fbpx

Omitir colocar el precio de algunos productos en las góndolas del supermercado es motivo suficiente para sancionarlo

supermercadoPartes: Wallmart Argentina S.R.L. c/ DNCI s/ lealtad comercial – ley 22.802 – art. 22

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 24-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91827-AR | MJJ91827 | MJJ91827

Omitir colocar el precio de algunos productos en las góndolas del supermercado sancionado es motivo suficiente para hacer nacer su responsabilidad, toda vez que el interés protegido por la norma es garantizar la adecuada información de los consumidores.

Sumario:

1.-Corresponde reducir la multa aplicada al supermercado (a la suma de $40.000) pues si bien se comprobó que había productos que se encontraban sin la identificación de su precio, lo cual es suficiente para hacer nacer la responsabilidad objetiva prevista en el art. 2 de la reglamentación a la Ley 22.802, la multa (de $80.000) resulta desproporcionada a la magnitud de la falta, ya que sólo se encontraron cuatro productos sin el cartel indicador de precio.

2.-Debe desestimarse la producción de prueba en la instancia judicial – encargada de revisar la licitud de lo actuado en el procedimiento administrativo – toda vez que el supermercado demandado tuvo la posibilidad de ofrecer prueba en sede administrativa y no lo hizo, siendo el ofrecimiento en esta instancia una medida dilatoria.

3.-No debe prosperar el planteo de nulidad de la actora tendiente a declarar nulo el acto administrativo pues el procedimiento fue efectuado de acuerdo a derecho, no siendo necesario que el funcionario actuante especifique su competencia o requiera la intervención de testigos.

Fallo:

Buenos Aires, 24 de febrero de 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que mediante la resolución 142/14, del 13 de agosto de 2014, el Secretario de Comercio impuso a WAL-MART ARGENTINA SRL una multa de pesos ochenta mil ($80.000) por infracción al artículo 2º de la resolución ex SCDyDC 7/02, reglamentaria de la ley 22.802, en virtud de constatarse la falta de carteles indicadores de precios en cuatro artículos exhibidos para la venta al público en uno de sus locales (fs. 64/76).

2º) Que, contra dicha decisión, la sancionada interpuso y fundó el recurso de apelación previsto en el artículo 22 de la citada ley (fs. 80/93vta.). Plantea la nulidad del acta de inspección labrada el 10 de febrero de 2014 por la falta de intervención de testigos y por no estar especificadas las funciones y competencias del funcionario actuante. Explica que la empresa cuenta con personal dedicado a la tarea de control, revisión y reposición de las obleas de precios faltantes o corridos de las góndolas, pero que le es imposible advertir en forma instantánea dichos movimientos porque, al consultar los precios, involuntariamente los consumidores deslizan los carteles de su posición original. Agrega que los consumidores tienen a su disposición diferentes medios alternativos para informarse del precio de los productos (los listados del Convenio de Compromiso de Precio Final de Venta al Consumidor por parte de las Empresas de Supermercados, los propios repositores o supervisores, etc.); es decir que su representada habría dado cumplimiento a los requisitos normativos. Considera que no se probó que la falta fuera subjetivamente imputable a la empresa. Asimismo, sostiene que la demandada no realizó un análisis profundo de los hechos manifestados por la recurrente y que el acto sancionatorio carece de la debida fundamentación. Invoca la nulidad del procedimiento administrativo por falta del dictamen legal previo a la emisión del acto.Subsidiariamente, solicita la reducción de la sanción por considerarla desproporcionada; máxime teniendo en cuenta que se detectaron únicamente cuatro productos en infracción sobre el total comercializado, y que no se acreditó un daño concreto a los consumidores. Por último, ofrece prueba documental, informativa, pericial y testimonial.

3º) Que, a fs. 146/164, el Estado Nacional contestó el traslado y formuló oposición a la apertura a prueba. A fs. 167 emitió dictamen el señor Fiscal General subrogante pronunciándose favorablemente respecto de la admisibilidad formal del recurso. Además, este Tribunal resulta temporalmente competente para entender en las actuaciones (art. 76 de la ley 26.993, confr. esta Sala, in re «Fiat Auto Argentina SA c/ DNCI s/ Defensa del consumidor – ley 24240-art. 45», causa nº 50798/14, sent. del 03/02/15), por lo que cabe ingresar, sin más, al análisis de las cuestiones planteadas.

4º) Que, con respecto a la prueba ofrecida por la recurrente y la oposición a su producción por la parte demandada, cabe señalar que esta Cámara ha resuelto que, en principio, en el marco de los recursos directos la apertura a prueba tiene carácter excepcional (confr. Sala V, in re «Banco Regional del Norte Argentino c/ BCRA -Resol 258/94», sent. del 9/04/97, entre otras); limitación que tiende a evitar la ordinarización del proceso (confr. Sala V, in re «Transbrasil Linhas Aereas c/ Dir. Nac. de Migraciones – Dips. DNM 5737/97», sent. del 19/04/99, y esta Sala, in re «Antoniow Mario Gustavo c/ UBA-Resol 442/12 (expte 2083678/09)», sent. del 20/08/13). Además, la producción de prueba en el marco de este recurso judicial de instancia única -en el que este Tribunal sólo tiene competencia para revisar la licitud de lo actuado durante el curso del procedimiento llevado a cabo en sede administrativa y para controlar la legitimidad y razonabilidad del acto administrativo sancionador con el que aquél culminó- resulta improcedente si -como ocurre en la especie (v. fs.6vta.)- el recurrente no ofreció la producción de esa prueba en sede administrativa, al momento de formular el descargo (confr. Sala I, in re «Fidenza S.R.L. c/ENARGAS -Resol. 2254/01 (Expte. 6088/00)», sent. del 17/11/03). En este sentido, se ha dicho que si el procedimiento administrativo prevé el derecho del sumariado de ofrecer prueba de descargo en sede administrativa (en el caso, el art. 17 de la ley 22.802), y aquél no utilizó tal oportunidad de defensa, la denegatoria de los medios propuestos en sede judicial no puede considerarse arbitraria ni generarle afectación alguna en su derecho de defensa (Fallos: 301:287); todo lo cual bastaría para desestimar la apertura a prueba en esta instancia. Por lo demás, el ofrecimiento de prueba informativa, pericial y testimonial que se efectúa fs. 91vta./92vta., debería igualmente desestimarse por tratarse de medidas meramente dilatorias. En efecto, además de recaer sobre hechos que no formaban parte de la litis, ni fueron objeto de decisión y debate en sede administrativa, la designación de un perito a efectos de identificar otros mecanismos de exhibición de precios, si se trataba de productos incluidos en el convenio de precios cuidados, y cuál era la cantidad de productos comercializados en esa tienda el día de la inspección, se estima inconducente a los fines de desentrañar la cuestión central traída a debate, que es la falta de exhibición del precio por unidad. Por otra parte, la prueba testimonial resultaría ineficaz para desvirtuar el contenido del acta de fs. 1ter/vta. Por todo lo expuesto, no corresponde proveer favorablemente las pruebas ofrecidas.

5º) Que, en cuanto al pedido de nulidad del procedimiento efectuado por la recurrente, debe advertirse que, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17, inciso a, de la ley 22.802:»Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida». De lo expuesto surge que dicha normativa no exige indicar la competencia ni el cargo del funcionario, como tampoco la participación de testigo alguno, por lo que corresponde desestimar el agravio esgrimido. Asimismo, cabe recordar que el acta de inspección emanada de un funcionario constituye un instrumento público. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que «con arreglo al art. 993 del Código Civil y a la jurisprudencia establecida, las actuaciones de un expediente administrativo tienen el valor de instrumento auténtico y hacen plena fe de los hechos a que se refieren, mientras no sean argüidos de falsos (Fallos: 77:430, considerando 12) de lo que se desprende, además y conforme a esa jurisprudencia, que dicho instrumento hace fe entre las partes y respecto de terceros, y que es una prueba indivisible (art. 994, 1026 y 1029, Código Civil).» (Fallos: 131:7). En el mismo orden de ideas, la encartada no aportó ningún elemento que modifique las constancias del acta de fs. 1ter/vta., que además ha sido suscripta sin disconformidad por uno de sus empleados, por lo tanto debe estarse a la plena fe que se otorga genéricamente a los instrumentos públicos y a las actas como la indicada (arg. art. 17, inc. d, ley 22.802.) Por último, corresponde desestimar también el planteo de nulidad fundado en la supuesta falta de dictamen legal previo, toda vez que dicho requisito se encuentra cumplido a fs. 61/63.

6º) Que, resueltas estas cuestiones, cabe analizar si el recurso directo planteado ante esta Cámara logra conmover los fundamentos de la disposición apelada. La sanción se impuso a la actora en los términos del artículo 2° de la resolución 7/02 (modif. por res. 2/05), reglamentaria de la ley 22.802, que establece:»Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la REPUBLICA ARGENTINA- Pesos-. El mismo deberá ser el de contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que deba abonar el consumidor final.». De su texto se infiere que la exhibición de los precios es de carácter obligatorio, y además debe ser autosuficiente, de manera que por su intermedio el potencial consumidor pueda informarse sin la necesidad de recurrir a otros medios ni de tener que contar con acceso a internet (en igual sentido, confr. esta Sala, in re «Wal-Mart. Argentina SRL c/ DNCI s/ Defensa del consumidor – ley 26361 – art 35», sent. del 20/11/14). Además, cabe recordar que la norma se enmarca dentro de un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación que tienen por finalidad, por un lado, garantizar al consumidor una posición de equilibrio en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios, y, por el otro, preservar la lealtad en las relaciones comerciales, de manera de evitar que se produzcan desvíos o captación potencial de clientela por medios contrarios a dicha lealtad. Este sistema encuentra su fundamento último en el artículo 42 de la Constitución Nacional, del que se deriva el derecho del consumidor a la debida información y el correlativo deber impuesto al proveedor. De las constancias de la causa surge que la actora no cumplió con su deber de exhibir el precio de contado en efectivo que debía abonar el consumidor con respecto a cuatro productos de los comercializados en uno de sus locales de Capital Federal (v. acta de fs. 1ter/vta.). La resolución impugnada sostuvo en este sentido que se encontraba a cargo de la actora aportar elementos de prueba conducentes para desvirtuar lo descripto en el acta de infracción, y que aquélla no había esgrimido argumentos con aptitud suficiente para hacerlo.Manifestó que la circunstancia de que se estuvieran realizando tareas de reposición que obligaban a desplazar las indicaciones no justificaba a continuar con el expendio de mercadería en transgresión a las normas aplicables. Desestimó también la doctrina de la bagatela o insignificancia esgrimida por la recurrente, al entender que era incompatible con la finalidad de las normas en juego, que es procurar la defensa de los derechos de los potenciales consumidores y de los comerciantes cumplidores de las normas de lealtad comercial. Sobre esa base, tuvo por configurada la infracción y graduó la sanción ponderando -entre otras cuestiones- el interés protegido, la posición de la encartada en el mercado y los antecedentes del infractor.

7º) Que lo expuesto en el considerando anterior es una muestra acabada de que la disposición impugnada expresa en forma concreta las razones, hechos y antecedentes normativos que determinaron la imposición de la multa, por lo que corresponde desestimar el agravio relativo a la falta de fundamentación del acto. Por otra parte, con respecto a los otros planteos que se reiteran ante esta Cámara, corresponde aclarar una vez más que, en atención al espíritu de la norma y el carácter formal de este tipo de infracciones, la sola verificación de la omisión basta para tener por configurada la falta (confr. Sala III, in re «Supermercados Norte c/ DNCI-Disp 364/04», sent. del 9/10/06), de modo tal que, frente a las constancias del acta de fs. 1ter./vta. -que, como se dijo, hace plena fe y otorga prueba suficiente de los hechos en ella contenidos-, resulta irrelevante la ausencia de intención en la conducta de la empresa, o la cantidad de mercadería en infracción sobre el total comercializado, a efectos de tener por acreditada la falta.A ello cabe agregar que el potencial consumidor se encuentra en una situación desventajosa con respecto a la empresa, por lo que es correcto exigirle a aquélla una mayor diligencia a la hora del control de la exhibición de sus precios, asegurándole al primero la posibilidad de informarse sin necesidad de recurrir a otros medios. En razón de todo lo expuesto, se confirma la disposición apelada en cuanto estima configurada la infracción al artículo 2º de la resolución 07/02, reglamentaria de la ley 22.802.

8º) Que, con respecto a la sanción aplicada, su determinación y graduación es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (confr. Sala V, in re «Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina», sent. del 27/05/97). En ese contexto, sin dejar de considerar la naturaleza de la falta cometida, la posición en el mercado de la empresa sancionada y la existencia de antecedentes firmes -según se desprende de fs. 56/59-, se advierte que el monto de la multa determinada ($80.000) resulta desproporcionado con relación a la magnitud de la falta, pues se identificaron sólo cuatro productos en infracción del total de mercancías comercializadas. Por ello, corresponde reducir la multa en un 50% (en igual sentido confr. esta Sala, in re «Coto CICSA C/ DNCI S/ Defensa del consumidor – ley 26361 – art 35», sent. del 30/12/14).

9º) Que, en virtud de las consideraciones precedentes, se confirma parcialmente la disposición 142/14, reduciendo la sanción impuesta a la actora en los términos del artículo 2º de la resolución 07/02 a la suma de pesos cuarenta mil ($40.000). Las costas se imponen en proporción a los vencimientos, al no existir una parte íntegramente vencida (art.71, CPCCN). 10º) Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 9º, 19 -por analogía con lo dispuesto en los artículo 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida, su monto y la entidad de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (confr. contestación de traslado de fs. 146/164vta.), REGÚLANSE en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente, los honorarios de los doctores Sebastián D. Alanis, Nicolás Olivari y Manuel Ignacio Sandoval, quienes actuaron por la dirección letrada y representación del Estado Nacional -Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-. A su vez, en atención al convenio de honorario dispuesto en la resolución 138/2007 del Ministerio de Economía y Producción, denunciado en el punto VIII de la contestación del recurso de la actora, se redistribuirá el monto de los honorarios fijados a favor de los doctores Alanis, Olivari y Sandoval de la siguiente manera (art. 17): Las sumas de ($.), ($.) y ($.), corresponden a los doctores Sebastián D. Alanis, Nicolás Olivari y Manuel Ignacio Sandoval, respectivamente, profesionales que intervinieron por la parte demandada, los que deberán ser depositados a la cuenta que deberá abrirse a la orden de esta Sala y como correspondientes a estos autos en el Banco Nación Argentina. Por último, se aclara que las retribuciones que anteceden no incluyen el impuesto al valor agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo. Por todo lo expuesto SE RESUELVE: 1) Confirmar parcialmente la disposición 142/14, y reducir la multa impuesta a la actora a la suma de pesos cuarenta mil ($40.000); con costas según los vencimientos (art.71 CPCCN). 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada en los términos y con los alcances del considerando

10º). Se deja constancia que el doctor Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORAN

MARCELO DANIEL DUFFY

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: