Un fallo de restitución internacional de dos niñas a Estados Unidos. Competencia del tribunal argentino. Límites

adopcionAutor: Quaini, Fabiana M.

Fecha: 20-may-2015

Cita: MJ-DOC-7241-AR | MJD7241

Sumario:

I. Hechos de un secuestro interparental. II. Decisión de la Suprema Corte de Buenos Aires. III. Consideraciones sobre el fallo de la Suprema Corte. IV. Las decisiones espejo. V. Los tiempos de los tribunales argentinos. VI. Las defensas técnicas y dilaciones provocadas. VII. La autoridad central y jueces de enlace. VIII. Conclusion.

Jurisprudencia comentada:

(Acceso con clave, solicitala haciendo clic aqui)

D. P. c/ A. A. S. s/ exhortos y oficios – CSJN – 14-abr-2015

D. P. c/ A. A. S. s/ exhortos y oficios – SCBA – 23-dic-2013

Doctrina:

Por Fabiana M. Quaini (*)

I. HECHOS DE UN SECUESTRO INTERPARENTAL

Una madre residente en el estado de Colorado, Estados Unidos, viaja a Argentina con sus dos hijas, sin haber solicitado autorización del padre de ellas, quien era el principal responsable de la custodia de ambas niñas. El progenitor solicita la restitución por la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Restitución Internacional de Menores , ratificada por Argentina por la Ley 23.857 .

Una jueza de Familia de Pilar, provincia de Buenos Aires, que entendió en la causa, decide la no restitución y en su lugar acuerda un régimen de visitas. Luego, la Cámara de Apelaciones de San Isidro revoca la sentencia de la jueza de Pilar, ordenando la restitución inmediata, y el caso llega a la Suprema Corte de Buenos Aires por recurso de inaplicabilidad de la ley y nulidad, interpuesto por la madre demandada.

La Suprema Corte confirma la restitución de las niñas a Estados Unidos . La demandada interpone recurso extraordinario federal, el que es desestimado «in limine» por la misma Suprema Corte, reputándose inoficiosa la actuación respectiva, por no respetar los requisitos formales exigidos por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, dice la SCBA que se ha excedido en forma notoria el límite máximo vinculado a la extensión del escrito, ya que no debe ser mayor a cuarenta páginas de veintiséis renglones cada una (art. de 1 de la Acordada), cuando el libelo presenta 73 páginas, muchas de ellas con más de 26 renglones.

A la denegatoria del recurso extraordinario, la demandada interpone recurso de queja, el que se declara inadmisible.La sentencia que ordenaba la restitución de las niñas quedó firme sin más posibilidad de ser recurrida.

Posteriormente a ello, la jueza de Familia de Pilar, que tenía que cumplir con la ejecutoria de la sentencia, ordena la inmediata restitución de las niñas a Estados Unidos dando cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte, con medidas que las partes concertaron.

Luego de la decisión de la jueza de Familia de Pilar, la demandada nuevamente interpone dos recursos «per saltum» a la Corte Suprema de Justicia de La Nación, los que son desestimados y se mandan a archivar . En uno de ellos la Corte Federal indica que «teniendo en mira el interés superior del niño -que debe primar en este tipo de procesos- y a fin de evitar una dilación indebida de su trámite que frustre la finalidad para la que fue concebido, corresponde exhortar a los padres de las menores a prestar la máxima colaboración en la ejecución de la restitución a los efectos de evitar a las niñas una experiencia aún más conflictiva. Igual exhortación cabe dirigir al tribunal de familia a cargo de la causa, para que adopte, con la celeridad y premura del caso, las medidas que tiendan a salvaguardar los derechos e intereses de todos los intervinientes».

II. DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES

1. Rechazo de la nulidad y de la inaplicabilidad de la ley

La Suprema Corte rechaza el recurso de nulidad y aduce que la apelante expone su discrepancia con el encuadre legal del caso efectuado por la Cámara de Apelaciones, ya que la sentencia estaba bien fundada en derecho en primera instancia y por ello no debía prosperar.Respecto al recurso de inaplicabilidad de la ley, se plantea que se estaba frente al Convenio de La Haya sobre Restitución de Niños, haciendo referencia a que no se estaba discutiendo que el padre tenía la custodia de las niñas y la madre había violentado dicha custodia, conforme el derecho aplicable del lugar en el cual las menores tenían su residencia habitual antes del traslado irregular. En este sentido, la señora jueza del Tribunal de Distrito de Garfield, Colorado, había resuelto que el padre estaría a cargo de la tenencia de las niñas, quienes debían permanecer con él en los Estados Unidos. Así, la alzada concluyó que se trataba de una situación de traslado ilícito de las niñas a este país, categorización que también alcanzaba a la permanencia de aquellas en este territorio contra la voluntad paterna.

Por ello, dice la Corte que como dicha conclusión no ha sido rebatida por quien recurrió, verificada la ilegalidad del traslado o retención, el país requerido solo podrá denegar la restitución si se configurasen algunas de las situaciones de excepción previstas por los artículos 13 y 20 de la Convención.

2. Análisis de la Corte de las excepciones expuestas por la demandada

A. Madre, primera cuidadora de los niños

La madre adujo como excepción el artículo 13 b) de la Convención diciendo que ella es la primera cuidadora e las niñas, que en ella ven seguridad y que no conocen prácticamente a su padre por el tiempo transcurrido. El informe pericial explica que del lado del padre respecto a las hijas hay un silencio y que sí tienen un vínculo fuerte con su madre. La Suprema Corte refiere a que esta identificación de soporte afectivo se intensifica ante el temor de pérdida frente al regreso. Considera necesario que la madre al ordenarse la restitución acompañe a sus hijas de regreso a EE. UU.y que, a su vez, el juez requirente atienda a las particularidades antes expuestas, en cuanto se deberían tomar medidas que ayuden a prevenir que las niñas sufran mayores daños.

Resalta que, en definitiva, con la solución propuesta se alcanza el propósito del tratado, que es regresar el caso para su juicio dentro del foro de la residencia habitual pero, al mismo tiempo, con estas salvaguardas, se asegura que el tribunal de origen tome las medidas adecuadas para garantizar la protección de las niñas ante la vulnerabilidad en que estos factores adversos las posicionan después de la restitución.

B. Nuevo centro de vida

Otros de los planteamientos dentro del espíritu signado por el artículo 13 b) de la Convención fue que la madre adujo justamente el paso del tiempo y que las niñas tenían ya un nuevo centro de vida en Argentina. La Corte sostuvo que la Convención de La Haya exige para su configuración, además de la acreditación de que el niño se encuentre integrado al nuevo medio, la circunstancia de que el reclamo haya sido efectuado con posterioridad al trascurso de un año de ocurrido el traslado o la retención ilícita, supuesto que no se configuraba en la especie.

C.Medidas de resguardo solicitadas por la Suprema Corte

La Corte expresa que en pos del debido resguardo de los derechos de las niñas, en el tramo que se suscite hasta obtenerse la decisión pertinente en los estrados judiciales competentes, la progenitora tendrá a su cargo la materialización del traslado y asistencia de aquellas, debiéndose arbitrar los medios para proporcionarle defensa jurídica gratuita en el territorio extranjero, así como también requerir información a la Autoridad Central sobre subsidios que puedan otorgarse a fin de permanecer en Estados Unidos con sus hijas hasta tanto se resuelvan las cuestiones de fondo.

La Corte exhorta a los padres y a la familia materna de las menores a colaborar en la etapa de ejecución de sentencia a los efectos de evitarles una experiencia aún más conflictiva. Igual exhortación cabe dirigir al juzgado de familia a cargo de la causa, que deberá realizar la restitución de la manera menos lesiva para las niñas. A tal fin, señala a la Autoridad Central argentina que debería actuar coordinadamente con su par extranjera en función preventiva, arbitrando los medios informativos, protectorios, de seguimiento y asistencia jurídica gratuita, social y fundamentalmente financiera que fuera menester, para que tanto el regreso como el proceso de readaptación de las niñas en territorio norteamericano -aun cuando se prolongue más allá del tiempo en que se resuelvan las acciones judiciales que la progenitora considere pertinente promover a fin de volver a discutir la tenencia de las niñas-, transcurran con la presencia de su madre, del modo más respetuoso a la condición personal de las niñas y la especial vulnerabilidad de la etapa vital por la que atraviesan.

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE

1.La estricta aplicación de la CH 1980

La Suprema Corte hace un buen análisis de la situación de la aplicación de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (en adelante, CH 1980), en el que dice que no se ha controvertido que la madre viajó con las niñas en violación de los derechos de custodia del padre. Luego refiere que para que no se aplique la Convención en este caso, que se inició con el pedido de restitución antes del año, cabía alegar y probar los extremos del artículo 13 o 20 de la CH 1980. El artículo 20 no fue sostenido por la demandada y sí el artículo 13.

En este sentido, la Suprema Corte rechaza las excepciones, que ya son regla no solo en Argentina sino en todos los países donde se aplica la Convención, de que si una madre que secuestró o retuvo al menor alega daño por la separación de ella con sus hijos, no es razón suficiente para encuadrarlo en los casos de gravedad que se imponen por el artículo 13 b).

Tampoco pueden ampararse en el citado artículo 13 b) circunstancias de que el niño no hable el idioma del Estado requirente, que la madre no tenga trabajo o hable el idioma del estado requirente, entre otros factores (1).

2. El nuevo centro de vida

El nuevo Código Civil y Comercial que entra a regir en agosto 2015 plasma con toda nitidez la postura de la CSJN desde el caso «Wilner» en 1995 y que no ha dejado de lado hasta la fecha sobre la interpretación y alcance del artículo 13 b) de la Convención. El nuevo cuerpo legal en su artículo 2614 indica: «Domicilio de las personas menores de edad.El domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental; si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en Estados diferentes, las p ersonas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente».

La disposición se enmarca dentro de un derecho que tiene como protagonista al niño, niña o adolescente, en la finalidad tuitiva ya contenida en la Ley 26.061 , «inter alia» (Convención sobre los Derechos del Niño suscripta en Naciones Unidas, 20/11/1969; Convención de La Haya de 1980 y CIDIP sobre Restitución Internacional de Menores firmada en Montevideo en 1989).

Una disposición material priva de efectos a la constitución de domicilio derivada del traslado o retención ilícita: los niños y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos. La aclaración es útil y armoniza el derecho de fuente interna con convenciones internacionales que pretenden evitar que la constitución de domicilio efectuada con posterioridad a un traslado o retención ilícita, por quien ejerce un derecho sobre el menor, obtenga sobre él potestades que modifiquen el estatus preexistente a la acción ilegítima consumada. Como afirma Rubaja, «se trata de combatir la posibilidad de que los individuos puedan cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que los favorezca» (2).

Con lo dicho, el tema planteado no tenía sustento jurídico, ya que no es posible alegar el arraigo y nuevo centro de vida en Argentina en casos de secuestro interparental. Esto es utilizado justamente para desalentar los traslados en que se violenta el derecho de custodia del otro padre.

3.Recomendaciones e imposiciones de la Suprema Corte que traspasan las fronteras

Ahora pasaremos al punto quizás más interesante que vemos en una y otra sentencia, el cual suele traer tantos inconvenientes para los jueces, las partes y los defensores/asesores de niños.

En la ejecución material del retorno de niños desde Argentina, la posición de los jueces ha colocado a nuestro país con «bandera roja» en el informe que año tras año prepara el Departamento de Estado en Estados Unidos, el cual refleja cómo está cada país, al menos con sus propios casos, como estado requirente, y es esperado por toda la comunidad internacional en estos temas (3). Para quienes no lo saben, Inglaterra es el país que más casos tiene de restitución de menores, siguiéndolo Estados Unidos.

La pregunta es: ¿hasta dónde puede y debe ir un tribunal argentino para no invadir la jurisdicción del tribunal del Estado requirente frente a un pedido de aplicación de la Convención de La Haya sobre Restitución Internacional de Menores?

En este sentido, la Corte señala con certeza indubitable que las cuestiones de fondo deben ser resueltas por el tribunal del Estado requirente. De eso no hay duda alguna. Luego, pareciera que con pesar ordena la restitución y comienza con toda una serie de recomendaciones que no corresponden y de imposible efectividad.

La Corte dice: «…debiéndose arbitrar los medios para proporcionarle defensa jurídica gratuita en el territorio extranjero…». También dice que las niñas deben retornar junto a la madre. En realidad, el retorno de los niños retenidos o secuestrados se debe efectivizar en conjunto con el padre víctima del secuestro, pero no se entiende la salvedad de que debe ser junto a la progenitora, que bien sea que los retuvo o los secuestró, la que por otra parte, tiene todo el derecho de sí hacerlo si lo desea. En múltiples casos hay progenitores que no lo hacen.Esta salvedad hecha por la Corte no está en la letra ni en el espíritu de la Convención, ya que precisamente esta trata puntualmente el reintegro de los niños a su centro de vida dentro del interés superior que ellos tienen. Además, sería conveniente que dentro de una voluntad entendible y razonable, los tribunales dijeran que el o la progenitora que retuvo o sustrajo retorne si por su propia voluntad desea hacerlo. De lo que no debe caber duda es que las sentencias de restitución internacional de menores centran su interés en el retorno de los menores al centro de vida, al lugar natural de donde fueron sacados ilegalmente. Si el progenitor condenado por ello desea volver o no desea hacerlo, no es materia que la Convención trate.

Más allá de opiniones desencontradas, debemos notar que el primer daño que la Convención quiere reparar es el traslado o retención ilícita y no trata en absoluto de proteger o ser funcional al progenitor transgresor.

También debemos apuntar algo tan obvio como que cada país tiene sus leyes en cuestiones de derecho de fondo y forma. Para poder acceder a una justicia gratis hay que llenar ciertos requisitos en cada país y no podemos obligar a un tribunal de una jurisdicción extranjera a cambiar sus reglas por una decisión del tribunal requerido que desconoce cómo funciona la justicia en el estado requirente. No se puede imponer una decisión judicial que va más allá de lo que corresponde, tanto en su competencia, en sus límites como en sus fronteras.

En este caso, tratándose de Estados Unidos, ya casi no hay abogados «pro bono» en ese país. No solo en estos casos de familia como materia de fondo sino especialmente cuando un residente en Argentina solicita el retorno de su hijo en dicho país.Hay una lista de abogados con aranceles diferenciados, pero la carga horaria sigue siendo alta para argentinos.

También sucede, como en el caso de marras, y esto debemos puntualizarlo a la hora de considerar la sentencia, que la madre tiene la nacionalidad estadounidense y argentina. Para Estados Unidos es una ciudadana estadounidense y no es una persona extranjera.

Respecto al subsidio que pueda dar el Ministerio de Acción Social nacional, cada vez es menor y entiendo que debieran ser resguardados y aplicados para cuando hay que pagar abogados en el extranjero, como es el caso de Estados Unidos cuando este es el país requerido en la Convención. El mismo Ministerio tiene implementadas exigencias de declaraciones y documentación de municipalidades, juzgados de paz u otros centros dependientes de la jurisdicción, respecto a la falta de poder adquisitivo para el pago de los pasajes y abogados.

En la práctica de Argentina como Estado requerido, siempre es el padre víctima del secuestro quien debe pagar los pasajes de regreso propio y de los niños reintegrados. Hablar de que el progenitor víctima tiene la obligación de pagar al otro transgresor los gastos de viaje, en mi consideración, no es justo para nada. No hay por qué premiar o beneficiar a quien violentó los derechos de los niños. El progenitor que retiene o secuestra a su hijo en violación de los derechos del otro debe hacerse cargo de sus propios actos y de las consecuencias morales y económicas de su actuar. Nadie puede alegar su propia torpeza.

IV. LAS DECISIONES ESPEJO

1. Órdenes de Argentina en el extranjero

Solicitar una decisión espejo en una restitución internacional de menores, en mi opinión, es contrario al propio espíritu de la CH 1980; alarga el procedimiento de retorno y muchas veces invade jurisdicciones ajenas que no corresponde.

Por el Convenio de la Haya, en el país requerido, se debe restituir al niño y no ocuparse de cuestiones de fondo.Sí pueden hacer un acuerdo las partes, que un juez argentino puede homologar, y luego corresponderá a la parte que intente hacerlo valer en el otro país, solicitándolo ante el juez competente del Estado requirente. No podemos ir más lejos de lo que el propio texto de la ley en la CH de 1980.

Las decisiones espejo son muy valederas en temas de autorizaciones de viaje para evitar justamente una restitución en la que el padre que viaja con un menor luego se niegue a regresar y en relación con visitas internacionales, alimentos y cambios de residencia.

A la hora de la verdad, el tribunal competente en cuestiones de fondo como tenencia, visitas y alimentos como también si hubiere otra particularidad en el caso puntual, siempre será el del país requirente o sea, donde los niños tenían su centro de vida, al igual que para la decisión finalmente de la suerte en el caso de que hubiere un acuerdo previo firmado en sede del tribunal del país requerido. El derecho de uno y otro país pueden ser diferentes para aplicarse en cada caso y ningún acuerdo podría violentar las reglas de un derecho tan dinámico como el de familia, cuyos parámetros generalmente son de orden público y no se pueden modificar por los progenitores. En definitiva, nada mejor que el juez que tiene la cercanía y competencia con los niños en el país requirente para tomar las mejores decisiones sobre ellos.Un claro ejemplo es el Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, firmado el 19 de octubre de 1996, como también el Reglamento (CE) N° 2201/2003 del Consejo del 27 de noviembre de 2003 relativo a la Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Matrimonial y de Responsabilidad Parental, modificado por el Reglamento (CE) Nº 2116/2004 del Consejo del 2 de diciembre de 2004, L 367 1 14/12/2004 Rectificado por, DO L 82 de 22/3/2013, p. 63 (2201/2003), conocido como Bruselas II.

En estos instrumentos, es siempre el juez del Estado donde el menor estaba antes del secuestro y/o retención, el que decide sobre esta y el otro Estado requerido solo tiene competencia y facultad de tomar medidas urgentes que no pueden esperar. Nada más.

En Bruselas II leemos: Párrafo 17: «En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como queda completado mediante las dispo siciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor, pueda oponerse a su restitución. Sin embargo, semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos.En caso de que esta última resolución implique la restitución del menor, ésta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído».

En el año 2001, la Cuarta Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Convenio sobre Sustracción de Menores de 1980, recomendó que los Estados contratantes fomenten de manera activa la cooperación judicial internacional. Esta visión se repitió durante la Quinta Comisión Especial de 2006. Cuando esta cooperación se ha manifestado mediante comunicaciones directas entre jueces, se ha observado que se deben respetar los estándares y salvaguardias procesales del foro. Esto último fue reconocido en los Principios, párrafos 6.1 a 6.5 de los «Lineamientos Emergentes y Principios Generales sobre las Comunicaciones Judiciales» (Doc. Prel. Nº 3A a la atención de la Comisión Especial de junio de 2011, revisado en julio de 2012). El párrafo 6.2 dice que «al momento de establecer la comunicación, cada juez que conoce del caso deberá mantener la independencia para arribar a su propia decisión en el asunto en cuestión». El párrafo 6.3 dice que «las comunicaciones no deben comprometer la independencia del juez que conoce del caso para llegar a su propia decisión en el asunto en cuestión».

La Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, menciona estas decisiones espejo como los compromisos que toman las partes y las comunicaciones entre los jueces y las autoridades centrales.

Hablar de derechos parentales o de custodia en el Estado requerido, así sea en forma provisoria o como se pretenda llamar, es un grave error. Los temas de fondo corresponden al juez del Estado requerido, lo mismo que la manutención y todo, absolutamente todo elemento que se refiere al derecho de fondo.

Son muy escasas las decisiones espejo en restituciones internacionales.Las que se han dado, han tenido algo que ver con países como Sudáfrica, Mozambique (4) y en un caso de visitas internacionales donde se solicitó una orden espejo justamente para que no se retuviera la menor más allá del tiempo de la visita. Esto fue solicitado por el Reino Unido a Panamá en el marco del artículo 21 de la CH 1980 (5).

En otros casos fue denegada la decisión espejo, justamente por el tiempo que lleva ese procedimiento, y fue así como en un caso lo decidió Israel (6).

En el caso de marras, ya existía una orden de custodia en favor del padre librada por el juez de EE. UU., país requirente. Que el juez argentino quiera cambiar lo que ya decidió su par extranjero, no solo no es correcto, sino que importa una violación a lo prescripto por la propia Convención que se está aplicando. Aun si las partes lo acuerdan, no podemos invadir jurisdicciones. Será el juez del Estado requirente el que, seguramente, siempre buscará lo mejor para los niños, pero no para los padres, un error que se comete a menudo al hablar sobre el tema.

No confiar en ello significa que no confiamos en el sistema judicial foráneo y, en reciprocidad, tampoco confiarán en el nuestro, haciendo de Argentina un país inseguro en su sistema judicial dentro del concierto internacional.

En Estados Unidos, conforme la «Uniform Child Custody Jurisdiction And Enforcement Act», comúnmente llamada «UCCJEA», el juez de ese país es el único que mantiene jurisdicción de los casos en que interviene, mientras el padre requirente y víctima continúe residiendo en la jurisdicción. Entonces, lo que puede intentar hacer el juez argentino con un acuerdo atentará ineludiblemente contra la competencia indeclinable que tiene el juez de Estados Unidos. Debemos tener en claro que si se hiciera como en el caso de marras, estaríamos invadiendo una jurisdicción y competencia legal foránea, como atentando contra el orden público de dicho país.

2.Decisiones extranjeras en Argentina

Un mejor título, dentro de un análisis global sobre el tema de restitución internacional de niños retenidos o secuestrados ilegalmente, hubiera sido: «¿Y por casa cómo andamos?».

Respecto a este tipo de decisiones espejo, que muchas veces uno intenta ejecutar y hacer valer en Argentina, emitidas en otros países, especialmente de custodia o alimentos, los jueces argentinos requieren en primer lugar traslado a la contraria, de la misma manera que lo hace Estados Unidos, ya sea que hubo una decisión judicial que ordenó una custodia o alimentos o bien un acuerdo de las partes que se firmó u homologó el juez extranjero.

Suele suceder que la misma parte que firmó un acuerdo y solicitó su homologación en el extranjero luego lo niega. Entonces, es regla general que los defensores de menores en la justicia nacional se terminen oponiendo y no recomienden que se admita lo que hizo un juez en otro país, si especialmente puede alterar o poner en riego la relación madre-hijo. Inclusive, hay oposición de los defensores a reconocer sentencias de restitución de menores realizadas en el extranjero, ya que entienden que no corresponde (7).

Por ello, la conclusión es que en la realidad del día a día, los jueces argentinos son reacios a validar decisiones de familia de jueces extranjeros. Son más amigables, claro, en temas de adopciones internacionales, gestación por sustitución y divorcios.

V. LOS TIEMPOS DE LOS TRIBUNALES ARGENTINOS

En primer lugar, no podemos dejar de soslayar que los tiempos de la justicia argentina en resolver un caso de restitución internacional dentro del Convenio de La Haya, van mucho más allá del espíritu y la ley de la CH 1980. Existe un proyecto de ley en este sentido, que está bien guardado en algún lugar de nuestro Congreso de la Nación.Este proyecto debiera aprobarse para que no sucedan más desgastes que perjudican a los niños y a las propias familias.

Argentina hoy es el país que más demora tiene en todo el mundo en resolver una restitución internacional de un menor. Y esto ya ha sido evaluado y cotejado con colegas de otros países dedicados a estos temas. En otros Estados, los tiempos estimados en resolver estos casos oscilan entre seis semanas y un año aproximadamente, agotando todas las instancias. En Argentina, los procesos de restitución de niños suelen superar hasta los cinco años. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la mayor cuota de responsabilidad en no exigir a rajatabla que los tribunales inferiores impriman celeridad a estos procesos de ejecución de sentencias y que no permitan acciones recursivas insubstanciales, como en el caso de marras, en que se intentaron dos recursos «per saltum» y una queja que no podía prosperar. Toda medida recursiva dilatoria deberá ser examinada en cada caso y desestimada, ya que la seguridad jurídica de nuestro país no puede seguir estando cuestionada por ese folklore que daña el prestigio internacional. No solo se trata de escribir la urgencia en una sentencia ordenando a los jueces inferiores a ejecutarla, sino que además hay que capacitarlos en estos temas y dar siempre el ejemplo de la premura. No se puede aceptar que haya cundido un sistema de aplicaciones diversas en los casos de ejecución de sentencias de restitución internacional de menores, dentro de un arbitrario concepto de muchos jueces, violentando precisamente la «urgencia» que imponen la Convención y la Ley 23.857.

VI. LAS DEFENSAS TÉCNICAS Y DILACIONES PROVOCADAS

Es muy permisiva la justicia argentina respecto de dilaciones provocadas por la defensa técnica de padres secuestradores que terminan lamentablemente imponiendo demoras de todo orden, pretendiendo luego usar esos tiempos para evitar la restitución del menor bajo argumentaciones que no tienen ningún sustento. Provocan así un abuso procesal como un desgaste jurisdiccional injustificado.Se utiliza muchas veces a los propios niños como rehenes en la técnica procesal, ya que los niños pasan años en una incertidumbre y luego se los termina retornando a su país de origen. Las argucias defensivas de los profesionales del derecho para solamente ganar tiempo de nada sirven si no se encuadran dentro de las propias y únicas excepciones de los artículos 13 b) y 20 de la Convención.

Quien se opone a una restitución internacional debiera no solo tener experiencia en el tema, sino ser realmente responsable en estos casos tan delicados como el secuestro y retención transfronteriza de niños por parte de uno de sus progenitores. Como auxiliares de la justicia, los abogados en la defensa de nuestros clientes y como asistentes técnicos, debemos éticamente ceñirnos a los alcances y límites de las leyes sin amparar innecesariamente la torpeza o caprichos de nuestros clientes, cayendo algunas veces en abusos de la materia ritual. Lo afirmo porque es una práctica desleal e innoble que se repite desgraciadamente en muchos de los casos de restituciones internacionales de menores.

VII. LA AUTORIDAD CENTRAL Y JUECES DE ENLACE

El rol que juega nuestra Autoridad Central es muy bueno y merece un excelente concepto a nivel internacional, tanto en casos en que Argentina es Estado requirente o requerido. Inclusive ha hecho gestiones con otros departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Argentinos en el Exterior para enviar medicamentos críticos durante el tiempo de una sustracción para un niño. Nada se les puede objetar realmente. La Autoridad Central tampoco está a favor n i en contra de una restitución. Ellos son neutrales y cooperan en todo lo que es necesario y está dentro de su alcance.Los pedidos que hacen los Consulados o Embajadas extranjeras en Argentina, sobre todo de informes, se canalizan a través de ellos generalmente.

La jueza de enlace en Argentina no tiene ningún puesto político y es «ad honorem». Actualmente, cubre dicho cargo una jueza jubilada, muy comprometida en estos temas y que es elegida por sus pares por su contribución a estos temas tan sensibles. No tiene sueldo y vive de su jubilación. La jueza de Enlace se costea sus propios viajes cuando hay convenciones importantes en la materia, asistiendo a muchas de ellas. Solo mantiene relación con la Autoridad Central y con jueces, y no con las partes involucradas. Está al tanto de cada caso y predispuesta a cooperar en todo lo que se requiera dentro de su esfera. Sus intervenciones y comunicaciones con los jueces tanto de Argentina como de otros países son vitales en Argentina y en cada caso; su aporte es siempre positivo.

VIII. CONCLUSION

En el caso de marras, es un buen fallo el dictado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, excepto en querer ir más allá de nuestras fronteras. En mi conocimiento, ningún país da los subsidios que Argentina otorga para la restitución de menores, asistencia a padres y a niños en casos especiales y justificados; pero sería un contrasentido que subsidie el Estado argentino a un progenitor argentino que adoptó la ciudadanía de otro país y que a su vez, dentro de un marco de ilegalidad, ha retenido a menores en Argentina.

Si algún legislador, entre lo que tanto prometen, promoviera un proyecto de ley sobre restitución internacional de menores que terminara de definir el procedimiento sumarísimo para encauzar los casos conforme la urgencia que inscribe la Convención Internacional, seguramente haría un aporte muy significativo a los niños víctimas de los secuestros.Ayudaría a los jueces, al sistema judicial y a las partes en estos procesos, ya que hoy ordinarizar dichos procesos termina siendo casi una costumbre tan ilegal como ignominiosa.

Dentro de un marco cultural que nos ha ganado, por ejemplo, cuando cometemos una infracción de tránsito, si no es multada o sancionada, la volvemos a cometer. Si tuviéramos que ir a la cárcel por conducir en ebriedad y lesionar a alguien, con seguridad no conduciríamos en tal estado. Por ello, los índices de los delitos en materia de tránsito en Uruguay y en Estados Unidos, por ejemplo, son ínfimos en relación con nuestro país.

Facilitar caminos recursivos que son una afrenta contra la probidad como otorgar subsidios a los padres que retuvieron o secuestraron a menores, termina fomentando el secuestro y retención indebida de los niños, ya que un progenitor usualmente se lo escucha decir: «¿qué es lo peor que me puede pasar si pierdo?». La respuesta es, por lo general, nada. Tendrá que volver, pero además, puede exigir condiciones para cumplir una sentencia.

Señores, estamos en un camino equivocado.

Entonces, sabiendo que no hay ayudas, que puede haber sanciones de tipo penal como también consecuencias en materia civil, quienes se exponen a retener o secuestrar menores en un país extranjero fuera del centro de vida de los niños, se exponen a acciones legales en su contra que son difíciles de sortear y de consecuencias impredecibles.

Las Convenciones Internacionales como las leyes de los países, en su mayoría, ponen énfasis en el interés superior del niño y no de padres transgresores que a su antojo y obviando la autorización consabida del otro progenitor, creen que unilateralmente y sin consecuencias, pueden violentar ese principio rector que fue articulado internacionalmente en cabeza de los niños y no de ellos.

——–

(1) HC/E/AT 561, HC/E/CA 762, HC/E/AU 293, HC/E/USf 82. (2) Código Comentado de Graciela Medina tomo 6, articulo 2614.

(3) http://travel.state.gov/content/childabduction/english/legal/compliance.html.

(4) HC/E/ZA 900, HC/E/UKe 982.

(5) HC/E/PA 872.

(6) HC/E/IL 983.

(7) Autos º 52.836/2012, «A. L. H. C. V. D. N. A. S/ EXEQUATUR RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA», JUZ, 12 N.C.

(*) Abogada, Universidad Católica Argentina de La Plata. Máster en Derecho Comercial Internacional, Universidad de Tours, Francia. Máster en Derecho Comercial Internacional y en Derecho de Negocios Internacionales, Toulouse, Francia. Licenciada en Derecho, España (homologación de título). Ha presentado ponencias sobre su especialidad en distintos países.

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