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El Senado apura un proyecto para darle poder a Gils Carbó

gils-carboEn algunos cambios de última hora que autorice la Casa Rosada y que se conocerán poco antes de que se firmen los dictámenes, el kirchnerismo se apresta a dejar listo esta semana para su tratamiento en el Senado al nuevo y polémico paquete legislativo que reforma de manera sustancial la justicia penal y que otorga amplios poderes a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El día clave será el próximo miércoles, a las 11, que es cuando el oficialismo convocó a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con la intención de firmar dictamen a las cinco iniciativas que componen el paquete de implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP).

El mismo día, la mayoría oficialista también le dará despacho favorable a un proyecto que pretende ordenar el sistema de subrogancias y que, en esencia, prolongará a seis años -por lo que excederán el próximo período presidencial- la vigencia de las listas de abogados que la Casa Rosada impulsó para cubrir vacancias en los juzgados y cámaras federales de todo el país, nóminas que fueron denunciadas por la oposición de estar plagadas de militantes oficialistas y de adherentes a Justicia Legítima.

El primer paso lo dará el oficialismo este martes, al rubricar el informe de la comisión bicameral, que preside el senador Rodolfo Urtubey (Salta-FPV), creada para redactar y analizar las leyes que requiere la implementación del CPP sancionado en noviembre del año pasado. El reporte será la excusa para que las comisiones permanentes del Senado puedan dictaminar al día siguiente.

Tanta actividad legislativa tiene por objetivo dejar las seis iniciativas listas para su tratamiento en el recinto del Senado en una maratónica sesión prevista para el 27 de mayo y, una vez aprobadas, girarlas a la Cámara de Diputados para que las sanciones, a más tardar, a mediados de junio. En Diputados, sin embargo, todavía se evalúa cuál será la prioridad que se le dará a este tema.

El apuro obedece a dos cuestiones, según admiten los propios senadores oficialistas en charlas informales. La más pueril es el deseo de Cristina Kirchner de tener vigente el Código Procesal Penal antes del final de su mandato.

Las más compleja y que pocos admiten de manera frontal es la necesidad que tiene el Gobierno de blindarse ante el eventual avance de varias causas por corrupción que apuntan directo al corazón del poder de los últimos 12 años.

«Nos llama la atención la premura con la que se está implementando este Código», alertó Miguel Caminos, de la Asociación de Magistrados, ante los legisladores de la comisión bicameral que analiza la reforma del sistema judicial penal.

El proyecto de implementación propiamente dicho establece la puesta en vigor del nuevo Código a partir del 1° de septiembre en una de las cuatro jurisdicciones en que divide la justicia nacional de la Capital el proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, que también integra el paquete legislativo que discute el Congreso.

Tanto la fecha de vigencia como la arbitrariedad de las jurisdicciones fueron criticadas por la mayoría de los jueces y juristas invitados a exponer ante la comisión bicameral. «Esta aplicación escalonada es absurda, vamos a tener al menos tres códigos funcionando al mismo tiempo», advirtió Rodolfo Pociello Argerich, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional porteña.

Sin embargo, para la oposición la implementación del nuevo Código Procesal Penal es el caballo de Troya que esconde el verdadero interés oficial de darle amplios poderes a Gils Carbó. Por eso, todas las miradas están puestas en la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que le dará a la jefa de los fiscales amplios poderes para nombrar personal y disponer sobre la suerte y el ritmo de miles de causas judiciales.

«Gils Carbó maneja a los fiscales como se les antoja y todas las modificaciones a la ley orgánica de la Procuración están en sintonía con esa actitud», afirmó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut).

El peronismo disidente también rechazaría el paquete legislativo. «Hacer tantos cambios en tiempos de final de ciclo nos genera desconfianza», dijo el senador Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).

El jefe del gremio de los judiciales, Julio Piumato, también se quejó: «Se le está otorgando mucho poder a la procuradora».

UN PROYECTO CONTROVERTIDO

En Comisión

El próximo miércoles, el FPV planea emitir dictamen de mayoría para impulsar un paquete de leyes sobre la reforma procesal penal. El Gobierno quiere que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y los fiscales tengan la llave para impulsar o cerrar numerosas causas judiciales, incluidas las de corrupción

Jueces subrogantes

Ese mismo día, la mayoría oficialista también le dará despacho favorable a un proyecto por el que durarán seis años los jueces subrogantes que nombre el kirchnerismo

Media sanción

Con ese apuro, el Senado planea darles a esos proyectos media sanción en la sesión del 27 de este mes. Luego pasarán a la Cámara de Diputados, aunque allí todavía no hay una definición clara sobre la prioridad que recibirán estas iniciativas.

Fuente: La Nación

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