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Denuncia a secretaria de un juzgado que actuó en un proceso judicial sin la debida autorización.

sentenciaPartes: P. M. L. L. c/ R. A. F. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 20-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92234-AR | MJJ92234 | MJJ92234

Denuncia respecto de la secretaria de un juzgado que actuó en un proceso judicial sin la debida autorización. Rechazo de la acción de daños interpuesta por la funcionaria por denuncia injuriosa.

Sumario:

1.-No resulta injuriosa la denuncia formulada por el letrado demandado respecto de la secretaria de un juzgado que intervino en una sucesión habiendo solicitado autorización para actuar como apoderada de un conocido, toda vez que no se verifica un accionar subjetivamente reprochable del demandado, quien contaba prima facie con elementos suficientes para formular la denuncia en tanto la venia otorgada a la funcionaria debía ser revocada, dado que en la solicitud original no quedaba claro el alcance del mandato en cuestión y en la resolución del Tribunal de Superintendencia se le solicitó que se abstuviera de representar a su mandante en expedientes judiciales.

2.-Para que se genere la responsabilidad civil derivada del supuesto contemplado en el art. 1089 del Cciv. no es indispensable la imputación de un delito penal, ya que dicha norma se refiere no solo a las calumnias sino también a las injurias de cualquier especie, quedando abarcados todos los daños provocados por conductas que atacan el honor, aunque no encuadren en un tipo penal, ya se trate de perjuicios materiales o del daño moral

3.-Resulta necesario, para que proceda la condena del demandado por los daños derivados de una denuncia injuriante, que existan elementos que demuestren que la imputación que efectuó contra el actor no encontraba sustento alguno en los hechos. Si, por el contrario, existiera un razonable basamento objetivo para esas imputaciones, o si ellas hubiesen sido efectuadas con la suficiente verosimilitud de quien creyó actuar real y fundadamente con la convicción de que contaba con elementos suficientes para avalar su postura, se trataría del ejercicio regular de un derecho, lo que inhibiría la acción de responsabilidad.

4.-La injuria es una figura genérica que consiste en deshonrar o desacreditar a una persona, mientras que la calumnia se configura mediante la imputación falsa de un delito doloso o una conducta criminal dolosa, aunque sea indeterminada.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2015, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «P. M., L. L. c/ R., A. F. s/ daños y perjuicios» y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.- La sentencia de fs. 476/500 desestimó la demanda promovida por L. L. P. M. contra A. F. R., con costas a cargo de la vencida.

La decisión fue apelada por la demandante. En su expresión de agravios, la interesada sostuvo -en síntesis- que: a) la sentencia de primera instancia se pronuncia sobre asuntos ajenos a su competencia, y vinculados con una cuestión -la denuncia formulada por el demandado- que ya fue resuelta por el Tribunal de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; b) se encuentra comprobado en el expediente que las imputaciones formuladas por el Dr. R. eran falsas, y que tuvieron por objeto afectar su intervención como mandataria en la sucesión que menciona, y c) resultó desacertado, en consecuencia, el rechazo de los rubros indemnizatorios pretendidos.

Los fundamentos de la demandante fueron contestados a fs. 560/569.

II.- Liminarmente es preciso poner de resalto que no se encuentra debatido en la causa que el día 20 de octubre de 2003 la Dra. P. M., secretaria del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 6, solicitó al titular de dicha dependencia que se la autorizara a actuar como mandataria de «.una persona de mi conocimiento.»(sic.), pues esta última pretendía otorgarle un poder general de administración y disposición de sus bienes, debido a que debía ausentarse del país por un tiempo prolongado (vid. fs. 18). Dicho pedido fue, a la postre, admitido por el Tribunal de Superintendencia del fuero mencionado (el día 27 de octubre del mismo año, vid. fs.22), y el 2 de diciembre del mismo año se otorgó el mentado poder, conforme surge de la copia del instrumento aportado por la actora a fs. 24/27.

Tampoco es objeto de debate que la Dra. P. M., en ejercicio del mandato conferido, intervino en la sucesión caratulada «Mantilla, María Rosa s/ sucesión ab-intestato», en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 62.

Finalmente, es de destacar que no es objeto de controversia que el día 11 de mayo de 2005 el Dr. R. formuló una denuncia contra la demandante ante la cámara antes citada, lo que motivó la promoción de la presente acción de daños, debido a que la funcionaria judicial ya mencionada consideró injurioso el accionar de dicho letrado al realizar la denuncia en cuestión.

III.- Cabe recordar que, como es sabido, la injuria y la calumnia constituyen atentados contra el honor, derecho personalísimo de rango constitucional (art. 33, Constitución Nacional; art. V, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas ellas de rango constitucional en los términos del art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna). La injuria es una figura genérica que consiste en deshonrar o desacreditar a una persona, mientras que la calumnia se configura mediante la imputación falsa de un delito doloso o una conducta criminal dolosa, aunque sea indeterminada (Vázquez Ferreyra, Roberto A., Comentario al art. 1089 en Bueres, Alberto J. (dir.) – Highton, Elena I. (coord.), Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, p. 280).

Para que se genere la responsabilidad civil derivada del supuesto contemplado en el art.1089 del Código Civil no es indispensable la imputación de un delito penal, ya que dicha norma se refiere no solo a las calumnias sino también a las injurias «de cualquier especie». Con ello quedan abarcados todos los daños provocados por conductas que atacan el honor, aunque no encuadren en un tipo penal, ya se trate de perjuicios materiales (incluidos por la referencia de la norma al «daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero») o del daño moral (Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al art. 1089 en Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 246/252; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2008, actualizado por Alejandro Borda, t. II, p. 273/274, n° 1353; Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 661/662, n° 2487; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, t. IV-A, p. 102 y ss., n° 2386 y 2389).

Explica Kemelmajer de Carlucci que hay dos requisitos para que se configure la injuria. En primer lugar, debe existir un acto que desacredita o deshonra. La injuria puede realizarse de las más diversas formas (bofetón, alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones, etc.), de manera verbal o escrita, puede ser ejecutada directa o indirectamente (en forma manifiesta o encubierta), y provenir de actos comisivos o de omisiones. Para saber si un hecho o una omisión es injuriante hay que apreciar los antecedentes del caso, como ser el lugar y ocasión en que fue proferida, las relaciones entre ofensor y ofendido, etc. En segundo término, debe valorarse el elemento subjetivo; no es imprescindible que medie dolo, pero es preciso, al menos, la existencia de culpa del agente (Kemelmajer de Carlucci, op. cit., t. 5, p. 246/248, ap.6).

Sin perjuicio de los recaudos previstos, en general, para la procedencia de la acción tendiente a obtener el resarcimiento de los daños ocasionados por el accionar injurioso del sindicado como responsable, no se pierden de vista las circunstancias particulares del caso sub examine, en el cual la denuncia se vinculó con el accionar de una funcionaria del Poder Judicial de la Nación.

Teniendo en cuenta ello, cabe traer a colación la asentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se ha ocupado de establecer en qué términos se compatibiliza la libertad de expresión con los derechos personalísimos a la intimidad y el honor de las personas. Como es sabido, el alto tribunal ha adoptado el standardde la «real malicia» para el caso de informaciones inexactas referentes a funcionarios o perso -nas públicas, de acuerdo al cual, para responsabilizar al emisor de la noticia, es necesario demostrar que la ha difundido a sabiendas de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su veracidad (Fallos, 319:3418). Asimismo, en otro pronunciamiento dijo la corte: «En el marco del debate público sobre temas de interés general, y en especial sobre el gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de funcionarios públicos, ya que no se daña su reputación mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa» (CSJN, 24/6/2008, «P., J. A. y otro c. Diario La Nación y otros», LA LEY 14/07/2008, p. 11).

Sin embargo, es pertinente realizar dos aclaraciones respecto de esta doctrina. En primer lugar, el criterio de la actual maliceha sido desarrollado, en particular, respecto de las informaciones divulgadas por la prensa, situación que no se configura en el sub lite.En segundo término, en la causa que acaba de citarse, la corte aclaró que su afirma -ción referida a que las opiniones no pueden comprometer la responsabilidad civil de quien las formula no abarca «otras posibles afectaciones de lo que genéricamente se denomina honor, distintas de la difamación, tales como las expresiones ofensivas, provocativas o irritantes, que pueden caber en la categoría de ‘insulto’»(considerando 9 del voto de la mayoría). De todos modos, entiendo que ello no impide poner de resalto el especial acento que la jurisprudencia del alto tribunal viene poniendo en la necesidad de tratar con cautela los casos en los que quien alega una violación de su honor o intimidad es un funcionario público.

En definitiva, por las razones que vengo exponiendo, entiendo que, para que proceda la condena del demandado, es necesario que existan elementos que demuestren que la imputación que efectuó contra la demandante no encontraba sustento alguno en los hechos, y es, por el contrario, el fruto de un obrar doloso o gravemente negligente de su parte. Si, por el contrario, existiera «un razonable basamento objetivo»para esas im-putaciones, o si ellas hubiesen sido efectuadas «con la suficiente verosimilitud de quien creyó actuar real y fundadamente con la convicción de que contaba con elementos sufi ­ cientes para avalar su postura», nos hallaríamos ante el ejercicio regular de un derecho, lo que inhibiría la acción de responsabilidad (Cám. 6ª Apel. Civ. Com. Córdoba, 3/10/2007, «F., R.A. c. Rasic. Hnos.S.A.», LLC, 2007-1071).

IV.- Partiendo de esas premisas, entiendo que -más allá del exceso argumental en que incurrió el magistrado de primera instancia en la decisión recurrida, que se tradujo en apreciaciones personales y afirmaciones innecesarias para la resolución de esta causa – en el caso no se verifica un accionar subjetivamente reprochable del letrado demandado, quien contaba prima facie con elementos suficientes para formular la denuncia que realizó. Me explico.

Como ya lo expuse en el considerando II de este voto, no se encuentran debatidos en la causa los términos en que la demandante formuló su pedido de autorización ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el cual únicamente informó al mentado tribunal que el poder general le sería conferido por una persona de su conocimiento, sin mayores aclaraciones (vid. fs. 18). Sin embargo, lo cierto es que -co mo expresamente lo mencionó el Dr. R. en la denuncia que motivó la promoción de estos autos- ante la secretaría a cargo de la Dra. P. M. había tramitado, con anterioridad al pedido de autorización, el expediente caratulado «Schaab, Juan Carlos c/ Pen.-Dto. 1570/01 Ley 25561/02 s/ Amparo Ley 16.986» (expte. n° 2.872/02), en el cual era parte quien luego se constituyó en mandante de la funcionaria judicial (vid. fs. 26/27 de la causa citada). Es decir, existía una circunstancia relevante que no fue informada por la demandante al superior.

Asimismo, no puede perderse de vista que, si bien la denuncia formulada por el letrado aquí demandado fue desestimada, lo cierto es que, en su disidencia parcial, la Dra. Jenneret de Pérez Cortes consideró que la venia otorgada a la funcionaria debía ser revocada, dado que en la solicitud original no quedaba claro el alcance del mandato en cuestión, que parecía referirse únicamente a actos aislados de administración o disposición (vid. fs. 37). Por su parte, a fs.330 se encuentra glosada la resolución del Tribunal de Superintendencia de esa cámara, en la cual se solicitó a la aquí actora que «.se abstenga de presentarse en representación de la Srta. Dolores María de las Carreras en expedientes judiciales, apoderando al letrado interviniente a los fines que corresponda».

Estas constataciones, más allá de la decisión que haya recaído en definitiva sobre la denuncia formulada, permiten concluir que no se encuentra acreditado en la causa que el letrado demandado haya actuado con culpa grave o dolo al formular la denuncia en cuestión. Y esta conclusión no se vincula con la idoneidad de la actora para el ejercicio de la función, sino con la existencia de elementos que pueden haber razonablemente generado en el demandado la convicción de que había mérito suficiente para efectuar la denuncia que realizó.

En consecuencia, propongo al acuerdo desestimar los agravios vertidos por la apelante y confirmar la decisión adoptada en la instancia de grado, aunque por los undamentos expuestos en el presente. Con costas de alzada a la actora vencida (art. 68, Código Procesal).

La Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhiere al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. Sebastián Picasso y Liliana E. Abreut de Begher.

Buenos Aires, de abril de 2015.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:I.-confirmar la decisión adoptada en la instancia de grado, aunque por los fundamentos expuestos en el presente.

Con costas de alzada a la actora vencida (art. 68, Código Procesal).

II.- A fin de conocer en las apelaciones deducidas y fundadas a fs. 507/508 (y fs. 511), -cuyo traslado no fue contestado- contra los honorarios regulados a fs. 499 vta./500, es de señalar que en los supuestos de rechazo de demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión (conf.Fallo Plenario «Multiflex S.A. c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre CNCiv. (en pleno) 30-09-1975 La Ley Colección Plenarios pág. 509 ).

A tales efectos y a tenor de los agravios vertidos por los apelantes, es de señalar que, es criterio de este Tribunal, que en estos supuestos debe considerarse como base regulatoria únicamente al capital reclamado en la demanda que ha sido desestimada no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los honorarios, pues para que esto ocurra se requiere que hayan sido objeto de reconocimiento en el fallo definitivo (confrontar en este último aspecto art. 19 del Arancel, y esta Sala en autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11 de esta Sala).

Sentado ello, habrá de considerarse junto a la pauta cuantitativa mencionada, la naturaleza del proceso, su resultado, complejidad jurídica del asunto, etapas cumplidas, mérito de la labor profesional apreciado por su calidad y extensión, así como las rest-antes pautas que establecen los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y ccs. de la ley 21.839 -t.o. Ley 24.432.

En virtud de lo expuesto y por no ser reducidos se confirman los honorarios es -tablecidos en conjunto a favor de la dirección letrada de la parte demandada, Dres. D. R. C., D. R. y A. F. R.

Asimismo y en atención al estado de autos, por las actuaciones cumplidas ante esta Alzada, que culminaran con el dictado del presente pronunciamiento, regúlanse los honorarios de los Dres. Daniel R. C. y D. R., en conjunto, en la suma de ($.) y los del Dr. Carlos A. Varese, letrado patrocinante de la actora, en la de ($.) (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

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