Suspensión en la matrícula por tres meses al abogado, separado de su cargo de defensor de un imputado por su deficiente desempeño

shutterstock_128959181Partes: D. de la C. M. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 25-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91747-AR | MJJ91747 | MJJ91747

Suspensión en la matrícula por tres meses al abogado, pues no pudo controvertir la decisión del juzgado penal que lo separó de su cargo de defensor de un imputado por su deficiente desempeño.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que suspendió por tres meses al abogado recurrente, pues este no produjo prueba alguna que contravenga la resolución del juzgado penal que decidió sido separarlo de la defensa que tenía a su cargo, con fundamento en la innumerable cantidad de presentaciones carentes de la mínima fundamentación jurídica para el momento procesal en que fueron deducidas; que, denotaban la inconsistencia, incoherencia, y falta de seriedad de la defensa, pues habían sido formuladas en términos genéricos, utilizando conceptos jurídicos abstractos que no se correspondían con el ordenamiento procesal penal.

2.-En el art. 10, inc. a) del Código de Ética, se establece que es un deber inherente al ejercicio de la abogacía, utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe, asimismo, en el art. 19, inc. a) del mismo cuerpo normativo, se dispone que el abogado deberá decirle la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación; y, según el art. 22, inc. a), será considerada una falta de ética, no guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos.

3.-De las constancias de la causa surge que el planteo de nulidad deducido en la presente causa fue articulado invocando argumentos meramente dogmáticos, sin rebatir los fundamentos expuestos en las resoluciones aquí impugnadas, y sin mencionar las defensas que el interesado se habría visto impedido de oponer ni señalar, de manera concreta, en qué medida podría haber incidido para arribar a una solución distinta a la adoptada por la autoridad administrativa.

4.-La subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria, supuesto que no se advierte en el caso.

5.-En lo concerniente a la sanción aplicada, la determinación y graduación de la misma es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad; en el caso, toda vez que la suspensión de tres meses aplicada no resulta desproporcionada respecto de la falta que se imputa y las circunstancias particulares de la causa, no se advierte razones suficientes para modificarla.

Fallo:

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la Resolución del 22 de agosto de 2013, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados impuso al doctor M. D. de la C. (T° 88 F° 804) la sanción de suspensión por el término de 3 meses en el ejercicio de la profesión, en los términos de artículo 45°, inc. d). de la ley 23.187. Para resolver en ese sentido, el Tribunal consideró que la conducta del letrado en la causa nro. 53.824/2008, caratulada “T. N. M. s/ Abuso,” que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 22, secretaría nro. 148, evidenciaba un grave desconocimiento del derecho aplicable al caso, y había menoscabado los derechos e intereses de su defendido. En ese sentido, señaló que había formulado presentaciones “insólitas” e incongruentes, que revelaban una falta de respeto hacia su cliente y la “administración de justicia” que no podía ser tolerado pues redundaban en perjuicio de la defensa que le había sido confiada. En tales condiciones, sostuvo que su conducta resultaba reprochable en los términos de los artículos 6, inciso e) de la ley 23.187 y 19, inciso a), del Código de Ética.

II.- Que, contra dicho pronunciamiento a fs. 107/115 el doctor M. D. de la C., interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 47 de la ley 23.187. En primer lugar, plantea la nulidad de la resolución sancionatoria, pues sostiene que el Tribunal de Disciplina no dio cumplimiento a las normas que regulan el procedimiento respectivo, según las cuales antes de dictar el acto sancionatorio, debió haber sido resuelto un planteo de nulidad que había deducido con anterioridad.Con respecto a su actuación profesional en la causa penal citada, sostiene que desempeñó sus labores de manera correcta, y que ejerció la defensa de su defendido de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable; y por tales motivos, entiende que no ha existido una conducta de su parte que merezca reproche.

III.- Que a fs. 134 dictaminó el Sr. Fiscal General sobre la admisibilidad del recurso. Por su parte, a fs. 142/145vta. el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contestó el traslado conferido, y solicitó que se confirme el fallo apelado, con costas.

IV.- Que, cabe destacar que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud del oficio remitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 22 al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el fin de comunicarle que el 30 de agosto de 2010, en el marco de la causa “Taramasco, Nelson Modesto s/Abuso”, se había resuelto separarlo de la defensa que tenía a su cargo, con fundamento en la innumerable cantidad de presentaciones realizadas por el abogado defensor del señor Taramasco, es decir, el letrado M. D. de la Colina, carentes de la mínima fundamentación jurídica para el momento procesal en que fueron deducidas; que, denotaban la inconsistencia, incoherencia, y falta de seriedad de la defensa, pues habían sido formuladas en términos genéricos, utilizando conceptos jurídicos abstractos que no se correspondían con el ordenamiento procesal penal, y carecían de sentido lógico.

V.- Que en tal sentido, cabe recordar que en el artículo 6, inciso e) de la ley 23.187, se establece que es un deber específico de los abogados, “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”. Por su parte, en los incisos e), g), y h) del artículo 44 de esa ley, también se establece que “los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:(-) e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales; f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria; (-) h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.” Por otra parte, en el artículo 10, inciso a) del Código de Ética, se establece que es un deber inherente al ejercicio de la abogacía, “utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe”. Asimismo, en el artículo 19, inciso a) del mismo cuerpo normativo, se dispone que el abogado deberá decirle la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación; y, según el artículo 22, inciso a), será considerada una falta de ética, no guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos.

VI.- Que sentado ello, y en primer término, cabe destacar que los agravios introducidos por el demandante, han sido expresados en términos por lo demás genéricos, sin indicar de manera concreta y precisa cuales son las circunstancias en virtud de las cuáles correspondería considerar equivocada a la resolución emitida por la Sala II del Tribunal de Disciplina. En tal sentido, se limita a introducir un planteo de nulidad, sobre la base de que el Tribunal administrativo habría omitido dar tratamiento a otro planteo de nulidad que había deducido en las actuaciones administrativas.Sin embargo, de las constancias de la causa surge que el planteo de nulidad deducido en la presente causa fue articulado invocando argumentos meramente dogmáticos, sin rebatir los fundamentos expuestos en las resoluciones aquí impugnadas, y sin mencionar las defensas que el interesado se habría visto impedido de oponer ni señalar, de manera concreta, en qué medida podría haber incidido para arribar a una solución distinta a la adoptada por la autoridad administrativa (Fallos 310:727; 315:406 y 329:5567 , entre muchos otros). Por otra parte, pese a que el abogado D. de la C. sostiene la inexistencia de los hechos en virtud de los cuales fue sancionado, y afirma que su desempeño profesional en la causa penal “Taramasco Nelson Modesto s/ abuso” fue correcto, cabe señalar que no hace ningún tipo de referencia a lo expuesto por el Juez de Instrucción al momento de resolver su apartamiento como abogado defensor del imputado en esa causa, ni tampoco a la valoración que hizo el Tribunal de Disciplina. En efecto, no se hacer cargo ni impugna de manera concreta la falta de coherencia imputada a sus presentaciones y el estado de indefensión en el que habría colocado a su defendido durante la tramitación de la causa penal. Por tales motivos, y toda vez que los planteos realizados en este recurso directo resultan infundados, corresponde desestimarlo porque en ellos no se precisa ningún vicio concreto atribuible a la sentencia recurrida, con costas (cfr. artículo 68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

VII.- Que, por lo demás, cabe señalar que la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr.esta Sala V, en su integración anterior, in re “Álvarez Teodoro c/ CPACF s/ Colegios Públicos”, del 16.08.95), supuesto que no se advierte en el caso.

VIII.- Que, por último, en lo concerniente a la sanción aplicada, corresponde destacar que en numerosas oportunidades se ha señalado que la determinación y graduación de la misma es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27.05.97). En efecto, toda vez que la suspensión aplicada no resulta desproporcionada respecto de la falta que se imputa y las circunstancias particulares de la causa (confr. doctrina de Fallos: 313:153, considerando 6°; 321:3103, considerandos 4° y 6°), no se advierte razones suficientes para modificarla. Por ello, corresponde rechazar el recurso intentado y confirmar la resolución apelada. Con costas a la parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).

ASÍ SE DECIDE. Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

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