Al estar radicada la empresa actora en Estados Unidos, quien reclama el pago de las facturas presentadas por la impresión de libros a la demandada, debe abonarse lo peticionados en dólares estadounidenses

DolaresPartes: Nueva Palabra S.A. c/ Edebe S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 27-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91969-AR | MJJ91969 | MJJ91969

Probado que la operatoria que instrumentaban las facturas reclamadas no constituía una “compraventa”, sino un contrato “estimatorio”, toda vez que la accionada no invocó ni probó haber devuelto los bienes recibidos al finalizar el plazo del contrato, la demandante tenía derecho a percibir el precio indicado en las facturas, con detracción del pago parcial efectuado.

Sumario:

1.-El contrato ‘estimatorio’ podría definirse como aquél en el que una de las partes, llamada tradens, entrega a la otra, denominada accipiens, determinadas cosas muebles fijando o estimando su valor en una cantidad cierta de dinero, obligándose ésta a procurar la venta de dichas cosas, dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de las cosas que vende y el resto de las no vendidas.

2.-El contrato estimatorio ofrece una gran utilidad para el tráfico mercantil, al evitar que el comerciante deba afrontar el riesgo de comprar en firme a sus proveedores, pudiendo tener el negocio abastecido en forma regular y sin mayores riesgos.

3.-En la práctica de nuestro comercio, se suele recurrir con más frecuencia al contrato ‘estimatorio’ que al de la ‘consignación’, aunque siempre se le otorga este último nombre. La principal diferencia con la ‘consignación’ se encuentra dada por el hecho de que el comisionista está permanentemente sujeto a las instrucciones de su comitente y debe informar en forma periódica de las alternativas relacionadas con las negociaciones encomendadas, mientras que, en el contrato estimatorio, el accipiens no posee ninguna de estas obligaciones.

4.-La retribución del comisionista consiste solo en un porcentaje sobre el precio de venta y en el contrato estimatorio la utilidad del accipiens radica en la diferencia entre el precio estimado y el que se obtenga de terceros.

5.-El contrato ‘estimatorio’ ha encontrado frecuente aplicación para la comercialización de libros en general, entre los editores y/o distribuidores y los titulares de los negocios destinados a la venta, siendo que los distribuidores conservan el derecho de devolución de esas mercaderías si, al cabo de determinado tiempo no han podido colocarla entre su clientela.

6.-En el contrato ‘estimatorio’ el plazo establecido fija el término dentro del cual el accipiens puede devolver la mercadería al tradens, por lo que vencido éste sin haberla restituido, aquél se encuentra obligado a abonar el precio correspondiente. No obstante ello, ha sido dicho también que, toda vez que el plazo no es un requisito esencial de esta figura, puede existir contrato ‘estimatorio’ con plazo indeterminado, en cuyo caso, el tradens debe requerirle al accipiens una rendición de cuentas de la que resulte la mercadería no vendida a restituir o bien el precio que corresponde pagar por la que no se restituye.

7.-En el tráfico las partes aceptan sin más los plazos señalados por los usos mercantiles del ramo que se trate, por lo que, por lo general, en ausencia de uso y de toda otra determinación, el tradens, luego de transcurrido un plazo prudencial, puede pedir la liquidación de cuentas, sin que el accipiens tenga nada que oponer a ese requerimiento, pues, en definitiva, el tradens es libre de revocar el encargo conferido cuando no hay plazo previsto.

8.-Pese a que la acción fue indebidamente promovida como nacida de un supuesto contrato de ‘compraventa’, la realidad es que la pretensión de cobro del precio de la mercadería objeto de la demanda no puede sino ser interpretada en el marco de un contrato estimatorio como el que se analiza, como una demostración o exteriorización de la intención de dar por terminado el contrato habido entre las partes, circunstancia que colocaba a la accionada en la disyuntiva de abonar el precio de la mercadería recibida o a devolverla.

9.-Frente a la ostensible voluntad de la actora de resolver el contrato estimatorio -plasmada, por el solo hecho de haber promovido la presente acción -, las únicas conductas que en rigor podía observar la demandada consistían en abonar el precio de la totalidad de la mercadería o bien oblar únicamente el precio correspondiente a los libros que hubiesen sido efectivamente vendidos y restituir la mercancía no enajenada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados “NUEVA PALABRA S.A. C/ EDEBE S.A. S/ ORDINARIO” (Expte. n° 057365, Registro de Cámara n° 076014/2009), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 23, Secretaría Nro. 45, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers (2), Doctora María Elsa Uzal (3) y Doctora Isabel Míguez (1).

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers dijo:

I.- LOS HECHOS RELEVANTES DEL LITIGIO.

(1.) “Nueva Palabra S.A.” promovió demanda por cobro de facturas contra “Edebe S.A.”, solicitando se condene a esta última al pago de la suma de dólares estadounidenses setenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 72.696,35.-), con más sus respectivos intereses y costas.

Refirió ser una empresa especializada en la impresión de textos de enseñanza de la religión católica que se encuentra radicada en el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que, entre otros negocios, se dedica a la importación de material literario a la República Argentina.

Relató que, a mediados del año 2003, estableció una relación comercial con la accionada en virtud de la cual esta última comenzó a adquirir algunas publicaciones en cantidades reducidas, las cuales se fueron incrementando con el paso del tiempo.Continuó su narración, sosteniendo que la vinculación se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes, a punto tal que en el año 2007, a requerimiento de la propia demandada, esta última fue designada como distribuidora exclusiva en Argentina del material literario producido por su parte.

Explicó que esta nueva condición de la accionada motivó que esta última efectuara un pedido de ciento diez mil trescientas sesenta y un (110.361) publicaciones, las cuales tenían un valor total de dólares estadounidenses setenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 72.696,35.-).

Indicó que las facturas correspondientes al pedido databan del 10.10.2007 y del 12.10.2007, que el embarque de los libros fue efectuado el día 26.10.2007, arribando a Buenos Aires en fecha 19.11.2007, siendo la mercadería recibida de conformidad por la accionada y retirada de la aduana el día 29.11.2007.

Afirmó haber convenido que las publicaciones serían abonadas en el plazo de treinta (30) días a partir de su recepción, conforme los usos y costumbres de este tipo de negocios jurídicos, no obstante lo cual, una vez cumplido el término pactado, su contraria, aduciendo ciertos problemas financieros, le solicitó -y su parte aceptó- un plazo adicional de noventa (90) días de espera -el cual fue prorrogado en dos (2) oportunidades- reconociendo ambas partes el devengamiento de los intereses pactados para los supuestos de mora que ascendían al 5% mensual.

Manifestó que, a principios del mes de noviembre del año 2008, su representante viajó a la Ciudad de Buenos Aires y se constituyó en la sede de la accionada a efectos de intimarla al pago de las sumas adeudadas, recibiendo como única contestación que procederían al pago “en cuotas” y “en la forma que fuera posible”, lo cual fue forzosamente rechazado por su parte por no ajustarse a lo convenido.

Fracasado todo intento de obtener el pago de lo adeudado, se vio compelida a promover la presente acción, solicitando el pago de la suma de dólares estadounidensessetenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 72.696,35.-) proveniente de la sumatoria de la totalidad de las facturas adeudadas; ello, con más los respectivos intereses oportunamente convenidos y las costas del pleito.

(2.) Corrido el pertinente traslado de ley, la demandada “Edebe S.A.” compareció al juicio a través de la presentación que obra glosada a fs. 167/75,

contestando la demanda incoada y solicitando el rechazo de ella con expresa imposición de costas.

Efectuó una pormenorizada negativa de los extremos esgrimidos por su contraria, no obstante lo cual reconoció haberse vinculado con la actora, así como la autenticidad de las facturas aquí reclamadas.

Brindó su versión de los hechos, aseverando que su relación con la demandante no databa del año 2003, sino que se vinculó con ésta recién en el año 2007 realizando una única operación -la aquí reclamada-, siendo que tampoco era veraz lo sostenido en orden a que su parte había sido designada distribuidora exclusiva de aquella en Argentina.

Afirmó que las partes acordaron y, como consecuencia de ello, efectivizaron la importación de los libros de los que daban cuenta las treinta (30) facturas cuyo cobro aquí se pretendía, habiéndose convenido que la mercadería en cuestión sería abonada una vez vendida y previo a practicar la correspondiente liquidación de ventas y que, en caso contrario, luego de un plazo prudencial, los libros serían devueltos.

Puso de relieve que conforme los usos y costumbres del mercado editorial los libros siempre son entregados “en consignación” a los distribuidores y a los libreros, siendo tales operaciones documentadas con los correspondientes remitos.Explicó que, en forma regular, los distribuidores denuncian a la editorial las ventas de ejemplares consignados que se efectuaron en ese período -y esta última realiza la facturación pertinente-, destacando que en caso de que el material no pudiese ser vendido, transcurridos seis (6) meses o un (1) año desde la entrega, éste podía ser reintegrado.

Expuso que si bien la operatoria descripta no se hallaba explicitada en la documentación aquí involucrada, sino que -en principio- los instrumentos daban cuenta “de una venta”, ello era así en razón de que no resultaba posible documentar una importación de libros como realizada “en consignación”. Resaltó -en este sentido- que las limitaciones operativas propias del comercio exterior habrían impedido a las partes instrumentar la operación tal como la concibieron, razón por la cual se circunscribieron a extender los documentos necesarios a fin de concretar la operatoria, no obstante lo cual -reiteró- lo pactado era que los libros iban a ser abonados una vez vendidos, previa rendición de cuentas con la correspondiente liquidación y que, en caso contrario -trascurrido un tiempo prudencial sin que fueran vendidos-, serían devueltos a la accionante.

Detalló un intercambio de mails habido entre los representantes de ambas contratantes, del cual se desprendía -a su juicio- que las partes habían convenido la operatoria descripta.

Manifestó que hacia fines del mes de diciembre de 2008, las ventas de los libros consignados habían alcanzado un importe cercano a la cantidad de dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000.-), razón por la cual se efectuó una transferencia a favor de la actora por ese monto, el cual debía ser descontado del importe de las facturas reclamadas.

En ese marco, arguyó que el reclamo por el saldo resultaba improcedente, toda vez que éste solo era exigible en la medida de la existencia de nuevas ventas y previa liquidación, nada de lo cual había ocurrido.Sostuvo que resultaba demostrativo de la operatoria convenida el hecho de que no hubiese mediado ningún reclamo formal de pago por parte de su contraria, siendo que el primer requerimiento estuvo dado en el marco de la mediación obligatoria correspondiente al presente proceso.

A todo evento, señaló que no correspondía la aplicación de la tasa de interés pretendida por la accionante, en tanto la leyenda inserta en cada una de las facturas -que establecía un 5% de interés mensual- era solo aplicable a ventas realizadas en México en moneda de ese país, mas no podía ser invocada para una operación de comercio exterior que fuera pactada en dólares estadounidenses.

Puso de manifiesto -por otro lado- que los libros que fueran objeto de la operatoria antes referida habían arribado deteriorados y desordenados, destacando que la mayoría de ellos no eran aptos para su comercialización en el mercado local.

Adujo -para finalizar- que, en razón del reclamo aquí incoado y debido a la circunstancia precedentemente señalada, su parte colocaba la totalidad de los libros entregados “en consignación” -los que no fueron oportunamente vendidos y liquidados- “a entera disposición de la actora”.

(3.) Abierta la presente causa a prueba y producidas aquellas de que da cuenta la certificación actuarial de fs. 346, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho la accionante “Nueva Palabra S.A.” a fs. 360/1 y la accionada “Edebe S.A.” a fs. 364/8, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 372/6.

II. LA SENTENCIA APELADA.

El fallo de primera instancia, dictado -como se dijo- a fs.372/6, admitió, parcialmente, la demanda promovida por la actora, condenando a la demandada al pago de la suma de dólares estadounidenses sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 62.696,35.-), o su equivalente en pesos al valor del dólar en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, según cotización del Banco de la Nación Argentina, con más sus respectivos intereses y costas.

Para así decidir, la juez de grado consideró -en primer término- que no había mediado entre las partes una “compraventa de mercaderías” -tal como adujo la actora-, ni tampoco un “contrato de consignación” -conforme sostuvo la accionada-, sino que éstas se vincularon a través de lo que en doctrina se conoce como un “contrato estimatorio”.

Explicó, en esa dirección, que si bien el negocio se formalizó como una supuesta “compraventa internacional de mercaderías” -registrándose de esa forma en la contabilidad-, lo cierto era que las probanzas rendidas en autos -en particular las declaraciones testimoniale s- y la conducta seguida por la actora evidenciaban que no se había tratado de esta figura jurídica, sino que había mediado, en rigor, un “contrato estimatorio” en el marco del cual la accionada había recibido los libros en cuestión pudiendo disponer de éstos como si fueran propios, siendo meramente “estimado” -al momento de la celebración de la operación- el valor de dichos bienes.

En ese contexto, juzgó que, toda vez que la accionada no invocó -ni probó- haber devuelto los bienes recibidos al finalizar el plazo del contrato, la demandante tenía derecho a percibir el precio indicado en las facturas, con detracción del pago parcial efectuado.

Añadió -en esa línea- que si bien la accionada afirmó al contestar demanda que los libros entregados se encontraban “a entera disposición de la actora”, ello no resultaba suficiente para considerar cumplida su obligación de restituir los bienes de marras, destacando que no se reconvino por consignación ni se intentó la devolución de la mercadería por otros medios.

Pusode relieve en ese sentido que si bien las partes no informaron cuándo se produjo el vencimiento del plazo del contrato, lo cierto era que la situación suscitada en autos evidenciaba que éste se encontraba definitivamente concluido sin que la accionada hubiese restituido la mercadería.

Como consecuencia de todo ello, hizo lugar a la acción promovida, condenando a esta última al pago del importe de dólares estadounidenses sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 ($ 62.696,35.-) -monto resultante de descontar del total de las facturas reclamadas un pago parcial de u$s 10.000 que había sido comprobado en autos-, con más sus respectivos intereses a una tasa del 4% anual a calcularse desde el 21.06.2010 hasta el efectivo pago.

III.- LOS AGRAVIOS.

Contra dicho pronunciamiento se alzó, por un lado, la parte actora quien dedujo la apelación obrante a fs. 379, recurso que fue fundado con la expresión de agravios que luce agregada a fs. 432/7, la cual fuera contestada por la accionada a través del escrito glosado a fs. 442/6.

De su lado, esta última parte interpuso idéntico recurso a fs. 381 el cual fue fundado mediante la presentación que obra glosada a fs. 422/6, la que fue respondida por la actora a fs. 439/42.

Razones de orden metodológico imponen describir, en primer lugar, los agravios postulados por la demandada en razón de encontrarse orientados a provocar la revocación de la sentencia apelada en cuanto al fondo de la cuestión debatida, para luego hacer lo propio con los reproches formulados por la actora en tanto aparecen circunscriptos a aspectos secundarios de la decisión como lo es la moneda de cumplimiento de la condena.Veamos.

(1.) El recurso deducido por la demandada “Edebe S.A.”.

Cuestionó esta recurrente la procedencia de la acción, alegando que resultó inconsistente la decisión de disponer una condena en su contra, siendo que la propia juez de grado había reconocido que su parte había acreditado los extremos invocados en su defensa.

Sostuvo -en esa línea- que la versión de la demandante, relativa a que había mediado entre las partes una “compraventa de mercaderías”, había sido desvirtuada por las probanzas rendidas en autos -y así había sido reconocido en la sentencia-, no obstante lo cual la magistrada de grado no dispuso el rechazo de la demanda, como hubiese correspondido.

Criticó, asimismo, que se hubiese recalificado la relación existente entre las partes como un “contrato estimatorio” y que, en base a ello, se hubiese considerado que existía una obligación exigible de pagar el saldo del precio. Arguyó, en ese sentido, que más allá de la denominación que se otorgase al contrato, lo cierto era que, en la especie, no se había pactado un plazo determinado para la finalización de éste, razón por la cual no se verificaba obligación exigible alguna.

Añadió que, no habiéndose pactado un plazo determinado para la finalización del contrato, no podía considerarse que el vencimiento de la obligación había operado con la interposición sorpresiva -sin intimación previa- de un reclamo judicial, destacando que ello implicaba dar por fenecido en forma unilateral y sorpresiva un plazo que correspondía entender estipulado en beneficio de ambas partes.

Se agravió, por otro lado, con respecto a las consecuencias jurídicas que la sentenciante asignó a la falta de interposición de “reconvención” en el proceso o la ausencia de “consignación judicial” de los libros, señalando que, toda vez que en la especie no se verificaba una obligación exigible de restituir los bienes en cuestión, no resultaba necesario efectuar la consignación de estos últimos, mostrándose como suficiente el ofrecimiento formulado por su parte -en oportunidad de celebrarsela mediación y al momento de contestar demanda- de poner a disposición de la accionante los libros que no fueran vendidos. Destacó que el ofrecimiento formulado era la única vía posible para restituir los libros, toda vez que la devolución supone una operación de reexportación cuyos términos debían ser acordados entre los contratantes.

Objetó, en subsidio, la imposición de costas en su contra, sosteniendo que la juez de grado no había merituado las particularidades del caso y las buenas razones que tenía su parte para litigar, debiendo considerarse, por un lado, la falta de veracidad en el relato de los hechos formulado por la actora y, por otro, la recalificación contractual operada en la sentencia.

(2.) Las quejas articuladas por la accionante “Nueva Palabra S.A.”.

Se agravió esta apelante en orden a la posibilidad otorgada a la demandada de cumplir en “pesos argentinos” la condena dispuesta en “dólares estadounidenses”.

Sostuvo, en primer lugar, que la obligación fue originalmente pactada en moneda extranjera, conforme emerge de las facturas que sustentaron el reclamo, siendo que el CCiv:740 consagra el principio de “integridad del pago” que establece que el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa diferente a aquella a cuya entrega se obligó el deudor.

Señaló -asimismo- que en la especie no podía soslayarse que las partes convinieron como moneda de pago el “dólar estadounidense”, por lo que, en virtud del principio de “autonomía de la voluntad”, no podía sustituirse esta moneda por “pesos argentinos”. Agregó que su parte poseía el giro de negocio en el extranjero, razón por la cual necesitaba la moneda pactada para reponer los insumos utilizados en la edición de los libros vendidos.

Puso de relieve -además- que en la especie no se verificaba la existencia de una “obligación facultativa” que es aquella que permitía liberar al deudor cumpliendo otra prestación.

Arguyó -también- que la parte final del artículo 520 del Código Civil -que autoriza a sustituir las obligaciones en moneda extranjera por moneda nacional- resultaba “inaplicable”, encontrándose “derogada” conforme criterio que resultaba pacífico en la doctrina y la jurisprudencia.

Finalmente, puso de manifiesto que, en virtud de la “flexibilización del cepo cambiario”, no existía actualmente ningún impedimento para que la accionada adquiriese los dólares estadounidenses a fin de cancelar un compromiso asumido en dicha moneda.

IV.- LA SOLUCION PROPUESTA.

(1.) El thema decidendi.

Examinados los reproches vertidos por ambas recurrentes ante esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada se encuentra centrado, primariamente, en determinar si resultó -o no- acertada la decisión de la juez de grado de receptar la pretensión articulada por la actora sobre la base de haber considerado que, en la especie, había mediado entre las partes un contrato “estimatorio” y que la accionada no demostró haber devuelto los bienes recibidos al finalizar el plazo de ese contrato, lo que tornaba exigible la obligación de abonar el saldo del precio adeudado en relación a esa mercadería y, en segundo lugar y solo en el supuesto de confirmarse la decisión de la anterior instancia en el aspecto anteriormente aludido,la pertinencia de las objeciones de la accionante en orden a la posibilidad de que la accionada pueda abonar el importe de condena en moneda nacional.

Veamos.

(2.) La vinculación existente entre las partes.

Liminarmente, corresponde puntualizar que ha quedado establecido a lo largo del litigio que la demandada, en fecha 29.11.2007, recibió de parte de la actora ciento diez mil seiscientos treinta y un (110.631) libros que fueron facturados en la suma total de dólares estadounidenses setenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 72.696,35.-) -véase copias de facturas de fs. 68/97-, disintiendo las partes con respecto a cuál era la naturaleza de la relación jurídica existente entre ellas en virtud de la cual se efectuó dicha entrega de mercadería.

(i.) Las posiciones sustentadas por las litigantes.

La accionante encuadró su relación con la contraparte como una operatoria de “compraventa internacional de mercaderías” a la demandada “Edebe S.A.” con sustento en que su parte habría designado a esta última como “distribuidora exclusiva” de sus libros en Argentina.

De su lado, esta última parte aseveró que, en rigor, las partes acordaron la importación de los libros “en consignación”, conviniendo que la mercadería en cuestión sería abonada una vez vendida, caso contrario, luego de un plazo prudencial, ésta sería devuelta.Expuso, asimismo, que si bien la operatoria se instrumentó como “una venta”, ello era así en razón de la imposibilidad de documentarla como una operación “en consignación” por tratarse de una operatoria de comercio exterior que obstaba a esa posibilidad.

(ii.) La postura asumida por la Señora Juez de primera instancia.

Frente a las posturas contrapuestas asumidas por los litigantes, la juez de grado consideró que no había mediado entre las partes una “compraventa de mercaderías” en los términos esgrimidos por la accionante, ni tampoco un “contrato de consignación” -conforme la posición asumida por la accionada-, sino que la vinculación entre ella s había consistido en lo que en doctrina se conoce como un “contrato estimatorio”, toda vez que la relación poseía todas las características típicas de esta última figura.

(iii.) El denominado “contrato estimatorio”.

Delineadas del modo precedentemente expuesto las posturas asumidas por las litigantes respecto del contrato que las vinculara, así como la decisión asumida por la magistrada de grado sobre el particular, en orden a que -en realidad- las partes se habían relacionado mediante un “contrato estimatorio”, se muestra conducente ingresar en la caracterización de esta última figura para luego verificar si, en la especie, la vinculación existente entre las partes es susceptible de ser encuadrada bajo esa modalidad de contrato.

En esa inteligencia, cabe referir que el contrato “estimatorio” podría definirse como aquél en el que una de las partes, llamada tradens, entrega a la otra, denominada accipiens, determinadas cosas muebles fijando o estimando su valor en una cantidad cierta de dinero, obligándose ésta a procurar la venta de dichas cosas, dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de las cosas que vende y el resto de las no vendidas (conf. Vitolo, Daniel Roque; “Contratos Comerciales”, Ed. Ad Hoc. Buenos Aires 1994, pág.241).

Este tipo de contratos ofrece una gran utilidad para el tráfico mercantil, al evitar que el comerciante deba afrontar el riesgo de comprar en firme a sus proveedores, pudiendo tener el negocio abastecido en forma regular y sin mayores riesgos (conf. Vitolo, Daniel Roque; “Contratos-“, supra citado, pág. 242).

En la práctica de nuestro comercio, se suele recurrir con más frecuencia al contrato “estimatorio” que al de la “consignación”, aunque “siempre se le otorga este último nombre” (conf. Farina, Juan M., “Contratos comerciales modernos”, Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pág. 615, en la misma línea, Etcheverry, Raúl Anibal; “Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte Especial”, T. 1, Ed. Astrea, Buenos Aires 1995, pág. 136). La principal diferencia con la “consignación” se encuentra dada por el hecho de que el comisionista está permanentemente sujeto a las instrucciones de su comitente y debe informar en forma periódica de las alternativas relacionadas con las negociaciones encomendadas, mientras que el accipiens no posee ninguna de estas obligaciones (conf. Vitolo, Daniel Roque; “Contratos-“, obra supra referida, pág. 244). Asimismo, la retribución del comisionista consiste solo en un porcentaje sobre el precio de venta y en el contrato estimatorio la utilidad del accipiens radica en la diferencia entre el precio estimado y el que se obtenga de terceros (conf. Etcheverry, Raúl Anibal; “Derecho-“, supra citado, pág. 141).

(iv.) La verdadera naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes. La existencia del “contrato estimatorio” en que aquella fue encuadrada por la juez a quo.

Efectuadas las breves precisiones que anteceden cabe pasar a determinar -en consecuencia- si entre las partes se verificó la existencia del contrato “estimatorio” aludido por la sentenciante.

Ahora bien, analizada la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del pleito, no puede sino concluirse -tal como lo hiciera la Sra.Juez a quo- en que no existió ninguna “compraventa internacional de mercaderías”, sino que los libros importados fueron entregados en el marco de un contrato “estimatorio”. Veamos.

En efecto, si bien la operatoria se instrumentó como si fuera una “compraventa” (véase facturas de fs.68/97 y dictamen pericial de fs. 322/3), lo cierto es que todas las restantes probanzas rendidas en la especie, evidencian que, en rigor, la intención de ambas partes fue vincularse mediante un contrato “estimatorio”, siendo que dicha instrumentación obedeció simplemente a una limitación impuesta por la legislación aduanera.

Véase, en esa línea, que todas las declaraciones testimoniales corroboran la versión sustentada por la accionada y descartan la de la actora, en tanto resultan coincidentes en punto a que la operatoria no se trató de una “compraventa” sino que por el contrario los libros fueron importados en virtud de un contrato de “consignación” -rectius: “contrato estimatorio”-.

En ese marco, Hugo Alejandro Cejas Rodríguez Lagares -gerente comercial de la accionada- declaró que la operatoria consistió en un pedido efectuado por catálogo “en consignación”, del cual se rendirían ventas periódicamente, aclarando -asimismo- que como el concepto “consignación” no se encontraba contemplado para importaciones, el material se despachó como si fuera una “compra en firme” (véase fs. 218, respuesta “c”).

En el mismo sentido declaró el testigo Marcelo Alejandro Borsani -empleado de la accionada- quien manifestó que las partes se hubieron vinculado a través de una operación de importación “en consignación” (véase fs. 226/7, respuestas “b” y “f”), habiendo aclarado -también- que la figura de la “consignación” para la importación de libros no existía -de hecho-, por lo que la registración correspondía hacerla por (la cuenta) “proveedores”, es decir, mediante una operación de “compra” (véase fs.227, respuestas “b” y 1ª repregunta).

Finalmente, el testigo Gerardo José Betancour Sena -ex gerente de la demandada-, refirió que, al momento de aceptar la propuesta formulada por la actora de distribuir sus libros, “puso como condición que el material viniera en consignación, para acotar riesgos”. Añadió que “de acuerdo a los usos y costumbres en el mercado del libro y la buena fe que había entre las partes, y debido a las dificultades de la legislación aduanera tanto en México como en Argentina, para la salida e ingreso de los libros- aceptó que viniera con una factura de exportación” (véase fs. 333, respuestas “b”, “e” y “f”).

Ahora, si bien no se ignora que todos los declarantes precedentemente aludidos son dependientes o ex dependientes de la demandada, lo cierto es que sus dichos no son descalificables por el solo hecho de trabajar para una de las partes, si se reconoce seriedad y credibilidad en sus declaraciones. Tampoco si se tiene en cuenta que se trata de testigos necesarios por su intervención personal y directa en diversos aspectos de las vinculaciones entre las partes y sus declaraciones son coincidentes entre sí, correspondiendo someter estas últimas a las normas de la sana crítica, de modo que sean útiles para la investigación de la verdad. En síntesis, el grado de credibilidad de los dichos de los testigos depende -en definitiva- de las circunstancias personales de éstos, la razón de ser de su conocimiento, su interés en el asunto y la coherencia de su declaración (conf. Carlos Eduardo Fenochietto y Roland Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo II, Bs. As. 1993, pág. 473/4).

Por otra parte, es del caso poner de resalto que no fue cuestionada la idoneidad de ninguno de los testimonios referidos, en la oportunidad prevista por el CPCC:456, circunstancia que obsta a que puedan oponerse objeciones a la idoneidad de sus declaraciones en esta instancia del proceso.

Se agrega a ello que las restantes probanzas producidas a lo largo del proceso corroboran lo expuesto en las declaraciones citadas. Nótese -en ese sentido- que la limitación existente en la legislación aduanera que imposibilitaba instrumentar la operación de importación como “en consignación” fue ratificada por la Dirección General de Aduanas, organismo que informó que la normativa referida a la importación “en consignación” o “con precios revisables” no se encontraba incluida en el Código Aduanero (véase fs. 250).

Por otra parte, también sustenta la postura de la accionada la propia conducta desplegada por la actora durante el desarrollo del vínculo. Véase, en esa dirección, que no medió ningún reclamo de esa parte -por lo menos no fue probado- respecto del pago de las facturas supuestamente adeudadas, previo al 25.06.2009 – oportunidad en la que se celebró la medición obligatoria correspondiente a las presentes actuaciones-, circunstancia que no aparece como razonable en el supuesto de tratarse de una operación de “compraventa” que, según los dichos de la demandante, debía ser abonada a los treinta (30) días de recepción de la mercadería, es decir, el 29.12.2007.

Por el contrario, el único requerimiento que aparece acreditado en el sub lite, descarta que la operatoria se tratase de una “compraventa” y respalda la existencia del contrato “estimatorio”.

Nótese, en esa línea, que en el intercambio de correos electrónicos acompañado por la accionada (mails cuya autenticidad fuera reconocida por el receptor), se observa que el día 20.08.2008, es decir, casi diez (10) meses después de entregada la mercadería, Henri Bergonzi -representante de “Nueva Palabra S.A.”- le solicitó a Gerardo Betancour -ex gerente de Edebe S.A.”- si podía “enviar un corte del material que se vendió hasta esa fecha”, peticionando, además, el pago de la suma de dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000.-) – véase fs. 161-, el cual es respondido por este último, en fecha 28.08.2008, de la siguiente forma: “te mando las unidades vendidas hasta el 31/07, según hemos convenido” requiriendo unos días para valorizarlas (véase fs. 161).

Tal requerimiento debe ser razonablemente entendido en el sentido expuesto por la demandada, esto es, que la accionante le estaba solicitando a esta última la liquidación del importe correspondiente a los libros vendidos hasta esa fecha, estimando que las ventas habían alcanzado un mínimo de dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000.-).

Asimismo, también debe señalarse que se verificó la existencia del pago del importe mencionado supra, mediante la contestación de fs. 206, en la cual “Banco Patagonia S.A.” dio cuenta de que en fecha 22.12.2008 se realizó una transferencia por dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000.-) de parte de la accionada a la actora (véase fs. 204/6). No está demás destacar -además- que dicho pago fue silenciado por esta última al momento de incoar la presente acción, no obstante lo cual, posteriormente, fue expresamente reconocido al contestar el traslado de la contestación de la demanda, sosteniendo que por un error material no lo consignó en su escrito inaugural (véase fs.181).

Por otro lado, tampoco puede dejar de mencionarse que los usos y prácticas usuales en el mercado de los editores de libros y revistas con sus distribuidores, también respaldan la posición de la accionada, toda vez que, en dicho mercado, la entrega de libros se efectúa, generalmente, a través de un “contrato estimatorio” (siendo comúnmente referido como entrega “en consignación”), circunstancia que permite sustentar, aún más, que la operatoria en cuestión se trató de un contrato “estimatorio”.

En efecto, el contrato “estimatorio” ha encontrado frecuente aplicación para la comercialización de libros en general, entre los editores y/o distribuidores y los titulares de los negocios destinados a la venta, siendo que los distribuidores conservan el derecho de devolución de esas mercaderías si, al cabo de determinado tiempo no han podido colocarla entre su clientela (conf. Vitolo, Daniel Roque; “Contratos-“, obra supra referida, pág. 242; en la misma línea, Etcheverry, Raúl Anibal; “Derecho-“, precedentemente citado, pág.138).

En otro orden de ideas y para finalizar, estimo necesario destacar que la accionante no efectuó actividad probatoria idónea alguna tendiente a sustentar – siquiera en forma mínima- su versión de los hechos, siendo que no solo no probó la existencia de la operatoria de “compraventa”, sino que tampoco demostró ninguna de las restantes afirmaciones formuladas al incoar la presente demanda como, por ejemplo, que la relación databa de mediados del año 2003, que la accionada había sido designada distribuidora exclusiva de sus libros en Argentina, que se había pactado el vencimiento a los treinta (30) días de la entrega, etc., silenciando – además- que había recibido un pago de u$s 10.000.- correspondiente a la operatoria aquí debatida.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, no corresponde sino coincidir con la conclusión expuesta por la magistrada de la anterior instancia en orden a que las partes se vincularon mediante un contrato “estimatorio”, con las derivaciones legales consiguientes.

(3.) La obligación de la accionada en el marco del contrato “estimatorio” que vinculó a las partes.

Encontrándose establecido que la operatoria que instrumentaban las facturas aquí reclamadas no constituía una “compraventa”, sino un contrato “estimatorio” en los términos especificados más arriba, cabe pasar a analizar si, tal como fuera decidido en la anterior instancia, resultó procedente condenar a la accionada al pago de la mercadería que no fuera oportunamente vendida.

Cabe recordar que la juez de grado, entendió que, al no haber devuelto los bienes recibidos al finalizar el plazo del contrato -que consideró concluido-, la demandada debía abonar el precio indicado en las facturas, con detracción del pago parcial efectuado.

Ahora bien, lo primero que cabe poner de relieve es que en el contrato “estimatorio” el plazo establecido fija el término dentro del cual el accipiens puede devolver la mercadería al tradens, por lo que vencido éste sin haberla restituido, aquél se encuentra obligado a abonar el precio correspondiente (conf. Farina, Juan M., “Contratos-“, obra supra referida, pág.630).

No obstante ello, ha sido dicho también que, toda vez que el plazo no es un requisito esencial de esta figura, puede existir contrato “estimatorio” con plazo indeterminado -tal como pareciera que acontece en la especie-, en cuyo caso, el tradens debe requerirle al accipiens una rendición de cuentas de la que resulte la mercadería no vendida a restituir o bien el precio que corresponde pagar por la que no se restituye (conf. Etcheverry, Raúl Anibal; “Derecho-“, supra citado, pág. 147).

En esa misma línea, se ha sostenido -asimismo- que en el tráfico las partes aceptan sin más los plazos señalados por los usos mercantiles del ramo que se trate, por lo que, por lo general, en ausencia de uso y de toda otra determinación, el tradens, luego de transcurrido un plazo prudencial, puede pedir la liquidación de cuentas, sin que el accipiens tenga nada que oponer a ese requerimiento, pues, en definitiva, el tradens es libre de revocar el encargo conferido cuando no hay plazo previsto (conf. Farina, Juan M., “Contratos-“, obra supra citada, pág. 629).

En la especie, no se advierte que las partes hubiesen convenido un plazo determinado para la finalización del contrato “estimatorio”, razón por la cual éste recién podía considerarse fenecido una vez que alguna de las partes hubiese requerido a la otra la “liquidación final” de las cuentas.

En este punto, cabe aclarar que no se verificó -previo al inicio de esta demanda- ninguna solicitud de esta índole de parte de la accionante, toda vez que el único requerimiento obrante en autos lo constituye el mail del 20.08.2008, instrumento en el cual esta última solo solicitó “enviar un corte del material que se vendió hasta esa fecha” (véase fs.161), es decir, que únicamente peticionó el pago de lo efectivamente vendido hasta ese momento -20.08.2008-, sin dar por finalizado el contrato “estimatorio” ni requerir la liquidación final de las cuentas emergentes de dicho contrato.

Ahora bien, no obstante que la actora no requirió en momento alguno la extinción del vínculo ni tampoco peticionó formalmente a su contraparte una rendición de cuentas y la liquidación final de los libros oportunamente entregados, vendidos y no vendidos, que pudiera presuponer esa extinción, lo cierto es que la promoción de la presente acción constituyó de por sí una clara expresión por parte de la actora de la voluntad de esta última de dar por finalizado el vínculo, más allá de haber requerido indebidamente el pago del precio de la totalidad de la mercadería entregada cuando ya había mediado un pago parcial imputable a ésta última.

En efecto, pese a que la acción fue indebidamente promovida como nacida de un supuesto contrato de “compraventa”, la realidad es que la pretensión de cobro del precio de la mercadería objeto de la demanda no puede sino ser interpretada en el marco de un contrato estimatorio como el que se analiza, como una demostración o exteriorización de la intención de dar por terminado el contrato habido entre las partes, circunstancia que colocaba a la accionada en la disyuntiva de abonar el precio de la mercadería recibida o a devolverla.

Así las cosas, frente a la ostensible voluntad de la actora de resolver el vínculo -plasmada, reitero, por el solo hecho de haber promovido la presente acción-, las únicas conductas que en rigor podía observar la demandada consistían en abonar el precio de la totalidad de la mercadería o bien oblar únicamente el precio correspondiente a los libros que hubiesen sido efectivamente vendidos y restituir la mercancía no enajenada.

Nada de todo esto fue realizado por la accionada.Cabe señalar que no aparece como suficiente, a los efectos precedentemente indicados, el ofrecimiento formulado por esta última parte de colocar los libros no vendidos “a entera disposición de la actora, quien podrá disponer de ellos para su reexportación o, en el sentido que estime más conveniente a sus intereses” (véase fs. 172 vta.), toda vez que, se reitera, en el marco del contrato “estimatorio” aquí involucrado, era obligación de la accionada -al finalizar el vínculo- efectuar la “devolución” de la mercadería no vendida -o pagar el precio estimado- y no simplemente “colocarla a disposición” de su contraparte. Agrégase a ello que ni siquiera esbozó dicha parte formalizar una “liquidación final” del contrato en cuestión, circunstancia que obstó al finiquito de la relación y a la posibilidad de dilucidar si se verificó alguna nueva operación de venta de mercadería no incluida en la liquidación parcial antes referida.

En este contexto de situación, no cabe sino considerar que resultó acertada la decisión de la juez de grado de juzgar disuelto el vínculo de marras y en esa inteligencia, disponer la condena al pago por parte de la accionada del importe de dólares estadounidenses sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 ($ 62.696,35.-) -monto resultante de descontar, del total del precio resultante de las facturas reclamadas, el pago parcial de u$s 10.000 que resultó comprobado en autos-.

Esta circunstancia no obsta -por cierto- a la facultad de la accionada de hacer valer la opción que le confiere la naturaleza del contrato celebrado de reintegrar los libros objeto del contrato que no fueron enajenados, abonando el precio de aquellos que sí lo hubiesen sido.

En función de ello, si bien corresponde confirmar la condena dineraria dispuesta en autos, también cabe admitir que dicha condena pueda ser cumplida – total o parcialmente- mediante el reintegro de la mercadería que fuera objeto del “contrato estimatorio”, opción que se encuentra en cabeza de la accionada.

(4.) La moneda de cumplimiento de la sentencia.

Llegadoeste punto del análisis de los recursos deducidos por ambas partes, resta pronunciarse acerca del reproche de la accionante relativo a la improcedencia de la opción dispuesta en la sentencia de grado de cancelar el importe de condena en pesos argentinos al valor del dólar en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, según cotización del Banco de la Nación Argentina.

A ese respecto, cabe puntualizar, en primer lugar, que no se encuentra controvertido en esta instancia que el cumplimiento de las prestaciones atinentes al contrato que vinculara a las partes fue pactado en dólares estadounidenses, habiendo sido ello así reconocido en la sentencia apelada, no obstante lo cual se estableció en el mismo fallo la opción de cancelar el importe de condena en “pesos” -efectuando la pertinente conversión-, que es justamente el aspecto que motiva el reproche que se analiza.

Así las cosas, debe recordarse que si bien en el a rt. 3° de la ley 25.561 han sido derogados los art. 1°, 2°, 8°, 9°, 12° y 13° de la llamada ley de convertibilidad (ley 23.928), el art. 5° de esa misma ley ha mantenido las modificaciones introducidas en el art. 617 del Código Civil por el art. 11 de la primera de las leyes mencionadas, con lo cual las obligaciones constituidas en moneda extranjera continúan siendo consideradas deudas de dinero como lo fuera durante todo el período de la llamada convertibilidad. Sigue legalmente establecido y no ha cambiado entonces que la obligación por la que se ha constituido una obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República debe considerarse como de dar sumas de dinero.

Por lo tanto, no puede perderse de vista que las deudas en moneda extranjera, hoy por hoy y desde la sanción de la ley 23.928 en 1991, son en nuestro país deudas de dinero con respecto a las cuales el Estado en uso de facultades que le son propias atribuye y fija la función de unidad de medida de todos los bienes.

Recuérdase que el art.12 de la ley 23.928 creó, dado el diferente régimen jurídico aplicable a la moneda nacional, una moneda nacional convertible, que debía ser considerada, a todos sus efectos, como una nueva moneda y, coherente con ello, se reformó el art. 617 del Código Civil y se estableció que las obligaciones en moneda extranjera son deudas de dinero, condición que, pese a la derogación del régimen de convertibilidad, aún conservan.

En conclusión, siendo que actualmente se considera obligación de dar sumas de dinero, tanto aquellas convenidas en la moneda de curso legal -pesos- como aquellas pactadas en moneda extranjera (art. 617 Cod. Civil) y siendo que la divisa convenida en la especie fue dólares estadounidenses, conforme emerge de todos los instrumentos acompañados en autos y fuera reconocido por ambas partes, no se aprecia fundamento alguno para permitir a la accionada liberarse de la obligación entregando una moneda distinta a la expresamente pactada.

En ese punto, cabe dejar aclarado que tampoco puede considerarse procedente la opción fijada en la sentencia de grado, en razón de las limitaciones existentes para el acceso al mercado libre de cambios, toda vez que esta Sala ha reconocido la facultad de acceder a la adquisición de moneda extranjera, en supuestos como el de autos.

En efecto, cuando se configura un supuesto en el que existe una obligación relativa a un crédito genuino en moneda extranjera que debe satisfacerse de ese modo -tal como aquí acontece-, atento a que nuestro ordenamiento permite contraer y atender obligaciones dinerarias en moneda extranjera conforme a lo dispuesto por los arts. 617, 691 y cctes del Cód Civil cabe reconocer la facultad de acceder al mercado de cambios para adquirir dólares en el mercado de cambio al tipo de cambio oficial, siempre que medie, como ocurre en el caso, una sentencia judicial que así lo establece (conf. CNCom: esta Sala A 03.04.2014, in re: “Geminis Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Limitada c/ MP Desarrollos S.R.,L. s/ ejecutivo”; id. id. 04.09.2013, in re:”Konisberg Rubén Gabriel c/ Castro Biardo Walter Hugo y otros s/ ejecución prendaria”, entre otros).

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, cabe receptar el reproche de la accionante, con la consecuente modificación de la sentencia en el sentido de que la condena monetaria allí dispuesta, deberá, en principio, ser cumplida en “dólares estadounidenses”.

(5.) Las costas del proceso.

Habida cuenta que todo lo hasta aquí expuesto determina la revocación parcial del pronunciamiento apelado, se torna imperativo que este Tribunal se expida en lo atinente a la forma que procede que sean soportadas las costas del proceso (CPCC: 279).

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello es así, en la medida que las costas son corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, ya que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf. CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf.Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).

El presente es justamente uno de esos casos en que existe mérito suficiente para apartarse de la regla general precedentemente descripta. Ello así toda vez que, más allá de la procedencia parcial de la acción, lo cierto es que ambas partes actuaron en forma indebida, la actora al efectuar un requerimiento impropio del tipo de contrato celebrado -al demandar como si se tratase de una “compraventa”, aprovechándose de la forma en que se instrumentó la operatoria cuando la intención de las partes había sido vincularse mediante un contrato “estimatorio”- y la accionada, al observar una conducta omisiva frente al requerimiento efectuado en el marco de estas actuaciones a tal punto que hasta el momento no abonó los libros que adquiriera de la actora, ni tampoco los ha restituido.

Así las cosas, considero que corresponde distribuir las costas de la anterior instancia en el orden causado, en razón de las peculiares circunstancias del caso (CPCC: 279 y 68), criterio que cabe hacer extensivo a las costas de Alzada por idéntico fundamento (CPCC: 279 y 68).

IV.- CONCLUSIÓN.

Por las razones expuestas en los considerandos precedentes, propongo -pues- al Acuerdo:

(i.) Hacer lugar -parcialmente- a los recursos de apelación deducidos por ambas partes y, como consecuencia de ello, modificar la sentencia apelada en el sentido de que la condena pecuniaria allí consagrada por el monto de dólares estadounidenses sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 62.696,35.-) debe ser satisfecha en principio en esa misma moneda, sin perjuicio de la facultad de la accionada de cancelarla total o parcialmente mediante el reintegro de la mercadería oportunamente enajenada en virtud del contrato en las mismas condiciones de conservación en que fuera recepcionada, opción que deberá ser ejercida dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente;

(ii.) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (CPCC:279 y 68).

Así voto.

Por análogas razones, las Señoras Juezas de Cámara Dra. María Elsa Uzal y Dra. Isabel Miguez adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Miguez y María Elsa Uzal. Ante mí, Valeria C. Pereyra.

Es copia del original que corre a fs. 48/58 del libro N° 125 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

Valeria C. Pereyra

Prosecretaria de Cámara

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(i.) Hacer lugar -parcialmente- a los recursos de apelación deducidos por ambas partes y, como consecuencia de ello, modificar la sentencia apelada en el sentido de que la condena pecuniaria allí consagrada por el monto de dólares estadounidenses sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis con 35/100 (u$s 62.696,35.-) debe ser satisfecha en principio en esa misma moneda, sin perjuicio de la facultad de la accionada de cancelarla total o parcialmente mediante el reintegro de la mercadería oportunamente enajenada en virtud del contrato en las mismas condiciones de conservación en que fuera recepcionada, opción que deberá ser ejercida dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente;

(ii.) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (CPCC: 279 y 68).

(iii.) Notifíquese a las partes.

(iv.) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta

(30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo Arturo Kölliker Frers

Isabel Miguez

María Elsa Uzal

Valeria C. Pereyra

Prosecretaria de Cámara

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