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No resulta suficiente que se acredite la existencia de una relación asociativa o de dependencia para tornar aplicable lo dispuesto por el art. 2 la Ley arancelaria, dado que la interpretación de tal norma debe hacerse de manera restrictiva

CalculadoraImpuestosPartes: CA2 Aerolíneas Argentinas S.A. s/ concurso

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 5-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91396-AR | MJJ91396 | MJJ91396

No resulta suficiente que se acredite la existencia de una relación asociativa o de dependencia para tornar aplicable lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Arancelaria, dado que la interpretación de tal norma debe hacerse de manera restrictiva.

Sumario:

1.-El derecho a la regulación y al cobro de los estipendios fijados como contraprestación de un oficio o profesión liberal concentra una gama de garantías esenciales, tales como la de la protección de la propiedad y la igualdad (arts. 14 , 16 y 17 , Constitución Nacional), de forma tal que, sea cual fuere el vínculo que une al profesional con su cliente, el trabajo de aquél siempre se presume oneroso.

2.-Toda exclusión al derecho de percibir honorarios debe ser demostrada en forma concluyente e inequívoca, pues existe el razonable riesgo de afectarse negativamente el derecho de propiedad del beneficiario

3.-No es suficiente que se acredite la existencia de una relación asociativa o de dependencia para tornar aplicable lo dispuesto por el art. 2 de la ley arancelaria, dado que la interpretación de tal norma debe hacerse de manera restrictiva y constatando que inexcusablemente aquella haya comprendido -dentro de la contraprestación asignada- las tareas profesionales que pudiera realizar el letrado en el juicio del que se trate.

4.-El plazo prescriptivo aplicable a la especie, donde se persigue el cobro de honorarios ya regulados y firmes, es el decenal del art. 4023 del Cód. Civil) y no el bianual del art. 4032 inc. 1° , y ello pues, cuando los honorarios han sido regulados en el proceso, se presenta la conocida interversión del plazo en razón de aparecer el título de la actio iudicati , que abre el plazo prescriptivo decenal desde la fecha en que la sentencia respectiva queda ejecutoriada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015.

1. La concursada apeló las resoluciones de fs. 53218/53219 y 53228/53229, por las cuales el juez de primera instancia rechazó -con costas- las defensas opuestas en fs. 53105/53109 y 53182/53186 contra la ejecución de honorarios iniciada en su contra por los letrados Héctor Gustavo Alonso y Matías Gastón Martínez.

Sus recursos de fs. 53242 y 53276 (concedidos en fs. 53243 y 53277) fueron fundados en fs. 53252/53256 y 53278/53281 y contestados en fs. 53268/53274 y 53289/53296 respectivamente.

En prieta síntesis, la apelante se agravia porque: (i) considera que las tareas desplegadas por los mencionados letrados se enmarcaron en un asesoramiento legal encomendado por su parte al estudio «Fargosi y Asociados», por el cual se realizaron pagos mensuales (de $ 24.200) desde antes del concursamiento hasta el año 2009, (ii) los honorarios en cuestión se encuentran prescriptos, pues respecto de ellos transcurrió el plazo bianual previsto en el art. 4032 inc. 1° del Cód. Civil y, (iii) la imposición de costras a su parte es infundada.

2. Sabido es que quien apela una resolución judicial tiene la carga de criticar concreta y razonadamente las motivaciones y conclusiones del fallo que considera equivocadas, sin que para ello baste con remitirse a presentaciones anteriores (art. 265, Cpr.). Si el apelante incumple con tal carga, soslayando la técnica recursiva que impone el código ritual, el Tribunal

debe declarar desierto su recurso, señalando las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas (art. 266, Cpr.). Es que una hermenéutica recursiva razonable y acorde al procedimiento adversarial -tal la naturaleza de la presente incidencia- impone comprender adecuadamente la diferencia que existe entre criticar y disentir:lo primero implica desplegar un ataque directo y pertinente de la fundamentación de la sentencia apelada a través de la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiere contener, mientras que lo segundo importa manifestar un mero desacuerdo con lo resuelto, lo que no tiene relevancia procesal si no se fundamenta la oposición ni se evidencian las bases jurídicas que sustentan un distinto punto de vista. Ello, por cuanto la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante la Alzada las supuestas injusticias o errores que el fallo apelado pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia los elementos de hecho y de derecho que le dan la razón a quien protesta. Porque en el memorial importa la qualitae de la crítica; los disensos subjetivos constituyen nada más que modalidades propias del debate dialéctico ajeno a la impugnación judicial (esta Sala, 1.2.08, «Banco Unido de Inversiones s/quiebra s/incidente de ejecución de honorarios promovido por Fiedotin, Jorge A.»).

Sentado lo anterior, se observa que si bien los memoriales de fs. 53252/53256 y 53278/53281 carecen de la técnica recursiva explicada supra, existen algunos extremos que, aún resultando insuficientes para desvirtuar las decisiones apeladas, justifican que la Sala efectúe una serie de apreciaciones que conducirán -de todos modos- a la desestimación de los reproches de la recurrente.

Por ello, y utilizando un criterio amplio de apreciación -que en ciertas ocasiones debe predominar sobre los pruritos formales- se tratarán los pretensos agravios expresados en aquellos memoriales, priorizando el derecho de defensa de la apelante por sobre el aludido incumplimiento de la regla ritual antedicha (esta Sala, 2.12.13, «Raf L Sudamericana c/Lisdero, Alberto Valerio y otros s/redargución de falsedad»).

3.(a) En el caso, el magistrado de primer grado consideró que los honorarios de los letrados Alonso y Martínez (firmes desde que fueron notificados en el año 2003) no se hallaban prescriptos, pues su cobro comenzó a ser reclamado antes del vencimiento del plazo decenal establecido en el art. 4023 del Cód. Civil y que, además, la concursada debía abonarlos, puesto que no existían constancias que acrediten que aquellos percibieron remuneración alguna por parte de su patrocinada en virtud de las concretas tareas desplegadas en su beneficio (fs. 53218/53219 y 53228/53229).

(b) Ahora bien, ninguna de esas dos afirmaciones ha sido desvirtuada por la apelante, quien -en lo sustancial- se limitó a reiterar los fundamentos expresados en la oposición al cobro de estipendios formulada en fs. 53182/53186 y 53105/53109. Y es así que tal labor, como es de toda obviedad, conspira contra la adecuada fundamentación de los recursos de apelación de fs. 53242 y 53276 en los términos explicitados en el punto 2°.

Las pretensiones recursivas sub examine -entonces- no pueden ser admitidas.

Ello, por cuanto el derecho a la regulación y al cobro de los estipendios fijados como contraprestación de un oficio o profesión liberal concentra una gama de garantías esenciales, tales como la de la protección de la propiedad y la igualdad (arts. 14, 16 y 17, Constitución Nacional), de forma tal que, sea cual fuere el vínculo que une al profesional con su cliente, el trabajo de aquél siempre se presume oneroso (v. arts. 1139, 1627 y 1952, Cód. Civil; art. 3, ley 21.839; CNCom, Sala A, 31.5.00, «Sucesión Rotundo Luis c/Cia Azucarera Bella Vista S.A. y otro s/ ordinario»).

Por ende, si se considera especialmente que la obligación de pagar honorarios nace del servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial, cabe inferir razonablemente que las tareas efectuadas por los ejecutantes -que han merecido una regulación de estipendios que se halla firme- han redundado en beneficio de la concursada (art.386, Cpr.).

Por lo demás, no debe ignorarse que toda exclusión al derecho de percibir honorarios debe ser demostrada en forma concluyente e inequívoca,

pues existe el razonable riesgo de afectarse negativamente el derecho de propiedad del beneficiario (art. 17, CN; art. 2, ley 21839; CNCom,, Sala A, 14.11.96, «Banco Florencia S.A. c/Argentrom S.A.»; 30.9.94, «Bco. Credicoop Ltdo. c/Aceros Puesto Viejo S.A.»; CNCiv., Sala C, 11.4.00, «Provera, Sergio c/Coelho, José», entre otros). Y así, no es suficiente que se acredite la existencia de una relación asociativa o de dependencia para tornar aplicable lo dispuesto por el art. 2 de la ley arancelaria (tal como lo sostiene la concursada, quien aduce que los pagos efectuados al titular del estudio «Fargosi y Asociados» excluye la posibilidad de pagar otros honorarios a los letrados Alonso y Martínez), dado que la interpretación de tal norma debe hacerse de manera restrictiva y constatando que inexcusablemente aquella haya comprendido -dentro de la contraprestación asignada- las tareas profesionales que pudiera realizar el letrado en el juicio del que se trate (conf. arg. C NCiv., Sala K, 15.11.96, «Almagro Construcciones S.A. c/Tetamal Sazo, María»; CNCom,, Sala A, «Banco Florencia», cit. supra); pesando la prueba de tales extremos sobre quien los invoca (art. 377, Cpr.; CNCont,Adm.Fed., Sala IV, 19.6.97, «Decavial S.A.I.C.A.C. c/DNV»).

(c) En ese contexto, cabe concluir que -tal como lo entendió el juez de la instancia anterior- no concurren en el caso los supuestos de excepción previstos en el art. 2 de la ley citada, de manera tal que el primer agravio de la concursada debe ser rechazado. Máxime, por cuanto no se demostró -siquiera apriorísticamente- que los trabajos de los letrados Alonso y Martínez en este proceso universal se hallen comprendidos dentro de remuneraciones globales que haya podido percibir el estudio jurídico mencionado supra a través de su titular (v. facturas copadas en fs.53131/53161). Es que en tanto la renuncia de derechos no se presume, la pretensión de ejecutar los honorarios impagos contra el cliente es perfectamente procedente (art. 874, Cód. Civil; conf. arg. CNCom., Sala C, 12.5.06, «Ángel Giobbi S.A. s/quiebra s/concurso especial por Banco de la Pcia. de Santa Cruz» ; esta Sala, 14.5.08, «Banco del Chubut S.A. c/Vivero Holandés de Cornelio CJM Van Marrewijk s/ejec. «; entre otros).

(d) Igual suerte correrá el segundo reproche, dado que, como atinadamente lo estimó el primer sentenciante, el plazo prescriptivo aplicable a la especie (donde se persigue el cobro de honorarios ya regulados y firmes) es el decenal del art. 4023 del Cód. Civil) y no el bianual del art. 4032 inc. 1°, como arguye la recurrente (C.S.J.N., 5.11.96, «Formosa, Provincia de c/Estado Nacional s/nulidad de convenio»; esta Sala, 22.5.08, «Baghdo, Emilio c/Daud, Domingo s/ordinario»; 2.7.90, «Banco del Buen Ayre S.A. c/Paradiso, Angel s/ejecutivo»; Sala A, 28.6.12, «Arimal Transportes S.R.L. c/La Perseverancia Seguros S.A. s/ordinario» ; entre otros).

Ello pues, cuando los honorarios han sido regulados en el proceso, se presenta la conocida interversión del plazo en razón de aparecer el título de la «actio iudicati», que abre el plazo prescriptivo decenal desde la fecha en que la sentencia respectiva queda ejecutoriada (CNCom., Sala A, 28.6.07, «Banco Cooperativo de Caseros Ltdo. c/Yedaide, Jorge s/ejecutivo»; CNCiv., Sala I, 20.10.92, «Artes Gráficas c/Nebe S.A. «).

(e) De acuerdo a lo precedentemente resuelto, las costas de la incidencia deben ser soportadas por la concursada en su calidad de vencida (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ; CSJN, 16.12.97, «Herpazana S.R.L. c/Banco de la Nación Argentina s/contrato administrativo», publ. en Fallos, 320:2808; 26.11.91, «Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/Estado Nacional – M° de Trabajo y Seguridad Social», publ.en Fallos, 314:1634), tanto en primera como en segunda instancia.

Por consiguiente, cabe confirmar -también- las decisiones apeladas en este aspecto.

4. Con base en los fundamentos que anteceden, se RESUELVE:

(i) Rechazar los recursos de fs. 53242 y 53276 y confirmar íntegramente las resoluciones de fs. 53218/53219 y 53228/53229, con costas a la vencida (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ).

(ii) Diferir el estudio de los recursos de fs. 53233 y fs. 53276 hasta tanto se encuentre concluida la ejecución del honorario regulado en favor del abogado Matías Gastón Martínez.

5. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, devuélvase sin más trámite la causa, confiándose al Juez a quo las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 53311/53313.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Pablo D. Frick – Prosecretario Letrado

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