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Responsabilidad del fabricante y del vendedor por videocámara defectuosa.

784_XHA1SPartes: Gutierrez Claudio Roberto c/ Samsung Electronics Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 4-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91989-AR | MJJ91989 | MJJ91989

Responsabilidad del fabricante y del vendedor por videocámara defectuosa.

Sumario:

1.-Se condena a las empresas demandadas a abonar al actor una suma de dinero determinada, y otra que resulte del valor de la video cámara adquirida o un modelo similar, debido a las fallas que presentaba el aparato al poco tiempo de uso, toda vez que ha quedo acreditado no solo los pasos que la accionante debió dar para obtener la satisfacción de su reclamo, sino también la desaprensiva conducta de las demandadas, quienes no dieron respuesta acabada al reclamo como correspondía, ante los numerosos requerimientos formulados en reiteradas ocasiones, confirmándose la suma de dinero otorgada por daño punitivo.

2.-Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por defectos o vicios de cualquier naturaleza, y en aquellos casos que en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para su uso, el consumidor podrá, o bien pedir la sustitución de la cosa, o devolverla a cambio del importe equivalente a las sumas pagadas u obtener una quita del precio. Tanto productores, como importadores, distribuidores y vendedores de los bienes son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal.

3.-Para reparar el agravio moral en materia de daño contractual, el juez podrá condenar al responsable; y para ello debe tenerse presente la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso, a efectos de imponer o liberar al deudor de una reparación y sin que dicho perjuicio pueda inferirse de cualquier molestia que ocasione el incumplimiento.

4.-El daño punitivo, que es un monto de dinero que los tribunales mandan pagar a las víctimas de ciertos ilícitos, es necesario a la hora de poner coto a las conductas ignorantes de los perjuicios que, en muchos casos, generan las grandes corporaciones, tanto a sus clientes como a quienes se constituyen en usuarios o se ven afectados por la utilización de los servicios que aquéllas prestan. Las conductas transgresoras de principios específicos del derecho en cuestión, amerita la aplicación de una multa.

Fallo:

Y Vistos. Considerando:

I- La sentencia de fojas 295/307, en virtud de la cual se hizo lugar a la demanda interpuesta, condenando a Samsung Electronics Argentina SA y a Compumundo SA, a abonar al actor una suma determinada, y otra que resulte -en la etapa de ejecución-, del valor de la video cámara adquirida por el accionante o su modelo similar o asimilable en plaza al momento del pago, es recurrida por todas las partes.

La accionante expuso sus quejas en escrito que luce agregado a fojas 313/20 vuelta, las que merecieron respuesta a fojas 329/332. La codemandada Samsung hizo lo propio a fojas 333/43. Por último, la codemandada Compumundo SA expresó agravios a fojas 346/9. Ninguno de estos libelos de queja mereció respuesta de la contraria.

Cuestiona la actora los montos indemnizatorios otorgados en concepto de daño moral y daño punitivo, por considerar que resultan exiguos.

Por su parte, Samsung se agravia de la condena de autos a su respecto, entendiendo que está probado el buen funcionamiento de la videocámara y que, tal circunstancia es suficiente para eximirla de cualquier responsabilidad alegada por la actora en relación a la existencia de supuestas fallas del aparato. Asimismo, impugna los montos indemnizatorios concedidos en la sentencia de grado en concepto de daño moral, daño punitivo y el resulte en la etapa de ejecución de sentencia, del valor de la videocámara adquirida por el accionante o modelo similar o asimilable en plaza en el mercado.También cuestiona la imposición de las costas y los intereses establecidos en el decisorio.

Por último, Compumundo SA cuestiona la atribución de responsabilidad, imputada en la instancia de grado por no cumplir satisfactoriamente las obligaciones establecidas por la ley 24.240 y demás obligaciones contractuales derivadas de la venta del producto y, también de los montos indemnizatorios acordados en concepto de daño material y daño moral.

Planteada la cuestión en estos términos, y por razones metodológicas se analizaran los agravios sujetos a análisis de forma conjunta.

II- En punto a la responsabilidad de las demandadas en el evento de autos diremos que, en el caso, la actora reclama la reparación de los daños sufridos contra Samsung Electronics Argentina SA y Compumundo SA, derivados de la compra de una videocámara marca Samsung , modelo Sc-dx, con garantía extendida de cuatro años, la cual luego de su utilización, comenzó a fallar -según el relato de la reclamante-. Asegura la reclamante de autos, que no sólo no obtuvo una debida reparación del artefacto, sino que además, no se le devolvió el dinero que pagó por dicho producto, en violación a la normativa derivada de la ley 24.240. Este reclamo es resistido por ambas demandadas, quienes argumentan -entre otras cosas- que se habría vendido un producto en correctas condiciones, que luego se le entregó otro producto al consumidor (una nueva cámara), y que los desperfectos debieron tener su origen en el uso inadecuado del material.

En la especie, y tal como se resolvió en la sentencia de grado, la regulación específica en el tema que nos toca debatir, es la derivada de la ley 24.240, modificada por la ley 26.361 de protección del consumidor.

De acuerdo con lo estipulado por la normativa de referencia, cabe precisar que, en líneas generales, cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por defectos o vicios de cualquier naturaleza.Asimismo, en aquellos casos que en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para su uso, el consumidor podrá, o bien pedir la sustitución de la cosa, o devolverla a cambio del importe equivalente a las sumas pagadas u obtener una quita del precio. Tanto productores, como importadores, distribuidores y vendedores de los bienes -objeto de reclamo-, son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal.

En el caso que nos ocupa, quedó perfectamente acreditado todos los pasos que la actora debió dar, en un arduo camino, para obtener la satisfacción de su reclamo, derivado de la compra de una videocámara, la cual, conforme quedó acreditado en autos, manifestó defectos al poco tiempo de su uso.

El detalle de los acontecimientos fue minucioso y correctamente descripto por la señora magistrada, al cual nos remitimos a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Sólo destacaremos, que ninguna duda cabe a este tribunal acerca de la desaprensiva conducta puesta en evidencia por parte de las demandadas, quienes no dieron respuesta acabada al reclamo del consumidor como correspondía, ante los numerosos requerimientos que aquél formuló, en reiteradas ocasiones.

Y en este sentido, vale la pena remarcar el pensamiento de la señora juez de grado, que compartimos en toda su extensión, respecto a que la sola crónica de las circunstancias apuntadas resulta agotadora y pone en evidencia, «el derrotero tuvo que transitar el consumidor desde que adquiriera el producto» en agosto de 2008, o bien desde que ingresó con fallas en febrero de 2009, hasta su decisión de no aceptar las últimas propuestas del fabricante y vendedor del 21 de abril de 2010″, es decir catorce meses para obtener un pleno uso que nunca tuvo lugar, desvirtuándose el principio protectorio derivado de la normativa de la ley 24.240 y modificatorias, en punto al cumplimiento de la garantía legal.

No obsta a lo expuesto, el hecho que el experto de autos haya dictaminado que las reparaciones en el artefacto fueron satisfactorias, como dice la apelante, en su memorial, pues, nadacambia el convencimiento de los suscriptos acerca del incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y las obligaciones contractuales tanto del fabricante como del vendedor, pues -tal como pone de resalto la señora juez de grado-, aún cuando el servicio técnico aseguró haber intervenido la videocámara para su reparación en febrero de 2010, posiblemente ello se colija con la conclusión pericial, no obstante lo cual, la solución ya era tardía, habida cuenta la opción del consumidor expresada en el sentido que se le devolviera el dinero, petición que fue totalmente ignorada, por quienes debieron restituir de forma inmediata el monto abonado (cfr. art. 17 inciso b) ley 24.240).

Como quiera que sea, y no encontrando en los memoriales sujetos a análisis, ningún fundamento de peso, que logre variar el convencimiento de este Tribunal, acerca de la evidente responsabilidad de las demandadas en el hecho ventilado en autos, no cabe más que rechazar las quejas allí expresadas y confirmar la decisión de grado, en lo que a ello respecta.

III- En relación a la partida indemnizatoria otorgada en concepto de daño moral, cabe apuntar que, en materia de resarcimiento del agravio moral por incumplimiento contractual, como en el caso de autos, el artículo 522 del Código Civil, luego de la redacción según reforma de 1968, dispone:»En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso». De este modo la ley 17.711 admitió la reparación del agravio moral en materia de daño contractual, estableciendo que el juez podrá condenar al responsable a su reparación; para ello, la ley señala como pautas a tener presente, en forma especial la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso.

La jurisprudencia ha decidido que en materia contractual el daño moral debe ponderarse con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que el legislador ha empleado la expresión «podrá» en el artículo 522 del Cód. Civil, lo que debe interpretarse en el sentido que la imposición de un resarcimiento por tal concepto ha quedado librada al prudente arbitrio judicial, a cuyo fin el juez se encuentra facultado para apreciar libremente el hecho generador y sus circunstancias, a efectos de imponer o liberar al deudor de una reparación y sin que dicho perjuicio pueda inferirse de cualquier molestia que ocasione el incumplimiento (CNCiv., Sala E, 16-02-05, AMonzón, Mariano c Cooperativa Vivienda Civiles Fuerzas Armadas@, L.L. 2005-B-574). Y que tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual, sólo procederá indemnizar el daño moral cuando el juez advierta una torpeza particularmente calificada del deudor en el acaecimiento del hecho que genera su responsabilidad, pues de lo contrario no tendría razón la limitación que para su procedencia determina en el artículo 522 del Código Civil (CNCom., Sala A, 17-03-04, AOliva, Rubén C. c Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados@, DJ 23-06-04, 588).

Finalmente en la causa «Gracia c San Bernardo Atlántica S.A.», del 30-11-84 L.L.1985-C-291, se sostiene «El actor, al fundar su reclamación no hace sino merituar, genéricamente, la alteración de su vida normal, como consecuencia del incumplimiento. No hay pruebas de una lesión cierta a bienes extrapatrimoniales que funden un resarcimiento. Por cierto que el incumplimiento provoca molestias, preocupación, contrariedad. Pero, – la indemnización no repara cualquier sentimiento sino aquellos sentimientos de afección derivados de la circunstancia de que, a través del bien patrimonial, de la cosa, la víctima satisfacía un bien jurídico distinto de carácter no patrimonial que no se restituye o restablece con la mera reposición o resarcimiento del valor económico y pecuniario, ni siquiera con la reparación por equivalente».

En vista de estas consideraciones que quedan expuestas, y evaluando todos los inconvenientes y padecimientos soportados por el actor, en el lapso que duraron las negociaciones para conseguir el cambio del producto defectuoso, entendemos que la suma indemnizatoria establecida en la instancia de grado por este concepto ($ 20.000), resulta prudente y ajustada a derecho, razón por la cual se pr opone su confirmación.

IV- En lo que hace al daño punitivo, conforme con lo dispuesto por la norma del artículo 52 bis de la ley 24.240, «al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan-«

El daño punitivo es un monto de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a penar graves inconductas del demandado y prevenir hechos similares en el futuro.El único requisito de admisibilidad que exige la ley 24.240 -modificada por la ley 26.361- para que el proveedor sea sancionado, es que éste haya incumplido la obligación (Cfr. CNCiv., Gallardo Ricardo Adolfo c/Plusmar SA s/Daños y Perjuicios» 10-07-12).

Se ha dicho también, que el instituto del daño punitivo, regulado en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, es necesario a la hora de poner coto a las conductas ignorantes de los perjuicios que, en muchos casos, generan las grandes corporaciones, tanto a sus clientes como a quienes se constituyen en usuarios o se ven afectados por la utilización de los servicios que aquéllas prestan (íd., Sala H «S.M., M. c/Telecentro SA s/Ds. y Ps.» 10-12-12).

Coincidimos con la señora juez de grado, en cuanto a que en el caso, dado las conductas de las partes transgresoras de principios específicos del derecho en cuestión, amerita la aplicación de la multa descripta.

En cuanto al monto por el cual prospera este acápite, diez mil pesos ($10.000), entendemos, también en este caso, que la misma es prudente y ajustada a derecho, razón por la cual, se propone la confirmación de este punto del decisorio.

V- Respecto del agravio relacionado con los intereses, la señora juez de grado los ha establecido a la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina, conforme los términos del plenario de la Excma. Cámara del fuero, «Samudio de Martínez Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta SA» , del 20 de abril de 2009, desde la mora, en el caso, desde que se convocara a la primera audiencia en el marco de las actuaciones administrativas en al Secretaría de Defensa al Consumidor.

En la especie, de acuerdo con el criterio que esta Sala viene sosteniendo (Cfr. «MONDINO, Silvana Andrea c/ TETTAMANZI, Hernán Diego y otros s/ daños y perjuicios» (R.524.899) del 14/04/2010; «Cabranes Teresa Dolores c/La cabaña SA y otros s/Ds. y Ps., del 27 de abril de 2010, entre otros), se propone mantener la decisión de grado, no encontrándose, por lo demás, ninguna razón para no computar los intereses desde la fecha apuntada, en relación a la suma determinada y a la que habrá de determinarse en la etapa de ejecución.

Como consecuencia de ello, corresponde rechazar la queja enderezada al respecto y mantener este punto de la sentencia sujeto a debate.

VI- Por último, y en lo que hace al agravio relacionado con las costas, que en la instancia de grado fueron impuestas a los responsables, aún cuando la pretensión no prosperó en su totalidad, cabe destacar que este Tribunal no encuentra ningún motivo que autorice a dejar de lado el principio objetivo de la derrota postulado por la norma del artículo 68 del Código Procesal. Por esta razón, no cabe más que rechazar las queja articulada en contra de este decisión, la cual, por lo demás, apenas reúne los requisitos exigidos por la norma del artículo 265 del Código Procesal.

Como corolario de todo lo expresado no cabe más que rechazar los agravios sujetos a análisis y confirmar el decisorio de grado en todo cuanto ha sido materia de apelación.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar los agravios sometidos a estudio y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de apelación. Costas de Alzada por su orden en atención a la suerte que corren los recursos (arg. art. 71 del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Hágase saber que esta sentencia será enviada al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación en los términos de la ley 26.856, su dec. reglamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13.

Patricia Barbieri

Víctor F. Liberman

Ana María Brilla de Serrat

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