#NiUnaMenos: combatir la ignorancia, para erradicar la violencia.

ni-una-menos1Fecha: 4-jun-2015

Cita: MJ-MJN-87364-AR

«La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz». Kofi Annan

Por :Eduardo C. de Luján Auliu (*)

Cualquiera sea la reflexión que tenga lugar en tiempos de concientización, es imperioso despejar dudas respecto de un oportunismo que, de modo vertiginoso y poco menos que irrefrenable, termina por convertir en «moda» cualquier reclamo masivo, cualquier grito popular que se precie, sin miramientos en respecto del daño que a plazo mediato ha de generar.

La «violencia de género» ocupa desde hace tiempo las portadas de medios digitales y diarios tradicionales, los títulos de radio y televisión; cada quien se expresa de modo arbitrario y venal, con supuesto conocimiento, con pretensas buenas intenciones. Sin embargo, el aspecto más dañino de la violencia contra las mujeres se frivoliza día a día, bajo la cuña de un término que ante el desconocimiento deviene inidóneo. Si hasta hay quienes éticamente errados pretenden subvertir la terminología en pos de marcar cual verdad revelada la existencia de una violencia inversa, al señalar carentes de academicismo -pero visiblemente entusiasmados por mantener una postura cuasi contracultural- que «la violencia de género también es de una mujer hacia un hombre». Especialistas que sostienen lo dicho, no faltan y su postura es fundada, razonable, aunque hoy inoportuna. Tal el caso de Adriana Silva, quien afirma que la violencia de género puede tener como víctima a un hombre, en tanto la mujer que la ejerce se aprovecha de un conjunto de valores que dan como resultado un estereotipo de varón respetuoso de las mujeres, que mantiene como precepto de vida la no agresión al sexo femenino, y el respeto a ultranza por las mujeres.

Aun cuando se reconoce que la doctrina minoritaria eventualmente menciona situaciones inversas a las hoy penosamente difundidas, sea dicho, la batalla contracultural antes referida sería totalmente diferente. Estaría a todas luces marcada por demostrar que si bien las violaciones de los derechos humanos en general afectan tanto a los hombres como las mujeres y en el mejor de los casos la «violencia de género» pudiera ser incluso -según la doctrina- de mujeres hacia hombres, el daño producido lógicamente variará conforme el género de la víctima. Diversos informes que analizan situaciones de violencia, sus escaladas, efectos e índices, marcan con claridad que toda agresión dirigida a una mujer encuentra sustento fáctico y vinculación con la desigualdad resultante de la distribución del poder, que no hacen más que reproducir una oprobiosa asimetría tendiente a perpetuar la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino.

Ha de quedar claro, para evitar confusiones y eventualmente erróneos -pero intencionales- discursos que socaven la cuestión, que la violencia contra las mujeres, conocida coloquialmente como «violencia de género», es diferente a otros tipos de violencia, ello por cuanto las agresiones y la coerción que se ejerce sobre las mujeres responden a la asignación previa de lugares en que se las ubica como vulnerables, frágiles.

La violencia de género, entendida como violencia contra las mujeres, puede categorizarse conforme la doctrina mayoritaria y la Ley 26.485 -art. 5 – como: física, si la víctima es atacada en términos corporales; psicológica: cuando la víctima es humillada, menoscabada en su fuero íntimo a causa de su condición de mujer; económica, en tanto la víctima no tenga derecho a acceder a un trabajo, o bien se vea subordinada a la dependencia del maltratador; sexual, cuando la coacción tiende a forzar relaciones íntimas que la víctima no desea ni consiente en todo o en parte -v. gr., la negativa a utilizar métodos anticonceptivos-; ambiental, consistente en el ataque y eventual rotura y destrucción de elementos sobre los cuales la víctima pudiera tener cierto apego; social, tendiente a aislar a la víctima de sus círculos cercanos, y/o humillarla en público; y simbólica, basada en la representación sublimada de la mujer que tiene a la cosificación y degradación por medio del desprecio y la burla por lo que son y/o hacen y la justificación de la subordinación femenina y la violencia.

El art. 6 de la Ley 26.485 marca con claridad los ámbitos en los cuales la violencia contra las mujeres puede llevarse a cabo:

a) Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en él, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929 .

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Conocidas las características y los ámbitos en que se desarrolla, es fundamental comprender que la «violencia de género», se insiste, basada en estereotipos culturales y sociales, y como sinónimo casi unánimemente aceptado de violencia contra las mujeres, responde a figuras basadas en el ejercicio y tenencia del poder, que encuentran antecedente en la llamada socialización genérica, la cual marca desde tiempos remotos la dominación del hombre y sumisión de la mujer.

En lo que refiere a la teoría, la experta Leonor Walker sostiene que el ciclo de la violencia puede segmentarse en tres fases. La primera, en que se produce acumulación de la tensión en la que la víctima percibe como el agresor va volviéndose más susceptible y a raíz de ello responde con mayor agresividad, buscando y encontrando motivos de conflicto. La segunda fase, se caracteriza como el estallido de la tensión en la que la violencia finalmente explota dando lugar a la agresión; y finalmente la tercera y última fase se denominada «de arrepentimiento» donde el maltratador pide disculpas a la víctima y se muestra ofuscado por lo sucedido.

El art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 1994 de Naciones Unidas establece la violencia de género como «todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada», y en la Argentina, la Ley 26.485 sancionada hace poco tiempo tiene como finalidad prevenir la violencia de género estableciendo su sanción y erradicación.

Transcurrida la jornada de movilización que unánimemente se ha manifestado en pos de la eliminación de violencias -de todo tipo- contra la mujer, no se han de perder de vista los cinco puntos fundamentales que transversalmente marcaron tan noble convocatoria. A saber:

1) La implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres que está en la Ley 26.485, en tanto es menester que se cumpla lo establecido integralmente, que a su vez tenga lugar monitoreo y presupuesto para desarrollar lo antes expresado.

2) Garantizar el acceso a la Justicia -y a justicia- a las víctimas, esto es, la existencia de patrocinio jurídico gratuito, a los efectos de no producir una indeseable revictimización.

3) La presentación de estadísticas oficiales sobre femicidios, ya que al día de la fecha los datos con que se cuenta son provistos por la asociación civil Casa del Encuentro. Es imperiosa la necesidad de contar con datos oficiales, para poder implementar políticas acordes con sobrado conocimiento de campo.

4) Garantizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles en virtud de la ley que desde 2006 establece que todas las escuelas del país y en todos los niveles (público y privado) se difundan estos contenidos.

5) Garantizar y propender a la protección de las víctimas, puesto que una mujer que hubo sido agredida, es necesario que obre denunciando el hecho. Al hacerlo, se activa un proceso investigativo contra el agresor, de manera que para evitar represalias harto vistas, el Estado debe poner a disposición de quienes denuncian las medidas tendientes a su adecuada y efectiva protección.

Gran parte de los reclamos a este respecto están dados a causa de que si bien la norma de fondo es considerada de avanzada, una ley modelo, y fue parcialmente reglamentada en el año 2010 (Dec. 1011/2010 ) aún no fue implementado el Plan Nacional para hacerla cumplir ni otros recursos presentes en ella. A ello, debe sumarse el hecho, ineludible, del actuar jurisdiccional. El Poder Judicial suele caracterizarse por una consecuente falta de tacto en materia de género, pues carece de perspectiva a estos efectos, o bien, cuando la tiene, no coincide con tiempos actuales y acontecimientos largamente repetidos. Así, desconociendo la cuestión de género, es altamente probable, cuando no inevitable, que tenga lugar la discriminación de la mujer y con ello la legitimación de la violencia.

Para prevenir la violencia de género es condición sine qua non tender a la educación de la comunidad, informar a través de los medios de comunicación sin tornarse tendenciosos ni frivolizar los casos, difundir la problemática del tema, sus efectos y consecuencias que en muchos casos son irreversibles. El Estado debe implementar políticas sociales tendientes a erradicar la violencia de género en la sociedad, ya que no es esta una problemática que solo afecta a un colectivo. Las mujeres son madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, novias, por ello, quien las afecte en la intimidad, en su sentir y/o en su condición física, terminará por afectar a toda una familia, célula fundante de la sociedad como se la conoce; y aun cuando la víctima no tuviere vínculo cercano con quien fuere, la afectación de una mujer es de un patente disvalor que por el solo hecho de pertenecer a una comunidad pretendidamente civilizada se ha de repudiar con total vehemencia.

La negligencia en general, la omisión de organismos oficiales que no proveen del presupuesto necesario para el desarrollo de las acciones tendientes a aminorar y con ello consecuente y paulatinamente solucionar el problema, el lucro permanente de los medios, y la resistencia a la actualización de conceptos por parte de algunos círculos académicos y jurisdiccionales, dejan como saldo al día de la fecha una mujer muerta cada 31 horas. Una multitud marchó al Congreso para decir «Ni una menos», entonces, un paso más se ha dado; la paciencia de los colectivos siempre tiende a agotarse, y el colectivo femenino con el lógico apoyo de los ciudadanos de bien, ha lanzado una suerte de «basta», amplificado por miles de voces que no hacen más -ni menos- que repudiar conductas cuyo resultado es privar a las mujeres de sus derechos personalísimos, cuando no de su vida toda. Entonces, sin caer en simplismos, ni inexactos reduccionismos, puede afirmarse que la carencia de educación tiende a perpetuar los estereotipos y los preceptos machistas, que en definitiva, llevan a contemplar inexorablemente consecuencias que ninguna sociedad contemporánea puede concebir, por ello, como reza el título del presente escrito, combatir la ignorancia es primordial para erradicar la violencia.

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(*) Abogado, UBA. Periodista. Especialización en Derecho del Trabajo, UBA (en curso). Coordinador de Laborjuris, suplemento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Microjuris, y de Salud, Derecho y Bioética, Microjuris.

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DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Legislación:

– Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales N.° 26485 .

– Decreto PE 1011/2010 , reglamentario de la Ley N.° 26485 de Protección Integral a las Mujeres.

Doctrina audiovisual:

– Bentivegna, Silvina A.: «Doctrina audiovisual: Violencia familiar y de género», Doctrina Microjuris, 6/11/2014, MJD7204 .

Doctrina:

– Berterreix, María L.: «Femicidio: ¿hacia la eliminación del flagelo social?», Doctrina Microjuris, 24/4/2015, MJD7160 .

– Burlini, Daniela – Corbacho, Roxana: «La violencia económica hacia las mujeres. Género y vulnerabilidad», Doctrina Microjuris, 10/11/2014, MJD6952 .

– Bentivegna, Silvina A.: «Violencia de género: atribución de responsabilidad al Estado provincial por omisión de protección. Comentario al fallo «Q. R. B. y otro c/ Provincia de Córdoba»», Doctrina Microjuris, 14/5/2015, MJD7228 .

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