incumplimiento de tal deber será considerado infracción grave en los términos del Pacto Federal de Trabajo ratificado por Ley 25.212.
La propuesta de Recalde
En tanto, el ex asesor de la CGT y actual titular de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, busca incorporar como último párrafo del mencionado artículo 30 lo siguiente:

Propone que en tales supuestos se disponga expresamente que será de aplicación a los dependientes del contratista o subcontratista la ley y el convenio colectivo más favorable para las liquidaciones salariales.
«Esta formulación deja a salvo la utilización de otra normativa legal o convencional que también pudiera ser aplicable según la actividad del contratista o subcontratista y resultara más favorable a aquella que correspondiera a la empresa principal», explicó Recalde.
Un problema complejo
«Actividades que tradicionalmente eran propias de la compañía hoy ya no lo son. Antes, las empresas tenían el estudio contable externo para hacer auditorías y ahora, además, tienen uno interno, para hacer archivo, conciliaciones bancarias, ingresos de facturas», detalló un especialista consultado por iProfesional.
Para Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur, el tema «debe dar lugar a una apreciación restrictiva, pues no todas las actividades son inherentes a la que resulta ser principal, habitual, normal, permanente y específica del establecimiento, ni está relacionada al logro de los fines de la empresa».
Una eventual reforma -para despejar dudas y detener controversias – «no tendría otra alternativa que definir qué se entiende por actividad principal y actividades accesorias o que contribuyen al fin específico de la primera», concluyó Carcavallo.
«El agregado desnaturaliza, incluso, el contenido y alcance del primer párrafo de este artículo, donde se consigna la conceptualización de la subcontratación o externalización de actividades que no resultan propias del cometido principal», consideró Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.
En dicho contexto, enfatizó que «esta iniciativa parte de la premisa de no conocer cómo operan los procesos de tercerización por razones de especialidad, por ejemplo».
«Pretender aplicar el principio de la norma más favorable no hace más que confirmar que un lugar físico donde se presten tareas no puede ser el centro de imputación normativa», agregó.
«En ocasiones, se impulsan iniciativas que parecería que pretenden prohibir un proceso que acompaña a la producción de bienes y servicios, cuando en rigor de verdad lo que deben ajustarse son los controles y fiscalización para que no conlleven precarización del empleo», concluyó.

Fuente: Infobae

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