Clausura de playas de estacionamientos para protección de espacios públicos catalogados como Urbanización Parque

EstacionamientoPartes: Zelaya Marcos y otros c/ GCBA s/ incidente de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 27-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91828-AR | MJJ91828 | MJJ91828

Clausura de playas de estacionamientos para protección de espacios públicos catalogados como Urbanización Parque, pues su destino no puede ser alterado por la Administración mediante la realización de obras de infraestructura o la concesión de los predios para actividades no compatibles con su categorización.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la ampliación de la medida cautelar y ordenar a la demandada a clausurar las playas de estacionamiento y/o cualquier otra actividad no compatible con el espacio público pues sin perjuicio de la denominación o categorización que las ordenanzas le hayan otorgado a los predios, los mismos se encuentran catalogados de conformidad con lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano.

2.-Debe ampliarse la medida cautelar y la demandada debe clausurar las playas de estacionamiento y demás actividades incompatibles con el predio toda vez que si bien la Ley 469 autoriza la construcción de una serie de playas de estacionamientos subterráneas en distintos predios de la Ciudad, tales previsiones no alcanzan al sector en que se emplazan las plazoletas objeto de la tutela otorgada en la instancia anterior.

3.-La circunstancia de que la plazoleta sea ‘seca’, no obsta a su inclusión dentro de la prohibición de construcción de playas de estacionamiento, pues el espacio en cuestión se encuentra catalogado de conformidad con lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano, y por ello, es indiferente la denominación o categorización dado por las ordenanzas.

4.-Corresponde admitir que los actores cuentan con legitimación pues la acción de amparo para la protección de los derechos o intereses de incidencia colectiva se encuentra prevista en el art. 43 de la CN. y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la acción intentada tiene por objeto la protección de espacios públicos catalogados como Urbanización Parque y su destino no puede ser alterado por la Administración mediante la realización de obras de infraestructura o la concesión de tales predios para actividades no compatibles con su categorización.

5.-Toda vez que el art. 26 de la carta magna local expresamente estipula que el ambiente es patrimonio común , la titularidad del bien no pertenece a individuo alguno en particular sino que se trata de un bien jurídico colectivo que resulta indivisible; por tal motivo, los actores cuentan con legitimación para iniciar la acción con la que procuran la protección de estacios públicos.

6.-Puesto que el bien objeto de tutela es colectivo y la pretensión se encuentra dirigida a garantizar la incidencia colectiva del derecho sobre aquél, es claro que los actores se encuentran facultados para la promoción del amparo y expresamente legitimados por mandato constitucional; por lo tanto, las manifestaciones de la demandada en torno a la falta de acreditación del perjuicio personal, concreto y directo resultan inatendibles, justamente porque la acción entablada no se vincula con la lesión a un bien ni derecho individual.

Fallo:

Ciudad de Buenos Aires, 27 de febrero de 2015.

Y VISTOS: Los autos individualizados en el epígrafe para resolver el recurso de apelación planteado por el GCBA a fs. 193/204 contra la sentencia de fs. 178/180; CONSIDERANDO: I. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la ampliación de la medida cautelar dictada en los autos “Cúneo Ricardo Luis y otros c/GCBA s/amparo”, Expte. A1723-2014, solicitada por los actores y ordenó al GCBA “clausurar las playas de estacionamiento y/o cualquier otra actividad no compatible con el Distrito UP que se encuentren desarrollando en las plazoletas ubicadas en la Av. Corrientes entre Olleros y Maure (Sección 49, Manzana 193, Parcela 0000) y entre Maure y Jorge Newbery (Sección 49, Manzana 179Z, Parcela PLT 1)”. Sostuvo que tales predios se encuentran catalogados como Distrito Urbanización Parque, según plancheta 11 del Código de Planeamiento Urbano, y que -conforme lo manifestado por la Administración al contestar demanda- son objeto de explotación comercial como playa de estacionamiento de superficie. Advirtió que -en principio- de acuerdo con el artículo 1° de la ordenanza 46 229, que prohíbe el otorgamiento de permisos de uso de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado o no, el derecho invocado por los actores ostentaba verosimilitud.

II. Dicha resolución fue apelada por el GCBA. En su memorial, planteó la falta de legitimación procesal de los actores. Afirmó que no habían demostrado su condición de afectados actuales o potenciales ni alegado o probado que la obra les produzca un perjuicio personal, concreto y directo. En cuanto al peligro en la demora, adujo que la paralización de la obra causa perjuicios que no fueron evaluados por la magistrada de grado y que la medida dictada impide el desarrollo de políticas de gobierno tendientes al mejoramiento del transporte público y del medio ambiente y de la seguridad, de modo tal que se había soslayado el interés público comprometido en el caso.Finalmente, luego de reseñar diversas normas, expuso que el centro de transferencia proyectado para el área cumple con toda la normativa dispuesta en la materia.

III. A fs. 123/124 los actores contestaron el traslado oportunamente conferido. Luego de señalar que la normativa citada por su contraria no resultaba de aplicación al caso, por encontrarse derogada o referirse a otros espacios públicos cercanos al área, sostuvieron que la resolución cuestionada no causaba agravio alguno al Gobierno en tanto no impedía la realización de obra alguna sino que – simplemente- ordenaba clausurar las playas de estacionamiento que funcionan en las plazoletas de marras.

IV. Sentado lo expuesto, corresponde expedirse -en primer lugar- sobre la falta de legitimación invocada por el Gobierno. La acción de amparo para la protección de los derechos o intereses de incidencia colectiva se encuentra prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional (CN) y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCABA). En el ámbito local, la norma específicamente prescribe que “están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos (-) en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente-“.

En el caso, la acción intentada tiene por objeto la protección de espacios públicos que -aducen los actores- estarían catalogados como Urbanización Parque y su destino no podría ser alterado por la Administración mediante la realización de obras de infraestructura o la concesión de tales predios para actividades no compatibles con su categorización. Ello así, es posible advertir que la cuestión sometida a litigio se relaciona con la protección del ambiente urbano (cf. artículo 27 de la Constitución de la Ciudad) y que -conforme las normas señaladas- es prístino que los actores cuentan con legitimación para promover la acción.Debe tenerse presente que el artículo 26 de la carta magna local expresamente estipula que “el ambiente es patrimonio común”. Es decir, la titularidad del bien no pertenece a individuo alguno en particular sino que se trata de un bien jurídico colectivo que resulta indivisible. Al delimitar los diversos perfiles de la acción de amparo orientada a la defensa de derechos de incidencia colectiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha caracterizado esta clase de acciones del siguiente modo: “En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisibles y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay un beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación” (CSJN en “Halabi, Ernesto c/P.E.N. -ley 25.873 dto. 1563/04- s/amparo-ley 16.986” , Fallos, 332 : 111, sentencia del 24/2/09). Ello así, toda vez que el bien objeto de tutela es colectivo y la pretensión se encuentra dirigida a garantizar la incidencia colectiva del derecho sobre aquél, es claro que los actores se encuentran facultados para la promoción del amparo y expresamente legitimados por mandato constitucional. De conformidad con lo expuesto, las manifestaciones de la demandada en torno a la falta de acreditación del perjuicio “personal, concreto y directo” resultan inatendibles, justamente porque la acción entablada no se vincula con la lesión a un bien ni derecho individual. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la Ciudad en torno al punto. V. Con respecto a los restantes agravios invocados por la demandada, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

La jueza de primera instancia basó su decisión en dos aspectos: 1) Las plazoletas se encuentran categorizadas como UP; 2) La ordenanza 46229 prohíbe el otorgamiento de permisos de usos sobre plazoletas. La recurrente no logra rebatir tales hechos. Nótese que su postura radica en sostener que “la plazoleta en cuestión no conforma un espacio verde, sino una plazoleta seca” y en que no es la “transcripta en la normativa que regula el área amparada”. A fin de fundar sus dichos, se basa en lo dispuesto por las ordenanzas municipales 33.574, 35.811, 36.107 y las leyes 469 y 4888.Cualquiera sea la denominación o categorización que las ordenanzas citadas por el GCBA le haya otorgado a los predios, la medida cautelar debe ser resuelta de acuerdo con la normativa actualmente vigente, es decir con cómo se encuentran catalogadas de conformidad con lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano citado por la jueza de grado, circunstancia que no ha sido controvertida. Por otro lado, el hecho de que el predio haya sido objeto de concesión en virtud de las ordenanzas 35 811 y 36 107 no tiene vinculación alguna con la resolución de la medida cautelar puesto que, tal como lo denuncia el GCBA, dicha concesión ha concluido en el año 2008. En cuanto a lo dispuesto por la ley 469, que autoriza la construcción de una serie de playas de estacionamientos subterráneas en distintos predios de la Ciudad, vale destacar que -prima facie- tales previsiones no alcanzan al sector en que se emplazan las plazoletas objeto de la tutela otorgada en la instancia anterior sino que corresponden al denominado Parque Los Andes. Por otra parte, es la propia demandada quien reconoce que la ordenanza 46229 -que, vale enfatizar, resulta posterior a aquéllas en las que sustenta su apelación- prevé la prohibición de “otorgar concesión, cesión transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público” (cf. artículo 1, el destacado no pertenece al original). Así la circunstancia de que la plazoleta sea “seca” o no, al menos en este limitado marco de conocimiento y prueba, característico del pronunciamiento cautelar, no obsta a su inclusión dentro de la prohibición.Finalmente, y tal como lo destacan los actores, las consideraciones del Gobierno relacionadas con la imposibilidad que la medida cautelar implicaría para el desarrollo y ejecución del centro de transferencia proyectado para el área deben ser desestimadas a poco que se advierta que la manda impuesta se ha limitado a ordenar la clausura de las playas de estacionamiento que funcionaban en las plazoletas (lo que coincide con el proyecto diseñado y por el GCBA a fs. 183/184 y 202) o cualquier actividad no compatible con la categorización del predio, mas no impide la realización de obras de infraestructura. Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso planteado por el GCBA y confirmar la sentencia de grado, con costas a la vencida (cf. artículos 62 y 63, primeros párrafos, del CCAyT).

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal, se RESUELVE: Rechazar el recurso planteado por la demandada y confirmar la sentencia de fs. 178/180. Se deja constancia de que el Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal en su despacho y, oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.

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